Revista de

Derecho

3

Vol.
Num.1

Período junio 2024

“Movilidad humana,
emergencia climática
y derechos humanos”

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

“Movilidad humana, emergencia climática
y derechos humanos”

Universidad de Otavalo

Editora
MSc. Andrea Carolina Subía Cabrera
Comité Editorial
PhD. Nuria del Álamo Gómez
PhD. Alex Valle
PhD. Frank Mila
PhD. Raquel Guzmán
PhD. Adán Carrizo González-Castell
MSc. Elizabeth Maldonado
MSc. Javier Pinto
Comité Científico
PhD. Mauricio Tamayo
PhD. Lina Parra
PhD. José Chalco
PhD. Jorge Gómez Rendón
PhD. David Cordero
PhD. Daniela Célleri
PhD. Vexaida Primera
PhD. Mirtha López
PhD. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell
PhD. Joel Harry Clavijo Suntura
PhD. Pablo Slavin
PhD. Ricardo Tapia
PhD. Carlos Clerc
PhD. Danny Méndez
PhD. Arístides Obando
PhD. José Luis Jaimes Olmos
PhD. Adriana Dreyzin de Klor
Asistente Editorial
Sandra Tatiana Ballesteros
Director de Investigación
PhD. Jorge Mantilla
Autoridades Académicas de la Universidad de Otavalo
Plutarco Cisneros Andrade, Canciller
Juan Carlos Cisneros, Vicecanciller
Antonio Romillo, Rector
Francisco Becerra, Vicerrector
Diego Jaramillo, Vicerrector Administrativo
Todas las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad de sus autores.
© De la presente edición:
Universidad de Otavalo, Otavalo, Ecuador investigacion@uotavalo.edu.ec

Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.
REVISTA JUSTICIA(S)
Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024 “Movilidad
humana, emergencia climática y derechos humanos”

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN EDITORIAL ........................................................................................ 6
Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos .............................. 11
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN.................................................................................. 93
GENERALIDADES JURÍDICAS........................................................................................ 111
POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN...................................................................................... 117

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

INTRODUCCIÓN EDITORIAL
Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos
Human mobility, climate emergency and human rights
Andrea Carolina Subía Cabrera
Orcid: 0000-0003-2896-1287
La Revista Justicia (s), de junio de 2024, tiene el agrado de presentar el
Volumen 3 Número 1 cuyo monográfico se titula “Movilidad humana, emergencia
climática y derechos humanos”, en términos generales los artículos reflexionan la
situación de millones de personas desplazadas de su lugar de origen hacia otra
ciudades o países por causas ambientales. La emergencia climática producto de
la contaminación del planeta incide en la vida de millones de personas, cuyos
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se encuentran en riesgo,
con énfasis en los grupos más vulnerables.
La degradación del ambiente por el aumento de la temperatura del planeta
en precipitación e intensidad, consecuencia de la emisión de dióxido de carbono
y los gases de efecto invernadero, origina aridez del suelo, disminución progresiva
de recursos naturales, seguridad alimentaria en peligro, masivas inundaciones y
aumento del nivel del mar lo que deteriora la calidad de vida de los seres humanos
paulatinamente. Según reportes del Banco Mundial (2021) se prevé que en el
año 2050 aproximadamente 250 millones de personas se desplacen por motivos
vinculados al cambio climático.
Las categorías de migraciones forzadas, internas e internacionales, vinculadas
a los efectos del cambio climático se han debatido en los últimos años. En 1967,
Russel planteó su reconocimiento (Bermúdez, 2017), no obstante, la Convención
del Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de Nueva York (1967) todavía
no contemplan su adecuación, en la práctica el agente y motivo de persecución
por motivos ambientales no se observan en la definición ampliada de refugio.
En el caso de la región, Latinoamérica es la zona con mayor riesgo de
catástrofes naturales sus efectos son las migraciones forzadas y los desplazamientos
climáticos, especialmente las zonas costeras e insulares, las poblaciones indígenas,
agrarias y campesinas y que en su mayoría son mujeres, niños, niñas y adolescentes
en una situación de extrema vulnerabilidad (Corte Interamericana de Derechos
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Humanos, 2023). De forma que, se entrecruzan categorías como el género, sexo,
etnia y nacionalidad, elementos a reflexionar dentro de los sistemas jurídicos de
los Estados bajo los enfoques en derechos humanos, sostenibilidad, género e
interseccionalidad (Subía, 2023).
Con lo anterior, les corresponde a: 1. los Estados garantizar la protección a las
personas que se encuentran en desplazamiento por motivos ambientales, aunque
no hayan cruzado las fronteras internacionales (Felipe, 2016), y, 2. Los sistemas de
protección de derechos humanos, universal y regional, definir los estándares hacia
la delimitación de las obligaciones internacionales en la protección de personas en
situación de movilidad climática.
El tercer volumen número uno de la Revista Justicia(s) de la Universidad
de Otavalo presenta tres secciones. Tal como se anunció, la primera refiere al
monográfico “Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos” cuyos
artículos analizan diferentes tópicos como la protección de derechos de personas
en situación de movilidad humana, el género y la feminización en las migraciones
climáticas, los desafíos del derecho constitucional y la responsabilidad del Estado
en la protección y asistencia humanitaria.
En su artículo titulado “El enfoque de género como perspectiva teórica
en los estudios sobre migración climática en América Latina y el Caribe (Siglo
XXI)” los autores Daliseth Coromoto Rojas-Rendón y Alex Valle Franco desde
una perspectiva teórica analizan el nuevo marco clasificatorio de las migraciones
climáticas, con fundamento en el enfoque de género, se reconoce desde el siglo
XXI un aumento en la presencia de las mujeres migrantes más vulnerables al
desplazamiento forzado en la región de Latinoamérica y el Caribe, de forma que se
invita al diálogo interdisciplinar, hacia la toma de decisiones gubernamentales en
materia de movilidad humana.
Por su parte, el autor Jhony Toaquiza en su artículo “El sistema constitucional
del Ecuador frente a los derechos de las personas en procesos de migración
climática”, parte de una revisión y análisis documental mediante el cual identifica
el contenido y alcance de los derechos de las personas en situación de movilidad
humana a la luz del principio de igualdad y no discriminación reconocido en la
Constitución de la República del Ecuador, de tal forma, enfatiza en las afectaciones
ambientales que se reflejan en la aparición de los desastres naturales, concluye en
la necesidad de adecuación normativa y necesidad regulatoria la situación de miles
de personas en situación de vulnerabilidad por razones ambientales.
El tercer artículo del monográfico titulado “La protección de los derechos
humanos en la Comunidad Andina: evolución y nuevos retos” de la autora Shilda
Sanmartin Sagbay, encuadra el paradigma de la diversidad cultural y social de
los países miembros de la CAN, organismo de integración regional cuyo objetivo
primordial desde su fundación fue potenciar el comercio internacional, pero que
ha ampliado su ámbito de acción hacia la promoción de los derechos humanos.
A través de una investigación de corte cualitativo la autora presenta los desafíos
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

alrededor del seguimiento de los instrumentos internacionales de protección de
derechos, precisamente por la ausencia del enfoque de género y de derechos de
las mujeres en la crisis climática y su incidencia en la violencia basada en género.
De modo, se requiere que instrumentos internacionales de la Comunidad Andina
se armonicen a los estándares internacionales en la materia.
El monográfico finaliza con el artículo titulado “Respuesta de la sociedad civil
ante la movilidad forzada: el caso de la Casa de Acogida Temporal San Antonio
de Pichincha de la Fundación Nuestros Jóvenes” de los autores Mónica Elizabeth
Ribadeneira Sarmiento, Saarhy Viviana Betancourt Meneses, Kevin Alexander
Tejero Cuero y Jefferson Caisaluisa Guasgua, desde las teorías explicativas de
las migraciones en los últimas décadas se enfatiza en la institucionalidad de
los movimientos migratorios alrededor del mundo, debido principalmente a la
cooperación no gubernamental e internacional de organismos que se dedican a la
ayuda humanitaria.
De esta forma, los autores presentan la labor que desarrolla la Fundación
Nuestros Jóvenes, a través de la implementación de un centro de atención integral,
casa de acogida temporal, que atiende a personas en situación de movilidad
forzada, su trabajo enfatiza en la prevención de la violencia basada en género.
De tal forma, se invita a la sociedad civil a promover y desarrollar acciones de
solidaridad en favor de personas en situación de doble vulnerabilidad, lo que alude
a la integración social y económica de inmigrante al igual que previene fenómenos
como la marginalidad y desigualdad social.
A continuación, el apartado de la revista referido a artículos científicos de
temática libre está conformado por un manuscrito titulado “El neoconstitucionalismo
boliviano cambio de paradigma de los derechos de la naturaleza” presentado
por los autores María Laura Del Pilar Oña Sabaté, María Gabriela Torres Muñoz,
Yhostin Gary Plata Quisbert y Leonardo Acuña Chuquimia, discuten el cambio de
paradigma teórico contenido en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, del antropocentrismo hacia el ecocentrismo. Por una parte, se exponen
los avances del reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, al igual
que evidencia los retos en la articulación de una visión ecosistémica cuyo principal
camino sea la justicia ecológica.
Para finalizar, el apartado de generalidades jurídicas contiene una entrevista
titulada “La responsabilidad del Estado en la protección y asistencia a personas
en situación de movilidad humana” realizada a la doctora Daniela Célleri por
los profesores Danny Cifuentes y Pablo Mendoza, de la Universidad de Otavalo,
durante la conversación se abordan aspectos referentes a la asistencia humanitaria,
la protección internacional y las múltiples situaciones de discriminación que
viven personas en movilidad humana. En ese sentido, se cuestionan los grados
de estatalidad, las respuestas de los distintos niveles de gobierno que ante una
emergencia y situaciones de extrema necesidad se diluyen, de forma que, los
gobiernos locales requieren de mayor coordinación y diálogo entre los actores de
política pública.
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Finalmente, los manuscritos publicados en el número cuentan con la calidad
científica y rigurosidad académica que contiene posiciones fundamentadas en la
investigación y que sirven de insumo a futuros trabajos que debatan sobre estas
temáticas dentro de los sistemas regionales de protección de derechos humanos.

REFERENCIAS
Banco Mundial (2021) Groundswell: Actuar sobre la migración climática interna (bancomundial.org)
Bermúdez, H. (2017). El migrante climático y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico
internacional.
Corte Interamericana de Derechos humanos. (2023). Solicitud de Opinión Consultiva sobre
Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de la República de Colombia y la República de Chile. https://www.corteidh.or.cr/docs/
opiniones/soc_1_2023_es.pdf
Felipe, B. (2016). Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho internacional.
Universitat Rovira I Virgili.
Subía-Cabrera, A. 2023. Informe a la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos
humanos. Observaciones Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://corteidh.or.cr/
sitios/observaciones/OC-32/31_subia_cabrera.pdf

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MONOGRÁFICO
Movilidad humana,
emergencia climática
y derechos humanos

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

EL ENFOQUE DE GÉNERO COMO PERSPECTIVA TEÓRICA EN LOS
ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (SIGLO XXI)

Daliseth Coromoto Rojas-Rendón
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Orcid: 0000-0001-7502-3678
daliseth.rojas@aen.edu.ec
Alex Valle Franco1
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Orcid: 0000-0001-9992-9044
alex.valle@iaen.edu.ec
Fecha de recepción: 01 de marzo de 2024
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2024
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen

En este artículo se propuso la idea de abordar el problema de la crisis climática
considerando el enfoque de género a través de una investigación documental y
de corte cualitativo, con la finalidad de reconocer cómo la migración climática es
un nuevo concepto en el marco clasificatorio de las migraciones que envuelve el
papel de la mujer dentro de una crisis, reconociendo que la presencia de ella como
“migrante climática” conlleva una serie de aristas que deben ser estudiadas de cara
a enfrentar los altos niveles de vulnerabilidad que envuelven los desplazamientos
humanos del siglo XXI. En este trabajo, se abordó el problema de la crisis climática
en relación con las ciencias políticas; se incorporó el análisis ambiental, con el
objetivo de analizar la objetivación de la naturaleza, la migración climática desde
América Latina y el Caribe y el enfoque de género como perspectiva teórica de
investigación actual; con fundamento en un diálogo interdisciplinar que permite
aportar elementos para el debate sobre las decisiones que se deben tomar desde
el liderazgo político.
Palabras clave: Enfoque de género, mujer, migración, cambio climático, América
Latina, Caribe.
1

Nota editorial: Alex Valle coautor del artículo, es miembro del Comité Editorial de la Revista Justicia(s),
en esta ocasión el manuscrito fue sometido al proceso de revisión por pares ciegos (anónimos), de
forma que no existen conflictos de intereses en el proceso editorial lo cual asegura la transparencia en
la publicación del artículo.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

THE GENDER APPROACH AS A THEORETICAL PERSPECTIVE IN STUDIES ON
CLIMATE MIGRATION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
(21ST CENTURY)

Abstract

This article proposed the idea of approaching the problem of the climate crisis from
a gender-based perspective. It is carried out through documentary and qualitative
research, with the purpose of recognizing how climate migration is a new concept
in the classificatory framework of migrations. Furthermore, this involves the role of
women within a crisis. It is also recognized that the presence of women as “climate
migrants” entails a series of aspects that must be studied in order to address the high
levels of vulnerability involved in human displacement in the 21st century. In this
paper, the problem of the climate crisis was addressed in relation to political science;
environmental analysis is included, with the aim of analyzing the objectification
of nature, climate migration from Latin America and the Caribbean, and the
gender approach as a theoretical perspective of current research. It is based on an
interdisciplinary dialogue that provides elements for the debate on the decisions to
be made by political leaders.
Keywords: Gender focus, women, migration, climate change, Latin America,
Caribbean.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

INTRODUCCIÓN
Los procesos migratorios en el siglo XXI tienen distintas motivaciones;
predominan tres en particular: 1. dinámicas político-económicas; 2. conflictos
armados, y, 3. procesos abruptos en el medioambiente. En los últimos años, se
ha evidenciado el traslado de personas de un lugar a otro como consecuencia del
cambio repentino o progresivo del clima, lo que ha generado una alerta mundial
respecto a la forma como los fenómenos climáticos cambian las relaciones humanas
con el entorno, generando un impacto en los ecosistemas y la vida de las personas.
El objetivo de este estudio se centra en la importancia que tienen los enfoques
teóricos al momento de abordar problemáticas sociales complejas y actuales. El
enfoque de género representa hoy una perspectiva que permite abordar aspectos
de la migración climática en relación al impacto humano, tanto a nivel global como
continental o regional; como es el caso de América Latina y El Caribe.
Los efectos del cambio climático se vienen registrando de manera alarmante
desde hace varias décadas en todo el mundo, por lo que América Latina y El
Caribe no están exentos de sufrir los embates de este fenómeno que amenaza
con desestabilizar política y económicamente a la región, lo cual, aunado a
los problemas históricos, representan un cuadro que llama la atención de los
investigadores. En tal contexto, la vulnerabilidad de las mujeres se asoma como un
punto de debate ineludible debido a sus múltiples variables: derechos políticos,
relaciones socioculturales, discriminación, violencia (simbólica, verbal y física),
crisis económica y desarraigo, entre otras; las cuales, aunadas a variables como
la edad, la etnia, el oficio, el número de hijos, el estado civil y los niveles de
instrucción, aumentan el riesgo a su integridad espiritual, mental y física.
Los desastres provocados por la degradación ambiental tienen efectos
adversos tanto en hombres como en mujeres (en el sentido biológico de la
expresión), pero las niñas, jóvenes, adultas y ancianas corren un mayor riesgo
de experimentar violencia basada en género y explotación sexual, así como ser
víctimas de las barreras sociales producto de la exclusión y sometimiento forzado.
La Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y El Caribe (OIMONU) ha señalado la relación que existe entre “migración, género y cambio
climático” (Organización de las Naciones Unidas [OIM], 2022), lo que posibilita
el abordar estudios teóricos que abran el debate sobre los aspectos que deben
promover la igualdad de género, considerando al migrante climático como un
nuevo tipo de actor social que entra en la escena del nuevo milenio en el marco
de los desplazamientos. En efecto, lograr una mayor comprensión del problema
es urgente y necesario. En tal sentido, el enfoque de género (Scott, 1996), como
se verá más adelante, permite reconocer cinco aspectos fundamentales en relación
con las previsiones que debe tener la migración climática en América Latina y
El Caribe en el presente siglo: el género como factor para entender los niveles

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

de vulnerabilidad humana, los riesgos del desplazamientos para la mujer como
sujeto activo pero vulnerable, las consecuencias de los desplazamientos forzados
por causa de los cambios medioambientales, las distintas formas de violencia que
puede experimentar la mujer en situación de movilidad humana (Petrozziello,
2013), y la urgencia de implementar políticas de género que atiendan de manera
integral el rol de la mujer como migrante climática.
Si bien, la presente investigación se ocupa de los problemas asociados con
la mujer, actualmente el enfoque de género no sólo considera las vulnerabilidades
de las mujeres biológicamente consideradas como tales, sino que aborda los
diferentes impactos que puede tener en poblaciones LGBTIQ+, las cuales también
se ven sometidas a los aspectos ya señalados, lo que amerita trabajar aún más este
enfoque. Como ha escrito Juárez (2012):
[…] la perspectiva de género nos permite señalar con claridad que las
mujeres lesbianas y trans están situadas en el extremo de la vulnerabilidad y
homogeneizadas en lo que se ha constituido como un mainstream y lineamientos
de corrección política para las conductas sexuales alternativas. (p. 42)
La crisis climática afecta sin distingo y se ha convertido en un tema de
discusión de investigadores, políticos, economistas, ecólogos, entre otros, quienes
reconocen la necesidad de repensar la relación entre el ser humano y el medio
ambiente de forma apremiante. Algunos investigadores han señalado cómo, al
término de la primera década del siglo XXI, más de 24 millones de personas habían
dejado sus países y hogares debido a inundaciones, hambrunas y otras catástrofes
ambientales, lo que ha dado lugar a migraciones desde las zonas rurales (lugares
de origen) hacia los principales núcleos urbanos (lugares de acogida) (Bancet, et
al., 2010).
En este trabajo se aborda el problema de la crisis climática en relación con
las ciencias políticas; incorporando tanto el análisis ambiental (Brown, 2008) como
el enfoque de género, con el fin de analizar tres aspectos clave del problema a
saber: 1. Objetivación de la naturaleza y crisis climática; 2. Migración climática
desde América Latina y El Caribe; y, 3. El enfoque de género como perspectiva
teórica. La investigación intenta abordar temas de actualidad, fundamentándose en
un diálogo interdisciplinar que permite aportar elementos para el debate sobre las
decisiones que se deben tomar desde el liderazgo actual.
El enfoque teórico desarrollado durante la investigación, aborda de manera
directa tanto variables demográficas como medioambientales desde la aportación
teórica de Brown (2008), quien desarrolló, para la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), el estudio intitulado “Migración y cambio climático”, el
cual expone un análisis de la realidad actual y los posibles escenarios futuros
relacionados con la crisis ambiental, con el fin de concienciar el trasfondo de esta
problemática global. El autor se fundamenta en los estudios sobre las consecuencias
que tiene el cambio climático para los habitantes del planeta, señalando que la
migración humana podría ser uno de los efectos más graves a los que se enfrentará
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

la humanidad en este siglo. La predicción más citada es de 200 millones de
desplazados para el año 2050 (Brown, 2008).
En tal sentido, se reconoce el valor del enfoque de género planteado por
Scott (1996), quien asumió en su trabajo “El género: una categoría útil para el
análisis histórico” este vocablo como una categoría de análisis que permite integrar
y observar la realidad de la mujer desde una perspectiva más amplia e histórica,
sin desvincularse de la política o el poder en el contexto del estudio de la mujer
(Scott, 1996).
Por tal motivo, se analizan los aspectos fundamentales que permiten señalar
la diferencia entre migración, en sentido llano, y migración climática; así como
establecer un enfoque que da cuenta de las diferencias que pueden existir dentro del
fenómeno en estudio; considerando que la mujer está en riesgo de sufrir un mayor
grado de vulnerabilidad en el proceso de movilidad humana. En consecuencia, se
ha establecido una pregunta de investigación: ¿cómo enfrenta la mujer la movilidad
humana en el contexto de la crisis climática actual? Una interrogante que obliga a
examinar la migración como un fenómeno demográfico influenciado por el clima
como fenómeno ecológico; hecho que demanda un estudio integral mucho más
complejo.
METODOLOGÍA
El presente artículo, se ha propuesto abordar el problema de la crisis climática
considerando el enfoque de género a través de una investigación documental y
de corte cualitativo, con la finalidad de reconocer cómo la migración climática es
un nuevo concepto en el marco clasificatorio de las migraciones que envuelve el
papel de la mujer dentro de una crisis climática, reconociendo que la presencia
de la mujer como “migrante climática” conlleva una serie de aristas que deben ser
estudiadas de cara a enfrentar los altos niveles de vulnerabilidad que envuelven los
desplazamientos humanos.
El análisis se ha basado en un método analítico con un enfoque cualitativo,
fundamentado en técnicas de investigación para el manejo de “material documental”
(Valles, 2000, p. 123). Esto ha permitido establecer una valoración cimentada en
un arqueo de fuentes bibliográficas y hemerográficas las cuales han aportado los
datos necesarios para un estudio crítico. Asimismo, se ha establecido un corpus
conceptual fundamentado en criterios interdisciplinarios con el fin de poner el
diálogo las perspectivas políticas y ambientalistas con las socioculturales, dentro de
escenarios espaciales y temporales (históricos) concretos, de manera que se pueda
establecer una mirada integral del problema estudiado (Martínez, 2012).
De esta manera, se desarrolló un abordaje riguroso sobre el cambio
climático como un fenómeno que tiene un impacto vigente y lo tendrá en el futuro
inmediato, por lo que el estudio aporta formas de reconocer la multidimensionalidad
del problema, teniendo a la mujer como sujeto en estudio en el marco de los
desplazamientos humanos. Por ello, al abordar el cambio climático y la movilidad
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

humana en el siglo XXI desde una perspectiva teórica, permite responder a la
necesidad de hacer frente a un hecho que demanda mayor atención por parte de
los investigadores sociales.
El abordaje ha generado un proceso de orientación metodológico que incluye
la delimitación y “formulación del problema” (Valles, 2000, p. 82), una pesquisa
documental exhaustiva sobre la temática expuesta asentada en un arqueo de fuentes
primarias, secundarias y de apoyo, con el objetivo de lograr un acopio amplio de
datos. Asimismo, se procedió a una sistematización rigurosa de los datos obtenidos
estableciendo un orden coherente y su clasificación. Luego se incluyó el análisis de
los datos obtenidos y organizados bajo un enfoque interdisciplinario, para lograr
una redacción que permitió desplegar referencias y premisas para argumentar en
torno al sujeto de estudio, lo que hace que el lector pueda comprender, con un
mayor grado de lucidez, las ideas presentadas (Valles, 2000, p. 339).
De la objetivación de la naturaleza a la crisis climática: el rostro humano del
cambio climático
Pensar el mundo desde la mirada del hombre como centralidad, es decir,
desde el antropocentrismo2 (Stoppa y Viotto, 2014, p. 9) y separado del medio, ha
permitido que la idea de observar la naturaleza ajena al ser humano sea cada vez
más un axioma contradictorio que un avance en sí mismo. En consecuencia, se
hace menester cambiar el enfoque que invita a pensar el medio para dominarlo y
sujetarlo a los intereses humanos, reconociendo la simbiosis que lo sustenta. Como
es sabido, algunas culturas antiguas desarrollaron otra mirada de la naturaleza y
se vieron más bien integradas a ella, reconociendo una asociación que llegó en
algunos casos a ser mística y espiritual.
Actualmente, el conocimiento humano se debate entre abandonar o no la
objetivación de la naturaleza y el aprovechamiento de sus recursos en su grado
extractivista. Por un lado, se tiene al ecocentrismo como corriente que propone el
respeto de todos los ecosistemas del planeta; se deja de considerar a la naturaleza
como mero objeto de explotación infinita e indiscriminada (Zimmerman, 1998), y
se considera su protección como una labor necesaria para la vida, lo que va más
allá de su utilidad (Casey y Scott, 2006). Por otro lado, se tiene al biocentrismo
como teoría que reconoce el valor intrínseco de cada especie basada en su propia
autonomía y no subordinada al ser humano como superior o dominador, en otras
palabras, se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos (Gudynas, 2011).
Por tal motivo, a la par de los discursos ecologistas de los Estados, se
desarrollan acciones en la esfera internacional que van en contra de la protección
de la tierra. Este hecho se puede observar en el protocolo de Kioto (1997), en las
Conferencias de las Partes (COP) y en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se busca discutir la correlación entre
2

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El antropocentrismo, como corriente ‘que reconoce al hombre como centro del universo y
consecuentemente usufructuario de nuestro planeta’, viene del griego anthropos (‘hombre’) y el latín
centrum (‘centro’).

