Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región ENTREVISTA A EDUARDO GUDYNAS Entrevista realizada por: Jorge Mantilla Salgado Universidad de Otavalo, Ecuador jmmantilla@uotavalo.edu.ec https://orcid.org/0000-0002-2077-1369 Reseña biográfica de Eduardo Gudynas Es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Desde hace más de tres décadas sigue la problemática del desarrollo, el ambiente y los movimientos sociales en América Latina. Fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naess en ambiente y justicia global de la Universidad de Oslo (Noruega), es Research Fellow del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich (Alemania) y, más recientemente, se incorporó a la comisión para la transformación de la economía global del Club de Roma. Está entre los 75 pensadores clave en temas de desarrollo en los últimos 150 años; es uno de los ocho latinoamericanos de la lista y es el más joven. Tiene una maestría en ecología social, colabora de distintos modos con organizaciones ciudadanas sudamericanas y con instituciones universitarias. También es autor de múltiples libros en temas de ambiente y desarrollo. Sus textos sobre derechos de la naturaleza fueron publicados en Ecuador (AbyaYala) y además cuenta con ediciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Es autor de un manual sobre los extractivismos publicado en Bolivia y Perú, y en inglés (Fernwood), así como libros sobre extractivismos y corrupción en Ecuador (AbyaYala), Bolivia, Colombia, Chile y Perú, y sobre derechos humanos y de la naturaleza ante los extractivismos en Bolivia. Entrevista El presente diálogo se desarrolla en función del décimo quinto aniversario de la aprobación de la actual Constitución de la República del Ecuador. Los contenidos de esta carta magna se encuentran asociados con reflexiones, discusiones y cambios de paradigma en materia medioambiental y de desarrollo social. El actual monográfico de la revista Justicia(s) busca ampliar las reflexiones académicas sobre este momento histórico. 145 Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023 La perspectiva filosófica/epistémica del buen vivir atraviesa los contenidos de la Constitución de Ecuador. Tras 15 años de la aprobación de esta, ¿cuál es su balance sobre la aplicabilidad del concepto de buen vivir en materia de desarrollo social y medioambiental en Ecuador y en otros países de la región? Mi balance es positivo, y para fundamentar esa conclusión debo explicar en qué sentido lo considero de ese modo. Sin duda persisten muchos problemas sociales y ambientales, tanto en Ecuador como en los demás países, que se expresan por ejemplo por la deforestación, la contaminación de suelos y aguas o la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Ahora, se suma la violencia. Algunos toman esta persistencia de los problemas para sostener que el buen vivir es algo así como una moda, que fue listado en la Constitución pero que se fracasó. Pero en realidad, el reconocimiento del buen vivir en un texto constitucional no puede resolver todo ese enorme conjunto de impactos en un corto tiempo, ya que esos efectos son explicados por concepciones en política y economía muy profundamente arraigadas. Además, muchas de esas ideas convencionales también están presentes en otras secciones de esa misma Constitución ecuatoriana. Tomará un tiempo hacer que algunos elementos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza, sean mejor entendidos, se acoplen con el resto de la normativa del país y generen mejores gestiones y políticas. Estos claroscuros, avances y retrocesos, suceden con otros grandes temas. Tomemos como ejemplo los derechos humanos. Siguen existiendo incumplimientos, se violan los mandatos constitucionales que protegen la vida y otros derechos, se asesinan líderes sociales o candidatos políticos, persisten las fallas en la fiscalización y en la penalización de los infractores. Pero a nadie se le ocurre sostener que se debe abandonar el compromiso con los derechos humanos. Por el contrario, la tarea está en reforzarlos y asegurar que se cumplan. Lo mismo ocurre con el buen vivir. No puede pretenderse una aplicación perfecta de toda una nueva concepción en tan pocos años, ni el texto constitucional impone que otros actores olviden sus adhesiones a ideas anticuadas, cuyas prácticas desembocan en los problemas que todos conocemos. Pero eso no evita señalar que el buen vivir es atributo clave para una mejor gestión, y que otras constituciones no poseen y por ello tienen tantos o más problemas para lidiar con ese tipo de problemas. Es por ello que sostengo que nosotros, en este tiempo, somos privilegiados al ser testigos y partícipes en presenciar, gestar y apoyar los primeros pasos del buen vivir. Es una situación análoga a la de los primeros intelectuales y militantes franceses, a inicios del siglo XVIII, que antes que estallara la revolución, comenzaron a pensar y discutir la noción de que había unos derechos que eran inherentes a las personas, que eran universales. Pensaban lo impensable en ese tiempo, terminar con la monarquía. Lo mismo ocurre hoy en día con el buen vivir. 