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

seres humanos y ambiente, destacando un tema central: la sostenibilidad, que
involucra enfoques económicos y ecológicos sobre la disponibilidad de recursos
naturales y su aprovechamiento racional a escala global.
En efecto, la manera en que se relacionan los seres humanos con el ambiente
genera un quiebre en el equilibrio vital, lo que ha hecho encender las alarmas
sobre el futuro de la humanidad. El signo más evidente de esta ruptura es la
manera como se ve al planeta frente al cambio climático, hecho que ha obligado a
la comunidad científica y a los gobiernos a evaluar las acciones que puedan evitar
un colapso ambiental a futuro. Como señala Bermúdez (2017), los efectos del
cambio climático son aceptados ampliamente por la comunidad científica y por la
comunidad política mundial: “hasta el momento las COP’s [sic.] han servido para
resaltar la importancia del vínculo entre ciencia y políticas públicas, y para que
los gobiernos nacionales, regionales y locales asuman su rol de actores políticos
necesarios” (pp. 65-66).
En consecuencia, en medio de la sociedad de la información, donde todo
parece tener una posibilidad de respuesta, es cuando más se advierte sobre cuánto
se ignora respecto a lo que significa la vida y el desarrollo; la prosperidad y el
crecimiento ( Jackson, 2011). Los resultados son de conocimiento público: en la era
digital es posible hacer seguimiento a los desastres medioambientales en tiempo
real y reconocer el alcance negativo que tiene la acción del hombre sobre la
tierra, lo que demanda reconocer la incidencia del hombre en el calentamiento de
la tierra, así como sus consecuencias, entre ellas el desplazamiento humano. En
consecuencia:
El origen y las causas del cambio climático como proceso global son antropogénicas
y no se trata de un proceso cíclico, como sostienen muchos analistas que apoyan a
las grandes corporaciones transnacionales. Es cierto que a lo largo de la historia de la
Tierra se han producido cambios climáticos liderados por las grandes glaciaciones y
desglaciaciones. Desde hace aproximadamente setenta años, época en que el adelanto
tecnológico y el uso de las energías no renovables se incrementaron, el clima global
empezó a cambiar elevando la temperatura de la Tierra en un grado centígrado. Se
proyecta que para el año 2100 la temperatura de la Tierra se habrá incrementado en
otro grado centígrado más. Este cambio será suficiente para impactar nuestra vida,
[…] y tendrá serias consecuencias sobre el desplazamiento involuntario humano.
(Altamirano, 2014, p. 91)

En tal sentido, el problema de los desplazamientos por causas ambientales
se está convirtiendo en un fenómeno masivo, pero no inesperado, con un impacto
importante en la realidad político-económica, sociocultural y ambiental de una
región. Se puede tomar por caso a América Central, donde “más de un millón de
personas se vieron desplazadas en diferentes países de Centroamérica debido a
los impactos de los huracanes Eta e Iota” (Organización Internacional para las
Migraciones [OIM], 2021, p. iii).
Asimismo, se han generado otros peligros, como temblores e inundaciones,
lo que demanda la aplicación inmediata de campañas para ubicar al ser humano

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

dentro de la naturaleza y no fuera de ella, siguiendo los postulados de la economía
ecológica y la política ambiental propuesta ya por algunos investigadores
preocupados por esta situación a escala global (Martínez y Roca, 2013). Según
la Secretaría de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
cada año más de 200 millones de personas resultan afectadas por las sequías,
inundaciones, ciclones, terremotos, incendios forestales y otras amenazas; muchas
de ellas provocadas por la extracción indiscriminada de los recursos naturales. El
cambio del clima en el planeta, desde su formación hace más de 4.6 mil millones
de años, ha fluctuado por distintos factores (Olcina y Martín-Vide, 1999), pero en
la actualidad el factor humano ha incidido de manera decisiva en el origen de las
inundaciones, en los períodos de sequía, episodios glaciales y altas temperaturas
que van afectando al resto de especies que habitan el planeta (Vázquez, 2006).
Lo mencionado demanda un cambio de paradigma en cuanto al sentido de
la extracción, comercialización y uso de estos recursos. Además, no se trata de que
los países menos desarrollados sigan jugando el papel de exportadores de materias
primas: se trata de que los países desarrollados deben asumir su responsabilidad
histórica con el mundo, disminuyendo la emisión de gases que producen el
denominado efecto invernadero, el cual tiene una incidencia directa en el cambio
climático y afecta de manera sistémica a los países del hemisferio sur. Como se ha
señalado:
Los Estados enriquecidos del Norte global, junto con las grandes empresas
contaminantes, son los responsables históricos de la mayor parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Sin embargo, las regiones del Sur global son las que están
sufriendo las peores consecuencias del cambio climático. Los efectos de las sequías,
inundaciones y otros fenómenos asociados al cambio climático tienen sus efectos más
graves en estas regiones. (Felipe, 2018a, p. 79)

En 2021, Greenpeace España, en colaboración con el CEAR, publicó un
trabajo intitulado “Huir del Clima. Cómo influye la crisis climática en las migraciones
humanas”, donde se presenta una radiografía (escrita y en imágenes) de los
efectos del desbalance climático en las comunidades humanas a escala planetaria
(Greenpeace España y CEAR, 2021). La publicación muestra múltiples evidencias
científicas sobre el aumento de la temperatura global, un fenómeno que ha sido
denunciado desde hace varios años por expertos de todo el mundo, pero que no
termina por generar la autocrítica necesaria para detener el inminente cataclismo
que representará para las generaciones futuras, un problema que ha entrado en un
punto de no retorno. Para el año 2019, los informes de la OIM ya señalaban el drama
que representan las migraciones en el mundo (OIM, 2019), pero lo presentado por
Greenpeace y el CEAR pone el acento en lo que estos denominan como “el rostro
humano del cambio climático” (Greenpeace España/CEAR, 2021, p. 7).
El enfoque de género como perspectiva teórica y su relación con la migración
climática: una mirada desde América Latina y El Caribe
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
desplazamiento y la migración por razones climáticas afecta más a mujeres y niñas,
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

ya que corren un mayor riesgo de experimentar violencia, explotación sexual e
inclusive la muerte (Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
[PNUD], 2020). En América Latina, “las mujeres son particularmente vulnerables
frente a los efectos del cambio climático por su significativa dependencia de recursos
naturales para su sustento” (PNUD, 2020; Arana, 2017). En este contexto, se debe
tomar en cuenta que las mujeres son las principales proveedoras de alimentos
preparados, agua y energía, y que las condiciones actuales han propendido a su
exclusión y discriminación. En 2019, la OIM incluyó en su glosario el concepto de
migración climática, al cual definió de la siguiente manera:
[…] el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por
cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio
climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por
hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una
frontera internacional […] (Greenpeace España y CEAR, 2021, p. 7)

La realidad sociocultural hace que la mujer tenga que salir a buscar el sustento
y enfrentarse a la discriminación, la falta de oportunidades por su formación y poca
posibilidad de trabajo. En este sentido, “las mujeres son doblemente vulnerables
(en contextos de migración y de degradación ambiental). Las mujeres son, por lo
general, más vulnerables a los impactos adversos del cambio climático que los
hombres” (Wilkinson et al., 2016, citado en Felipe, 2018a, p. 17). En algunos casos,
la partida del varón por causas ambientales puede darle más autonomía, pero
también mayores responsabilidades ya que se “vuelve de facto la cabeza de familia”
(Brown, 2008, p. 34). Actualmente, la relación entre mujer y migraciones climáticas
constituye un tema de estudio aún por explorar a profundidad. El cambio climático
representa “uno de los factores de expulsión de población que cada vez afecta a
más personas, especialmente en contextos vulnerables (Felipe, 2018b, p. 13).
En América Latina se han desarrollado proyectos relacionados de forma
directa con la movilidad humana asociadas a desastres ambientales. Por ejemplo,
“Mujeres de los Páramos”, desarrollado entre 2016 y 2017, en asociación con la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estableció “con el
objetivo de fortalecer las capacidades de las mujeres de los páramos de Colombia,
Ecuador y Perú, basado en una estrategia de prevención del desplazamiento y el
confinamiento de carácter ambiental” (Sánchez, 2019, p. 97). Pero las proyecciones
a futuro no son muy alentadoras, lo que obliga a muchas mujeres a tomar decisiones
importantes para cuidar su integridad y la de su familia. En este contexto, para el
año 2099:
Se espera que la temperatura media haya aumentado entre 1,8 ºC y 4 ºC. Para 2050
se piensa que existirán grandes extensiones cada vez más áridas y que crecerá del 2
al 10 por ciento la proporción de tierras que sufrirán una sequía constante. Además,
los patrones de precipitaciones cambiarán a medida que el ciclo hidrológico se vuelva
más intenso y esto, en algunos lugares, se manifestará bajo forma de diluvios que
arrastrarán la capa superior del suelo y provocarán crecidas. (Brown, 2008, p. 35)

Si este pronóstico se cumple, los flujos migratorios aumentarán en varias partes
del mundo; por ende, muchas mujeres estarán buscando salir adelante. El mismo
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

autor expresa que tanto el cambio climático como “la migración que desencadena
tienen efectos específicos en la materia, dado que existe una fuerte relación entre
precariedad y vulnerabilidad al cambio climático, y la cruda realidad es que las
mujeres […] son más pobres y débiles que los hombres” (Brown, 2008, p. 34).
En definitiva, la humanidad se encuentra frente a un tiempo histórico que
demanda estudio, ideas y una nueva manera de ver las investigaciones sobre
migración y migración femenina. Ya están apareciendo migrantes, personas
refugiadas y desplazadas ambientales cuyas percepciones sobre las movilizaciones
de personas son distintas a las presenciadas hasta ahora (Tognoli, 2019). Los debates
a nivel global sobre las consecuencias del cambio climático se están situando en
los efectos adversos, visibles en las áreas más vulnerables y con mayor índice de
pobreza como América Latina y El Caribe, donde las mujeres y niñas de la región
se perfilan como una de las poblaciones que presenta mayor riesgo, ya que:
Hasta el momento, la relación entre migración, género y cambio climático ha sido poco
analizada. Sin embargo, iniciativas como el estudio “Promover la igualdad de género
en el medio ambiente, migración y desplazamientos por desastres en el Caribe”, de
OIM y CEPAL, presentan avances significativos en la comprensión del papel que tiene
el género dentro de la migración medioambiental. (Escobar, 2022, párr. 3)

El rol que cumplen las mujeres en el cuidado y la seguridad del hogar sigue
siendo fundamental en la actualidad latinoamericana y caribeña por lo que, en su
búsqueda por lograr atención sanitaria, agua potable y otros recursos vitales para
sobrevivir, puede estar sujeta a situaciones que atentan contra la salud mental y
física de las involucradas:
La migración medioambiental es un proceso que debe reconocer las diferentes
necesidades, prioridades, riesgos y capacidades de las personas migrantes de todos
los géneros. En el caso particular de mujeres y niñas, que experimentan formas de
discriminación por motivos de raza, etnia, religión, estatus social, capacidad, etc., es
fundamental abordar estas desigualdades transversales y garantizar sus derechos.
(Escobar, 2022, párr. 13)

Muchas mujeres viven hoy en día en lugares deteriorados por efectos
climáticos. Vivir así ya da cuenta de la necesidad de trasladarse para sobrevivir. No
obstante, la mayoría de las mujeres no desea abandonar su hogar, de tal manera
que la migración temporal puede convertirse en una migración permanente. Lo
más peligroso es que “las migraciones son uno de los impactos más invisibilizados
de la crisis climática” (Greenpeace y España/CEAR, 2021, p. 40). Esto impacta en
los derechos humanos de personas vulnerables. Es necesario analizar los desafíos
que supone para las mujeres y las niñas, las implicaciones que tienen la escasez
de agua y las inundaciones, entre otros desastres, así como los efectos que tiene
sobre la salud. Por ello:
Las migrantes climáticas han de hacer frente a todas estas limitaciones, en las
que se entrecruzan discriminaciones por ser mujeres, a menudo en situación de
pobreza, racializadas y, finalmente, por ser migrantes. Cuando las mujeres migran,
el trabajo que ellas realizaban a menudo lo llevan a cabo otras mujeres de la familia,

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

mientras que, si son ellos los que se trasladan, las mujeres se enfrentan a una mayor
carga de trabajo, que afecta a su salud y a su bienestar. La OIM recoge en su último
informe que las mujeres son más vulnerables que los hombres en todas las fases de
los traslados y que pueden sufrir consecuencias en los ámbitos de la seguridad, las
necesidades psicológicas y el acceso a los servicios y a los derechos de propiedad.
(Felipe, 2020, párr. 3)

Sobre este particular, la ONU ha señalado que es necesario que las mujeres
tengan mayores oportunidades para ser parte de la gobernanza inclusiva, en la cual
tengan la oportunidad de ser parte de políticas públicas eficientes, resilientes, que
“conduzcan a una mayor equidad social en general, y a la igualdad de género en
particular, a través de integración de más mujeres y grupos marginados en la toma
de decisiones” (ONU, 2022, p. 19).
Asimismo, los fenómenos meteorológicos extremos afectan a mujeres y niñas
en su capacidad para realizar tareas cotidianas, especialmente las relacionadas con
su educación. Las tareas de recogida de leña y agua recaen generalmente en las
mujeres y las niñas en los países más pobres, esto obliga a desplazarse más lejos de
sus hogares para mantener en funcionamiento las articulaciones familiares (Zabalay
Rozée, 2014). Sin embargo, cuando se dan los procesos migratorios forzados existe
un cambio profundo en toda la estructura familiar, lo que afecta directamente el
desempeño de cada uno de sus miembros y pone en un estado de indefensión
a las mujeres del núcleo familiar. Felipe (2016), sugiere que en la dimensión del
derecho internacional se debe contar con un fondo económico dedicado a cubrir
las necesidades de los migrantes climáticos; indica que “El Fondo Verde para el
Clima”, surgido en los Acuerdos de Cancún, podría ser el más adecuado en la
actualidad; de esta forma, los países más contaminadores deben ser los que asistan
a los más vulnerables.
CONCLUSIONES
Al cierre del análisis, es posible reconocer que el enfoque de género, como
perspectiva teórica, abre la posibilidad de compresión en relación con los estudios
sobre migración climática en América Latina y El Caribe en el presente, ya que los
procesos migratorios incluyen entre sus motivaciones los cambios bruscos en el
medioambiente. El traslado de personas de un lugar a otro como consecuencia del
cambio drástico del clima obliga abordar los fenómenos climáticos debido a que
cambian las relaciones de las comunidades humanas.
Al aportar elementos al debate sobre la importancia que tienen los enfoques
teóricos para abordar problemáticas sociales complejas y actuales, se evidencia
que el enfoque de género representa hoy una perspectiva que permite ahondar
en aspectos de la migración climática a nivel global, continental y regional en el
marco clasificatorio de las migraciones; destacando el rol de la mujer dentro de una
crisis planetaria que reconoce la presencia de ella como migrante climática, una
denominación que pone bajo observación los distintos niveles de vulnerabilidad
que implican los desplazamientos femeninos.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Los efectos del cambio climático en América Latina y El Caribe amenazan
con desestabilizar política, económica y socialmente a la región, agravando la
ya delicada situación de los países en desarrollo, lo que aumenta el nivel de
vulnerabilidad de las mujeres con relación a sus derechos, relaciones, protección
frente a la discriminación y la violencia, la pérdida de ingresos y el desarraigo.
Sin duda, existe una relación entre migración, género y cambio climático,
que obliga a considerar estudios teóricos que abran el debate sobre la igualdad de
género. El enfoque de género, en términos de Scott (1996), permite mirar el género
como un factor determinante para entender los niveles de vulnerabilidad de la
mujer, los riesgos del desplazamiento por territorios desconocidos, el papel de la
mujer como sujeto de historias de violencia, la demanda de políticas de género
eficientes y la búsqueda de oportunidades de preparación e inserción en el circuito
laboral del territorio receptor.
La crisis climática se ha convertido en un tema de discusión de investigadores,
que reconocen la necesidad de repensar la relación entre el ser humano y el
medio ambiente, ya que se espera que en los años venideros millones de personas
abandonen sus países por inundaciones, sequías, pérdida del suelo fértil y falta
de condiciones mínimas para acceder al cultivo, entre otras aristas de la crisis
ambiental.
El enfoque de género permite analizar la objetivación de la naturaleza, la
migración climática desde América Latina y El Caribe; y poner el acento en una
necesaria reflexión teórica e interdisciplinaria que amplíe el rango de la investigación
en la actualidad. El género pasa a ser una categoría útil para el análisis histórico,
integral y observacional de la realidad de la mujer. Al considerar que la mujer está
en riesgo de sufrir un mayor grado de vulnerabilidad en el proceso de movilidad
humana, se ha respondido a la pregunta de investigación: ¿cómo enfrenta la mujer
la movilidad humana en el contexto de la crisis climática actual? Para ello, se
ha examinado la migración como un fenómeno demográfico que ha dejado de
ser correlativo únicamente a la economía, pasando a ser un tema ambiental y
profundamente ecológico; un hecho que requiere estudio de casos cada vez más
amplios.
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR FRENTE A LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN PROCESOS DE MIGRACIÓN CLIMÁTICA

Jhony Marcelo Toaquiza Díaz
Investigador independiente
Orcid: 0009-0001-8401-6055
toaquiza586@gmail.com
Fecha de recepción: 04 de marzo de 2024
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2024
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen
El Estado ecuatoriano, dentro de su ordenamiento jurídico, establece la obligación
estatal de ejecutar medidas de prevención y mitigación de los riesgos temporales
y permanentes del cambio climático. En la Constitución de la República del
Ecuador coexisten un sinnúmero de derechos para que las personas puedan vivir
dignamente. Así, en lo referente a los desastres naturales, el Estado es quien debe
garantizar que estos derechos también presenten un espectro de protección en
relación con la actividad del clima y sus consecuencias. Por tal motivo, es necesario
identificar el contenido y alcance de los derechos de las personas o grupos de
migrantes climáticos por afectaciones de los acontecimientos de la naturaleza; esto
ya que, incluso los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo se han
preocupado por regular medidas de temor de riesgos naturales. En este sentido,
el objetivo de esta investigación fue identificar los derechos de las personas en
procesos de migración climática en el sistema constitucional ecuatoriano. Con una
metodología cualitativa, nivel de investigación descriptiva, método hermenéutico y
técnica de revisión documental, se concluyó que en el Ecuador existen derechos
constitucionales amparados por el principio de igualdad formal y material, bajo los
criterios indicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante,
con la proliferación de los desastres naturales, es necesaria una norma sustantiva
y adjetiva para amparar a las personas afectadas por el cambio climático hacia la
vida digna.
Palabras clave: derechos, medio ambiente, migración climática, cambio de clima,
normativa.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF ECUADOR REGARDING THE RIGHTS
OF PEOPLE IN CLIMATE MIGRATION PROCESSES

Abstract
The Ecuadorian State, within its legal system, establishes the State’s obligation to
implement measures to prevent and mitigate the temporary and permanent risks of
climate change. The Constitution of the Republic of Ecuador contains a number of
rights that enable people to live with dignity. Thus, with regard to natural disasters,
it is the State that must ensure that these rights also present a range of protection
in relation to climate activity and its consequences. For this reason, it is necessary
to identify the content and scope of the rights of individuals or groups of climate
migrants affected by natural events; the reason is that even international human
rights instruments have only been concerned with regulating measures for fear of
natural hazards. In this sense, the objective of this research was to identify the rights
of people in climate migration processes in the Ecuadorian constitutional system.
With a qualitative methodology, descriptive research level, hermeneutic method,
and documentary review technique, it was concluded that in Ecuador there are
constitutional rights protected by the principle of formal and material equality, under
the criteria indicated by the jurisprudence of the Constitutional Court. However,
with the proliferation of natural disasters, a substantive and adjective regulation is
needed to protect people affected by climate change towards the achievement of a
dignified life.
Keywords: rights, environment, migration, climate change, climate change,
regulation.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la amenaza apremiante producida por el cambio climático se
ha convertido en una necesidad de actuar diligentemente por parte de los Estados;
entonces, les corresponde establecer diferentes políticas públicas encaminadas a la
protección y defensa de los derechos pertenecientes a cada uno de los individuos
que coexisten en el medio ambiente.
Theofilos et al. (2020) indican que existe una cantidad de actividades
realizadas por la naturaleza; entre ellas, constan los desastres naturales estimulados
por el cambio climático. La Organización de Naciones Unidas (ONU) (1994), en
la Convención Marco sobre el Cambio climático (CMNUCC, 1994), en el artículo
1, entiende por “cambio climático al canje del clima con responsabilidad directa
o indirecta de la actividad humana”, que perturba la composición de la atmósfera
y produce alteraciones en el medio ambiente (desastres o fenómenos naturales),
surgidos en lugares cercanos a zonas habitadas, lo cual provoca pérdidas humanas
y materiales.
A nivel internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
ha sido enfático al señalar las obligaciones de los Estados inmersos en este tipo
de eventos, puesto que las principales afectaciones recaen en las personas. La
Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre (1991),
en sus considerandos ha entendido al medio ambiente como un ente propenso
donde pueden “ocurrir desastres, catástrofes y otras calamidades que destruyen la
vida y amenazan la seguridad y bienes de los habitantes del continente americano”
(párr. 1). Posteriormente, en apoyo a esta convención internacional, en 1994 se
expidió la CMNUCC para encontrar soluciones a los cambios peligrosos del sistema
climático.
En este contexto, el Estado ecuatoriano está expuesto y es vulnerable a
los cambios climáticos y sus secuelas. Según un estudio de Estrategias de Gestión
Financieras del Banco Mundial, las complicaciones surgen debido a su ubicación
geográfica y sus “características climáticas, hidrológicas y geofísicas, por lo que está
constantemente amenazado por fenómenos de origen natural, que a lo largo de la
historia han causado enormes pérdidas de vidas humanas y graves efectos en la
economía” (Banco Mundial, 2020, p. 11).
Paralelamente, los efectos negativos del cambio climático del país surgen
principalmente por constantes lluvias (inundaciones, derrumbe de tierras, daño de
cultivos, etc.), sismos de volcanes, terremotos y otros acontecimientos producidos
por la acción del ser humano. Hechos con repercusiones en los habitantes, ya que
se ven obligados a buscar medidas alternativas de reacción, como recuperar sus
cultivos, buscar nuevos lugares para vivir, rescatar la economía y adaptarse a los
cambios socioambientales.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Para lograr este cometido, hay que efectivizar las medidas mencionadas
junto con la intervención del Estado como garante de los derechos constitucionales.
En el Ecuador, durante la última década, según el diario El Comercio (2022), han
sucedido fenómenos como: el aluvión de La Gasca en la ciudad de Quito, el
deslizamiento de tierra en el cantón Alausí (provincia de Chimborazo), la creciente
de ríos por lluvias y la afectación de viviendas de los habitantes de los cantones
de Caluma y Echeandía (provincia de Bolívar); y otros que están sucediendo en
el país debido a la llegada del fenómeno de El Niño. Estos eventos naturales han
ocasionado la destrucción total de viviendas, y habitantes damnificados que han
debido desplazarse a otros lugares dentro del país. Tal condición permite formular
la problemática de la presente investigación:
¿Cómo regula el Estado ecuatoriano los derechos de las personas en procesos
de migración climática dentro del sistema constitucional? En consecuencia, el
objetivo de este trabajo es identificar los derechos de las personas en procesos
de migración climática en el sistema constitucional ecuatoriano, para conocer
las acciones ejecutadas por el Estado, en aras de cumplir con sus obligaciones
procedentes de los derechos de las personas en situación de movilidad, debido
a los efectos causados por el cambio climático, que deriva en el fenómeno de la
migración climática.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, porque se realiza una
descripción del fenómeno, de modo que, según Hernández-Sampieri et al. (2014):
[…] el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisado
los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una
teoría que se va descubriendo o construyendo de acuerdo con el contexto y los
eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. (p.7)

En este caso, se necesitó recopilar la doctrina, normativa internacional y
nacional sobre efectos del cambio climático en Ecuador, y derechos de las personas
en situación de movilidad, frente a la obligación del Estado de actuar con diligencia
cuando ocurren fenómenos naturales. Además, tiene un nivel descriptivo, porque
pretende especificar la regulación de los derechos de las personas en situación
de migración climática en el sistema constitucional ecuatoriano. Es decir, “mide o
recolecta datos y reporta información sobre diversos conceptos, variables, aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar” (Quintana y
Hermida, 2019, p. 108).
El método utilizado es el hermenéutico, que ofrece una alternativa de
interpretación de textos en estudios con nivel descriptivo: “implica un proceso
dialéctico, en donde el investigador navega entre las partes y el todo del texto para
lograr una comprensión adecuada del mismo” (Quintana y Hermida, 2019, p. 3).
Por ello, se analizó e interpretó los derechos y obligaciones del Ecuador para asistir
a las personas en procesos de migración climática.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

La técnica de investigación utilizada para obtener información del fenómeno
estudiado es la revisión documental de los avances doctrinarios y normativos de los
fenómenos naturales. Changoluisa (2016) sostiene que el objetivo de esta técnica
es “buscar y encontrar datos de la realidad, para ser analizados e interpretados por
el investigador mediante su explicación teórica” (p. 68).
DESARROLLO
El cambio climático a nivel mundial ha tenido efectos positivos y negativos
para el desarrollo de las sociedades. El primer grupo corresponde al crecimiento
del medio ambiente, donde existe armonía y buena convivencia entre los seres
humanos y la naturaleza; es decir, prima el desarrollo sin causar daño unos a
otros. El segundo grupo, el de los efectos negativos, comprende las alteraciones
suscitadas entre la naturaleza y las acciones de los seres humanos, que impactan
en el sistema ambiental y causa daños entre sí.
El desarrollo de la vida en el medio ambiente depende del cambio climático,
por lo que sus variaciones son producto de las actividades del ser humano o de los
acontecimientos devenidos de la naturaleza, razón por la cual es ineludible abordar
a cada componente básico que integra el sistema climático e identificar la relación
con los derechos de protección de las personas migrantes afectadas por el clima.
Nociones básicas del sistema climático
Medio ambiente
El espacio donde cada organismo desarrolla su propia vida en interacción
con otros se denomina medio ambiente. La Conferencia Mundial sobre Medio
Ambiente en Estocolmo (1972) ha definido a este concepto como ‘aquellos
factores físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos
o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y actividades humanas’.
Angrino (2014) considera que es el “conjunto de relaciones en el que la cultura es
mediadora a diferentes niveles, entre el sistema natural y el sistema social” (p. 33).
La Corte Constitucional del Ecuador (CCE o la Corte), al definir al medio
ambiente, ha dicho que se trata del espacio “donde vivimos todos sin distinción”
(Sentencia No. 2167-21-EP/22, 20223, párr. 92), dividido por dos factores4: los
bióticos (seres con vida), en donde habitan seres humanos, plantas y animales; y
los abióticos (elementos sin vida), como el agua, el aire, la tierra y la luz (Sentencia
No. 253-20-JH/22, 20225, párr. 64).
3
4
5

32

En el presente caso, la CCE examina un caso, planteado en contra del Municipio de Quito, por vulnerar
los derechos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado en conexidad con el derecho al
hábitat seguro, al agua, al desarrollo sostenible, a la ciudad; a los derechos de la naturaleza.
Existe un tercer factor, que es la creación artificial, donde el ser humano utiliza el factor biótico y
abiótico y lo eleva a la industrialización, urbanización, cultura, tradición, tecnología, etc.
En este caso, se analizaron los derechos constitucionales de una mona chorongo denominada
“Estrellita”, en donde la Corte CE determinó los alcances del derecho a la naturaleza.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

De modo que la buena convivencia en el medio ambiente dependerá de
la función que cumpla cada factor de acuerdo con los límites permitidos. El límite
es legítimo cuando los factores bióticos, abióticos y artificiales realizan acciones
observando que los elementos no se destruyan, extingan o deterioren. Ahí nace la
importancia del sistema ambiental bajo el mecanismo de equilibrio entre integrantes
para preservar la vida en la tierra, es decir, deben cuidarse unos a otros.
Por otro lado, cuando concurre exceso de límites permitidos, significa que
el factor biótico provocó un daño (contaminación, degradación de la atmósfera)
contra el factor abiótico o viceversa (cambios climáticos, deslaves, huracanes, etc.)
o a la vez las creaciones artificiales no cumplieron con los estándares mínimos de
la conservación ambiental. Por tal razón, este es el punto de partida para el origen
de los problemas ambientales, ya que pasan a ser protagonistas de la vida social,
cultural y política6.
El clima
Al clima se lo conoce como aquellas condiciones atmosféricas propias que
identifican a un lugar determinado; para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático de México (2021), consiste en el estado del sistema climático como un
todo, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura,
los vientos, etc., y es esta acción compleja que influye en la existencia de los seres
sometidos a este.
Tratar sobre el clima implica reconocer la composición de los “parámetros
de temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad”
(Matero, 2022, párr. 17), que son elementos del clima. Estos pueden modificarse,
acentuarse o limitarse por factores del clima según la latitud, los vientos elevados,
las corrientes y las distancias del mar, altitud y relieve, dando lugar a los tipos de
temperaturas. En el Ecuador dependiendo de las condiciones atmosféricas, existen
climas cálidos, templados y fríos.
Cambio climático
La ONU (2018) ha definido al cambio climático como las permutaciones a
largo plazo de temperaturas y patrones climáticos. Mientras que la CMNUCC (1994)
menciona que es un fenómeno “atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”
(Art. 1.b).
Bajo este criterio, el clima cambia constantemente por las actividades variadas
que realizan los organismos dentro del medio ambiente. Para ello, el cambio de
clima tiene su origen en la existencia de dos componentes, lo natural y lo humano:
6

i) Social: Generalmente afecta a la gente de escasos recursos económicos. ii) Cultural: La migración
obliga a que las personas se vean obligadas a nuevas costumbres (comunicación, turismo, negocio,
etc.). iii) Política: Depende de las políticas públicas que generen los gobernantes de turno en apoyo a
este grupo de personas.
33

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

-

Componente natural: Son las transformaciones propias de la naturaleza, es
decir, no dependen del ser humano, como los cambios del ecosistema que
genera erupción, lluvias, inundación, tormentas, deslaves, temblores, etc.
Estas acciones pueden afectar la convivencia de los seres vivos.

-

Componente humano: La mayor parte de cambios climáticos son causados
por la acción del hombre porque es el organismo vivo con más interacciones
en el medio ambiente: “no solo crea el medio ambiente artificial, sino que
explora, modifica y utiliza los recursos del medio ambiente natural para la
supervivencia y bienestar” (Etecé, 2023, párr. 2).

Al existir combinación entre estos componentes, la actividad de una altera
a la otra. Empero, las actividades humanas han sido en su mayoría el principal
motor del cambio climático. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el
petróleo y el gas han forjado la “emisión de gas de efecto invernadero que actúan
como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las
temperaturas” (Etecé, 2023, párr. 3); consecuentemente, la suma de estas acciones
provoca desastres naturales.
Desastres naturales
Cuando el cambio climático acarrea fenómenos naturales de gran magnitud
en lugares habitados, deja terribles pérdidas humanas y materiales; a esto se lo
conoce como desastre natural. A saber, la ONU (2009) ha dicho que desastre es:
“la interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa
pérdidas materiales, económicas o ambientales, que exceden la capacidad de la
comunidad o sociedad afectada para enfrentar la situación utilizando sus propios
recursos” (pp. 13-14).
También implica efectos graves el no anticipar dichos acontecimientos,
mediante acciones de preparación y protección adecuada de la persona o grupo
de personas afectadas. Tampoco se puede usar recursos propicios para responder
ante un desastre, porque en minutos puede matar, herir o afectar a miles de
personas, destruir ciudades enteras y medios de vida (cultivos, ganados, pesquerías,
etc.), e inutilizar infraestructuras de transporte, comunicación, electricidad, agua,
saneamiento y atención médica (Médicos sin fronteras, 2015).
Una de las respuestas de las personas a estos sucesos es empacar sus
pertenencias (si el tiempo lo permite) y dejar sus hogares en búsqueda de un lugar
adecuado para precautelar su integridad y desarrollar sus vidas7. De ahí, surge un
nuevo modelo de movilidad humana, conocida como migración climática.

7

34

Las personas son las principales afectadas, pero afecta también a otros organismos vivos (plantas,
animales, microorganismos, etc.) o no vivos (suelo, ríos, lagos, montañas, etc.) del medio ambiente.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Movilidad humana
La Ley Orgánica de Movilidad Humana8 (2017) ha definido a este
concepto como “movimientos migratorios que realiza una persona, familia o
grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en
un Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que
genera derechos y obligaciones” (Art. 3.8). La Organización Internacional para las
Migraciones (2011) afirma que la migración climática se trata de
La movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho
a la libre circulación9, entendiendo que se trata de un proceso complejo,
motivado por diversas razones, que se realiza con la intencionalidad de
permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso,
para desarrollar una movilidad circular; implica el cruce de los límites de una
división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior. (párr. 23)
Por consiguiente, se recoge algunos elementos nucleares que la definen,
según las citas realizadas:
-

Proceso humano: el ser humano es el principal actor del proceso de
movimiento o circulación.
Expresión del ejercicio de un derecho humano: “la movilidad es la expresión
social del ejercicio del derecho a la libre circulación” (Corte Constitucional,
2010, Dictamen No. 042-10-DTI-CC, p. 11).
Multicausal: los motivos que llevan a movilizarse son variados: laborales,
económicos, educativos, forzados o voluntarios, recreativos, etc.
Intencionalidad de permanencia: intención de permanecer en el lugar de
destino por períodos cortos o largos.
Cruce de límites: implica el desplazamiento entre límites o divisiones
geográficas o políticas.

En síntesis, la movilidad humana abarca la posibilidad de buscar otro destino,
diferente al lugar de origen, para habitar temporal o permanentemente, por las causas
descritas del elemento multicausal del acápite anterior. Por lo que, la comprensión
de los fenómenos relacionados con la movilidad sucede, entre otros motivos, por el
forzado. Este es el que tiene relación directa con el desplazamiento de personas por
los efectos negativos del clima, ya que no tienen otra opción que migrar.
Migración climática
Este concepto surgió de la concepción de movilidad humana, porque hoy
no solo existen migrantes de un país a otro, sino que se renovó al establecer que el
8
9

Esta ley, al ser de incorporación reciente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene alcances
limitados en su definición.
Este derecho está reconocido en el Ecuador como el derecho a la movilidad humana, derecho que se
encuentra contemplado en el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina:
“Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser
humano como ilegal por su condición migratoria...” (2008, Art. 40).

35

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

cambio climático es un motor poderoso de migraciones de personas en el ámbito
interno o externo de un Estado. Así, por ejemplo, el ambientalista Russel (1976)
se refirió por primera vez a la existencia de una categoría de migrantes por causas
ambientales, cuando dicha aseveración no tenía un marco jurídico perfeccionado.
Con el paso del tiempo, en la 94a sesión de la Organización Internacional para
las Migraciones, se discutió las causas del cambio climático y el medio ambiente,
y se propuso una definición de migración ambiental, refiriéndose a los procesos
en los que las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual, o deciden hacerlo ya sea temporal o permanentemente en su país o en
el extranjero, debido a los cambios imprevistos o graduales en el medio ambiente,
que afecten negativamente su vida o sus condiciones (Bermúdez, 2017).
Igualmente, Román (2018) en su informe intitulado “Las migraciones
climáticas: una aproximación al panorama actual”, propuso la siguiente definición:
Las migraciones climáticas comprenden los desplazamientos causados, directa o
indirectamente, por el cambio climático. Son un fenómeno complejo y heterogéneo,
que abarca situaciones tan diferentes como las de las comunidades que, ante una
fuerte sequía, ven sus cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a
trabajar a un pueblo cercano para aumentar sus ingresos económicos, como las
de los habitantes de los pequeños Estados insulares de escasa elevación. (párr. 7)

El autor de este trabajo de investigación considera que la migración climática
es un concepto moderno provocado por los cambios climáticos producto de las
actividades propias de la naturaleza o los seres humanos. A partir de la migración
climática, ocurre un fenómeno de traslado de personas de un lugar a otro, sea
bien en un mismo Estado o a nivel internacional, causado por la coacción, lo que
incluye la amenaza a la vida y a su subsistencia.
Así, se requiere la intervención estatal en una situación compleja que
afecta a un grupo cada vez más extenso de individuos, impactados por el cambio
climático o por eventos ambientales excesivos, a los que se puede denominar
migrantes climáticos. Ante tal circunstancia, es oportuno aclarar el alcance de
las obligaciones estatales para responder a la emergencia climática en el marco
del derecho internacional de derechos humanos (DD. HH.); y, además, desde las
perspectivas nacionales.
Desarrollo del Sistema Internacional de Derechos Humanos en casos de
migración ambiental
Las afectaciones ambientales no solo actúan en un lugar específico, sino
que se extienden a nivel mundial. Este hecho constituye un considerable impacto
en los derechos de las personas, y coloca en riesgo a las generaciones futuras,
principalmente las más vulnerables como, por ejemplo, las personas con bajos
recursos económicos10.
10

36

Los efectos ambientales si repercuten en la economía de las personas. La que tiene el poder económico
puede migrar a otro lugar sin problema, mientras que, las de bajos recursos económicos no tienen un

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Los instrumentos internacionales de DD. HH. protegen derechos inherentes
a cada persona, e incluyen a los de movilidad humana, lo que encierra además a
la migración de personas por factores climáticos; en otras palabras, migraciones
climáticas. Entre ellos, constan: la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención
Americana de Derechos Humanos (1978), la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), la Declaración sobre los
Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven
(1985), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007), entre otros.
En conjunto, estos instrumentos internacionales establecen derechos y
principios a proteger y desarrollar por los Estados parte. Sin embargo, la normativa
internacional, no ha abordado totalmente los DD. HH. de la población más
vulnerable, por las repercusiones que deja el cambio climático.
Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (2009) comentó que los efectos del cambio climático inciden directamente
en el efectivo goce de los derechos humanos. En este contexto, coexisten al menos
cuatro categorías de DD. HH. afectadas directamente por el cambio climático con
relación a las personas obligadas a migrar:
1) la protección de la vida, la seguridad y la integridad física, mental y moral;
2) la protección de los derechos relacionados con las necesidades básicas de la
vida; 3) la protección de otros derechos socioeconómicos y culturales (educación,
propiedad y posesiones, hogar, etc.); y, 4) la protección de otros derechos civiles
y políticos (libertad de movimiento, derechos electorales, expresión, asociación,
etc.). (Felipe, 2016, p. 179)

En la actualidad, no existe normativa internacional de DD. HH. para proteger
la migración ambiental. No obstante, los instrumentos internacionales que tratan
sobre derechos fundamentales del ser humano se han utilizado para la emisión
de criterios jurisprudenciales. Por ejemplo, están los razonamientos dados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para dictar opiniones
consultivas referente a las obligaciones estatales frente a este fenómeno natural.
Para ilustrar mejor, el 9 de enero de 2023, la República de Colombia y Chile
realizaron una consulta sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la
Corte IDH11. El propósito fue aclarar el alcance de las obligaciones estatales, para
responder las emergencias climáticas con atención al derecho internacional de DD.
HH., pero, hasta la fecha de la presente investigación, el organismo internacional
no ha dado respuesta.

11

capital para adquirir bienes en otros lugares, ni tienen opciones de anticipar eventos nocivos de la
naturaleza.
Colombia y Chile realizaron la presente consulta a la Corte IDH con el propósito de aclarar el alcance
de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia
climática en el marco del derecho internacional de los DD. HH., que tenga especialmente en cuenta las
afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones y grupos
poblacionales, la naturaleza y la supervivencia humana en el planeta.

37

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

En esta misma línea, el 15 de noviembre de 2017 la Corte IDH emitió
la opinión consultiva No. OC-23-1712 respecto de las obligaciones estatales en
relación con el medio ambiente. En ella, trató sobre los DD. HH. afectados por la
degradación ambiental, los cuales deben ser tutelados por los Estados. Hay que
mencionar, además, que, cuando existe variación del clima y produce desastres
naturales con consecuencias directas en los seres humanos, los “Estados tienen
que cumplir con una serie de obligaciones, tanto para daños dentro de su territorio
o los que traspasen sus fronteras” (Opinión consultiva OC-23/17, 2017, párr. 125).
Ahora bien, estas obligaciones esbozadas por la Corte IDH son:
a)
La obligación de prevención: Consiste en la responsabilidad de velar
por las actividades ejercidas en cada Estado, no causen daño en el medio
ambiente, y esta, en lo posterior, reaccione con catástrofes de índole natural.
La prevención tiene los siguientes criterios:
-

El ámbito de aplicación de la obligación de prevención: La prevención va
dirigida al medio ambiente en relación con la vulneración de los DD. HH.

-

El tipo de daño que se debe prevenir: Daños significativos que puedan
conllevar a la violación de derechos fundamentales.

-

Las medidas que deben adoptar los Estados para cumplir con esta
obligación: No se puede establecer de forma taxativa o determinante las
medidas que deben adoptar los Estados, ya que estas dependerán de
la afectación a cada derecho. No obstante, la Corte IDH ha establecido
cinco: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios
de impacto ambiental; iv) establecer un plan de contingencia; y v)
mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental (párr. 144).
b)
Principio de precaución: Medidas que deben adoptar los Estados en
donde no existe certeza científica sobre el impacto de los cambios climáticos
en los DD. HH.
c)
Obligación de cooperación: Los Estados deben buscar alianzas,
principalmente los potencialmente afectados que requieren cooperación de
otros, para adoptar las medidas de prevención y mitigación necesarias. Para
el cumplimiento de esta obligación existen deberes específicos:

-

Deber de notificación.
Deber de consultar y negociar con los Estados potencialmente afectados.
Posibilidad de intercambio de información que se establece en múltiples
instrumentos internacionales en materia ambiental.
d)
Las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio
ambiente: Corresponde a la forma en que se desarrollan los procedimientos

12

38

Colombia realiza una consulta a la Corte IDH con la finalidad de que determine el alcance de las
obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los
derechos a la vida e integridad física.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

ambientales para salvaguardar los DD. HH., e incluye: i) acceso a la
información; ii) participación pública, y iii) acceso a la justicia. A la vez,
guardan relación directa con las obligaciones estatales para la protección
del medio ambiente13.
Las obligaciones descritas nacen para que los Estados creen mecanismos
para la protección de derechos de las personas en situación de desastres naturales
causados por el cambio climático. A pesar de esto, la normativa internacional
en DD. HH. ha sido escueta para la asistencia de personas migrantes ante estas
circunstancias.
Resumiendo, el marco jurídico internacional de DD. HH. hasta la actualidad
no brinda garantías mínimas ni específicas para las personas migrantes por
situaciones relacionadas con el clima. Por lo que, a continuación, se estudiarán
los problemas del cambio climático en el Ecuador, y el régimen constitucional y
jurídico para la protección de los derechos de las personas en movilidad humana
por este factor.
La situación del Ecuador frente a los problemas del cambio climático y las
migraciones derivadas de sus efectos
En el país, los impactos del “cambio climático son un tema complejo de
estudiar ya que los académicos explayan sus opiniones, pero no existe cooperación
institucional para poner en práctica los estudios realizados para el efecto” (Banco
Mundial, 2020, p. 35). Aunque los efectos de los cambios en el clima se presentan
a nivel global, estos dependerán de las condiciones y el nivel de industrialización
de cada país.
El Ecuador no es país industrializado, pero tiene alianzas con países con
estas características, lo cual, prima facie, supondría un nivel bajo en la generación
de cambios climáticos. A pesar de esto, la “ubicación geográfica (línea ecuatorial),
y sus características climáticas, hidrológicas y geofísicas, hacen que Ecuador se
encuentre constantemente amenazado por fenómenos de origen natural, como
sismos, inundaciones y erupciones volcánicas” (Banco Mundial, 2020, p. 45), que a
lo largo del tiempo han dejado numerosas pérdidas humanas y económicas. En los
estudios de Coronel y Buñay (2018) es posible apreciar que:
Ecuador está propenso a desastres naturales debido a su ubicación geográfica.
El Cinturón de Fuego que rodea las costas del Pacífico mantiene una constante
actividad sísmica y volcánica de las franjas que comprende. Así mismo, por su
característica hidrológica y meteorológica hace que el país tenga una diversidad de
ecosistemas, pero también que esté propenso y vulnerable a los riesgos naturales.
(p. 200)

De tal manera, la migración climática en el país surge principalmente por
su ubicación geográfica y las características del clima. Ergo, es posible identificar
13

Los efectos locales del cambio climático implican que cada país tiene que enfrentarlos de diferentes
maneras en comparación con otros países.

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amenazas comunes, como terremotos, fallas geológicas, tsunamis, actividad
volcánica, deslaves e inundaciones. Esta postura pone en evidencia que el Ecuador
siempre es y será propenso a ser afectado por los efectos negativos del cambio
climático.
Importantes acontecimientos del clima en el Ecuador
La actividad de fenómenos geológicos, acciones volcánicas, inundaciones,
deslizamientos de tierra, derrumbes de edificios, granizadas, terremotos, etc., hace
que el país sea uno de los más vulnerables al cambio climático. Así, por ejemplo,
los principales daños provocados por el clima en el Ecuador según el periódico El
Comercio (2022) son:
- Terremoto de la provincia de Manabí en el año 2016, que dejó damnificados
y grandes pérdidas humanas y económicas.
- La actividad de los 27 volcanes potencialmente activos. El 39 % de la población
ecuatoriana está expuesta a sus amenazas, un valor creciente por la expansión
de los asentamientos urbanos.
- Los incendios forestales, que dejan pérdidas de cultivos y la tierra infértil para
la producción de los habitantes.
- El clima por las épocas lluviosas; efectos del fenómeno de El Niño, que
provocan inundaciones de ríos (destruyendo viviendas de los habitantes),
interrupción de vías por descenso de lodos y rocas. Se espera más efectos en
el futuro.
- Aluvión de La Gasca en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año
2022, que dejó pérdidas humanas, económicas y viviendas destruidas.
- El deslizamiento de tierra del cantón Alausí, provincia de Chimborazo; que
implicó pérdidas humanas y destrucción de viviendas.
Estos son solo algunos ejemplos del poder de la naturaleza en el Ecuador.
A futuro se espera más eventos similares por la ubicación geográfica del país.
Una de las medidas adoptadas por las víctimas es la “migración climática porque
los espacios donde ocurren los desastres naturales quedan totalmente destruidos”
(Theofilos et al., 2020, p. 27).
Consecuentemente, el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de reaccionar
a estos eventos de la naturaleza y lo ha hecho con base a las atribuciones conferidas
por el ordenamiento jurídico interno e internacional. Sin embargo, los mecanismos
de protección de derechos de las personas que migran por situaciones derivadas
de los efectos del cambio climático es un tema que aún no se ha desarrollado
integralmente.

40

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Regulación normativa de la migración climática en el Ecuador
Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador (CRE o la Constitución) de
2008 consagra varios derechos y obligaciones estatales para las personas afectadas
por el cambio climático, producto del cual deben movilizarse a otros lugares del
territorio con la finalidad de seguir ejerciendo su derecho a la vida digna14. El
artículo 414 impone al Estado la obligación de adoptar medidas adecuadas para
mitigar el cambio climático en aras de conservar los bosques, la vegetación y
proteger la población en riesgo, en observancia a los principios ambientales del
artículo 39515. Tal cuestión, además, permite efectivizar los derechos del régimen
del buen vivir contenidos en el título VII, como educación, salud, seguridad social,
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación
e información, ciencia y la tecnología, población, seguridad humana, transporte, el
disfrute del tiempo libre, entre otros.
El artículo 340 de la Constitución (2008) establece que el Sistema Nacional
de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
la garantía y la exigibilidad de los derechos constitucionales. Entre los ámbitos
de protección, se encuentran los derechos fundamentales necesarios para la
subsistencia del ser humano; ubica en la misma jerarquía a la gestión de riesgos, ya
que es vital para el desarrollo del Estado.
Por su parte, el artículo 389 menciona la obligación de protección del
Estado frente a los efectos negativos de los desastres naturales o antrópicos en
tres momentos: i) la prevención ante el riesgo, ii) la mitigación de desastres, y
iii) la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas
y ambientales. Este postulado constitucional tiene por finalidad proteger a las
personas, colectividades y naturaleza, a través de la atención frente a riesgos,
para minimizar su condición de vulnerabilidad. En el mismo acápite, introduce las
funciones principales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo,
que, en síntesis, son:
i) Identificación de riesgos, ii) generar, democratizar el acceso y difundir
información suficiente para la gestión de riesgo, iii) asegurar integración transversal
obligatoria de la gestión de riesgo en instituciones públicas y privadas, iv) fortalecer
capacidades ciudadanas e institucionales para identificar y gestionar riesgos, v)
articular y coordinar instituciones y acciones en materia de gestión de riesgo en
caso de desastre, vi) coordinar acciones para reducir vulnerabilidades y efectos
negativos de los desastres, vii) garantizar financiamiento suficiente y coordinar la
14
15

El artículo 35 reconoce como derechos de los grupos de atención prioritaria a las personas en situación
de desastres naturales. Deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y
privado.
El artículo 395 de la Constitución se refieren de manera exclusiva al accionar del Estado para proteger
la naturaleza, cuando los particulares intervienen en ella. Sin embargo, estos principios ambientales
tienen relación con el artículo 278; en conjunto buscan la protección y desarrollo del buen vivir, las
personas y las colectividades, y sus diversas formas organizativas.

41

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

cooperación internacional en gestión de riesgo. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, Art. 389)

Las medidas impuestas por la CRE (2008) deben acatarse según las
competencias. En el ámbito territorial, según su artículo 390, los riesgos se gestionan
con base en el principio de descentralización subsidiaria, es decir las instituciones
públicas, como el Ministerio del Ambiente de cada zona, o los Gobiernos
Autónomos Descentralizados y Metropolitanos (GAD) provinciales y cantonales,
son responsables en su perímetro geográfico. Cuando estas no tengan la capacidad
suficiente para atender las situaciones derivadas de riesgo, las instituciones
jerárquicamente superiores brindarán apoyo administrativo, financiero y técnico.
En ultima ratio, el artículo 261, numeral 8, da la competencia exclusiva al Estado
central para el manejo de desastres naturales.
El artículo 392 de la CRE (2008), de manera general, dice que el Estado
velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría
de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los
distintos niveles de gobierno. Razón por la que debe realizar políticas públicas, en
coordinación de sus organismos con otros Estados y la sociedad civil, para abarcar
la movilidad humana.
Adicional de los artículos citados, existe una serie de disposiciones
constitucionales relacionadas con la gestión de riesgos y movilidad humana
(general) en el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos. No obstante, no
hay un capítulo en la Constitución16 sobre protección de derechos de las personas
en situación de migración provocados por los desastres naturales, pero se entiende
que los derechos y obligaciones constitucionales son iguales para todos de acuerdo
con su artículo 11, numeral 217.
Código Orgánico del Ambiente
Es el encargado de “garantizar el derecho de las personas a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la
naturaleza para la realización del buen vivir” (Código Orgánico del Ambiente, 2017,
Art. 1). El libro cuarto menciona de manera exclusiva al cambio climático, el cual
busca generar políticas públicas orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar acciones
para prevenir y mitigar los efectos dejados en los DD. HH. El artículo 248 asienta
los fines que tiene el Estado en esta materia; sus numerales dicen lo siguiente:
i) Prevenir y evitar la ocurrencia de los daños ambientales, ii) Desarrollar programas
de educación, investigación, innovación, desarrollo, desagregación y transferencia
16

17

42

Según los estudios realizados por Pérez et al. 2019 concluyen que existen ejemplos concretos a nivel
mundial sobre migración climática (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, EE. UU, Perú, entro otros), pero
dentro de sus legislaciones internas no existe regulación sobre estos temas, es más, ni la propia Corte
IDH les ha impuesto obligaciones para adecuar tales preceptos en sus cuerpos normativos (p.21).
El artículo 11, numeral 2, consagra que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos,
sin ser discriminados entre otros por la condición socioeconómica o migratoria. En caso de desigualdad
el Estado debe adoptar medidas de acción afirmativa para compensar tal efecto. Por su parte, el
numeral 7 reconoce los derechos que provengan de la dignidad humana, sin estar normados en la
Constitución o los Instrumentos Internacionales de DD. HH.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

de tecnología sobre el cambio climático, iii) Reducir la vulnerabilidad de la
población y los ecosistemas, iv) Regular y controlar las acciones y medidas para la
adaptación y mitigación, v) Coordinar, implementar y aplicar la política nacional,
vi) Impulsar el desarrollo sostenible en los modelos de gestión y planificación
territorial a nivel local, regional y nacional, vii) Establecer mecanismos para la
gestión de riesgos y desastres o emergencias ocasionadas por efectos del cambio
climático, viii) Garantizar el acceso oportuno a la información necesaria para
gestionar adecuadamente el riesgo, y ix) Fomentar el uso y garantizar el acceso de
energías renovables. (Código Orgánico del Ambiente, 2017)

El numeral 7 del artículo citado es el único que aborda el tema de la
activación del sistema de gestión de riesgos, cuando el cambio climático ha
provocado desastres o emergencias. Las prioridades de los fines y la gestión de
estos fenómenos deben estar encaminadas en reducir y minimizar las afectaciones
sufridas en las personas, especialmente aquellas en situación de riesgo, los grupos
de atención prioritaria y las personas en condición de pobreza.
En los siguientes artículos del mismo libro, se fijan varios criterios referentes
a los instrumentos para las medidas y la gestión sobre la adaptación en la
mitigación del cambio climático, enfocado en la prevención y protección de los
daños ambientales. No obstante, tampoco ha desarrollado un capítulo que haga
referencia a los derechos de los migrantes afectados por el cambio climático.18
Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Ordenamiento

Territorial,

Autonomías

y

Este cuerpo normativo recoge las competencias y funciones principales de los
gobiernos autónomos descentralizados, para efectivizar la gestión desconcentrada
del Estado en los distintos ámbitos territoriales. Existen algunas disposiciones que
aún están vigentes referentes a la gestión de riesgos. El artículo 3, literal d, en
referencia a la descentralización del Estado, instituye que el gobierno central no
ejercerá competencias a ser cumplidas de manera más eficientes por los niveles de
gobierno cercanos a la población. En tanto que atribuye responsabilidades claves a
los GAD para la prevención y mitigación de los riesgos de desastres naturales. Así,
los artículos 54.o y 84.n mencionan la obligación de regular y controlar con normas
encaminadas a la prevención de riesgos y desastres. A la vez, refuerza este criterio
con el artículo 466 al declararlos responsables del uso y ocupación del suelo de
su territorio.
Finalmente, en el artículo 140 anota que las competencias de gestión de
riesgo les corresponden a todos los niveles de gobierno con relación a las acciones
de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, con lo que
se busca afrontar las amenazas naturales o antrópicas del territorio (COOTAD,
2010). La norma en mención solo tiene su enfoque en la gestión de riesgos; olvida
18

El artículo 249 del Código Orgánico del Ambiente ha establecido prioridades en la gestión del cambio
climático: las medidas y acciones para la gestión del cambio climático considerarán prioritariamente
reducir y minimizar las afectaciones causadas a las personas, haciendo notar que, si bien prioriza a
las personas afectadas por estos eventos, no considera el desplazamiento que deben realizar para
garantizar su derecho a la vida digna.

43

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

a las personas que ya han sido afectadas por el cambio climático y se han visto
obligadas a migrar.
Política de Estado la Estrategia Nacional de Cambio Climático
El acuerdo ministerial 95 del año 2013 (Ministerio del Ambiente y Agua),
sobre Política de Estado la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el punto
5.3 reconoce que los efectos negativos del cambio climático afectan directamente a
la población más pobre, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para
enfrentar y recuperarse de la pérdida de sus cosechas y sus propiedades. Además,
señala que los impactos surgen principalmente por:
-

Cambios en los servicios y bienes ambientales de los que depende la
población, disminuyendo la pesca y forraje para los animales.

-

Disminución en la disponibilidad y calidad del agua por alteración del
régimen hídrico.

-

Afectación negativa de la producción agropecuaria ocasionada por cambios
en la temperatura, precipitación y eventos climáticos extremos (inundaciones,
tormentas, movimientos en masa, desertificación, sequía).

-

Incremento en la morbilidad, mortalidad y lesiones ocasionadas tanto por
cambios en la distribución geográfica de enfermedades transmitidas por
vectores (chagas, dengue) como por eventos climáticos extremos (Ministerio
del Ambiente y Agua, 2013, p. 70).

En consecuencia, los impactos descritos llevan a la población a optar por
migraciones masivas debido a la degradación de recursos vitales y a las amenazas
a los medios de subsistencia (Ministerio del Ambiente y Agua, 2013). Por lo tanto,
es indispensable educar a la población para que conozca sobre el impacto y las
consecuencias graves que puede ocasionar la naturaleza. De la misma manera, el
acuerdo ministerial 95 no recoge o desarrolla derechos para la población obligada
a migrar.
Plan Nacional de Respuesta ante Desastres
Consiste en un documento que se actualiza cada año según el nivel de
afectación de los desastres naturales en el Ecuador. Su finalidad es mejorar el
funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y
crear consciencia de que existe una estructura de Estado, el cual que puede mitigar
los “impactos que ocasionan los eventos peligrosos presentes en el país: sismos,
erupciones volcánicas, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales con
relación directa a las actividades provocadas por el ser humano” (Secretaría de
Gestión de Riesgos, 2023, p. 73).
Aunque este documento recoge un sinnúmero de medidas para mitigar
o prevenir los desastres naturales, deja a un lado a la movilización de personas
44

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

por causas ambientales. Simultáneamente, es consciente de la existencia de la
migración climática interna; hace mención del retorno al lugar del desastre de
personas afectadas19, conocida como desmovilización:
…corresponde al proceso de retorno ordenado, coordinado, seguro y efectivo de
los recursos, humanos, técnicos y materiales que fueron empleados en la respuesta.
Esta etapa aplica para todos aquellos organismos participantes en la respuesta y
que poseen un plan para este efecto. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2023, p. 71)

Al figurar al retorno de los componentes humanos al lugar de origen del
desastre natural, presume la existencia de la migración climática, causada por los
efectos negativos del clima. Entonces, migrar internamente implica observar lo
siguiente:
-

Cada institución debe disponer de un plan o procedimiento de movilización/
desmovilización, y personal capacitado para el mismo.
Contemplar las condiciones de seguridad en la que se llevará a cabo el
movimiento de personal, las condiciones en las que se moverán los
materiales, equipos y herramientas utilizados, y su ubicación final adecuada.
Establecer una revisión, conteo, reabastecimiento de materiales y equipos
para su reposición20.