146 Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región En publicaciones previas, ha mencionado la importancia del giro biocéntrico asociado a la Constitución de Ecuador, en especial, en función de la introducción de derechos de la naturaleza y su restauración. Tras 15 años de la aprobación de esta constitución, ¿cuáles considera son los principales retos a los que se enfrenta la aplicación de un enfoque biocéntrico dentro de Ecuador y la región Latinoamericana? Efectivamente, el texto constitucional es muy innovador y, además, balanceado. Reconoce los derechos de la naturaleza, pero, además, se puede llegar a ellos desde una mirada occidental, como por ejemplo la que sostienen ecólogos y biólogos que trabajan ante ecosistemas y, al mismo tiempo, permite arribar desde los saberes tradicionales que la entienden como Pacha Mama. Defiende que existen valores propios en el ambiente, sea delimitado como ecosistema o como Pacha Mama y, al convertirla en sujeto, inmediatamente le debe reconocer derechos. Suma a esto un mandato de restauración ambiental, lo que también es una novedad. Todo ese conjunto no es determinista, sino que el texto constitucional hace que deba ser balanceado con el régimen de desarrollo. Por lo tanto, esos derechos no implican una naturaleza intocada, ni prohíbe los aprovechamientos de los recursos naturales necesarios para los humanos. Mandata, en cambio, que esa apropiación de la naturaleza se haga de modos que no terminen en la destrucción de la vida no humana, en la desaparición de ambientes silvestres o en la extinción de especies nativas. Es un mandato exigente, pero, a la vez, es esencialmente el mismo compromiso que demandan las ciencias ambientales, la conservación o los acuerdos internacionales en esta materia, como el Convenio de la Diversidad Biológica. Esa postura enfrenta muchos retos, en especial ante las estrategias de desarrollo convencionales, porque casi todas ellas funcionan explotando intensamente los recursos naturales. Los ejemplos más claros se observan con la explotación minera, petrolera o los monocultivos. Es ante esas concepciones donde están las tensiones y las contradicciones más intensas. Eso explica que en otros países se intentara avanzar hacia los derechos de la naturaleza, pero los intereses desarrollistas, las visiones economicistas, fueron tan potentes que prevalecieron. No lograron hacer el giro biocéntrico y sus constituciones siguen siendo antropocéntricas. Por ejemplo, el debate constitucional en Bolivia, que ocurrió más o menos al mismo tiempo que el de Montecristi en Ecuador, intentó sumar artículos sobre los derechos de la naturaleza. Pero no lo lograron; por el contrario, el texto de la nueva constitución tiene artículos que operan en sentido contrario, tales como indicar que el Estado está obligado a aprovechar e industrializar los recursos naturales. Se llega a desbalances notorios donde, por ejemplo, se podría argumentar que un sistema de áreas protegidas viola ese mandato constitucional boliviano. Del mismo modo, en Chile, en el reciente proceso para lograr una nueva constitución, en el que afortunadamente pude seguir desde dentro varios debates, ocurrió algo similar. Si bien había muchos convencionales constituyentes que proponían y defendían textos alineados con un giro biocéntrico, del otro lado existía 147 Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023 un heterogéneo conjunto que se oponía. Ese rechazo era esgrimido por ejemplo por muchos abogados que argumentaban que ese tipo de derechos eran ajenos a la tradición jurídica occidental; recuerdo en especial a uno que me argumentaba a partir de citar a un jurista alemán del siglo pasado. Esa experiencia me dejó en claro que no entendían que el momento constitucional era precisamente para innovar, para cristalizar ideas nuevas, y que además exigía un pensamiento propio, chileno y latinoamericano, y no una mera copia de la jurisprudencia europea. Las barreras también estaban en los convencionales de la derecha política y sobre todo en los del progresismo y fue su concurso el que finalmente terminó por bloquear muchas innovaciones, no solo un mejor articulado sobre los derechos de la naturaleza, sino que impidieron una reforma del régimen minero. Estaban en juego intereses poderosos, en tanto unos derechos de la naturaleza implicaban otro manejo del agua en Chile, la que en los hechos está privatizada, y otras regulaciones para los sectores mineros, que