Estas observaciones corresponden a las más importantes que el autor de este
trabajo consideró, en cuanto a las obligaciones estatales referentes a migraciones
climáticas obligatorias. Por otro lado, la normativa del Ecuador no establece derechos
taxativos (individuos afectados) y obligaciones (Estado) ante estas situaciones; no
obstante, existe un cuerpo normativo claro referente a los modos de prevenir y
enfrentar riesgos naturales.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional del Ecuador, como el máximo órgano de interpretación
y justicia constitucional, tiene la potestad de emitir jurisprudencia vinculante
respecto de los procesos que conoce de oficio o llegan a su conocimiento, de
acuerdo con la potestad que le otorga el artículo 436.6 de la Constitución, donde
desarrolla e interpreta los derechos fundamentales de las personas (2008, Art. 436).
Por consiguiente, en la Sentencia No. 2167-21-EP/22, reconoce que los
seres humanos tienen derecho a vivir en un “ambiente sano y ecológicamente
equilibrado21, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (sumak kawsay)” (párr.
19
20

21

Esta surge una vez que el Estado ha logrado mitigar o reparar los efectos provocados por los desastres
naturales; por ejemplo: en el caso del terremoto de Manabí, el Estado les dio un lugar en donde puedan
vivir a las personas afectadas, a más de dotarles de alimentación, vestimenta, salud, etc.
Estas medidas fueron recogidas con base en un estudio minucioso del Plan Nacional de Respuesta
ante Desastres. Este cita a las Naciones Unidas Sobre Migración, que tiene por finalidad aumentar y
diversificar las vías de migración regular relacionada con el clima, entre otras cosas mediante la creación
de vías regulares de movilidad laboral, y garantizar que todas las personas, incluidas las mujeres y los
niños, puedan acceder a esas vías como una opción de adaptación y una forma de prevenir y abordar
situaciones de vulnerabilidad.
La Corte IDH ha identificado dos dimensiones del derecho al ambiente sano. Primero, una dimensión
individual conectada con el interés de las personas a vivir en condiciones adecuadas para que nazca
45

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

68). Del mismo modo, la preocupación de la CCE por el ambiente se expresa en
forma de reconocimiento de derechos22, en obligaciones estatales23 y deberes de
particulares, en principios generales y objetivos para el régimen de desarrollo,
y en su aptitud para habilitar el ejercicio de otros derechos. Con respecto a la
naturaleza, la Corte considera:
A la naturaleza como un sujeto complejo que debe ser comprendido desde una
perspectiva sistémica porque está conformada por un conjunto interrelacionado,
interdependiente e indivisible de elementos bióticos y abióticos (ecosistemas).
Cuando un elemento se afecta, se altera el funcionamiento del sistema. Cuando
el sistema cambia, también afecta a cada uno de sus elementos. (2021, párr. 44,
Sentencia No. 1185-20-JP/21)

Al considerar a la naturaleza como un todo, está propensa a causar efectos
negativos en la vida de los organismos. En esta misma línea, se ha preocupado
porque estas repercusiones del medio ambiente inciden en el ejercicio normal
de los derechos constitucionales de los seres humanos, en situación de desastres
naturales por factores del clima. Por tal motivo, el:
Estado debe materializar el ejercicio de los derechos y obligaciones contenidos
en la Constitución para la protección de la naturaleza. No solo debe proteger a la
naturaleza; además está en la obligación de velar por las afectaciones de personas
que han sufrido una catástrofe de índole natural. (Corte Constitucional, 2021, párr.
37, Sentencia No. 1149-19-JP/21, 2021)

En la Sentencia No. 515-20-JP/21, la Corte fue consciente de que la naturaleza
puede alterar gravemente la convivencia pacífica de los individuos cuando uno de
sus componentes se altera. En el caso concreto, analizó una acción de protección
formulada como consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en
contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por la vulneración del
derecho a la vivienda digna y adecuada.
De igual forma, aclaró que el artículo 35 de la CRE reconoce a las personas
que han sido víctimas de desastres naturales, como personas y grupos de atención
prioritaria. Además, expresó que el artículo 389, “obliga a que el Estado proteja a
este grupo de personas, frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural” (Corte Constitucional, 2021, párr. 43, Sentencia No. 515-20-JP/21). Esta
obligación se cumple mediante:
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Estos fenómenos, tienen en
común la potencialidad de provocar daños que afectan proyectos de vida de las

22
23

46

y florezca la vida. En su dimensión colectiva, ha señalado que el derecho a un medio ambiente sano
constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras.
CRE, artículo 14 y artículo 66: “Reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. El derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”.
CRE, Artículo 389: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los
efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo,
la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

personas o grupos poblacionales, especialmente de quienes tienen una vivienda
y/o residen en lugares de mayor exposición. (Corte Constitucional, 2021, párr. 43,
Sentencia No. 515-20-JP/21)

Frente a ello, este grupo de personas puede quedar expuesto a diversas
amenazas. “La situación de habitabilidad de las viviendas, que las mismas pueden
colapsar días después del desastre o volverse definitivamente inhabitables hacia
el futuro. Esto constituye un riesgo para la vida, integridad física y la seguridad
de sus ocupantes” (Corte Constitucional, 2021, párr. 49, Sentencia No. 515-20JP/21). Al exponerse a estos eventos, el Estado, según la misma sentencia, tiene
dos obligaciones concretas:
Prevenir (políticas públicas de prevención de desastres naturales o políticas
predesastre); y mitigar, recuperar y mejorar, en lo técnica y presupuestariamente
factible, las condiciones de aquellas personas y grupos que han sido víctimas
de estos eventos (políticas públicas de mitigación y recuperación por desastres
naturales o políticas posdesastre). (Corte Constitucional, 2021, párr. 51, Sentencia
No. 515-20-JP/21)

Con lo expuesto, el Estado debe generar políticas públicas preventivas24
o, en su defecto, en el mediano y largo plazo; después de ocurrido un desastre
natural, debe propender a garantizar el derecho a la vivienda adecuada y digna de
las personas, por ejemplo:
…disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un costo razonable. (Corte Constitucional, 2014, p. 37, Sentencia
No. 146-14-SEP-CC)

En este sentido, es necesario que en el Ecuador, el cual por su ubicación
geográfica se encuentra expuesto a eventos climáticos negativos, el Estado cumpla
con sus obligaciones originadas de la CRE y la jurisprudencia de la CCE, además de
garantizar los derechos constitucionales de la mejor manera posible, especialmente
para damnificados que son parte de grupos de atención prioritaria y, sobre todo,
cuando son personas en situación de doble o triple estado de vulnerabilidad25
según las condiciones del artículo 35 de la Constitución.
Con todo lo expuesto, la jurisprudencia de la CCE ha descrito las obligaciones
del Estado frente a los fenómenos producidos por el cambio climático. Al mismo
tiempo, menciona que este grupo de personas tiene los mismos derechos
constitucionales por la disposición del artículo 389 de la Constitución. Finalmente,
entiende que todas las personas tienen derecho a que se les reconozca estos
derechos, porque es algo innato, que poseen por la sola condición de existir. Por
lo tanto, son susceptibles de ser reconocidos iguales ante la ley, disfrutar y gozar
de todos los DD. HH. (Corte Constitucional, 2015, Sentencia No. 139-15-SEP-CC).
24
25

i) Garantías de presentación, ii) garantías de abstención, y, iii) garantías de protección.
Allí especialmente es en donde el Estado debe destinar su contingente institucional y presupuestario.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

CONCLUSIONES
Las variaciones del clima a escala mundial, causadas por la propia
naturaleza o por actividades desarrolladas por el ser humano, han repercutido
positiva y negativamente dentro del medio ambiente; la repercusión positiva
implica crecimiento de las sociedades porque aprovechan de ella para tener, salud,
alimentos, vivienda, trabajo, seguridad, etc. Mientras que la negativa nace porque
el cambio climático provoca desastres naturales; por lo tanto, implica una serie de
afectaciones a la convivencia pacífica de las personas. Una de ellas es la migración
climática, en la cual las personas están obligadas a abandonar la residencia habitual
de manera temporal o permanente por los cambios repentinos del clima.
El derecho internacional coherente con los derechos humanos hasta la
actualidad no ha logrado aclarar ni formar un marco normativo sólido sobre los
desastres naturales relacionados con las migraciones climáticas. Es más, existen
disposiciones que están reguladas, pero la nomenclatura, los procedimientos y
los alcances no son obligatorios para cada Estado. Por otra parte, ni la propia
Corte IDH ha logrado emitir jurisprudencia respecto a las afectaciones en los DD.
HH. de las personas gravemente afectadas por estos temas. Consecuentemente, es
necesario que los organismos internacionales emitan un pronunciamiento sobre los
efectos negativos del clima cuando ocasionan migraciones.
En el Ecuador, el clima ha causado significativas pérdidas humanas,
económicas y culturales, situación que en el sistema constitucional parece
adolecer de los mismos males del derecho internacional. Se ha preocupado por
las obligaciones estatales frente a la reducción de riesgos por desastres naturales,
olvidando la regulación normativa con relación a los derechos de las personas en
situación de migración climática. Sin embargo, la jurisprudencia de la CCE sí ha
reconocido los derechos de las personas afectadas por los desastres naturales. Se
relaciona con el artículo 11.2 y 7 de la CRE, ya que permite interpretar que el Estado
protege los derechos de este grupo de personas en dos dimensiones: i) Porque la
característica de la igualdad de derechos abarca a todas las personas sin distinción,
y ii) Por la situación en que se encuentran las personas, es decir, su fin es recuperar
una vida digna, en donde se hace valer un derecho sin estar taxativamente en la
Constitución o en Instrumentos Internacionales de DD. HH.
Por último, la ubicación geográfica del país crea mayor situación de
vulnerabilidad frente a otros Estados del mundo. Por lo tanto, eventos como el
fenómeno de El Niño hasta la actualidad han provocado inundaciones, deslaves,
deslizamiento de rocas, desbordamientos de ríos, destrucción de viviendas y
cultivos, hundimiento de tierras, cierre de vías, entre otras, que dejan pérdidas
humanas y económicas. Además, para el futuro existe la presunción de mayores
desastres naturales, por lo que el Estado ecuatoriano debe contar con la normativa
adecuada para la reacción con medidas tendientes a enfrentar el problema del
clima.

48

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD
ANDINA: EVOLUCIÓN Y NUEVOS RETOS

Shilda Sanmartin Sagbay
Universidad Técnica Particular de Loja
Orcid: 0009-0004-7692-9913
sasanmartin@utpl.edu.ec

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2024
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2024
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen
La Comunidad Andina (CAN), caracterizada por una diversidad étnica, cultural y
geográfica, nació de los esfuerzos por fortalecer la integración regional y potenciar
el comercio internacional. Con el objetivo principal de desarrollo para sus países
miembros, fue imperativo iniciar con el debate sobre los derechos de los y las
ciudadanas andinas. De esta forma, el presente artículo tuvo como objetivo analizar
la evolución y nuevos retos de la protección de los derechos humanos en la CAN.
Para esto, se utilizó un enfoque cualitativo, aplicando los métodos histórico-lógico e
inductivo-deductivo. Se destacó que la CAN, a pesar de ser un bloque comercial, ha
venido normando aspectos sociales. Es así como la CAN cuenta con un instrumento
jurídico para la protección de los derechos humanos: la Carta Andina para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CAPPDH), misma que necesita
transversalizar el enfoque de género y no limitar los derechos de las mujeres en
un único apartado. Entre los retos que la integración andina debe afrontar están
la crisis climática, las desigualdades, la violencia de género, la brecha digital y las
crisis políticas. Desafíos que se deben abordar con urgencia en la actualización y
reforma de la CAPPDH, que debía ser revisada cada cuatro años, pero que desde
hace más de veinte años no se lo ha hecho.
Palabras clave: Comunidad Andina, derechos humanos, derecho comunitario.

52

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE ANDEAN COMMUNITY:
EVOLUTION AND NEW CHALLENGES

Abstract
The Andean Community (CAN), which features ethnic, cultural and geographical
diversity, arose from the efforts to strengthen regional integration and to boost
international trade. Since the main objective of its member countries is achieving
development, it was essential to start the debate about Andean citizens’ rights.
Therefore, this paper sought to analyze the evolution and new challenges related
to human rights protection in the CAN. In order to do this, a qualitative approach
was used, applying the historical-logical and inductive-deductive methods. It was
emphasized that although the CAN is a trade bloc, it has been regulating social aspects.
Thus, the CAN has a legal instrument for the protection of human rights: The Andean
Charter for the Promotion and Protection of Human Rights (CAPPDH in Spanish),
which needs to mainstream the gender perspective and avoid limiting women’s rights
to a single section. The challenges that Andean integration faces are the following: the
climate crisis, inequalities, gender violence, digital divide, and political crises. These
challenges must be dealt with urgently through updates and reforms to the CAPPDH,
which should have been reviewed every four years, but which hasn’t been reviewed or
updated since more than twenty years ago.
Keywords: Andean Community, human rights, community law.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, el Derecho ha requerido de un largo periodo para su
conceptualización; para Tinoco (2015), su definición lo separa de “los meros
hechos naturales, la moral, los usos sociales y el poder arbitrario” y lo considera
como una “aspiración humana”, que, por tanto, no concentra algo específico, sino
que es una “noción general y absoluta” (p. 34). Existen tantos conceptos como
autores, todos con premisas interesantes, pero lo esencial es visible en el concepto
de Tinoco, debido a que esa aspiración humana a una vida digna ha direccionado
a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Luego de una oscura época de graves violaciones a la dignidad humana,
guerras mundiales y holocausto, fue imperativo regular y evitar a futuro la
repetición de tales acontecimientos, que marcaron el punto de inflexión en la
historia humana. De igual forma, antes de continuar con la DUDH, es preciso
mencionar un antecedente esencial: la Revolución francesa. Esta revolución trajo
consigo el derrocamiento de una monarquía absolutista y la reivindicación de
derechos; en consecuencia, se tiene la expedición y aprobación de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 (Kropotkin,1909).
No obstante, el mismo título del texto, fruto de la Revolución francesa,
expresa una segregación entre hombre y mujer, segregación tomada en cuenta por
Olympe de Gouges, lo cual la llevó a publicitar la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana en 1791; no tuvo acogida ni fue aprobada por la Asamblea
de ese entonces. Sus ideales revolucionarios y un gran afán en ser reconocida ante
la ley como mujer de iguales derechos molestaron a los hombres revolucionarios
y finalmente fue acusada de conspirar en contra de la República, con lo que fue
condenada a la guillotina el 3 de noviembre de 1793 (Ramírez, 2015).
La DUDH fue objeto de múltiples debates, como es normal, ya que son
expresiones de la lucha colectiva y el desarrollo humano. La Fundación Juan Vives
Suriá (2010) enuncia a los DD. HH. en una transformación a las relaciones de poder
y estructura su dimensión en tres aspectos: éticos, políticos y jurídicos; e indica que
debe tenerse claro que los DD. HH.: “no son concesiones de la sociedad ni prebendas
del Estado, ni dependen de su reconocimiento estatal ni en el derecho positivo” (p.
76); caso contrario se traduciría en “otorgar legitimidad desde los propios derechos
humanos a sistemas de segregación que han negado legalmente derechos de sectores
enteros de población” (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 76).
Entonces, se podría decir que idealmente los DD. HH. no dependen
del reconocimiento de ningún gobierno pues todo ser humano los tiene. Pero
garantizarlos vendría a ser la cuestión de más difícil cumplimiento, en especial
en naciones sin cultura de DD. HH. y en otros que incluso de forma democrática
validan su transgresión.
Ahora bien, la DUDH fue adoptada en Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y empezó siendo redactada por Eleanor Roosevelt,
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Pen-Chun Chang y Charles Malik, después el grupo se amplió “por los miembros
de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, China, Chile, Francia, Líbano,
Estados Unidos, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”
(Organización de las Naciones Unidas, 2023). En el inicial grupo, la única mujer
fue Roosevelt, quien fue delegada en la ONU de EE. UU. y fue la presidenta del
Comité de Redacción de la DUDH; luego se unieron siete mujeres de distintas
nacionalidades (Organización de las Naciones Unidas, 2023). Por ejemplo, Hansa
Mehta tuvo una destacada participación y se la ilustra al ser quien impulsó que el
artículo 1 de la DUDH (1948) pasara de “Todos los hombres nacen libres e iguales”
a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” (Organización de las Naciones
Unidas, 2018).
Por igual, los DD. HH. en las distintas regiones se reforzaron; por ejemplo,
para los demás países del continente americano, se tiene al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH), que se divide en su respectiva Comisión y Corte,
frutos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La SIDH está en constante
desarrolló con la jurisprudencia de su Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de obligatorio cumplimiento por los Estados que han ratificado el anterior
convenio mencionado. Pero de forma más específica y sin buscar contradecir al
SIDH, se tiene para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a la Comunidad Andina
(CAN). De esta sinergia del derecho comunitario, los países andinos han establecido
un marco normativo y complementario para fortalecer aún más la protección de
los DD. HH.
METODOLOGÍA
El presente artículo tiene como objetivo analizar la evolución y nuevos retos
de la protección de los derechos humanos en la CAN. De tal modo, la metodología
utilizada es cualitativa y se lo aplicó a través de métodos teóricos como el históricológico, que determinó la evolución de los DD. HH. en la Comunidad Andina; el
inductivo-deductivo, por medio de los cuales se identificaron los nuevos desafíos
que enfrentan los DD. HH. en la región.
Derechos humanos en el derecho comunitario: Comunidad Andina
La integración económica refleja la unión facultativa en el proceso de los
diferentes países para la conformación de bloques económicos o comerciales
alrededor del mundo. Estos bloques se instauran con el objeto de fortalecer la
integración regional y potenciar el comercio internacional para obtener beneficios
de desarrollo para sus países miembros. Un referente es el conglomerado andino
denominado CAN, integrado actualmente por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador,
quienes coordinan y accionan planes y estrategias en diferentes áreas para el
progreso de su bloque: sus Estados Andinos y, por supuesto, para sus habitantes.
Campo (1974) refiere que “el origen del Grupo Andino comienza a gestarse
con la suscripción de la Declaración de Bogotá en 1966, en la que fue posible
establecer las bases iniciales del futuro pacto de integración subregional” (p. 41).
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Finalmente, los orígenes de la CAN se plasman el 26 de mayo de 1969 cuando
Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia deciden integrarse mediante el Acuerdo
de Cartagena (1969), creando en ese entonces el Pacto Andino; este entró en vigor
el 16 de octubre del mismo año. En febrero de 1973, Venezuela se une al pacto
mientras que Chile en 1976 lo abandona (Bautista et al., 2008).
En palabras de Guerreo (2005), “El derecho comunitario es el complejo de
normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de Estados con otros
sujetos de derecho” (p. 760). Por ello, va a crear y también modificar las instituciones
de derecho entre las naciones con iguales propósitos (Dermizaky, 2004). El derecho
comunitario es imprescindible del integracionismo, pues posibilita el “establecer
competencias claras, que permitan evitar los conflictos de competencias, así como
la colisión de normas entre el ordenamiento jurídico comunitario y el interno”
(Insignares, 2007, p. 304). Respetando aquello, el Acuerdo de Cartagena es el
primer escalón para la Integración Andina y la normativa posterior complementa y
refuerza el derecho comunitario andino.
Entonces, la norma constitutiva de la CAN es el Acuerdo de Cartagena, el
cual establece los objetivos y principios fundamentales de la integración andina,
como: la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países
miembros, la coordinación de políticas económicas, y la promoción del desarrollo
económico y social de la región. También establece los órganos e instituciones
encargados de la toma de decisiones y la implementación de políticas y programas
en el marco de la CAN (Acuerdo de Cartagena, 1969). La norma secundaria de
la CAN son los Protocolos Adicionales, las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la CAN, entre otros. Estas
normas tienen como objetivo desarrollar y complementar el Acuerdo de Cartagena
en áreas como el comercio, la inversión, la propiedad intelectual, el transporte, el
medio ambiente, los derechos humanos y más.
Tanto la norma constitutiva como la secundaria son de obligatorio
cumplimiento por parte de los actuales cuatro miembros de la CAN, con base en
el principio pacta sunt servanda. Bajo esta premisa, sobre la imperatividad de
aplicar el derecho comunitario andino, hay que hacer referencia a lo que estipula
el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (1996): “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (Art. 4); en otras palabras, los
cuatro países deben adecuar su legislación nacional para permitir una armonizada
aplicación de la norma primaria y complementaria.
Asimismo, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1993)
manda que: “el Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de
carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino
y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros”
(Art. 4). Por consiguiente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)
es el máximo órgano jurisdiccional andino, sin embargo, es importante destacar
56

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

una notable crítica al TJCA: no se garantiza la paridad de género en el tribunal,
ni en la ley ni en la práctica. En total son cuatro jueces quienes conforma el TJCA
durante un periodo de seis años, con renovación cada tres años, y la presidencia
del tribunal es rotativo por un año (Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, 1996). Actualmente el TJCA está conformado por tres
magistrados y una sola magistrada, la dra. Sandra Catalina María Charris Rebellón
(Comunidad Andina, 2024).
En este sentido, el proceso integracionista podría, prima facie, parecer
enfocado en lo económico, comercial y hasta político; no obstante, a lo largo de
su desarrollo, al igual que el derecho general, ha ido adaptándose a las exigencias
sociales de sus países miembros, en el que también destacan los DD. HH. En
este sentido, la CAN cuenta con un instrumento jurídico que busca garantizar la
protección de los DD. HH. en la región y es la Carta Andina para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos (CAPPDH); además de Decisiones y
Resoluciones de los órganos de la CAN.
No obstante, se puede interpretar al Acuerdo de Cartagena (1969) con
un proteccionismo tácito de los DD. HH., pues en el artículo 1 establece que el
“Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los
Países Miembros en condiciones de equidad” y, en el último inciso, expresa que
“estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el
nivel de vida de los habitantes de la Subregión”, lo cual refleja una iniciativa por
crecer económica y comercialmente en pro de los beneficios de sus ciudadanos
y el goce de derechos fundamentales, en donde, el 50,7 % de su población es de
sexo femenino (Comunidad Andina, 2023).
Evolución de los DD. HH. en la CAN
Como se mencionó, el Acuerdo de Cartagena es la norma principal de la
CAN y esta encierra un reconocimiento implícito sobre la protección de DD. HH.
Lea CAPPDH es el único y más importante instrumento jurídico en este derecho
comunitario andino sobre DD. HH. Ahora bien, como antecedente primordial
es destacable la Opinión 011 emitida por el Consejo Consultivo Laboral Andino
(CCLA) acerca de Derechos Humanos Fundamentales y Defensa de la Libertad
Sindical; ellos destacan el hecho de no tener, en ese tiempo, normativa sobre DD.
HH. a pesar de que los países miembros habían ratificado los principales Tratados
Internacionales del tema (CCLA/di 13, 2000).
En primer lugar, la opinión es no vinculante y se resumen en tres cuestiones:
que expertos realicen un informe intitulado “Programa de Acción de la Comunidad
Andina en el ámbito de los Derechos Humanos orientado a su incorporación en la
normativa comunitaria y su protección por el Tribunal Andino de Justicia”; de igual
forma, que los Ministros de Trabajo verifiquen el respeto de los derechos laborales y
de la libertad sindical y, finalmente, que se fortalezcan las organizaciones sindicales
(CCLA/di 13, 2000). Estas recomendaciones fueron un llamado a la positivización
de los DD. HH. en la CAN, aun cuando no sean de obligatorio cumplimiento y se
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

centren más en temas laborales y sindicales. Teniendo en cuanta que, en palabras
de Godinho (2023), el sindicalismo es hasta hoy en día “un mundo que sigue
siendo mayoritariamente masculino” (p. 52).
En el 2000, se llevó a cabo, en Ecuador, el Seminario Subregional Andino
en Democracia y DDHH, en el cual, una de sus recomendaciones plantea la
creación de una Carta Andina sobre DDHH (SG/SEM.DD.HH/INFORME, 2000). Un
año después, se emite el Acta de Carabobo (2001), resultado de la decimotercera
reunión del Consejo Presidencial Andino y, un mes después, la Declaración de
Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la
Lucha contra la Pobreza (2001). Estos antecedentes próximos fueron el impulso
imperativo pues exhortó, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
la creación de un instrumento jurídico de DD. HH.
Finalmente, antes de la CAPPDH, se expidió la Carta Social Andina (2001)
para “promover el desarrollo humano y social de nuestros pueblos con el único
camino para preservar y construir nuestra identidad y proyectarnos al nuevo milenio
con dignidad” (p. 3); el texto está compuesto de dieciséis capítulos que se dividen
como lo indica el cuadro a continuación:
Tabla 1
Estructura de la Carta Social Andina

CAPÍTULO I

Democracia y DD. HH.

CAPÍTULO II

Integración social y erradicación de la pobreza

CAPÍTULO III

Familia

CAPÍTULO IV

Mujer

CAPÍTULO V

De la Juventud

CAPÍTULO VI

Niñez y adolescencia

CAPÍTULO VII

De la tercera edad

CAPÍTULO VIII

Pueblos indígenas

CAPÍTULO IX

Pueblos negros o afroandinos

CAPÍTULO X

Salud y nutrición

CAPÍTULO XI

Medio ambiente

CAPÍTULO XII

Vivienda

CAPÍTULO XIII

Educación, Ciencia y Cultura

CAPÍTULO XIV

Economía solidaria

CAPÍTULO XV

Trabajo y seguridad social

CAPÍTULO XVI

Aplicación de la Carta Social Andina

Fuente: Carta Social Andina (2001)

En el apartado de Mujer, se cuenta con quince numerales, en los que se
manda el cumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, la insistencia a los países miembros
de la consulta previa y el respeto al aprobar leyes sobre erradicación de la
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

violencia y discriminación a la mujer y que contemplen la igualdad de derechos y
oportunidades. Asimismo, sobre el fomento de la participación de la mujer en las
políticas públicas y la atención preferencial para las mujeres cabeza de hogar, sea
en trabajo, vivienda o seguridad social (Carta Social Andina, 2001).
De los puntos transversales en dicha carta, se destaca el numeral 41, que
manda garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los
ámbitos local, territorial y municipal, así como su participación política y en la
elección directa y universal del Parlamento Andino (Carta Social Andina, 2001);
algo esencial, pues la participación es uno de los tópicos que han sido vetados a las
mujeres y que solo la lucha social ha permitido pasos importantes de este alcance;
sin embargo, no se trata de una simple participación, sino de la lucha enfocada
en la toma de decisiones en la multidimensionalidad de asuntos y que ha sido
reservada preferentemente para hombres.
Para el cumplimiento de lo estipulado en la Carta Social Andina (2001), el
Parlamento Andino es el órgano encargado de su evaluación, control y tiene el
deber de instar a los gobiernos de los países miembros a publicitar y cumplir con
cada uno de los capítulos y correspondientes numerales. Asimismo, los Estados
tienen que emitir un informe anual sobre las medidas que han tomado con respecto
al tema. Por último, hace hincapié en que ninguno de los países miembros podrá
restringir o menoscabar los derechos de la legislación nacional ni de Tratados
Internacionales de DD. HH., en ningún grado.
La Carta Andina para la Promoción y Protección de los DD. HH.
Los objetivos de la CAN tienen un fin social y de desarrollo para sus cuatro
países miembros, por lo que, no solo los temas económicos y comerciales tiene
su atención. De esta manera, siguiendo el principio pro persona y el pensamiento
libertador de Simón Bolívar, se adoptó la CAPPDH el 26 de julio de 2002. Cabe
mencionar que en ese momento Venezuela aún no salía de la CAN. Además,
para aquel tiempo, los países miembros ya habían ratificado varios Tratados
Internacionales de DD. HH., como Cartas, Convenciones, Pactos, incluyendo la
DUDH, etc.
Tabla 2
Estructura de la CAPPDH

PARTE I

Principios Generales

PARTE II

Discriminación e Intolerancia

PARTE III

Democracia y Derechos Humanos

PARTE IV

Derechos Civiles y Políticos

PARTE V

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PARTE VI

Derecho al Desarrollo

PARTE VII

Derecho a un Medio Ambiente Sano y Protegido

PARTE VIII

Pueblos Indígenas y Comunidades de Afrodescendientes

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Derechos de Grupos Sujetos de Protección Especial
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Derechos de las Mujeres
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Derechos de los Adultos Mayores
Derechos de Personas con Discapacidades
Derechos de los Migrantes y sus Familias
Derechos de las Personas Con Diversa Orientación
Sexual
G. Derechos de los Desplazados Internos
H. Derechos de las Personas Privadas de la Libertad
I. Derechos Humanos y los Derechos de los
Refugiados y Apátridas

PARTE IX

PARTE X

Otros Ámbitos de Protección de los Derechos Humanos

PARTE XI

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

PARTE XII

Mecanismos de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos
Mecanismos Nacionales
A. Administración de Justicia
B. Defensorías del Pueblo
C. Defensores de los Derechos Humanos
D. Planes y Programas de Derechos Humanos
E. Derechos Humanos y la Fuerza Pública
Mecanismos Internacionales
A. Cooperación con los Órganos de Vigilancia de los
Tratados de Derechos Humanos
B. Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas e
Interamericano de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos
C. Corte Penal Internacional

PARTE XIII

Seguimiento de la Carta Andina de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos

PARTE XIV

Disposiciones Generales

PARTE XV

Disposición Final

Fuente: CAPPDH (2002).