en los hechos está transnacionalizada, que sigue gozando de una baja carga tributaria y una mala gestión ambiental. Ahora bien, todas esas críticas, junto a otras en otros campos, terminaron por crear la imagen de un texto constitucional inadecuado, inefectivo o poco serio y, desde allí, como sabemos, finalmente fue rechazado al momento de ser votado en la consulta ciudadana. Se perdió una oportunidad y no cristalizó un giro biocéntrico. Pero, al mismo tiempo, sigue la presión por reconocer esos derechos, por avanzar en las posturas biocéntricas. Hay iniciativas, por ejemplo, en Perú; en Colombia se han concretado otras, tales como las que establecen que el río Atrato es un sujeto de derechos, o la que los reconoce para la Amazonía. Se repiten los casos de acciones judiciales que apelan a ese argumento junto a otros para defender un sitio o una comunidad. Esto demuestra que hay repetidos intentos, una y otra vez, a pesar de las adversidades. En publicaciones previas se ha mostrado que las prácticas extractivistas gozan de buena salud a nivel regional (incluyendo al neo-extractivismo progresista). Un caso interesante a nivel latinoamericano ha sido la explotación petrolera en el bloque 33 del Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Considerando los resultados de la consulta popular sobre la explotación petrolera en esta zona, ¿cuál es su valoración sobre esas prácticas extractivistas y sobre la decisión ciudadana? Es histórico el resultado de la consulta popular en la que triunfó la opción de preservar esos bloques en el Yasuní, impidiendo la explotación petrolera. Lo mismo puede decirse del triunfo en impedir la explotación minera en el Chocó Andino. Son hechos de una importancia enorme, tanto dentro de Ecuador como a nivel internacional, y debe tomarse conciencia de ello. La explotación petrolera en la Amazonia está repleta de impactos ambientales, territoriales, sociales y económicos. Una vez que se taladra en esos lugares, es inevitable que ocurra algún tipo de derrame; una vez que se abren las trochas de acceso, se dispara la deforestación, el ingreso de cazadores furtivos y todo tipo de tráfico ilegal. Se acumulan las razones para proteger el Yasuní: es un área protegida 148 Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región y, en paralelo a esa condición, el cumplimiento de los derechos de la naturaleza lleva a la misma necesidad. Pero, además, también se deben proteger a los pueblos indígenas, especialmente los no contactados. O sea que todas las razones apuntan en el mismo sentido. Establecido eso, lo que acaba de ocurrir con las consultas ciudadanas es impactante al menos por tres razones. Se aplica uno de los instrumentos postextractivistas por los cuales no se autoriza un extractivismo en un área atendiendo a sus condiciones ecológicas o sociales. Se lo hace de un modo democrático en el más amplio sentido posible, se consultó a toda la ciudadanía. No fue una decisión de los representantes en la asamblea legislativa ni de un comité técnico, aquí se pidió el voto de todos los ecuatorianos. Eso implica, al mismo tiempo, la mayor legitimidad. Finalmente, esa votación dota a la medida de legitimidad plena. En buena medida, todo ello fue posible porque la cuestión ha estado en el debate público por años. Los intentos de los anteriores gobiernos de impedir la consulta no sólo fueron antidemocráticos, sino que fueron inútiles y reforzó que se ventilara información muy valiosa sobre los verdaderos impactos y riesgos en la zona. Este procedimiento es casi el inverso del que se sigue para otorgar, por ejemplo, licencias de explotación petrolera, que carecen de coparticipación, son opacos en la información y su legitimidad termina dudosa en muchos sitios. Esas decisiones están en manos de comisiones o unos pocos técnicos, que en muchos casos son objeto de denuncias desde la sociedad civil por esas limitaciones. La reciente consulta tiene otra particularidad en que permitía múltiples posturas y valoraciones para votar por el Sí. Algunos lo hicieron desde los derechos de la naturaleza, otros pretendían salvaguardar a los pueblos indígenas, habría quienes consideraban que al final de cuentas explotar el petróleo allí era un mal negocio. Esto tampoco es menor, porque los derechos de la naturaleza presuponen y requieren una apertura de las formas de valoración para no quedar atrapados únicamente en los valores económicos. Por todas estas razones, el resultado de la consulta es histórico, ha tenido un enorme impacto internacional y está siendo mirado con mucha atención desde el exterior. El Gobierno debe asegurar que esa decisión se cumpla. Al mismo tiempo, es un ejemplo para lidiar con problemas similares en Colombia, Perú, Bolivia y Chile. A nivel político, durante los últimos 15 años, la región latinoamericana ha experimentado un vaivén de gobiernos con diferentes ideologías políticas, en un espectro que va desde el progresismo de izquierda hasta posturas cercanas a la extrema derecha. ¿Cuál es su valoración sobre la posibilidad de alternativas de desarrollo -como el buen vivir- de sostenerse en ambientes políticos tan cambiantes? Esa es exactamente la situación y reconocer que, durante un corto período de tiempo, pasáramos por toda esa diversidad de posturas político-partidarias y de 149 Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023 regímenes de gobierno, es de la mayor importancia. Desde la mirada internacional, especialmente desde la academia del Norte, no se tiene mucha conciencia de eso. Hemos tenido innovaciones de todo tipo y baste pensar que no existe un análogo sea en Europa o en Norteamérica para gobiernos o figuras como las de Hugo Chávez o Evo Morales. Eso determina que nuestra experiencia política no sea muy comprendida desde otras regiones y que repetidamente se caiga en simplismos de calificar todo entre opuestos “conservador” – “progresista” sin entender los avances y retrocesos, los éxitos y los fracasos, en todos esos experimentos. A lo largo de estos años quedó en claro que todos esos gobiernos, conservadores o progresistas, fueron extractivistas, por ejemplo. Todos ellos permanecieron dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Pero no organizaban ni administraban los extractivismos del mismo modo; en unos casos prevalecían, por ejemplo, las empresas transnacionales y, en otros, se buscaba mayor presencia estatal. Por lo tanto, aquí aplica el concepto de variedades de desarrollo. En estos años hemos transitado distintas variedades, con sus diferencias en instrumentalizar el desarrollo más o menos conservadoras, más o menos progresistas, pero todas ellas enfocadas, por ejemplo, en la apropiación de la naturaleza y en asegurar el crecimiento económico. La cuestión es que el buen vivir, en sus formulaciones iniciales, las originales esgrimidas a mediados de los 2000, englobaba posturas críticas a esas concepciones básicas del desarrollo. Eran un cuestionamiento a cualquiera de esos estilos políticos. Rechazaban, por ejemplo, que se deseara asegurar el crecimiento económico a toda costa, ya que eso podría servir para las cuentas macroeconómicas, pero desembocaba en todo tipo de problemas sociales y ambientales. Eso hace que el buen vivir, en su sentido inicial, fuese una apertura hacia las alternativas al desarrollo. Esa disputa sigue presente. Lo que acaba de suceder con la consulta popular sobre el Yasuní es precisamente preguntarle a los ecuatorianos si están dispuestos a dar un pequeño paso desde la perspectiva del buen vivir, renunciando a los dineros que daría extraer el crudo a cambio de proteger la vida en ese sitio amazónico. El respaldo a esa decisión, además, estuvo desacoplada de los votos a cada uno de los candidatos presidenciales y discurrió por otras consideraciones. Es, por lo tanto, una simiente de una alternativa al desarrollo que es posible en tanto el buen vivir está reconocido en la Constitución de Montecristi. El buen vivir se plantea como una alternativa de desarrollo que abre caminos que trascienden la hegemonía epistémica del pensamiento moderno occidental. En un contexto de acelerada globalización cultural, ¿cuál es el posible rol del buen vivir en países fuera de la región andina? El buen vivir es una condición plural, es un término paraguas bajo el cual hay distintas manifestaciones y prácticas. Reconocido esto, lo que está ocurriendo es que hay intentos, experiencias y demandas en ese sentido que reciben la mayor atención. 150 Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región Por ejemplo, la reciente consulta ecuatoriana sobre dejar el crudo bajo el suelo está alineada con el buen vivir. En los países vecinos está en marcha una discusión sobre cómo lidiar con la explotación petrolera y, en ese contexto, lo que acaba de ocurrir en Ecuador se vuelve un ejemplo. Tomemos el caso del nuevo Gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, donde el presidente ha insistido en que se debe abandonar la explotación petrolera en la Amazonia. En cambio, esa postura ha sido repetidamente rechazada por el presidente Lula da Silva en Brasil. Esa divergencia acaba de quedar en evidencia ante el público en la reciente cumbre de los países amazónicos en Belem (Pará, Brasil). Eso deja en claro dos posiciones a nivel regional: una que permite avanzar hacia el buen vivir, y que por lo tanto privilegia proteger la selva y sus pueblos; la otra, que insiste en persistir con la explotación petrolera. Esta se puede expresar en un estilo progresista como intenta Lula da Silva en Brasil y, en cierta medida, el gobierno de Bolivia, como de modos