En la primera parte de la Carta, se incluyen todos los principios
internacionalmente reconocidos en los DD. HH. A modo de ejemplo, el artículo
3 de la CAPPDH (2002) manda que “los derechos humanos y las libertades
fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados”.
En el artículo 5, por otra parte, reiteran su compromiso de que los países miembros
de la CAN van a acatar las sentencias, decisiones y recomendaciones de la CIDH y
de otras instituciones (CAPPDH, 2002).
En el mismo apartado de Principios Generales, se promueve la participación
ciudadana en los planes de acción o demás programas gubernamentales (CAPPDH,
2002). Sin embargo, no se menciona alguna medida de acción afirmativa para
impulsar la participación de las mujeres y de otros colectivos históricamente
marginados y así tener una participación real de todas las personas en igualdad de
condiciones, por lo que se entiende que aquellas medidas deben ser desarrolladas
60

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

por los respectivos países y en las resoluciones y decisiones que a posterior se
puedan emitir.
En la Parte II de la Carta, Discriminación e Intolerancia, contrastan el
compromiso de combatir todo tipo de discriminación, sin embargo, promueven
que cada legislación de los países miembros penalice solamente la “discriminación
racial” (CAPPDH, 2002); por lo tanto, se invisibiliza los demás tipos de discriminación.
Naturalmente, la Carta expresa que se fortalezcan planes educativos sobre DD. HH.
y la no discriminación. Por consiguiente, en la Parte III, Democracia y DD. HH.,
incentiva el compromiso con el Estado de Derecho y a respetar las Cartas ratificadas
sobre el tema, sin dejar de lado el fortalecimiento e inclusión de las organizaciones,
partidos políticos y de la ciudadanía en general en la vida política de su país como
en la elección del Parlamento Andino (CAPPDH, 2002).
En la Parte IV de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia a los derechos
consagrados en el Pacto del mismo nombre y demás Tratados Internacionales. Lo
interesante en esta sección es la promoción y protección de la libre expresión, con
énfasis en los medios de comunicación, como también garantizar el acceso a la
información (CAPPDH, 2002). Aquí es importante considerar que la información
emitida por medios de comunicación debe estar libre de sexismo y violencia
simbólica, que fortalecen al sistema patriarcal y las desigualdades.
En los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Parte V, destacan los
derechos laborales, a la seguridad social, de educación, a la salud física y mental,
entre otros (CAPPDH, 2002). En cuanto a la Parte VI, Derecho al Desarrollo,
indican la atención prioritaria a políticas de desarrollo tanto nacional, regional
como internacional; así se incentiva la cooperación y el trabajo mancomunado para
conseguir el mejor beneficio de sus países miembros y los demás países del mundo.
También menciona lo esencial de la participación de la población (CAPPDH, 2002).
Ahora bien, en ninguno de estos dos apartados se posiciona desde una perspectiva
de género; en especial, en los Derechos Económicos hubiese sido ideal plasmar la
lucha en contra de la violencia patrimonial que se ejerce sobre las mujeres.
En la Parte VII, del Derecho a un Medio Ambiente Sano y Protegido, toma
en cuenta los Instrumentos Internacionales que ya se han ratificado sobre la
temática, sin ahondar demasiado y se enfoca con una mirada antropocentrista.
Seguido se encuentra la parte VIII de los Pueblos Indígenas y Comunidades de
Afrodescendientes, con lo que se reconoce, a los países miembros de la CAN,
como multiétnicos y pluriculturales. De tal modo, promueven los derechos a
conservar su identidad y acciones afirmativas para su participación, con su cultura,
en el sistema educativo con una educación bilingüe y que fomente el respeto y
conservación de las comunidades, pueblos y nacionalidades (CAPPDH, 2002). En
fin, se comprometen con aplicar la igualdad formal y material, pero no se hace la
distinción de la mujer negra e indígena, que son el grupo más vulnerado tanto por
el Estado como por sus propios colectivos.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Finalmente, en la Parte IX se habla de los Derechos de Grupos Sujetos
de Protección Especial, en el que ya se mencionan los derechos de la mujer en
específico, cuando lo ideal hubiese sido mencionarlos en cada inciso de las distintas
Partes. Asimismo, en la CAPPDH (2002), se reitera el compromiso por respetar
los Tratados Internacionales sobre la mujer y luego destacan la protección contra
la discriminación, y garantizan sus derechos a: la vida, la libertad, los derechos
sexuales y reproductivos, la participación política, entre todos los derechos ya
antes estipulados en la Carta. Es importante elogiar que manda la protección contra
el acoso, únicamente laboral, y la explotación sexual (CAPPDH, 2002).
En otro de los Grupos Sujetos de Protección Especial se encuentra a los
Niños, Niñas y Adolescentes. Es destacable que se resalte a este grupo frente al
resto de la sociedad con un apartado específico. Caso diferente el de las mujeres,
pues dedicarles algunos párrafos, en vez de transversalizar el enfoque de género
en toda la Carta, marcaría una segregación de categoría sospechosa. Esto no quiere
decir que no se deba hacer un capítulo o parte sobre la mujer, sino que se lo haga
a la par que se da el espacio a las mujeres en las quince Partes que conforman
la CAPPDH e igualmente para los demás grupos que se consideran sujetos a
protección especial.
Sobre DD. HH. y Derecho Internacional Humanitario, la Carta respalda
todos los Tratados Internacionales existentes y, en Mecanismos de Promoción y
Protección de los DD. HH., los países miembros de la CAN estipulan mecanismos
tanto nacionales como internacionales, entre los que se destaca: contar con una
administración de justicia “eficientes, independientes, imparciales y autónomas” y
el reconocimiento de acudir a administración de justicia internacional (CAPPDH,
2002). Para el seguimiento de la CAPPDH, el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores será el encargado de supervisar las iniciativas que adopten
los gobiernos para cumplir con este instrumento jurídico, con la asistencia de la
SGCAN. Además, con el Parlamento Andino, el Consejo de Ministros deberá acordar
mecanismos para controlar el cumplimiento de la Carta analizada (CAPPDH, 2002).
En este punto, también se invita a las instituciones de cada país miembro a velar
su aplicación y trabajar en conjunto con los organismos antes mencionados en
este párrafo y, por supuesto, con la sociedad civil, para que desempeñe su papel
fiscalizador.
Finalmente, es menester indicar que la (CAPPDH, 2002) reconoce el
dinamismo y evolución constate de las sociedades y el derecho; por ende, en su
Disposición Final manda a los Ministros de Relaciones Exteriores a actualizar y
perfeccionar la CAPPDH cada cuatro años; lo cual desde su expedición no se ha
hecho; es decir, han pasado más de veinte años sin que la Carta haya tenido alguna
revisión formal.
Decisiones tomadas por la SGCAN
Dos años después de la CAPPDH y por cumplimiento de una de sus
disposiciones, se expidió la Decisión 586 (2004) sobre un Programa de Trabajo
62

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

para la Difusión y Ejecución de la CAPPDH, por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores. El Ministerio que elaboró el proyecto fue Ecuador y después,
en consenso, los demás miembros colaboraron y aprobaron la decisión, que se
configura con un cronograma de trabajo inmediato (Decisión 586, 2004).
Este programa de difusión quedó en manos de las respectivas defensorías del
pueblo de cada país miembro; además, aquí es esencial mencionar que la Decisión
586 (2004) es de vital importancia porque le otorga el carácter de vinculante a esta
Carta Andina. Como se puede interpretar, la decisión hace que la CAPPDH deje de
ser un instrumento meramente declarativo y pretende asegurar que los distintos
órganos de la integración andina presionen a los países al respeto de los DD. HH.
No obstante, no tiene la intención de crear un tribunal jurisdiccional o que el actual
TJCA tome casos de vulneraciones de DD. HH., pues para eso existe el SIDH.
Por su parte, la Decisión 711 (2009) establece la Creación del Consejo Andino
Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, en respeto
del Acuerdo de Cartagena, la CAPPDH y los Tratados Internacionales ratificados,
que estará conformado por representantes de rango ministerial por cada uno de los
países miembros y un alterno. Este Consejo tendrá como objetivo principal “apoyar
al proceso de integración subregional con un enfoque de derechos humanos,
de género e interculturalidad, particularmente de las mujeres, que tiendan a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones”; con lo cual emitirá opiniones,
recomendaciones e iniciativas a la CAN.
Recientemente, durante la pandemia en 2021, se emitió la Decisión 883
(2021), en donde, “Cada País Miembro garantizará que al menos el treinta por
ciento (30 %) del total de sus representantes ante los Comités y Grupos Ad Hoc
acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina sean mujeres” con
miras a llegar al 50 %. Asimismo, establece la elaboración de una hoja de ruta para
identificar nuevos retos, que conducirían a tomar nuevas decisiones a futuro.
Seminario-Taller sobre la CAPPDH
El 31 de octubre se llevó a cabo un seminario de aproximadamente seis
horas, organizado por: el Parlamento Andino con representación del parlamentario
Virgilio Hernández, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Este Seminario-Taller contó
con la participación de activistas, representantes de organizaciones y la sociedad
civil en general. Al inicio, se contextualizó sobre la CAPPDH y luego se dividió en
cinco mesas técnicas (Buen Vivir; Derechos de Libertad; Participación y Democracia;
No Discriminación e Intolerancia de Grupos de Especial Protección; Mecanismos
de Exigibilidad y Promoción), para el análisis de la Carta, dada su necesidad de
una actualización y reforma.
En primer lugar, la mezcla del análisis diverso dentro del Seminario empieza
con la crítica de que lo expresado en la Decisión 586 no se ha cumplido, en
específico: la información sobre el programa de difusión de la CAPPDH que es
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

inexistente, pues no se lo ha iniciado desde 2004, cuando se expidió la decisión. Y,
peor aún, no se ha llevado a cabo el seguimiento por los ministros de relaciones
exteriores sobre las observaciones a las vulneraciones de derechos emanadas por
los diversos sistemas de DD. HH.
En segundo lugar, entre el enriquecedor debate de las mesas técnicas se
recomendó: armonizar en los nuevos derechos reconocidos por las constituciones
de los países miembros y en instrumentos internacionales; actualizar sobre la
esclavitud moderna; ampliar los artículos sobre medio ambiente e incluir cambio
climático; que la Carta debe ajustarse a la Agenda 2030; incluirse la garantía de la
educación a los niños y niñas migrantes; también se hizo énfasis sobre el derecho
a internet, al olvido digital, y al de ciudades sostenibles; se hizo un llamado de
atención por el hecho de que la Carta no tenga un enfoque de juventudes; sobre
garantizar un voto telemático seguro; agregar el derecho a la resistencia y a la
protesta; profundizar en el tema de ciudadanía andina y que la legislación se
adapte a la más garantista de los países andinos; la necesidad de un Órgano de
asistencia técnica y de seguimiento a las actividades de la Carta, cuyos integrantes
sean promovidos por las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales,
etc.; también lo imperativo de un Observatorio Ciudadano y que la Carta sea
actualizada según como ella mismo manda, cosa que no se ha hecho desde hace
más de 20 años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Retos para la protección de los DD. HH. en la CAN
El derecho evoluciona y con ello se llega a legislar asuntos que antes no eran
de importancia o que prácticamente no existían. Bajo esta premisa, Gamboa (2019)
plantea la evolución de los DD. HH. con base en “generaciones”, siendo la primera:
los derechos civiles y políticos; la segunda, derechos económicos, culturales y
sociales; la tercera, “derecho al desarrollo, a la paz, a gozar de un medio ambiente
sano, a la propiedad del patrimonio cultural de la humanidad, a la protección de
los datos personales almacenados en sistemas informáticos o los derechos de las
generaciones futuras” (Gamboa, 2019, p. 8). Por otra parte, el autor reconoce una
creciente cuarta generación sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos de
los homosexuales y de los animales y de la naturaleza, lo que trae consigo nuevos
retos para el derecho nacional, comunitario e internacional.
Para empezar, Tinajero (2017) sostiene retos puntuales. En primer lugar, el
mundo multipolar y el populismo, que ha ocasionado que ciertos Estados justifiquen
la vulneración de derechos o que no acaten sentencias internacionales de DD. HH.
o que lo hagan, pero selectivamente, lo que impone un estado de flexibilidad y
que los DD. HH. no sean universales. En segundo lugar, el debilitamiento de los
Estados, pues señala el peligro de grupos no estatales vulneradores de DD. HH.
(grupos criminales), que tienen inclusive más poder que el mismo gobierno y,
en algunos países, influencia directa. Como tercer y último punto, los múltiples
instrumentos existentes sobre DD. HH. enfocados en diversas áreas, debido a que
64

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

ocasiona “la fragmentación del derecho internacional de los derechos humanos y
de su promoción y protección” (Tinajero, 2017, p. 4); y pone como ejemplo a lo
convenido sobre migrantes: en algunas normativas se reconocen a los DD. HH. no
condicionados por nacionalidad; en otras, que los derechos están reservadas a los
ciudadanos o extranjeros que estén legalmente en un territorio, etc.
Por su parte, Roth (2021) identifica tres latentes retos que los resume en estadocentrismo, institucionalismo y en procedimentalismo. Sobre el estado-centrismo, la
autora es enfática al recordar que el principal vulnerador de DD. HH. en la historia
han sido los Estados, por lo que, invita a una estrategia creativa para que los actores
protagónicos sean no estatales. De la mano, con respecto al institucionalismo, Roth
(2021) critica la tendencia de crear cada vez más instituciones para proteger los DD.
HH., que son financiadas por los mismos Estados. Ella incentiva una protección
de DD. HH. desde las comunidades y la sociedad civil en general y que estas se
expandan en redes; no busca el abandono de las instituciones internacionales, sino
que el enfoque vaya a los pequeños grupos. Por último, sobre el procedimentalismo,
existen procedimientos de protección de DD. HH. que no han tenido la suficiente
efectividad y que con el tiempo se están volviendo obsoletas; como ejemplo, la
autora coloca a la consulta previa, libre e informada (Roth, 2021).
En otra arista, el COVID 19 evidenció los déficits y no solo en materia
económica y sanitaria, sino también en protección de derechos. En la quincuagésima
primera sesión de la Comisión de Derechos de la ONU, la alta Comisionada Interina
señaló a las personas más afectadas por esta crisis e indicó que:
no es sorprendente que en ellos figuran mayoritariamente las mujeres, los niños, los
migrantes, los pueblos indígenas, los desplazados internos, los discapacitados, los ancianos
y las minorías étnicas y raciales, así como las personas que viven en zonas afectadas por
conflictos. (Al-Nashif, 2021, párr. 4)

Asimismo, explicó que, para afrontar este tipo de crisis, lo esencial es la
solidaridad, el multilateralismo y contar con sistemas sólidos, ya que, de esta manera,
se actúa de forma eficaz y eficiente y se deja de lado improvisaciones, como las
subidas de impuestos y otras medidas provisionales, que afectan al ciudadano (AlNashif, 2021). Otro reto para los DD. HH. y en especial para la CAN son las mujeres
indígenas y la propiedad colectiva. Si bien es cierto la CAN se ha comprometido
con continuos esfuerzos a lograr la participación, la no discriminación y el respeto
a la cosmovisión indígena; sin embargo, aún sigue siendo un latente reto para
la región y el mundo, pues, por ejemplo, las mujeres indígenas tienen mayor
afectación junto a las mujeres afrodescendientes.
De este tópico habla Hernández (2022); en su tesis de maestría, concluye
en que el derecho a la tierra forma parte de la identidad cultural indígena y que,
por ende, los Estados deben aplicar medidas positivas con enfoque de género,
pues son las mujeres de este grupo las más afectadas por prácticas machistas
dentro de sus comunidades e identifica los derechos afectados por falta de acceso
a las tierras: “el derecho al desarrollo sostenible, a la alimentación, a la expresión
artística, a la vida en condiciones dignas conforme a su cosmovisión” (Hernández,
65

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

2022, p. 54). Por ello, el reto se enfoca en la implementación de políticas públicas
para asegurar la seguridad alimentaria y la explotación sostenible de sus recursos
y así evitar la violencia económica, patrimonial, violentar su identidad y demás
derechos conexos.
Los DD. HH. también se ven afectados por las nuevas tecnologías; Cardona
(2022) establece que el reto primordial en esta área “es proteger y garantizar el
derecho fundamental a la protección de datos en un contexto público-privado de
aceleración de la innovación, transformación digital, de fomento de la economía de
datos y de generalización de aplicación de la inteligencia artificial” (p. 3). De igual
forma, las plataformas digitales son el escenario predilecto para la violencia basada
en género (VBG), puesto que, es difícil llegar con el autor directo o material sea
de sexting, grooming, acoso, entre otros, lo que crea un ambiente de impunidad.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer,
sus Causas y Consecuencias (2018) afirma que el 28 % de las mujeres víctimas de
VBG en internet se alejan de la interactividad digital, mientras que los agresores
continúan hasta que se cansan o aburren y proceden a buscar nuevas víctimas, lo
que causa un declive al libre desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres.
A la par, Cardona (2022) reconoce como un gran reto, la brecha digital
que profundiza la desigualdad, especialmente, en América Latina y África. La
brecha digital afecta en mayor medida a mujeres que a hombres: “el 62 % de los
hombres utiliza Internet, frente al 57 % de las mujeres” (Unión Internacional de
Telecomunicaciones, 2021); de igual forma, la CEPAL (2023) “estima que 4 de cada
10 mujeres en América Latina y el Caribe no están conectadas y/o no pueden
costear una conectividad efectiva” (párr. 8). Y, de esas mujeres, las analfabetas,
mujeres de las comunidades, pueblos y nacionalidades y de la ruralidad son las
más afectadas.
Otro de los grandes desafíos que enfrentan los DD. HH. son las desigualdades,
tanto sociales y económicas como de género. El informe de Oxfam Internacional
(2024) resalta la creciente brecha de desigualdad global causada por el poder
empresarial, con datos que muestran un aumento significativo en la riqueza de
los milmillonarios en contraste con la reducción de la riqueza del 60 % de la
población mundial. El informe hace énfasis en que las desigualdades económicas
no solo afectan a nivel individual (pobreza y exclusión), sino que también genera
inestabilidad social y político y el deterioro ambiental, ocasionado en principio
por el consumismo insostenible de los más ricos (Oxfam Internacional, 2024). Así,
resulta inmoral la acumulación de riquezas (Robeyns, 2016), pues las desigualdades
que conducen a la pobreza dificultan el goce de una vida y muerte digna para las
personas.
Desde las desigualdades, la crisis política en Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y otros países de la región, ha traído la «Primavera Latinoamericana». Esto
ha fortalecido el reclamo social, pero también ha repercutido en altos puntos en
el riesgo país. En consecuencia, el círculo vicioso de Estado ausente y un pueblo
descontento no se ha logrado apaciguar, sino que continúa acumulándose hasta
66

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

llegar a la paralización de los países. Las causas de este fenómeno representan el
gran reto para los Estados, que solo se enfocan en los efectos. De este modo, las
radicales ideologías de extrema derecha empiezan a revestirse de ser la panacea
a los problemas, cuando la historia ha demostrado que son el principal agente
vulnerador de derechos bajo un sistema patriarcal. Asimismo, se observa, como
efecto de las desigualdades, el fenómeno de las migraciones, tanto de ciudadanos
andinos como la llegada de ciudadanos venezolanos a estos países.
Finalmente, el desafío más importante para los derechos humanos es la crisis
climática. Desde el Acuerdo de París de 2016, los países se comprometieron a hacer
frente al calentamiento global. Por ende, ha sido imperativo trabajar por evitar
superar la alteración en 1,5 °C; para no sobrepasar límites planetarios ni llegar a un
escenario de no retorno. Es imposible desvincular la estrecha relación entre crisis
climática y derechos humanos; el mismo secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres, ha dicho que: “La crisis climática es la mayor amenaza para
nuestra supervivencia como especie y ya está amenazando los derechos humanos
en todo el mundo” (Amnistía Internacional, 2023, párr. 1).
Los derechos son inalienables, interdependientes e interrelacionados; y
el solo hecho de atentar contra el derecho a un ambiente sano, reconocido en
el artículo 30 de CAPPDH y otros instrumentos, ya atenta contra otros DD. HH.
Por ejemplo, las fuertes olas de calor ocasionadas por el calentamiento global
transgreden el derecho a la salud, el trabajo y a la vida misma. Pero ahora lo
más importante es reconocer la interseccionalidad, pues “hay inequidad de género
en los impactos del cambio climático, donde las mujeres son más impactadas”
(Aguilar, 2019, p. 89).
La integración andina debe adoptar la debida importancia de este reto,
así como lo viene haciendo la comunidad internacional. El SIDH ha venido
“aprovechado tanto la competencia contenciosa como la consultiva para desarrollar
estándares interamericanos sobre medio ambiente, cambio climático y derechos
humanos” (Aguilar, 2023, p. 5). La lucha en contra del calentamiento global debe
ser mancomunada y liderada por los Estados, pues paradójicamente los que menos
contaminan son los que más consecuencias percibirán en efectos, como “sequías
más frecuentes, inundaciones, olas de calor y otros efectos meteorológicos extremos
que afectan a la mayoría de las regiones del mundo, en particular a las personas
más vulnerables” (Terán y Rosales, 2022, p. 18).
Garantizar la justicia climática viene por tanto a ser el principal desafío
de aquí para adelante, que debe ser atendido a tiempo pues su prolongamiento
solo ocasionará que sea más difícil de tratar, afectando principalmente a niñas y
mujeres: en 2023 el aumento en la temperatura global fue aproximadamente de 1,2
°C y para 2024 el Servicio Meteorológico de Reino Unido estima que estará entre
1,34 °C y 1,58 °C (NASA, 2024; Madge, 2023).

67

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

CONCLUSIONES
La CAPPDH representó un significativo avance en materia de DD. HH. para
un bloque regional, mostrándose notablemente adelantada a su época. La Carta
reconoce la constante evolución y los dinamismos sociales, al punto de que, en su
disposición final, manda su evaluación y, si es necesario, su reforma cada cuatro
años. Sin embargo, esto no se ha hecho desde hace más de dos décadas. A pesar
de ello, la CAN ha continuado atendiendo la realidad de las mujeres mediante
Decisiones, y ha implementado medidas afirmativas para la paridad de género
dentro de su institución, lo que garantiza el respeto y la participación de las mujeres
andinas en la CAN. El proceso aún es largo y muy urgente para el resto de las
ciudadanas, por lo que se debería empezar a transversalizar la participación de las
mujeres en toda la CAPPDH.
Por ende, y tomando como referencia el ejemplo del Seminario-Taller sobre la
CAPPDH, es esencial una actualización y una reforma, pero de manera participativa
entre los cuatro países. En este marco, es fundamental que la CAPPDH no compita
con el SIDH, sino que garantice que los derechos no sean vulnerados y que las
decisiones judiciales de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador se basen en perspectiva
de género, se cumpla la reparación integral y se respete las decisiones de la Corte
IDH, la cual en sus sentencias aplica la perspectiva de género y ha recomendado a
los países hacer lo mismo; por ejemplo, “El primer Caso donde aplicó perspectiva
de género fue Penal Miguel Castro Castro vs. Perú de 2006”; en este, la CIDH falló
teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales e históricas que tienen las
mujeres (Pérez, 2022).
Finalmente, se concluye que los Estados miembros de la CAN se han
enfrentado a situaciones no previstas, como la pandemia de COVID 19 y otras que
ya han augurado su venida, tales como: la aceleración de las nuevas tecnologías,
la crisis climática, las desigualdades, las guerras y la desestabilidad política y social;
todo ello ha erosionado la protección de los DD. HH. en la región e instan a un
tratamiento urgente. De allí que la CAN deba seguir con el fortalecimiento de su
institución supranacional, encaminada a afrontar los nuevos desafíos desde una
perspectiva de DD. HH. y de género, brindando especial importancia a los dos
retos más apremiantes que impiden el desarrollo sostenible: las desigualdades y
la crisis climática; puesto que son un arma letal hacia los DD. HH. y la naturaleza.
La región andina y el mundo entero tienen una larga lista de desafíos que afrontar
con respecto a los derechos humanos y la Agenda 2030, los cuales solo se podrán
superar con la integración y el enfoque de género.
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71

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA MOVILIDAD FORZADA:
EL CASO DE LA CASA DE ACOGIDA TEMPORAL SAN ANTONIO DE
PICHINCHA DE LA FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES

Mónica Elizabeth Ribadeneira Sarmiento
Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Emma Darwin
Orcid: 0000-0001-9344-0029
mribadeneira@gmail.com
Saarhy Viviana Betancourt Meneses
Fundación Nuestros Jóvenes
Orcid: 0009- 0008-9966-4427
saarhy@gmail.com
Kevin Alexander Tejero Cuero
Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Évano
Orcid: 0009-0001-6051-1844
katc1995op@gmail.com
Jefferson Caisaluisa Guasgua
Fundación Nuestros Jóvenes
Orcid: 0000-0003-0304-8862
jeffersoncaisaluisa20@gmail.com
Fecha de recepción: 20 de febrero de 2024
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2024
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen
La Fundación Nuestros Jóvenes (FNJ) nació en 1998 como organización no
gubernamental dedicada a mejorar las condiciones de vida de poblaciones
vulnerables. En 2018, para atender a la población en movilidad forzada, abrió una
casa de acogida temporal, alrededor de la cual articuló otros proyectos para garantizar
una intervención integral. Desde entonces, implementó un programa humanitario
que incluye la atención de menores de edad, la promoción de una adecuada
nutrición de las familias, varias opciones para la integración socioeconómica y
los servicios de un centro integral de prevención y atención de violencia basada
en género que operaba 3 años antes. Para elaborar este artículo, se efectuó un
análisis documental de todas las iniciativas de la FNJ y se verificó información
72

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

a través de entrevistas a sus personeros. El artículo presenta los resultados del
programa humanitario de la FNJ, así como importantes lecciones aprendidas al
atender a población en movilidad forzada y trabajar por sus derechos humanos
y su inclusión social y económica. Su objetivo principal fue difundir el trabajo,
favorecer su réplica y escalamiento, y convocar a la sociedad civil a incrementar su
solidaridad y colaboración con la población vulnerable. Se concluye que, aunque
hasta el momento la gestión de la FNJ se ha financiado mayoritariamente con
recursos propios es imperativo contar con líneas sostenibles de asistencia técnica
y financiera estatales y externas que apoyen las labores de organizaciones de la
sociedad civil, así como políticas públicas que faciliten sus tareas, especialmente
porque se enfocan en poblaciones vulnerables como aquella en movilidad humana.
Palabras clave: atención humanitaria, movilidad forzada, organización no
gubernamental, derechos humanos, voluntariado.
CIVIL SOCIETY RESPONSE TO FORCED MOBILITY:
THE CASE OF “SAN ANTONIO DE PICHINCHA” TEMPORARY SHELTER OF
“FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES”
Abstract
Fundación Nuestros Jóvenes – FNJ [Our Young People’s Foundation] was created
in 1998 as a non-governmental organization that seeks to improve vulnerable
populations’ living conditions. In 2018, in order to look after the population
under forced mobility, the foundation opened a temporary shelter. The foundation
implemented other projects in order to ensure a holistic intervention. Since then,
the foundation has implemented a humanitarian program that includes caring
for minors, the promotion of proper nutrition for families, several options for
socioeconomic integration, and a comprehensive care center for gender-based
violence that had been operating for 3 years. In order to develop this article, a
documentary analysis of all the FNJ’s actions was carried out. Information was
verified through interviews with their representatives. This paper showcases the FNJ’s
humanitarian program results, along with key lessons gathered while serving people
under forced mobility, and while working for their human rights, along with their
social and economic inclusion. This paper’s main objective was to disseminate
their work, favor its replica and scaling, and summon a civil society to increase
its solidarity and collaboration with the vulnerable population. The conclusion is
that, even though FNJ’s projects have been mostly funded by their own resources, it
is mandatory to have sustainable financial and technical assistance (both public
and external) in place in order to support civil society organizations. It is also
necessary to have public policies that ease their endeavors, especially because these
organizations are focused on vulnerable populations, such as those in conditions of
human mobility.
Keywords: humanitarian care, forced mobility, non-governmental organization,
human rights, voluntary work
73

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

INTRODUCCIÓN
La movilidad forzada es un fenómeno global que afecta a millones de
personas alrededor del mundo; se define como el movimiento de personas que se
ve impulsado por la fuerza, la compulsión o la coerción, e incluye a refugiados,
desplazados internos, y, en algunos casos, a personas víctimas de trata.
Según el Banco Mundial (BM), casi 103 millones de personas han sido
desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados, desplazados
internos o solicitantes de asilo (BM, 2023). Estas personas a menudo huyen de
conflictos, violencia, persecuciones y violaciones de derechos humanos. Los riesgos
asociados con la movilidad humana incluyen inseguridad, violencia, discriminación,
y dificultades para acceder a servicios básicos como alimentación y empleo.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la movilidad
humana como la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su
derecho a la libre circulación (MODII, 2019). Este concepto abarca una variedad
de situaciones que incluyen la migración voluntaria e involuntaria, y subraya la
importancia de proteger los derechos humanos de todas las personas en tránsito.
El impacto regional de la migración venezolana es indiscutible como lo es la
necesidad de contar con medidas concretas de atención y recepción en los países
de paso y destino. Como es ampliamente conocido, este movimiento humano
desbordó las capacidades nacionales del sector público y de la cooperación
internacional en la región. Ante esta situación, la sociedad civil se ha movilizado y
ha reemplazado al Estado y, en ocasiones, a la asistencia humanitaria especializada.
Desde que esta diáspora venezolana empezó, se han discutido métodos
de cuantificarla, las rutas, la variación en la recepción en los países de paso y de
destino, sus políticas de recepción y rechazo, entre otros temas, pero poco o nada
se ha estudiado sobre los esfuerzos locales para que las personas y familias en
movilidad forzada reciban alojamiento y alimentación.
Este artículo documenta la experiencia del programa de asistencia humanitaria
de una organización de la sociedad civil, la FNJ, que brinda asistencia a personas y
familias en movilidad forzada y fue escrito para: (i) difundir el modelo innovador de
intervención de la FNJ, (ii) animar esfuerzos similares en personas e instituciones,
especialmente en decisores políticos y en responsables de la cooperación técnica y
financiera, (iii) compartir los resultados y los aprendizajes en torno a la operación
de su casa de acogida, y, (iv) motivar al Estado ecuatoriano y a la cooperación
internacional a movilizar recursos para financiar iniciativas humanitarias.
La FNJ confía que compartir su experiencia y lecciones aprendidas contribuirá
con otros esfuerzos de organizaciones que trabajan con grupos vulnerables en el
país y en la región.

74

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

METODOLOGÍA
Este artículo sistematiza la asistencia humanitaria brindada por la FNJ a más
de 110 000 personas en los 5 años de operación de su Casa de Acogida Temporal
San Antonio de Pichincha (CATSAP). La investigación fue hecha con enfoque
documental no experimental e incluye el modelo de intervención innovador que
aplica la FNJ en el programa humanitario.
Para la elaboración de esta investigación, se revisaron las fichas de ingreso
de los usuarios de la CATSAP, además de las estadísticas del comedor, las memorias
y los documentos técnicos de los proyectos en ejecución, así como los convenios
suscritos por la FNJ. Para complementar la información sobre la operación de la
casa durante la pandemia del COVID-19 y enriquecer el análisis se entrevistó a la
representante legal y a uno de los voluntarios de la FNJ.
Se presenta un conjunto de valiosas e incuantificables lecciones aprendidas
sobre cómo debe proporcionarse asistencia humanitaria y cómo trabajar por la
reactivación económica y la inclusión de poblaciones migrantes y vulnerables.
También se evidencia el valor y el poder de la actuación organizada y comprometida
de la sociedad civil cuando el Estado central o local y la cooperación internacional
no quieren, no pueden o no alcanzan a cumplir con sus mandatos.
El “problema”: la diáspora venezolana
Varias investigaciones dan cuenta de las consecuencias significativas a
nivel de la región del movimiento migratorio venezolano de los últimos años
(Ribadeneira-Sarmiento et al., 2023; Banco Mundial, 2020; Banco Interamericano
de Desarrollo [BID], Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2023; BID, 2023, y, BID
y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023).
Ecuador ha sido y es país de paso y destino de migración proveniente de
Cuba, Haití y Colombia, y más recientemente de población venezolana. Al país
llega también migración proveniente de África, que hace tránsito por Ecuador antes
de salir, por lo general a Estados Unidos (Fundación Paz y Reconciliación, 2022).
Anteriormente las condiciones de ingreso eran flexibles, pero se han establecido
visas y requisitos para ciudadanos de varios países africanos (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2023).
Además de grupos que iniciaron su peregrinaje juntos o que se fueron
consolidando en el camino, entre las familias nucleares y ampliadas venezolanas
que llegan se encuentran varios subgrupos vulnerables, como: (i) mujeres solas
con hijos, (ii) menores de edad no acompañados, (iii) personas con necesidades
especiales, y (iv) población de la tercera edad.
Todos ellos carecen de protección social o policial y corren el riesgo de
ser víctimas de trata, mafias y otros peligros y riesgos a lo largo de un peregrinaje
75

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

en condiciones de latente inseguridad (Castillo-Aroca, 2018). Esta diáspora superó
en Ecuador todas las medidas públicas de recepción y atención a la población en
movilidad forzada. Según ACNUR y otras organizaciones de asistencia humanitaria
desde el 2017 el movimiento humano ha sido ingente:
Figura 1
Número de inmigrantes acogidos en Ecuador (2017-2023)

Fuente: ACNUR (2023). Tendencias Nacionales en el Desplazamiento Forzado hacia Ecuador

Si bien la migración tiene diferentes causas inmediatas, de acuerdo con
las fichas sociales de ingreso a la CATSAP, la mayoría de las familias venezolanas
han salido como medida de último recurso para superar el desempleo, paliar su
pobreza y hambre, en tanto que las familias colombianas han sido desplazadas por
la presión y violencia ejercida por grupos paramilitares y guerrilleros (Fundación
Paz y Reconciliación, 2022).
La experiencia en América Latina con población desplazada no permite
abonar esperanzas de que estas y otras familias atendidas por la CATSAP y otros
albergues en el país tendrán oportunidades de regresar a las tierras que abandonaron
o recuperarlas (en caso de que hubieran sido propietarios); más bien parecería
que se repetirá la espiral de pobreza y vulnerabilidad que se ha atestiguado en el
pasado y que terminarán en asentamientos urbanos marginales e informales en las
ciudades.
La organización: la Fundación Nuestros Jóvenes
La teoría de Massey (Massey et al., 1993) sobre la migración internacional
destaca la importancia del capital social en el proceso migratorio. Según esta
perspectiva, los grupos humanitarios desempeñan un papel crucial al proporcionar
apoyo humanitario a los inmigrantes, lo que les permite acceder a recursos valiosos
y facilitar su integración en el mercado laboral del país de acogida.
En el marco de esta teoría, la FNJ es una organización que brinda apoyo
integral porque ofrece servicios que van desde orientación y asesoramiento legal
76

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

hasta refugio y apoyo social, lo que se alinea con la idea de que las organizaciones
se convierten en una forma de capital social para los inmigrantes.
Al actuar como una institución estable, la FNJ proporciona capital social a
los inmigrantes ayudándoles a superar barreras y a integrarse en la sociedad de
acogida.
La FNJ es una organización no gubernamental (ONG) que cuenta desde
1982 con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Salud Pública.26 Su
máxima autoridad es la asamblea general que al momento cuenta con 18 socios que
anualmente colaboran económicamente con una membresía mínima. La asamblea
elige al directorio, encabezado por el presidente, quien ejerce la representación
legal. El directorio está formado con cinco miembros que ejercen sin remuneración:
(i) presidencia, (ii) vicepresidencia, (iii) secretaría, (iv) sindicatura y (v) tesorería.
La FNJ brinda alojamiento temporal, atención social, psicológica, legal y
médica a personas y familias en movilidad forzada, lo que constituye un recurso
valioso para los inmigrantes que buscan establecerse y encontrar empleo en un
nuevo país. Además, programas como Trabajo X Dignidad y el taller Costuras
Con Corazón ofrecen capacitación y oportunidades de empleo, lo que ayuda a los
inmigrantes a construir redes y a acceder al mercado laboral.
Los ejes estratégicos de la intervención y los principales proyectos de la
FNJ en estos 41 años se resumen en el siguiente gráfico en que solo se anotan
los programas y proyectos de mayor envergadura porque la FNJ ha intervenido
innumerables veces en iniciativas de 1 o 2 años de duración.27
Figura 2
Ejes y proyectos de la FNJ por década

Fuente: elaboración propia
26
27

La personería jurídica fue concedida por el Ministerio de Salud Pública a través del Acuerdo Ministerial
000085-82.
Por ejemplo, el Proyecto de Reactivación Económica de Mujeres afectadas por el terremoto de abril del
2016 financiado por la Fundación Cargill en 2016.

77

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

El trabajo de la FNJ ha sido reconocido en varias ocasiones como referente
nacional de gestión profesional, ética y social; las últimas condecoraciones recibidas
son:
1. Asamblea Nacional de la República del Ecuador – Dr. Vicente Rocafuerte al
mérito social por trayectoria de trabajo y servicio a la comunidad del 26 de
octubre de 2022; y
2. Gobierno Provincial de Pichincha en el grado “Dolores Cacuango” por
promover e implementar programas en defensa de los derechos de las niñas
y mujeres y aportar a la construcción de una sociedad más justa y libre de
la violencia de género del 25 de noviembre de 2022.
Al momento,28 la FNJ ejecuta dos programas (género y asistencia humanitaria)
que enmarcan 6 proyectos de intervención, de los cuales 3 reciben apoyo puntual
(uno de fuente estatal y 2 de la cooperación internacional), los 3 restantes son
absolutamente autogestionados. Los mencionados proyectos son los siguientes:
Figura 3
Programas y proyectos de la FNJ en ejecución, 2024

Fuente: elaboración propia

Acerca de los cuales se profundiza en la siguiente sección y se explica cómo
enlazan y permiten a la FNJ efectuar una intervención integral.
El método: el voluntariado comprometido y organizado
Es ampliamente conocido que la acción de la sociedad no puede ni debe
reemplazar a las políticas públicas. La FNJ ha actuado para atender a poblaciones
vulnerables ante la ausencia o insuficiencia de las políticas y mecanismos estatales
porque la desatención pública contribuye a incrementar la vulnerabilidad,
dificulta la inclusión social, alimenta el rechazo, el racismo y la xenofobia (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2023).
28
78

La fecha de cierre del artículo es 22 de mayo de 2024.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

El compromiso con la sociedad de los miembros de la FN y de su equipo de
voluntarios y socios ha consolidado un modelo de gestión y un sistema de atención
de calidad que alivia la pobreza de los beneficiarios de sus proyectos, mejora sus
condiciones de vida y les brinda dignidad.
La FNJ es líder de programas de voluntariado nacional e internacional
capacitado y comprometido con principios humanitarios y derechos humanos. La
FNJ cuenta con dos grupos de voluntarios: un voluntariado joven, conformado por
estudiantes, egresados o recién graduados que buscan experiencia para ingresar
al mundo profesional, y un voluntariado profesional o especialista, compuesto por
personas que tienen otros trabajos y cuyo compromiso personal con la paz, la inclusión
y el desarrollo los motiva a donar su tiempo y experiencia; los proyectos de la FNJ
combinan personal técnico y no remunerado que contribuye voluntariamente.29
Como parte de su estrategia de trabajo, la FNJ mantiene líneas de colaboración
y convenios de cooperación con otras ONG, universidades, centros de estudios y
grupos de voluntarios. En el marco de estas colaboraciones, se canaliza el apoyo
de voluntarios nacionales e internacionales; los primeros ligados a universidades y
centros de investigación y formación que efectúan sus prácticas preprofesionales y
de vinculación con la comunidad.
Al momento, la FNJ está enfatizando una línea de apoyo a investigaciones
académicas sobre la población albergada en la CATSAP como un mecanismo para
hacer visibles las historias de personas y familias vulnerables para contribuir a
la sensibilización social y para tender puentes entre la academia y la realidad
social de la movilidad forzada. La FNJ ha recibido a voluntarios de universidades
extranjeras, como la Universidad de Navarra, University of Minnesota, Université
Libre de Bruxelles, Protestant University of Applied Sciences Berlin, entre otras.
Si bien es loable, el voluntariado no es suficiente para sostener los esfuerzos
humanitarios; se requiere apoyo económico proveniente del Estado y de la
cooperación internacional para financiar los proyectos y las iniciativas de la FNJ
y de otras organizaciones de la sociedad civil, un apoyo que empieza con el
reconocimiento del esfuerzo del trabajo de las ONG y del valioso aporte de sus
equipos técnicos y voluntarios; por el contrario, ni la acción de las ONG ni su
voluntariado son identificadas entre las opciones regionales para atender a los
flujos migratorios (Arena et al., 2022).
La primera solución: la Casa de Acogida Temporal San Antonio de
Pichincha
Desde 2015, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), más de 7
millones de venezolanos han salido de su país (Arena et al, 2022); tras hacerlo, esta
población en movilidad forzada ha requerido atención en los países de paso y en
los de destino; y, en ambos lugares, debido a lo repentino de su aparecimiento, a lo
súbito de su crecimiento y a la limitada disponibilidad local, la respuesta pública no
ha sido oportuna, humanitaria ni efectiva. De hecho, existen dificultades y demoras
29

Al momento, solo el proyecto Trabajo X Dignidad no cuenta con voluntarios.
79

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

en la reacción y atención (Castillo-Aroca, 2018). Ante lo cual, organizaciones
como la FNJ han reaccionado y reorientaron sus recursos; por ejemplo, diseñaron
estrategias de intervención y mecanismos de coordinación en un proceso de tipo
aprender haciendo, que poco se ha sistematizado o estudiado.
Ante la diáspora venezolana, la FNJ adecuó su propiedad en la parroquia de
San Antonio de Pichincha, a 15 kilómetros de la ciudad de Quito, y el 16 de junio
de 2018 abrió las puertas de la CATSAP30. Desde entonces, esta casa trabaja como
un servicio social especializado de carácter asistencial que brinda alojamiento,
alimentación, atención social y sicológica (y en ocasiones apoyo legal), a más
de protección y promoción de los derechos de personas en movilidad forzada,
refugiados, desplazados y marginados ecuatorianos y extranjeros.
A partir de su primera respuesta, la FNJ fue consolidando una solución integral
que efectivamente atendiera las necesidades de las familias en movilidad forzada,
quienes, en 2022, por cuarto año consecutivo, identificaron a la alimentación, el
albergue, el empleo y a la salud como sus principales necesidades (Grupo de
Trabajo para Refugiados y Migrantes, 2022).
Para brindar alimentación, alojamiento y servicios adicionales, dignificar su
situación y proteger de violencia a esta población, la FNJ trabaja y afianza relaciones
de cooperación con aliados estratégicos como el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), con el que se mantiene un convenio desde el año 2019. Merced a esta línea
de cooperación, se brinda tres comidas a la población alojada en la CATSAP; sin
embargo, todos los demás rubros de la administración, atención y mantenimiento
de la casa son financiados por recursos propios y autogestionados de la FNJ.31
La FNJ mantiene líneas de coordinación interinstitucional con el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones y varias redes locales, una de ellas que agrupa a
organizaciones que trabajan en asistencia humanitaria32 y otra enfocada en violencia
de género.33
Modelo de gestión
Para definir el modelo de gestión de la CATSAP, la FNJ adecuó a su realidad,
principios del Manual Esfera (Asociación Esfera, 2018)34, su Carta Humanitaria35 y
30
31
32
33
34

35
80

Este inmueble está ubicado en la urbanización Los Shyris, junto al Kartódromo Dos Hemisferios, en
San Antonio de Pichincha, en las cercanías de Quito.
I. Rodríguez, presidenta de la FNJ, comunicación personal, 23 de abril de 2024:
“Un ejemplo de estas fuentes autogestionada fue el apoyo que, al inicio de las labores de la CATSAP el
Servicio Jesuita a Migrantes brindó para financiar la alimentación de los albergados.”
Un ejemplo de ellas es R4V, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de
Venezuela.
Una de estas redes es la de Centros de atención integral y casas de acogida a mujeres víctimas de
violencia basada en género, financiada por el Ministerio de la Mujeres y Derechos Humanos.
Este manual elaborado reúne las normas mínimas universales de las respuestas humanitarias. Su
objetivo es mejorar la calidad de las respuestas humanitarias en situaciones de desastre o de conflicto
y la rendición de cuentas del sistema humanitario ante la población afectada por el desastre. Su última
versión data de 2018.
La Carta Humanitaria es el compromiso de las organizaciones que se adhieren al Proyecto Esfera.

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

otras normas de respuesta humanitaria a las necesidades y características de sus
albergados. Los elementos clave del mencionado modelo son: (i) el reglamento de
convivencia (FNJ, 2018), (ii) el consentimiento informado a la prueba antidopaje,
(iii) la ficha de registro de ingreso y egreso, (iv) el protocolo de ingreso al albergue,
y (v) el protocolo para prevención y atención de violencia basada en género.36
El secreto de la CATSAP como medio de respuesta humanitaria radica en que la
ruta crítica entre las fases de ingreso, atención y salida de las personas acogidas
garantiza su bienestar y apoya su reintegración familiar o social. El modelo de
gestión contempla claramente las diferentes fases de atención y se resume en el
siguiente gráfico (Betancourt, 2023):
Figura 4
Modelo de Gestión de la FNJ

Fuente: elaboración propia

La CATSAP funciona 24 horas y 365 días al año. Fue la única casa de acogida
que durante la emergencia sanitaria del COVID-19 no cerró sus puertas;37 38 además,
36
37

38

Se emplea el protocolo del Centro de Atención Integral de la FNJ que ejecuta el Proyecto de prevención
y atención de violencia basada en género.
I. Rodríguez, presidenta de la FNJ, comunicación personal, 23 de abril de 2024.
“Los albergues y casas de acogida San Juan de Dios, Maristas, Buen Samaritano, Hogar de la Argelia
del Servicio Jesuita y la Casa Nuestra Señora de la Paz cerraron en diferentes momentos durante el
COVID. Nosotros nunca cerramos. La Policía traía en sus patrulleros a los migrantes que estaban en
las calles y nos decían que éramos los únicos que estaban trabajando. En esas fechas, hasta recibimos
un pedido de la Cancillería para recibir a grupos de extranjeros que habían venido desde Guayaquil
y que se habían instalado frente al Consulado Venezolano (Av. Amazonas, Quito) solicitando vuelos
humanitarios a su gobierno”.
J. D. Pérez Tovar, responsable de cocina de la CATSAP, comunicación personal, 7 de mayo de 2024.
“En Guayaquil, durante la época en que la gente moría en las calles de COVID, muchos venezolanos
asustados decidieron venir caminando a Quito. Se contactaron con la señorita Isabel y llegaron porque
la embajada colapsó porque la gente comenzó a llegar en masa.
” Era pandemia y no se podía salir, pero también recibimos a familias ecuatorianas y venezolanas que
no podían pagar los alquileres. Los acogimos en el galpón y, al principio de la pandemia, preparábamos
las tres comidas y la llevábamos al galpón. Durante ese tiempo, tuvimos un total de más de 100
personas; no recuerdo el número exacto, si fueron 120 o 125 personas. Incluso tuvimos a una persona

81

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

como puede notarse en la tabla 1 (Total de personas albergadas), durante este
periodo se triplicó el número de atenciones brindadas.
Población beneficiaria
Como se ha explicado, la CATSAP atiende de manera integral a personas y
familias en movilidad forzada y también recibe víctimas de violencia de género y
a población indigente y en situación de calle. Se acoge a hombres o mujeres solos
o acompañados de sus hijos, grupos familiares, a población LBGTIQ+ y a familias
homoparentales.
Es un espacio seguro que aporta al bienestar de las familias que cuentan
con la seguridad y garantía de que ninguna persona será discriminada, atacada,
vulnerada ni agredida.39 Además, a través de actividades lúdicas y de integración
se brinda herramientas para emprendimientos, se maneja el estrés y los traumas, se
evita la soledad y el aislamiento generados por nostalgia, vulnerabilidad y violencia.
La casa cuenta con un área de jardín y juegos infantiles, espacios abiertos y
comunales, una sala de cómputo y una pequeña biblioteca que se habilita también
como sala de conferencias en donde se proyectan películas y se imparten talleres,
cursos y conferencias. Se dispone de un consultorio médico independiente, así
como área de lavandería de libre y otra restringida, en la que se encuentran las
lavadoras y secadoras; el área de servicio y bodegas está bajo administración del
personal de la CATSAP. El ingreso a la casa tiene horario y cuenta con seguridad
privada.
Desde el inicio del año 2024, el personal de la FNJ ha evidenciado una
disminución de ingreso de familias, aunque por el cierre de los procesos de
regularización de extranjeros en noviembre de 2023 en Perú40 y en Colombia41 hubiera
sido previsible un incremento de usuarios. En este año, ante la incertidumbre del
impacto del Fenómeno de El Niño en la costa pacífica, en la CATSAP se previeron
acciones en caso de la llegada de damnificados y desplazados; sin embargo, hasta
el cierre de este apartado de investigación, no se identificaron ingresos por esta
causa.42 Hasta esta fecha, se reportan las siguientes atenciones brindadas.43

39
40
41
42
43

82

que vivió en el lado del huerto.
” Se desinfectaba y lavaba todo meticulosamente y se servía todo con cuidado. También se lavaba la
ropa de los residentes, se les entregaba limpia y así sucesivamente.
” Para distraer a las personas, los sábados y domingos se inventaron noticieros en el albergue, donde
las mismas personas creaban obras de teatro con Lester y otro joven que sabía de danza donde se reían
de las ocurrencias de los residentes y se organizaba teatro para entretener a la gente.
” Después de eso, a las personas que tenían tarjeta a veces se les permitía salir, pero siempre por
motivos específicos. Al regresar, los bañábamos con cloro; teníamos una bomba de cloro y otra con
alcohol; todo aquel que llegaba tenía que bañarse”.
Disposición expresa del Reglamento de Convivencia suscrito por toda persona que ingresa a la CATSAP.
El 11 de noviembre de 2023 concluyó en Perú la regularización de extranjeros. A partir de entones rige
el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite la expulsión
en 48 horas.
En Colombia, la posibilidad de registrarse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV)
venció el 24 de noviembre de 2023; quienes no se han regularizado podrían ser multados o deportados.
La fecha de cierre del artículo es 22 de mayo de 2024.
Datos hasta la fecha de cierre de este artículo (22 de mayo de 2024).

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Tabla 1
Total de personas albergadas en la CATSAP de la FNJ (agosto de 2018 – enero de 2023)

Adultos

Tercera edad

Total

2018

Niños, niñas y
adolescentes
2 079

2 541

554

5 174

2019

4 536

5 544

1 210

11 290

2020
2021
2022
20231
2024, enero
2024, febrero
2024, marzo
2024, abril
Total

15 561
13 608
9 963
329
39
39
46
23
46 223

19 019
16 632
12 176
507
45
34
45
28
56 571

4 150
3 629
2 657
7
5
11
12
9
12 244

38 730
33 869
24 796
843
89
84
103
60
115 038

Año

Fuente: elaboración propia

Alimentación, alojamiento, bienestar y salud
La alimentación que se proporciona en la CATSAP proviene de una línea
de cooperación del PMA en el marco de su sistema de provisión de asistencia
alimentaria a través de transferencias indirectas de efectivo (sin costos asociados);
bajo este sistema, el PMA facilita una tarjeta de alimentos que se canjea en puntos
de venta socios del PMA; el monto de asistencia alimentaria por persona es de 2
USD por tres comidas diarias. Este apoyo permite alimentar a máximo 80 personas
al mes. La FNJ informa al PMA a fin de mes cuántas personas acudieron y recibieron
alimentación en ese periodo y con esta base el PMA calcula el monto del canje del
mes siguiente.
El personal voluntario de la FNJ que atiende el comedor de la CATSAP fue
capacitado por el PMA para la gestión y la preparación de las comidas, denominado
Plan Nutritivo; todo el sistema es permanentemente evaluado.44
En materia de bienestar se brindan atenciones en áreas clave: social, legal
y sicológica. Gracias a la colaboración de dos psicólogos voluntarios que acuden
a la casa dos veces por semana, se brinda atención psicológica y el seguimiento
correspondiente. El apoyo legal lo brinda una abogada voluntaria y también, cuando
se trata de casos de violencia de género e intrafamiliar, interviene el personal del
Programa de prevención de la violencia basada en género (PPVBG), al que se hace
referencia en la siguiente sección.
Gracias a la colaboración de un médico voluntario que acude a la CATSAP
tres veces por semana, se brinda atención en salud en un consultorio médico
44

El equipo de Nutrición y Monitoreo del PMA efectúa evaluaciones periódicas al comedor de la CATSAP,
para verificar las normas técnicas de manejo de alimentos; la última se hizo el 22 de enero de 2024 y
la FNJ obtuvo una calificación de 97/100.

83

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

apropiado y debidamente equipado. Los casos más complejos se remiten al Centro
de Salud de San Antonio de Pichincha y a otros centros especializados; por ejemplo,
casos de pediatría o requerimientos de terapia o rehabilitación.
La respuesta integral: otros proyectos del Programa de Asistencia
Humanitaria
Centro de atención integral de prevención de violencia basada en género
También conocido como Proyecto de atención y prevención de la violencia
basada en género (PPVBG), este centro funciona desde 2015 y está enfocado
en la prevención de las formas de violencia contra las mujeres y las personas
con identidades de género diversas. En el marco de este proyecto, la FNJ brinda
atención social, legal y psicológica a víctimas y sobrevivientes de violencia basada
en género y sexual.
Se ejecuta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos,
que financia las remuneraciones del equipo técnico. Hasta 2023, el proyecto ha
atendido los siguientes casos:
Tabla 2
Casos atendidos del Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de la FNJ

AÑOS

NÚMERO DE CASOS

2023

375

2022

442

2021

364

2020

360

2019

360

2018

327

2017

318

2016

351

2015

111

TOTAL

3 008

Fuente: elaboración propia

Un Huerto nos Une
La alimentación urbana y periurbana es un elemento clave para que las
familias cuenten con alimentación sostenible y estén libres de hambre y de
malnutrición (FAO, 2024). La producción en el huerto de la FNJ, Un Huerto nos
Une, inició para garantizar el adecuado aprovisionamiento de verduras y vegetales
para la cocina de la CATSAP en el escenario de la pandemia del COVID-19, que
planteaba varias dificultades logísticas.

84

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Por otro lado, gracias a su experiencia en la atención a las personas y familias
en la CATSAP, la FNJ ha atestiguado que durante su éxodo las familias pierden
y/o cambian sus hábitos alimentarios tradicionales, generalmente más nutritivos
y equilibrados, debido a la precariedad del viaje y a la limitación de fondos para
alimentarse.
En el huerto se han implementado técnicas probadas y sencillas para
producir verduras y hortalizas orgánicos (Revista de Agronomía, 1990); la operación
del huerto se hace bajo supervisión técnica garantizada por la FNJ y apoyada por
socios colaboradores, que además proporcionan los insumos y las herramientas.
Como resultado, se cuenta con verduras y hortalizas frescas y sus beneficios en la
alimentación de las familias son apreciables (Gago, 2017).
Aunque Un Huerto nos Une no fue diseñado ni implementado como un
proyecto para y de mujeres, en la práctica más han participado mujeres; en quienes
se ha podido evidenciar varios beneficios individuales y colectivos:
Tabla 3
Beneficios para las mujeres participantes en Un Huerto nos Une

Beneficios
Salud

1. Incrementa
la seguridad
alimentaria
2. Mejora la
nutrición al
incluir verduras
y hortalizas
orgánicas

Económico

Educativo

1. Ahorra dinero al
reducir el gasto
en el mercado

1. Posibilita aprender
sobre ciclos de
crecimiento y
semillas

2. Permite
aprovechar
material orgánico
para hacer
compost
3. Optimiza recursos
como el agua de
lluvia

2. Fomenta la
educación
ambiental al
promover el
reciclaje, el
compostaje y
la agricultura
orgánica

Social
1. Estimula la inclusión
social
2. Crea espacios de
encuentro, diálogo
y solidaridad entre
personas de diferentes
edades, géneros,
nacionalidades y
culturas
3. Involucra a los
miembros de la familia
y a la comunidad

Fuente: elaboración propia

Tras 5 años de operación, la FNJ confirma que su huerto es también una
opción para beneficiar a la población de estratos económicos deprimidos vecinos
de la CATSAP e integrar a sus huéspedes. Ambos grupos (familias en movilidad
humanas y familias de limitados recursos económicos) comparten algunas
características comunes: (i) no tienen una dieta saludable, (ii) no comen frutas,
verduras ni hortalizas, y (iii) presentan casos de desnutrición, malnutrición y otros
problemas alimenticios.