conservadores, tal como práctica la actual administración en Perú. Ellos están convencidos que el petróleo les dará mucho dinero y que con esos recursos solucionará la pobreza. El resultado de la consulta ecuatoriana se cuela en este debate y se vuelve una guía; días atrás el presidente Petro, en las redes sociales, señalaba que este caso ecuatoriano debía ser ejemplo dentro de su país. Dando un paso más, hay ensayos e intentos análogos al buen vivir más allá de las regiones andinas y amazónicas. En mi trabajo en Argentina o Uruguay, bajo culturas e historias muy distintas, he visto cómo asoman acciones que defienden territorios donde los saberes y las sensibilidades que se manifiestan son más o menos las mismas que expresadas desde el buen vivir andino. En la actualidad, ¿cuáles cree usted son las principales lecciones y retos que la aplicación de un enfoque biocéntrico y alternativas de desarrollo como el buen vivir en Ecuador pueden dejar en materia de políticas públicas? Una vez establecido el buen vivir y los derechos de la naturaleza en un texto constitucional, se deriva todo tipo de tareas urgentes para concretar esos mandatos en los contenidos normativos, en leyes, decretos, resoluciones, etc., y en políticas públicas. Entre ellas, como prioridad, entiendo que son necesarias nuevas normas y prácticas en las evaluaciones de impacto ambiental, en el ordenamiento territorial y en los análisis de costo/beneficio por los cuales se toman decisiones de inversión o se habilitan emprendimientos. En esta tarea deben estar comprometidos los actores legislativos como judiciales y necesitan el apoyo de la academia. Las distintas agencias que conceden acceso a los recursos naturales, tales como las que autorizan explotaciones mineras o petroleras, deben modificar e incorporar estos criterios. Al mismo tiempo, esa información debe estar realmente disponible para el público, y en especial para las comunidades locales, ya que ellas son las que enfrentan los riesgos inmediatos en caso de un impacto ambiental o social. 151 Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023 Otra prioridad está en la capacitación de los jueces y en abordar el desempeño de los tribunales, para que realmente puedan recibir, encaminar pruebas y evidencias y, finalmente, resolver casos donde se esgrimen los derechos de la naturaleza, en particular, o las cuestiones ambientales o territoriales, en general. Lo que podría reconocerse como derecho ambiental siempre ha estado por detrás de otras perspectivas, como la civil o la penal y, por el contrario, son tanto o más importantes. En este mismo contexto, ¿cuáles cree usted son las principales lecciones y retos que la aplicación de un enfoque biocéntrico y alternativas de desarrollo como el buen vivir en Ecuador pueden dejar para el mundo académico en Latinoamérica? En primer lugar, entiendo que la postura más importante es insistir en el pensamiento propio. No estoy rechazando ni negando el aporte de autores, reflexiones y experiencias del Norte. Deben ser tomadas en consideración, dialogar con ellos. Pero alerto en no caer en la simple copia, en la imitación, o en el seguimiento acrítico de la academia que piensa y escribe en parámetros del Norte global. Esto es vital desde Ecuador, porque su constitución es totalmente innovadora, y entonces ella no puede ser pensada, analizada ni evaluada, por ejemplo, desde las ideas jurídicas europeas. Ni siquiera atiende las particularidades políticas recientes en nuestros países, como señalé antes. Al contrario, es el marco constitucional de Montecristi el que debe ser ejemplo y motivo de análisis para las cátedras y simposios, por ejemplo, en Alemania, Francia o Inglaterra. En segundo lugar, entiendo que el pensamiento propio debe tener sus propios medios de presentación y divulgación. Por ello apoyo decididamente a las revistas académicas desde las universidades del Sur, como la de ustedes. Necesitamos apoyar y fortalecer nuestras revistas académicas, que se publique en castellano o portugués sin dificultad y que alimenten discusiones enfocadas en nuestras situaciones. Del mismo modo, esto no quiere decir que se niegue la importancia de los mecanismos de evaluación y, por el contrario, deberíamos contar con procedimientos rigurosos, que eviten el plagio y aseguren la mejor calidad, pero enmarcados en nuestras propias prioridades. En tercer lugar, esas actividades académicas son importantes en sí mismas, pero más si están acopladas o asociadas a los problemas concretos que se viven en nuestros países. La academia se debe abrir más a la sociedad. Son muchas las comunidades locales que necesitan el apoyo y acompañamiento desde la academia, incluyendo las cuestiones jurídicas. Es por ello que, a mi entender, se deben priorizar universidades abiertas a sus comunidades, que actúen junto a ellas. Agradecimiento: A Tamia Vercoutere por su colaboración en el desarrollo del cuestionario de la presente entrevista. 