85

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Centro de desarrollo infantil Mi Lugar Feliz
Este centro nació en 2018 como respuesta a la necesidad de atender a la
población infantil de las familias que se alojaban en la CATSAP. Desde entonces se
atiende a los niños y menores migrantes y en vulnerabilidad ofreciéndoles cuidado
y un lugar seguro mientras sus padres o cuidadores tienen que salir de la casa para
realizar sus trámites de regularización, visitas a otras organizaciones de apoyo o
para buscar trabajo.
Desde noviembre de 2023, en el marco de su cooperación con la Fundación
de las Américas (FUDELA), la FNJ ejecuta el Proyecto Aprendiendo Desde Niños
(ADN) de la Fundación Hilton, que aplica estimulación temprana en niños de 0 a 2
años y trabaja con metodología Montessori en niños de 3 a 5 años. Gracias a este
proyecto, la FNJ amplió el espectro de atención de Mi Lugar Feliz, para incluir a
menores de otras familias en condiciones de vulnerabilidad, a más de las familias
migrantes.
Trabajo X Dignidad
Para la integración socioeconómica de las personas en movilidad forzada es
vital favorecer oportunidades de trabajo y ocupación (Organización Internacional
del Trabajo, OIM y USAID, 2022). La FNJ cree que es imperativo trabajar en la
inclusión económica de las personas; por eso ejecuta Trabajo X Dignidad (TxD):
para facilitar la integración de los inmigrantes a la economía a través de su inclusión
en el mercado laboral (BID, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023).
En octubre de 2022, esta iniciativa fue la Ganadora de la Convocatoria Quito
Inclusivo del Fondo de Emprendimiento FonQuito, financiado por la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ejecutado por ConQuito;
inicialmente, bajo su denominación original (Chamba y Cachuelo), ganó el Reto de
Emprendimiento Urbano 2018, premiado por el Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por ImpaQto.
El propósito de TxD es enlazar la oferta de servicios de personas migrantes,
desempleados, subempleados y madres jefas de hogar, con personas sensibles a la
situación migratoria y a la vulnerabilidad, a través de la contratación de sus servicios
ocasionales por parte de una demanda sensibilizada y solidaria. Sus objetivos son:
(i) generar ingresos económicos, (ii) colaborar con la reinserción laboral, (iii)
mejorar la calidad de vida de las personas en situación de movilidad humana, (iv)
incrementar la solidaridad, y (v) disminuir la discriminación y la xenofobia.
TxD es simultáneamente una plataforma tecnológica para que las personas
en situación de movilidad puedan ofrecer sus servicios personales y profesionales,
y un soporte de iniciativas y emprendimientos emergentes de población vulnerable.

86

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Debido a las dificultades de la inclusión social y económica y a las barreras
económicas y tecnológicas de la población en movilidad forzada, hasta el momento
los resultados han sido limitados. Sin embargo, los esfuerzos de la FNJ por apoyar
la integración socioeconómica de sus beneficiarios no decaen, ya que líneas de
cooperación como las que ha iniciado el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Organización Internacional para las Migraciones para promover la inclusión
económica de la población en movilidad forzada refuerzan la convicción de que
TxD está en el camino correcto (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).
Taller Costuras con Corazón
Este taller nació en octubre de 2023, para proporcionar una alternativa de
ahorro familiar y contribuir a la generación de ingresos. Su objetivo es dotar a sus
beneficiarios de un espacio de capacitación y facilitar la inclusión económica a
través de la modistería, la costura, el tejido y otras manualidades.
El taller funciona con donaciones de máquinas y materiales45 y orienta sus
actividades hacia la creación de un ambiente que favorezca la creatividad gracias a
la riqueza cultural y la convivencia de personas de diferentes orígenes y tradiciones.
Las obras hechas en el taller se exponen y venden en ferias por sus creadores,
quienes ven valorizado su trabajo y que se reconoce su capacidad y creatividad.
Costuras con Corazón promueve y apoya a emprendedores, favorece la
generación de productos artesanales y revaloriza la función terapéutica de las
actividades manuales combinadas con la oportunidad para los albergados en la
CATSAP de ocupar su tiempo de manera productiva y significativa.
El Futuro: las iniciativas pendientes y en preparación
A 42 años de su inicio, la FNJ sigue en pie y en permanente búsqueda
de aliados, fondos y líneas de cooperación que le permitan servir más y mejor a
grupos vulnerables. Sus planes incluyen iniciativas para: (i) atender a personas
abandonadas de la tercera edad, (ii) fortalecer su modelo de atención a mujeres,
niñas y niños víctimas de violencia, (iii) retomar el servicio a toxicodependientes, y
(iv) rescatar y apoyar a víctimas de trata y tráfico sexual. Además, para mejorar las
condiciones de vida de sus usuarios, la FNJ planea un programa de alfabetización
digital y apoyo a la educación de adultos y niños para fortalecer las competencias
lectora y escritora.46
Se espera desarrollar un programa de generación, impulso y consolidación
de iniciativas productivas y emprendimientos individuales o colectivos de personas
vulnerables, favorecer opciones de asociatividad y ahorro, especialmente para
mujeres vulnerables, así como los criterios de selección y acompañamiento de
los proyectos productivos y emprendimientos. La FNJ identificará las fuentes de
financiación posibles para el programa, tanto públicas como privadas y elaborará
45
46

La fábrica INDSTORE dona materiales a Costuras con Corazón desde el inicio del taller.
Ello implica no solo saber leer y escribir, sino también comprender, interpretar, analizar, evaluar y
producir diversos tipos de textos, con diferentes propósitos y en diferentes contextos.
87

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

un plan de sostenibilidad financiera que garantice la continuidad y el impacto de
la intervención.
A la FNJ le interesa iniciar relaciones con otras casas de acogida temporal en
otros países a fin de coordinar y colaborar con servicios integrados en corredores
geográficos; sin embargo, lo más importante es la sostenibilidad financiera de las
iniciativas de mejora de la condición de vida de las poblaciones vulnerables a las que
sirve la FNJ, entre ellas a las personas y familias en movilidad forzada. Las alianzas
estratégicas con otras entidades que trabajen en el ámbito de la economía social,
la inclusión financiera, la acogida temporal y la movilidad forzada, tanto a nivel
nacional como internacional, permitirá compartir experiencias, buenas prácticas y
recursos, idealmente incluso diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que
permita medir los resultados y el impacto de los programas, así como identificar las
fortalezas, las debilidades y las áreas de mejora.
DISCUSIÓN
La FNJ —gracias a su compromiso con la sociedad, su equipo de voluntarios
y socios, todos identificados en integridad, humanismo y mística de servicio— ha
consolidado un modelo de gestión y un sistema de atención que alivia la pobreza
de sus beneficiarios, mejora sus condiciones de vida y les brinda dignidad.
En el Ecuador, la diáspora venezolana superó cualquier previsión y rebasó
las medidas públicas dirigidas a la población en movilidad forzada; en este
contexto, es destacable la actuación de las organizaciones de la sociedad civil
que intervienen para paliar y, hasta cierto punto, reemplazar al Estado y a la
cooperación especializada; labor que debería ser reconocida, fortalecida y apoyada.
Las acciones de la FNJ, si bien nacidas de la solidaridad, la tolerancia y
la responsabilidad social, no pueden ni deben reemplazar una política pública
coherente y sostenida, que de momento ha sido asumida parcialmente por una
corriente de cooperación técnica y financiera, aunque no suficiente y cuyos
mecanismos no son sostenibles.
La FNJ trabaja mayoritariamente con fondos privados, y ello, por más loable
que sea, no debe ni puede convertirse en el modus operandi de la intervención
de las ONG que actúan ante la inacción y limitación estatal o de las agencias de
cooperación y desarrollo. El programa humanitario de la FNJ da cuenta de tres
aportes excepcionales: (i) una línea de cooperación del PMA, que permite alimentar
a 80 albergados en la CATSAP, (ii) un apoyo estatal proveniente del Ministerio de la
Mujer y Derechos Humanos para cubrir las remuneraciones del equipo que atiende
casos de violencia de género, y (iii) un apoyo internacional a través de FUDELA,
para solventar las remuneraciones del equipo del CDI Mi Lugar Feliz y algunas
remodelaciones; todos los demás recursos que financian su funcionamiento y la
operación de los proyectos son fondos propios y autogestionados.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

De la existencia de fondos también depende el contar con un equipo solvente
que conduzca y forme nuevos talentos entre los participantes del programa de
voluntarios con miras a reconocer sus esfuerzos y a profesionalizar sus servicios.
Por todas estas razones, la FNJ trabaja al momento en una estrategia de
sostenibilidad financiera.
Aunque la FNJ cuenta con Trabajo X Dignidad (TxD) como plataforma para
anunciar servicios personales o profesionales y para apoyar los emprendimientos
de personas en movilidad, se aprecia que las personas en movilidad forzada
enfrentan muchas dificultades para la reinserción socioeconómica y que, aun
cuando consiguen trabajo, afrontan otros problemas, como el impago o el pago
inferior por la prestación de servicios personales o profesionales, maltrato físico y/o
sicológico, y limitaciones para el acceso a la justicia laboral en caso de requerirla.
Estas situaciones, además, no son registradas ni investigadas porque las personas en
movilidad forzada tienen miedo de reclamar y/o denunciar, y, en ocasiones, incluso
son víctimas de amenazas en caso de hacerlo. Lamentablemente, el personal de
la FNJ escucha que muchas personas en situación de movilidad forzada no creen
posible retornar a sus países; este es un comentario casi generalizado entre la
población colombiana y venezolana desplazada.

CONCLUSIONES
Durante estos cinco años de trabajo con familias y personas en movilidad
forzada, la FNJ ha reunido importantes lecciones sobre la migración, especialmente
en el marco de la necesidad de incrementar los fondos y los mecanismos concretos
de atención.
Lo primero es devolver el rostro humano a las cifras de la movilidad humana
y trabajar para dignificar a cada persona y familia en movilidad forzada y situación
de vulnerabilidad.
Una segunda lección aprendida de la FNJ es la necesidad de sumar
esfuerzos y crear alianzas para la convivencia pacífica, el fomento del diálogo, la
participación de la sociedad civil y el fomento de la solidaridad. Solo por estas vías
será posible prevenir la discriminación, la xenofobia y otras formas de violencia
y rechazo hacia las personas y familias en movilidad forzada, con quienes urge
trabajar en el incremento de su autoestima y revalorización, así como en el caso de
la población en pobreza urbano-marginal.
Una tercera e indiscutible conclusión es la importancia del financiamiento
adecuado y oportuno para servir a las poblaciones vulnerables, y el reconocimiento
de los roles de las instituciones de la cooperación humanitaria. Estas, especialmente
las agencias de las Naciones Unidas (ONU), deben cumplir con su mandato de
proteger y promover los derechos humanos de los migrantes, independientemente
de su situación jurídica, y de apoyar a los Estados y organizaciones de la sociedad
civil en la gestión de la migración de manera segura, ordenada y regular. Estas
agencias tienen la obligación de respetar los principios de imparcialidad, neutralidad,
independencia y humanidad, y de coordinar sus acciones con las autoridades

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

nacionales y los actores locales, en el marco del Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular.
Asimismo, deben velar por que sus intervenciones no contribuyan a la
instrumentalización de los migrantes por parte de los Estados o de otros actores,
y que se respeten las normas internacionales de búsqueda y rescate, asilo y no
devolución. Sin embargo, sin la movilización de fondos suficientes para atender
de manera integral y sostenible a poblaciones vulnerables mucho podrá decirse,
pero poco podrá hacerse y, aún peor: con el tiempo, las líneas de asistencia se irán
cerrando paulatinamente dejando un vacío que incrementará la vulnerabilidad de
los grupos necesitados.
Por un lado, es clave que los sectores privado y académico se involucren
más en iniciativas como las que se han compartido en este artículo y en general con
la población vulnerable y en movilidad humana. Existen pocas sistematizaciones e
investigaciones de iniciativas locales en materia de asistencia humanitaria ejecutadas
por organizaciones de la sociedad civil y grupos de voluntarios. Trabajar en este
vacío es clave para depurar las metodologías, difundir resultados y multiplicar
alianzas para mejorar las intervenciones y optimizar recursos en las iniciativas.
Por otro lado, tanto para atender hoy a la población en movilidad
forzada, cuanto en sus inicios a la población presa de toxico dependencias, la
FNJ cuenta con un modelo de intervención innovador, fácilmente replicable
por otras organizaciones y que ha beneficiado a personas y familias vulnerables.
A futuro se podría buscar espacios para compartir la experiencia de la FNJ con
otras organizaciones; sería interesante también comparar los modelos de atención
brindada por otras organizaciones en el Cantón Quito, para analizar y comparar
los modelos de intervención como evidencia del trabajo del tercer sector y de su
aporte para la atención humanitaria de las personas y familias en movilidad forzada.
En la población en movilidad forzada, se aprecian problemas de desnutrición
y malnutrición debido a las dificultades de las familias en movilidad para acceder a
alimentos nutritivos, frescos, saludables, variados y adecuados, por factores como el
costo, la disponibilidad, la discriminación o la falta de información y en ocasiones
de la facilidad de un lugar en donde prepararlos y mantenerlos.
Tras estos años atendiendo a población en movilidad forzada, la FNJ
considera que se debe trabajar en una estrategia de doble vía: por un lado, en un
esquema de estrategias urgentes de inclusión económica acompañadas de procesos
de formación técnica y de profesionalización, que permitan especialmente
a los miembros jóvenes y adolescentes de las familias en movilidad contar con
herramientas y capacitación adicional no solo para integrarse, sino también para
apoyarles si deciden regresar a las tierras y hogares que abandonaron. Por otro
lado, se debe trabajar en un acompañamiento social y sicológico para que la
resiliencia y estabilidad de las personas en movilidad forzada no se afecte por la
vulnerabilidad, rechazos, xenofobias y violencia.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

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ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

EL NEOCONSTITUCIONALISMO BOLIVIANO CAMBIO DE PARADIGMA DE
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

María Laura Del Pilar Oña Sabaté
Universidad Privada Domingo Savio
Sociedad estudiantil de investigación científica de Derecho
Orcid: 0009-0008-9759-5907
maria.sabate84@gmail.com
María Gabriela Torres Muñoz
Universidad Privada Domingo Savio
Sociedad estudiantil de investigación científica de Derecho
Orcid: 0009-0005-9403-4045
gabrielatxrres@gmail.com
Yhostin Gary Plata Quisbert
Universidad Privada Domingo Savio
Sociedad estudiantil de investigación científica de Derecho
Orcid: 0009-0008-1731-6024
ygpq.03@gmail.com
Leonardo Acuña Chuquimia
Universidad Privada Domingo Savio
Sociedad estudiantil de investigación científica de Derecho
Orcid: 0009-0000-8847-8313
leonardo.acuna.ch@gmail.com
Fecha de recepción: 31 de julio de 2023
Fecha de aceptación: 13 de octubre de 2023
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen
El neoconstitucionalismo boliviano trajo consigo varios cambios, desde su
denominación hasta su caracterización como un Estado unitario social de
derecho plurinacional comunitario, libre e independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo. En
este contexto, los derechos de la naturaleza marcan una transición crucial, donde
los derechos colectivos han sido concebidos desde una visión antropocentrista
en lugar de una ecosistémica, para el cumplimiento de los principios como el
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena),
ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), instaurados en la
Constitución Política del Estado y que orientan el marco jurídico actual. El objetivo
fue evaluar el avance o retroceso y discordancia de los derechos de la naturaleza
con relación al nuevo modelo constitucional boliviano junto con sus desafíos
para su consolidación efectiva. En la investigación, se utilizó una metodología de
corte descriptivo, mediante la revisión normativa jurídica documental con enfoque
cualitativo, desde un posicionamiento reflexivo, para abordar el análisis de si existen
o no los derechos de la naturaleza en Bolivia. En relación con los resultados, se
analizó la evolución constitucional boliviana en el surgimiento y reconocimiento
de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la concepción ambientalista
enfocada en los seres humanos da paso a un cambio de paradigma: el concebir
los derechos de la naturaleza desde una visión ecosistémica. En la conclusión, se
destaca la necesidad de reconocer los derechos de la naturaleza como derechos
fundamentales para configurar una justicia ecológica que contemple a todos los
seres vivos del planeta.
Palabras clave: Naturaleza, Madre Tierra, derechos, antropocentrista, ecosistémica,
biocéntrica.
BOLIVIAN NEO-CONSTITUTIONALISM: A PARADIGM SHIFT
OF RIGHTS OF NATURE
Abstract
Bolivian neo-constitutionalism brought along with it several changes. These range
from its name to its characteristics as a free, independent, sovereign, democratic,
intercultural, decentralized, unitary social State of plurinational communitarian
law, and with autonomies, which is based on pluralism. In this context, the rights
of nature mark a crucial transition where collective rights were conceived under an
anthropocentric and non-ecosystemic point of view, for the fulfillment of principles
such as suma qamaña (living well), ñandereko (harmonious life), teko kavi (good
life), ivi maraei (land without evil) and qhapaj ñan (noble path or life), featured
on the State’s Political Constitution, guiding the current legal framework. The aim
was to evaluate advancement or regression and discordance of the rights of nature
in relation to the new Bolivian constitutional model, along with its challenges for its
effective consolidation. This research employed a descriptive methodology, through
the review of legal documents under a qualitative lens, from a reflexive position to
study analytically whether or not there are rights of nature in Bolivia. Regarding the
results, the Bolivian constitutional evolution related to the beginning and recognition
of rights of nature in Bolivia were analyzed. However, the environmentalist
conception focused on human beings moves on to a paradigm shift where the rights
of nature are conceived from an ecosystemic perspective. Finally, the conclusion
features the need to recognize the rights of nature as fundamental rights to set up
ecological justice for all the living beings on the planet.
Keywords: Nature, Mother Earth, anthropocentric, ecosystemic, biocentric.
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la teoría constitucional, el neoconstitucionalismo surge con
fuerza en Latinoamérica. Desde una perspectiva, tiene una función instrumental
que debe estar al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales, aunque
ha transcendido fuera de los límites tradicionales. Con respecto a la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE-2009), esta logró fusionar su
enfoque sobre la protección de derechos fundamentales y el reconocimiento
explícito con la naturaleza.
Tal paradigma jurídico moderno, que es representado por el
neoconstitucionalismo, se ha posicionado como un fuerte impulsor de esta
revolución normativa y social en el territorio boliviano, tomando como centro
filosófico los derechos individuales y colectivos que tiene un vínculo estrecho con
los seres humanos y otros seres vivos de las generaciones presentes y futuras (Art.
33, 34 CPE).
La profunda y arraigada conexión evidenciada es el punto de partida de las
discrepancias que emergen entre las directrices plasmadas en la CPE y las acciones
que se desenvuelven en el contexto territorial boliviano. Esta disonancia entre los
ideales normativos y las ejecuciones prácticas no solo presenta un desafío jurídico,
sino que también se extiende a las dificultades que surgen entre el equilibrio de las
metas ambientales y las necesidades económicas. Más allá de los desafíos internos,
Bolivia destaca su vínculo profundo con la naturaleza en los foros globales,
abogando por una coexistencia más equitativa y sostenible entre la humanidad y
la naturaleza.
Este trabajo adopta una naturaleza esencialmente bibliográfico-doctrinal;
esta orientación implica la recopilación de diversas fuentes de información, como
libros, artículos, tratados internacionales, sentencias constitucionales relevantes y
normativas bolivianas. Con un enfoque cualitativo y un posicionamiento reflexivo,
aborda un análisis multidimensional del fenómeno jurídico.
MÉTODOS
La investigación realizada se sustenta en la revisión jurídica documental,
de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo. Como técnica de recolección de
información, se empleó la exploración de textos jurídicos, jurisprudenciales, e
instrumentos internacionales del derecho internacional que el Estado boliviano
ha ratificado en materia ambiental, además de sus documentos oficiales y otros
materiales relevantes a través de una revisión sistemática y rigurosa, en la cual se
realizó un análisis del surgimiento y desarrollo de los derechos de la naturaleza en
Bolivia.
Para lograrlo, se realizó una revisión normativa documental exhaustiva de
la siguiente normativa nacional: Constitución Política del Estado (CPE-2009), Ley
del Medio Ambiente N° 1333, Ley Marco de Medio Ambiente y Desarrollo Humano
Sostenible N° 300, Ley de Gestión Integral de Residuos N°755, Ley de Protección
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

y Desarrollo Sustentable del Parque Nacional y Áreas Protegidas Isiboro Sécure –
Tipnis N°1700, Decreto Supremo (D.S) Nº 1338 y Ley de Áreas Protegidas N°1338.
Asimismo, se consideraron instrumentos internacionales: Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales N°169, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Protocolo de Kioto ratificada, Convención sobre Diversidad
Biológica, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP), Acuerdo de Escazu y el Convenio de Nagoya sobre Diversidad Biológica.
Esta documentación fue la base para establecer el estado de los derechos de la
naturaleza en Bolivia.
El neoconstitucionalismo
El neoconstitucionalismo, también denominado nuevo constitucionalismo,
surgió como una corriente teórica y práctica que busca superar los enfoques
tradicionales del positivismo jurídico y el iusnaturalismo en el ámbito del derecho
constitucional. En este sentido, se enfoca en la construcción constitucional y el
orden jurídico en general, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades
de cada contexto (Lima, 2022).
Es importante destacar que el nuevo constitucionalismo latinoamericano,
que en adelante se reconocerá por las siglas NCL, se distingue por su carácter
propio y su adaptación a las realidades de cada región. Arroyave (2023) menciona
que, en la historia de América Latina nacieron diversas tendencias, desde modelos
liberales y sociales. Sin embargo, en las últimas décadas surgieron paradigmas
como la reapropiación de los espacios institucionales en respuesta a los desafíos
internos que enfrenta el continente.
En este sentido, el NCL se caracteriza por los procesos constituyentes entre
los años 1990 y 2010 en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia; trajo
consigo la promulgación de nuevas constituciones para redefinir el equilibrio de
poderes, incorporar los sectores políticos excluidos y abordar las demandas de
justicia social y participación ciudadana (Arroyave, 2023).
No obstante, el NCL introduce el mecanismo de democracia directa que
permite a los ciudadanos influir en los procesos políticos más allá de las elecciones
regulares. Otro aspecto distintivo es el reconocimiento de los derechos de la
naturaleza como sujeto de derecho, estableciendo su protección y el respeto a
sus ciclos vitales. Acosta (2014) indica que, implica un cambio de paradigma en la
concepción jurídica, desde una visión antropocéntrica predominante a una visión
biocéntrica de los derechos de la naturaleza como parte integral del sistema jurídico.
Además, busca la inclusión de sectores históricamente excluidos, como
los pueblos originarios y reconoce su derecho a su autodeterminación. Al
respecto, Burbano et al. (2023), manifiestan que es una lucha por la igualdad y la
diversidad, para proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas
y afroamericanas.

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Entonces, las constituciones enmarcadas en el NCL tienen un amplio
catálogo de derechos que abarca desde los derechos sociales y económicos
hasta los derechos culturales y ambientales consagrados en su parte dogmática, e
incorpora elementos propios en la protección de la naturaleza y los derechos de
las comunidades indígenas que reflejan el compromiso de garantizar una sociedad
más justa e inclusiva (Vestri, 2016). Sin embargo, el NCL no deja de lado ciertos
elementos del constitucionalismo tradicional, como el hiperpresidencialismo y los
amplios catálogos de derechos (Bagni, 2018).
Antecedente de los derechos de la naturaleza en las constituciones de Bolivia
En Bolivia, surgen nuevas visiones de desarrollo, como el vivir bien y la
Madre Tierra (Pachamama), contenidas en la Constitución Política del Estado
Boliviano (CPE, 2009), que carecen de consolidación: simplemente son narrativas
y propuestas para garantizarlo. Sin embargo, es necesario estudiar las reformas
constitucionales anteriores a esta en búsqueda de posibles derechos de la naturaleza.
Bolivia, en su desarrollo constitucional inicial, no presenta transformaciones
significativas que involucren los derechos de la naturaleza: se entiende que la
sociedad boliviana mantiene una mirada antropocentrista frente a la naturaleza en
sus constituciones, de tal manera que, en las comprendidas entre 1826 y 1831, no
se incorporan derechos relacionados con el medio ambiente.
La Constitución de 1938 siguió la línea del constitucionalismo social; el
legislador incorpora la Sección del Régimen Económico y Financiero, en la cual
se observa la primera visión que tiene el Estado sobre la naturaleza, como aquella
meramente al servicio de los bolivianos, donde su aprovechamiento tiene un fin
solamente económico. (Acosta, 2014).
De igual manera, la Constitución de 1995, a través de su organización
económica, pretende asegurar a todos los bolivianos y bolivianas una existencia
digna con la explotación de los recursos naturales, sin otras perspectivas de
desarrollo económico que no signifique la industrialización de la naturaleza (Peres,
2018).
Posteriormente, en la Constitución de 2004, a través del régimen agrario, el
Estado optimiza y regula la explotación de la tierra además de la distribución de los
recursos naturales del país, para precautelarlos y conservarlos, situación que surgió
desde la Constitución de 1961. Así, se demuestra una vez más que no han existido
cambios relevantes en materia de derechos de la naturaleza.
En 2008, en Ecuador se crea su nueva Constitución, vigente hasta la actualidad,
la cual incorpora grandes paradigmas e innova en el catálogo de derechos, según
Avila et al. (2008). Además, en esta carta magna existe un protagonismo de
los derechos de la Madre Tierra, suceso que no se había visto en ninguna otra
constitución de América Latina hasta ese entonces.

98

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

En tal contexto, influenciada por la Constitución del Ecuador de 2008 y las
demandas populares que emergían del sentir boliviano en búsqueda de legitimidad
de su historia, culturas e idiomas, en Bolivia se exige al constituyente que se cree
una nueva Constitución. Salas (2018) indica que la perspectiva neoconstitucionalista
busca la aplicación del derecho junto a una argumentación jurídica reivindicatoria,
la cual definiría las características del nuevo constitucionalismo boliviano.
En consecuencia, emerge la Asamblea Constituyente, que tiene la función de
responder las demandas sociales e introducirlas en la actual Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue aprobada el 10 de diciembre de 2007
y promulgada el 7 de febrero 2009 en El Alto, La Paz (Portillo, 2020).
Esta Constitución representó un real compromiso del Estado: incorporó
nuevos valores, que surgieron de pueblos como el quechua, el aymara y el guaraní,
lo que dio paso al neoconstitucionalismo latinoamericano en Bolivia. Varela (2021)
señala que está corriente se caracteriza por tener un “contenido innovador” que
invoca principios ético-morales, además de “amplitud, complejidad y rigidez”.
La Constitución de 2009 persigue una visión ética del vivir bien, que se
fundamenta en la pluriculturalidad, considera a la tierra como un elemento importante
del hombre boliviano, en sintonía con las cosmovisiones de los pueblos indígenas.
A partir de ello, forja en la sociedad una gestión ambiental más respetuosa, que va
más allá del simple escenario de seres vivos y no vivos, que interactúan juntos y
están conectados con la Pachamama o Madre Tierra (Acosta, 2014).
El preámbulo constitucional manifiesta una convicción en cumplir el
mandato de los pueblos guiados por la visión pro Madre Tierra que emerge de
sus cosmovisiones: sella la nueva refundación del Estado Boliviano con un pacto
de unidad e integridad (Rojas & Dolhare, 2021). Por ello, el artículo 8 de la CPE
(2009) asume y promueve estos principios ético-morales de la sociedad plural: “No
seas flojo. No seas mentiroso. No seas ladrón”; y el vivir bien, que implica: vida
armoniosa, vida buena, tierra sin mal y el camino o vida noble.
Consecuentemente, el artículo 33 refiere que las personas tienen derecho
a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Este derecho tiene
como objetivo permitir el desarrollo normal y permanente de los individuos, las
colectividades y las futuras generaciones, así como de otros seres vivos (Gudynas,
2018). El derecho al medio ambiente es de interés colectivo, ya que beneficia a toda
la sociedad, cuyo fin, además de mantener los requisitos ambientales necesarios
para conservar el sistema ecológico en el que el ser humano es parte, garantiza su
calidad de vida (Pentinat, 2014).
Por lo tanto, calidad de vida se define como ‘el conjunto de condiciones
espirituales, éticas y materiales en las que una comunidad se desenvuelve,
permitiendo a cada uno de sus miembros una existencia sana, feliz, trascendente,
solidaria y libre en constante mejora’ (Urzúa, 2012).