152 Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN 1. ENFOQUE Y ALCANCE Justicia(s) es una revista científica semestral arbitrada, adscrita a la carrera de derecho de la Universidad de Otavalo, cuyo fin es la difusión del conocimiento y el fomento de la producción científica en temáticas relacionadas con la ciencia jurídica. La publicación, en formato digital, tiene como norte generar un debate nacional e internacional dentro del actual Estado constitucional de derechos y justicia social, pluralista, intercultural y diverso, abarcando áreas del campo general del derecho y ciencias afines, tales como: constitucional, civil, penal, ambiental, mercantil, administrativo, laboral, internacional público y privado, procesal, justicia indígena, pluralismo jurídico, psicología jurídica, historia del derecho y antropología jurídica, entre otros. La revista Justicia(s) recibe publicaciones inéditas y está dirigida a estudiantes, investigadores y profesores. El rango de áreas está definido por el Comité Editorial en la revisión específica para cada número. Los costos de la edición de los manuscritos son asumidos íntegramente por la Universidad de Otavalo, por lo que los autores/as no tendrán ningún cargo, ni asociados a su envío ni a su publicación. La Universidad de Otavalo no se hace responsable del contenido y opiniones expresadas por los autores. En todo caso, el comité editorial de la revista coordina y supervisa los procesos de revisión y arbitraje y realiza los procedimientos normales de identificación de copia no autorizada o plagio. Cualquier situación vinculada en este aspecto, no detectada previamente, es responsabilidad única y exclusiva del o los autores del artículo. En caso de algún reporte o reclamo debe hacerse ante el Comité Editorial en la persona del Editor de la Revista y previa consideración del caso por parte del Comité Editorial el articulo podrá ser retirado de la revista. 2. POLÍTICA DE REVISIÓN POR PARES La revisión de manuscritos en su integridad se lleva a cabo por el método de doble ciego. Los árbitros se seleccionan teniendo en cuenta su experiencia en el área de estudio. Los revisores generalmente son externos a la Universidad de Otavalo. En caso de discrepancia en las evaluaciones de los revisores se tomará en cuenta aquella que se considere más adecuada al aporte científico del manuscrito y en todo caso se consulta la opinión de un tercer evaluador. 3. POLÍTICA DE SECCIONES La revista Justicia(s) consta de tres secciones: Monográfico, Artículos de Investigación y Generalidades Jurídicas. Monográfico Esta sección está compuesta por colaboraciones originales articuladas en función de una temática específica dentro de un campo del Derecho. Los ejes temáticos de cada monográfico son definidos por el equipo editorial de la revista y posteriormente difundidos mediante convocatoria abierta. Año 1, Volumen 1, Periodo julio - diciembre 2022 129 Artículos de Investigación Esta sección está orientada a mostrar resultados parciales o finales de proyectos de investigación en temáticas jurídicas que evidencien un aporte al desarrollo de la literatura especializado o a una transformación positiva de la sociedad. Este apartado se encuentra permanentemente 153 Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023 abierta para la recepción de manuscritos. Generalidades Jurídicas Esta sección integra aportes al conocimiento de la ciencia jurídica estructurados a partir de opiniones, reflexiones, ensayos y reseñas que no necesariamente se desprenden de resultados de investigación, pero mantienen rigurosidad académica. Este apartado se encuentra permanentemente abierta para la recepción de manuscritos. 154 4. FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN La revista Justicia(s) tiene una periodicidad de publicación semestral. 5. POLÍTICAS DE ÉTICA La Revista Justicia(s) en sus publicaciones se rige por principios éticos dirigidos a prevenir las malas prácticas en sus trabajos, relativas a plagio, citación, falsificación de datos, negativa en la identificación de fuentes, remisión total o parcial de artículos ya publicados, así como conflictos de intereses en la revisión por parte del editor/a o algún integrante del comité editorial, por lo que se suscribe un compromiso por parte del autor/es y se asume desde la misma operatividad interna de la revista la negativa a incumplir estos mandatos. Con base en esto, cualesquiera de las situaciones indicadas o alguna otra que afecte el desenvolvimiento ético de la publicación deberá ser comunicado al editor/a de la Revista Justicia(s) al momento del envío. 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