99

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Legislación boliviana vigente vinculada con los derechos de la naturaleza
Ley del Medio Ambiente N° 1333 (LMA)
La Ley 1333 fue promulgada el 27 de abril de 1992; consta de un total de 71
artículos, relacionados con la protección del medio ambiente, su aprovechamiento
sostenible en el país y la conservación de los recursos naturales. Cada artículo
establece disposiciones específicas y regulaciones que deben ser cumplidas y
seguidas por los ciudadanos, empresas e instituciones para garantizar la protección
ambiental adecuada, además que determina la responsabilidad administrativa, civil
y penal (Arts. 99-115).
Tiene como objetivo principal garantizar el derecho de las personas a vivir
en un ambiente saludable, así como preservar y mejorar la calidad del medio
ambiente y los recursos naturales. Establece los principios generales para la gestión
ambiental, la prevención y control de la contaminación, la evaluación de impacto
ambiental, la protección de áreas protegidas y la participación ciudadana en la
toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente (Arts.1 y 2). Además, prevé
los mecanismos de control y sanciones para aquellos que violen las disposiciones
ambientales, con el fin de promover el cumplimiento de las normas y prevenir
daños ambientales para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
(Arts. 5, 17,24 y 95-102).
Ley Marco de Medio Ambiente y Desarrollo Humano Sostenible N° 300
Establece los lineamientos generales para la protección, conservación y uso
sostenible del medio ambiente en el país, en armonía con el desarrollo humano.
El concepto principal de esta ley es promover el equilibrio entre el desarrollo
económico, el social y el ambiental; reconoce la importancia de conservar los
recursos naturales y preservar la diversidad biológica, garantiza un enfoque integral
en la gestión ambiental, considerando aspectos sociales, culturales y económicos.
Asimismo, establece principios rectores, como la precaución, participación
ciudadana, responsabilidad ambiental y solidaridad intergeneracional. Orienta las
acciones y decisiones en materia ambiental, teniendo en cuenta los efectos a largo
plazo y la participación de la sociedad. Por consiguiente, prevé la obligación de
realizar evaluaciones de impacto ambiental previas a la ejecución de proyectos o
actividades que puedan tener consecuencias significativas en el medio ambiente.
También se promueve la planificación territorial adecuada, la conservación de la
biodiversidad y la participación de las comunidades en la gestión ambiental.
Ley de Gestión Integral de Residuos N° 755 (LGIR)
La Ley 755 fue promulgada el 19 de diciembre de 2015. Está compuesta por
46 artículos; su objetivo es establecer las normas y procedimientos para la gestión
adecuada de los residuos sólidos en el país. En síntesis, promueve la gestión integral
de los residuos, basada en principios de prevención, reducción, reutilización,
100

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

reciclaje y disposición final adecuada. Busca fomentar prácticas sostenibles que
minimicen el impacto ambiental y promuevan el uso eficiente de los recursos.
Ley Forestal N° 1700 (LF)
Fue promulgada el 12 de julio de 1996. Su objetivo principal es establecer
las normas y disposiciones para la protección y el desarrollo sostenible de los
bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras,
armonizando el interés social, económico y ecológico del país (Art.1).
Decreto Supremo (DS) Nº 1338 de fecha 31 de agosto de 2012
Tiene por objeto crear el Regimiento Ecológico - Escuela de Protección de
Parques Nacionales; así como establecer sus funciones y el financiamiento para el
cumplimiento de su misión.
Reglamento General de Áreas Protegidas, DS Nº 24781, 31 de julio de 1997
Establece la clasificación de las áreas protegidas en distintas categorías,
como parques nacionales, áreas de manejo integrado, reservas naturales, entre
otras, cada una con diferentes propósitos de conservación y uso. Esta normativa
complementa la Ley de Áreas Protegidas y tiene como objetivo principal regular
la administración, la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas en el
país.
Jurisprudencia en relación al medio ambiente
Al mencionar la jurisprudencia relacionada al medio ambiente, cabe destacar
la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0077/2020-S3, que establece la
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales como principio rector de la política, la economía y la sociedad, y
constituye un mandato de acción para los poderes públicos. Esta Sentencia se basa
en la declaración realizada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano en Estocolmo en 1972, como se mencionará más adelante, que reconoce
el derecho fundamental del ser humano a vivir en un entorno adecuado que le
permita llevar una vida digna y disfrutar del bienestar.
Por lo tanto, su ratio decidendi refiere la protección ambiental y la
búsqueda de mejorar el entorno y la diversidad de la naturaleza. También destaca
la importancia de potenciar la riqueza natural y asegurar su supervivencia para las
generaciones presentes y futuras (Duque, 2014).
Hernández (2018) manifiesta que el ordenamiento jurídico boliviano
configura al medio ambiente como un derecho-deber solemne que concierne a
todos los ciudadanos, reconoce el derecho subjetivo al medio ambiente adecuado,
que implica el deber de conservarlo, así como el derecho colectivo de toda la
sociedad a disfrutar de ese mismo medio ambiente.
101

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

La sentencia también hace referencia a la SC 1974/2011-R, que define el
medio ambiente como una pluralidad de elementos que se relacionan y coexisten,
incluyendo elementos naturales, artificiales y aquellos que tienen vida. En cuanto
a las competencias de los diferentes niveles de gobierno en relación al medio
ambiente, es necesario mencionar el artículo 88 de la Ley Marco de Autonomía y
Descentralización (LMAD). En el parágrafo I, se refiere a que “el nivel central del
Estado tiene la competencia exclusiva de diseñar, aprobar y ejecutar el régimen
general de gestión de biodiversidad y medio ambiente, en base a la competencia
privativa de diseñar la política general que orienta al sector”.
La Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) N° 0009/2013 explica el
término política en dos sentidos. El primero se refiere a actividades en relación
con el ejercicio del poder y la toma de decisiones en asuntos de interés público.
El segundo se relación con la administración estatal y las políticas públicas, que
abarcan la definición, la ejecución y la evaluación de acciones gubernamentales.
En este sentido, la política es principalmente una función ejecutiva y administrativa
a cargo del nivel central del Estado. Sin embargo, los gobiernos subnacionales
pueden desarrollar sus propias políticas dentro de los límites establecidos por
la política general del nivel central, especialmente en el ámbito de la protección
ambiental.
Esta DCP establece que, en una competencia concurrente, el nivel central
del Estado tiene la facultad de legislar y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA)
tienen la facultad de emitir normas reglamentarias y ejecutar las disposiciones en
el ámbito de su competencia. También menciona el término “normas internas”,
refiriéndose a las normas emitidas por las ETA y se interpreta ‘como normas
reglamentarias’. Por otra parte, en la SCP N° 2055/2012 argumenta que los parágrafos
VI, VII y VIII del artículo 88 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización
vulneraban los artículos 297.I.2, 302.I.7, 302.I.11, 302.I.22 y 304.I.22 de la CPE; por
lo tanto, fueron declarados inconstitucionales. Esto debido a que, con respecto a las
competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado y las competencias
concurrentes, el titular de la facultad legislativa es el nivel central.
Por otro lado, con respecto a las competencias exclusivas de las entidades
territoriales autónomas, los párrafos en cuestión en el artículo 88 de la Ley Marco
de Autonomía y Descentralización (LMAD) repetían lo establecido en la CPE2009 de manera innecesaria. Aunque estos parágrafos no interferían directamente
en las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos ni las
“Autonomías indígena originario campesinas” (AIOC), la Ley Marco de Autonomía
y Descentralización.
La DCP N° 0008/2013 destaca la obligación del Estado y de todas las
autoridades de preservar el medio ambiente en beneficio de las generaciones
presentes y futuras. Establece la responsabilidad de todos los ciudadanos y que las
funciones y deberes relacionados con la protección del medio ambiente deben ser
ejercidos dentro del marco legal y competencial establecido por la Constitución.
Además, se argumenta que ciertos párrafos de la LMAD son incompatibles con la
102

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Constitución en cuanto a las competencias y responsabilidades relacionadas con el
medio ambiente.
Es importante mencionar que el pluralismo no solo refiere a la cosmovisión
de los pueblos como principios del Estado, sino también a las directrices de los
derechos de la naturaleza. El vivir bien será la convivencia de todas las formas de
vida natural que tienen el derecho a vivir, conforme señala la SCP N° 2056/2012 de
fecha 16 de octubre, que desarrolla el vivir bien (Vargas, 2016).
Tratados y Convenios internacionales en materia de derecho ambiental ratificados
por Bolivia
La conciencia ambiental y las iniciativas empezaron a tomar fuerza en la
década de los años 60. Algunos eventos clave que marcaron esta época fueron la
publicación del libro “Primavera Silenciosa” en 1962, escrito por Rachel Carson,
y la divulgación de la imagen “Amanecer de la Tierra” en 1968, tomada por el
astronauta William Anders durante la misión Apolo 8.
El impulso para el Derecho Ambiental Internacional se originó cuando la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó la Conferencia sobre el Medio
Ambiente Humano o Conferencia de Estocolmo en 1972, donde se abordaron temas
de preocupación global. Esto condujo a la creación de importantes instrumentos,
como la Declaración de Estocolmo y el establecimiento de principios generales
para la gestión ambiental (Naciones Unidas, s.f.). Por ende, se ha experimentado
un aumento exponencial en tratados internacionales que abarcan diversos temas.
Por otra parte, Bolivia adquiere responsabilidad internacional cuando ratifica
tratados y convenios; lo pactado obliga su cumplimiento. El jurisconsulto Vargas
(2018) menciona que el bloque de constitucionalidad artículo 410. II CPE tiene
una interpretación progresiva enmarcada en la unidad constitucional mediante
principios y valores plurales, como el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la igualdad
material, entre otros; y consolida el carácter axiomático de la Constitución Política
del Estado aprobada en 2009.
Tabla 1
Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados en Bolivia

Acuerdos y Tratados
Internacionales

Contenido de los Acuerdos y Tratados
Internacionales

Ratificación

El Art. 4.1 reconoce la importancia de proteger el
entorno natural de los pueblos indígenas, adoptando
Convenio sobre Pueblos
medidas especiales para conservar y preservar el
Indígenas y Tribales
medio ambiente en los territorios ocupados por
(Núm. 169) (1989)
ellos, considerando sus prácticas tradicionales,
conocimientos y formas de vida sostenible.

Ley N° 1257, 11
de julio de 1991

Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático,

Ley N° 1576 de
25 de julio de
1994

Su objetivo es abordar el cambio climático a nivel
global y promover la cooperación internacional para
mitigar sus efectos.

103

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

Protocolo de Kioto

Complementario al anterior establece compromisos
vinculantes para los países industrializados en la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Acuerdo de París

Es un marco global para la acción climática que busca
Ley N° 835, 19
limitar el aumento de la temperatura global a menos
de septiembre
de 2 °C, y promover la adaptación y la resiliencia ante
de 2016
el cambio climático.

Convención sobre
Diversidad Biológica

Busca conservar la diversidad biológica, promover
el uso sostenible de sus componentes y garantizar
la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de los recursos genéticos.

Ley N° 1580, 25
de julio de 1994

Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
(COP)

Tiene como objetivo proteger la salud humana y el
medio ambiente de los efectos nocivos de los COP.

Ley N° 2417, 25
de octubre de
2002

Acuerdo de Escazú

Involucra a la sociedad civil en la toma de decisiones
y garantiza el acceso a la información y a la justicia
en caso de violaciones ambientales.

Ley N° 1182,
03 de junio de
2019

Convenio de Nagoya
sobre Diversidad
Biológica

Sus objetivos son conservar la diversidad
biológica, garantizar la utilización sostenible de
sus componentes y promover la participación justa
y equitativa en los beneficios al utilizar recursos
genéticos.

Ley N° 811,
17 de junio de
2016

Ley N° 1988 de
22 de julio de
1999

Procedimiento para la celebración de Tratados Internacionales en Bolivia
En Bolivia, la ratificación de tratados y convenios internacionales tiene el
siguiente procedimiento establecido por la Ley de Celebración de Tratados y la
Constitución Política del Estado N.- 401.
Conforme su artículo 258, existen dos tipos de tratados: 1) Los Tratados
Formales son instrumentos jurídicos internacionales que requieren la ratificación
del Órgano Legislativo. 2) Por otro lado, los Tratados Abreviados están bajo la
competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo y, debido a su naturaleza, no necesita
ratificación legislativa, entrando en vigor con la firma.
El procedimiento para los tratados formales implica varias etapas, desde la
negociación hasta la adopción, autenticación del texto, firma y reserva por parte
del órgano ejecutivo y su ratificación. En contraste, los instrumentos internacionales
comprenden las etapas de negociación, adopción y autenticación del texto,
culminando con la firma definitiva. Su entrada en vigor depende de las cláusulas
acordadas en este instrumento, en términos de fecha y forma.
Normativas versus comportamientos: discordancia entre el ordenamiento
jurídico boliviano y la practicas medioambientales
La declaración del 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra
marca un momento trascendental en la conciencia global. El reconocimiento de la
importancia del cuidado del medio ambiente establecida por las Naciones Unidas

104

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

en 2009 y su inclusión en la agenda global fue influenciada por Bolivia, lo que
subraya su compromiso y contribución a la promoción de prácticas sostenibles
(Flores, 2020).
Desde el preámbulo de la CPE de 2009, demuestra una profunda conexión
por la biodiversidad que tenemos. La CPE reconoce y abraza la variedad de regiones
naturales en el país, como la Amazonía, el Chaco, el Altiplano, el Valle y el Llano.
Los distintos entornos naturales establecen vínculos con la cosmovisión andina. La
Pachamama, Madre Tierra, como entidad fundamental, proporciona un espacio de
coexistencia en armonía para seres humanos, flora y fauna (Pinto et al., 2018).
La metamorfosis socioambiental en las últimas décadas visibilizó la Ley
de la Madre Tierra (Ley 071) redactada en 10 artículos; considera un ecosistema
sujeto de derechos, crea la defensoría de la Madre Tierra y la renovación del
Tribunal Agrario a un Tribunal Agroambiental en la CPE, que permitió ampliar la
perspectiva medioambiental y se enmarca en el artículo 189 inciso II, que establece
las siguientes funciones:
Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales,
ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que
atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre
prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies
o animales.

Desde este punto, nace la ambivalencia de las acciones y medidas que
se establecen en la CPE; otorga competencias privativas del nivel central del
Estado (art. 298 I.): abarcan la política general sobre tierras, territorio, su titulación,
hidrocarburos, política general de biodiversidad de medio ambiente, política
económica y planificación nacional. Un aspecto para considerar es que el Art. 319
I de la CPE (2009) refiere que la:
industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”
y se remarca en el artículo 354, donde el Estado será quien “desarrollará y
promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, existe una discordancia en la protección de los recursos
naturales entre el presente y la proyección al futuro, pues queda la interrogante
de en qué medida se permite su explotación. Además, el Estado otorga derechos a
las compañías petroleras sobre nueve Áreas Protegidas de interés Nacional (APN),
ricas en biodiversidad, siendo protegidas por la CPE y la LMA. ¿Qué se puede
esperar de aquellas áreas que no tienen respaldo?
En este quinquenio, han surgido desastres ambientales que han dejado un
impacto negativo en todas las esferas de vida en nuestro territorio: en 2019, el mega
incendio de la Chiquitania, producido por autorización de la expansión agrícola y
permisos de “quemas controladas”, se llevó 5.3 millones de hectáreas del bosque

105

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

seco tropical Chiquitano y del Gran Chaco Americano, dejando así un panorama
desolador, que pudo prevenirse (Ibarnegaray, & Pinto, 2019).
De la quema a los causes del elemento fundamental el agua, Strosnider et
al. (2014) indican que existen cifras alarmantes de mercurio en los ríos en el norte
de Bolivia. El 2022, se ha dejado un aproximado de 259 kilogramos de este metal
utilizado para la extracción de oro ilegal, que afecta a la población y el ecosistema
de la región.
Bolivia se enfrenta a importantes desafíos en materia ambiental. Existe
contradicciones en la implementación de políticas públicas; por ello, es importante
avanzar hacia un enfoque coherente y sostenible. Se debe reconocer la importancia
de la biodiversidad de los recursos naturales que nos brinda la Pachamama,
mediante la conciencia colectiva en promoción de prácticas que armonicen el
desarrollo económico con la conservación ambiental (Obispo, 2017).
Discusión
El artículo 33 de la CPE establece que todos tenemos derecho a un medio
ambiente saludable, protegido y equilibrado. Este derecho no se limita únicamente
a los seres humanos, sino que también incluye a otros seres vivos que comparten
nuestro entorno; y exige adoptar una perspectiva ecosistémica, no antropocéntrica,
donde se considere el valor intrínseco de toda forma de vida en nuestra toma de
decisiones ambientales.
Por lo expuesto, Bolivia tiene responsabilidad internacional en la protección
del medio ambiente, puesto que ha ratificado diversos acuerdos y tratados
internacionales que tienen relevancia constitucional conforme al artículo 410. II.
CPE, para el cumplimiento de principios y valores enunciados. Debe garantizar el
bienestar de las futuras generaciones; para ello deberá reconocer los derechos de
la naturaleza como sujetos a derecho.
Por consiguiente, existe una relación estrecha entre el ser humano y el
medio ambiente, ya que este último proporciona estabilidad y protección a los
seres vivos, permitiendo así el cumplimiento de derechos humanos fundamentales,
como el derecho a un medio ambiente saludable, el desarrollo integral y el derecho
a un nivel de vida adecuado.
En consecuencia, surge el cuestionamiento sobre la base filosófica jurídica,
así como los principios y fines que promueve la Constitución en su aplicación a
casos concretos de protección de la naturaleza.
CONCLUSIONES
El reconocimiento de los derechos del medio ambiente y su protección
siempre estuvieron relacionados con el Régimen Económico del Estado Boliviano.
Se debe dar paso a la desmercantilización de la naturaleza, para llegar a asegurar
la calidad de la vida de los ecosistemas y su subsistencia.
106

“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Consecuentemente, los derechos de la naturaleza deben ser reconocidos
como derechos humanos, para configurar una justicia ecológica de todos los seres
vivos existentes en el planeta; esto ayudará a la protección del ecosistema y no
solo brindará protección al ser humano; lo que garantizará su disfrute a cabalidad
en un futuro.
Por consiguiente, la normativa boliviana vigente presenta contradicciones
y ambigüedades en la protección jurídica de la Madre Tierra y los derechos
de la naturaleza. La inexistencia de procedimientos claros genera conflictos de
competencias entre los niveles del Estado.
En consecuencia, determinar los avances o retrocesos de los derechos de
la naturaleza es una tarea compleja y multifacética. Los tratados internacionales
representan un avance significativo para el reconocimiento de la importancia de la
protección del entorno natural, la biodiversidad, la promoción de prácticas sostenibles,
así como la mitigación del cambio climático; lo cual por ahora es un reto.
Sin embargo, uno de los desafíos será ir en contra de los intereses económicos
que prevalecen sobre las preocupaciones ambientales, lo cual tiene como resultado
la explotación irresponsable de los recursos naturales y la degradación del medio
ambiente. Es fundamental reconocer que la protección de los derechos de la
naturaleza requiere de la acción de la comunidad internacional, priorizando la
sostenibilidad y el bienestar de nuestro planeta y sus habitantes.
Consecuentemente, surge la necesidad de incorporar principios que
fortalezcan el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como el principio de
reparación y restauración de la Madre Tierra por cualquier persona, sea individual
o colectiva, en respuesta al principio de responsabilidad histórica.
Por lo mencionado, el vivir bien debe convertirse en una verdadera directriz
para la consolidación de los derechos de la naturaleza como un sujeto de derecho;
para lograr su desarrollo integral en los ecosistemas, la legitimación procesal debe
ser amplia en defensa de intereses supraindividuales.
Finalmente, los derechos de la naturaleza deben representar una ruptura en
el paradigma tradicional de la relación humano-naturaleza, lo cual necesariamente
debe generar efectos positivos en la concientización del ser humano respecto al
tratamiento y la gestión de los ecosistemas —al no ser el único ser vivo con
derechos—, para convertirse en parte integrante. Su reconocimiento no solo
provocará una revolución jurídica, sino que representará una revolución de la
conciencia.
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Ley Marco de Medio Ambiente y Desarrollo Humano Sostenible N° 300, 15 de octubre de 2012
(Bolivia)http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20300%20
MARCO%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf
Ley Forestal N° 1700, 12 de julio de 1996 (Bolivia) https://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/
Serviciosambientales/Bolivia/Microsoft%20Word%20-%20LeyforestalBolivia.pdf
Ley de Gestión Integral de Residuos N° 755, 28 de octubre de 2015 (Bolivia) https://sea.gob.bo/
digesto/CompendioII/N/142_L_755.pdf
Reglamento General de Áreas Protegidas, DS Nº 24781, 31 de julio de 1997 (Bolivia) https://www.
lexivox.org/norms/BO-RE-DS24781.html

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GENERALIDADES
JURÍDICAS

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

ENTREVISTA A: PHD. DANIELA CÉLLERI
TEMA: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN Y
ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Danny Gilberto Cifuentes Ruiz
Universidad de Otavalo-Ecuador
Orcid: 0000-0003-4833-2728
dcifuentes@uotavalo.edu.ec
Pablo Ricardo Mendoza Escalante
Universidad de Otavalo-Ecuador
Orcid: 0000-0001-7014-7786
pmendoza@uotavalo.edu.ec

Daniela Célleri, es investigadora asociada en el Departamento de Sociología de la
Universidad Leibniz Hannover-Alemania, donde obtuvo su PhD. en Sociología y se
encuentra cursando su posdoctorado. Es Máster en Ciencias Sociales y Especialista
en estudios Interdisciplinarios de Género y Transformación Social. Licenciada en
Ciencias Sociales y Socióloga por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador.
Es directora del Departamento de relaciones internacionales del Distrito
Metropolitano del cantón Quito y profesora investigadora del Instituto de Altos
Estudios Nacionales-Ecuador. Cuenta con diversas publicaciones en las áreas de
investigación: migraciones internacionales, procesos de formación del Estadonación en América Latina, desigualdad social e interseccionalidad, etnicidad y
ciudadanía, discriminación y xenofobia. Actualmente investiga sobre la situación y
el aporte de inmigrantes en Ecuador.
Fue coordinadora del Proyecto de Investigación: “Situación laboral y aporte
económico de los inmigrantes en la actividad comercial en la ciudad de Quito”.
Investigadora y miembro del grupo de Investigaciones: Globalización y Migraciones
internacionales, Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-sede Ecuador). Coordinadora de la
Red de Investigaciones sobre América Latina. Etnicidad, Pertenencia y Ciudadanía.
Universidades de Hannover, Munster, Colonia, Bonn y Bielefeld, sede-Hannover.
Responsable de la línea sobre migraciones internacionales y ciudadanía.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta entrevista fue identificar la responsabilidad del Estado
en la protección y asistencia humanitaria en el contexto ecuatoriano. Para ello, se
diseñó un cuestionario que aborda criterios clave como la asistencia humanitaria,
la protección internacional, el género, la crisis climática y la interseccionalidad.
Estos aspectos son fundamentales para comprender cómo el Estado puede y debe
intervenir en situaciones de vulnerabilidad extrema, asegurando que sus políticas
sean inclusivas y efectivas en la práctica.
Daniela Célleri, Ph. D., quien participó en la entrevista, aportó valiosas
perspectivas basadas en su amplia experiencia académica y profesional en el ámbito
público tanto a nivel local como nacional. Con una trayectoria destacada, Célleri
proporcionó insumos profundos sobre los desafíos que enfrentan las autoridades
ecuatorianas en la implementación de medidas para la protección y asistencia a las
personas en situación de movilidad.
Su conocimiento sobre las dinámicas locales y su interacción con los marcos
nacionales e internacionales enriqueció considerablemente la discusión, destacando
la importancia de una coordinación eficiente y sensible a las múltiples dimensiones
de la vulnerabilidad humana. Además, subrayó la necesidad de adoptar enfoques
integrales que considerasen la diversidad de las experiencias de las personas
en movilidad, especialmente en el contexto de desigualdades de género, para
garantizar una protección efectiva y equitativa.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la protección internacional y asistencia
humanitaria a personas en movilidad humana?
Se deben considerar tres líneas. La primera implica la protección general
desde el derecho internacional, pero también es específica a esta población
que vive en interseccionalidades que se entrecruzan en una situación de triple
vulnerabilidad: el género, la situación de movilidad humana y el desplazamiento
forzado. De ahí que sea un reto mayor para los Estados, pues se deberá considerar
la visión progresista de la Constitución, que garantiza el respeto a los derechos
humanos, pero que, en la práctica, es complejo el abordarla debido a la actuación
de los gobiernos locales en tanto sus funciones se solapan con las del gobierno
nacional.
Por ejemplo, las personas en situación de movilidad que viven asentamiento
en zonas de riesgo como una quebrada, y —tal como lo señala la Constitución
del Ecuador— es un grupo prioritario que posee iguales derechos y obligaciones:
en este caso existe una competencia nacional pero también interviene el nivel
local por parte de la Secretaría de Ambiente de un municipio. Si al caso descrito
sumamos la posibilidad de que estas personas tienen familia e hijos, en muchos
casos la respuesta local o estatal es desalojar del área: es allí cuando la línea de
protección se convierte en una línea de interseccionalidad con perspectiva de
género, etnia, clase social y diversidad sexual, que amerita el trabajo coordinado de
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

los niveles central y local descentralizado. Resulta importante observar cómo este
ejemplo permite divisar las contradicciones en las competencias entre los distintos
niveles de gobierno, de forma que exista un trabajo coordinado y con políticas
específicas por parte de los grados de gobierno (estatalidad).
En este orden de ideas, surge la pregunta «¿Quién es responsable por
la protección de las personas en situación de desalojo?». Obviamente existe la
responsabilidad del gobierno central; sin embargo, la descentralización faculta a que
los gobiernos locales atiendan directamente a esta población por su proximidad.
Este aspecto supone que, en la teoría, esta responsabilidad está cubierta, pero en
la práctica se desvanece tal obligación del Estado aduciendo que no existen los
recursos.
Por otra parte, debido a que personas en situación de movilidad humana
pueden encontrarse o no regularizadas, la necesidad de protección es urgente, ya
que los procesos de regularización de los últimos cinco años no han sido efectivos,
debido a la falta de gestión y presupuesto en políticas públicas vinculadas a la
movilidad humana. Principalmente, porque no se comprende la necesidad de
impulsar la inclusión social, debido a que en una ciudad es necesaria la regularización
de una persona no nacional para que sea considerada ciudadana.
En comparación con Colombia, donde sí se han masificado dichos procesos
de regularización debido a que se entendió que la población que está viniendo a
Colombia aporta a la sociedad. En Ecuador, todavía dicho fenómeno no se entiende.
Sí han existido esfuerzos mediante varios procesos, pero no se siente ese empuje,
lo que implica no solo la responsabilidad del Estado sino de la responsabilidad
social. Desde esta visión se plantean las líneas del conflicto.
Desde la esfera del derecho internacional, esta población que se encuentra
en situación de vulnerabilidad por su condición irregular requiere la protección
internacional, mediante el refugio, pero su situación de irregularidad produce la
pérdida de derechos. Ello deja al descubierto las contradicciones alrededor de los
niveles o grados de estatalidad. De ahí que los grados de estatalidad y los distintos
niveles de gobierno se entrecrucen (nacional y local, nacional e internacional,
transnacional y nacional) en cuanto a su competencia. Un ejemplo de ello se
muestra cuando, al realizar una convocatoria a la embajada venezolana, para
brindarle una opción a este grupo de personas a través de un plan de retorno
voluntario, se presenta un conflicto debido a que se encuentran afectados los
derechos de niños, niñas y personas con discapacidades.
¿Qué consideración debería plantearse si se suma, a los flujos de movilidad
humana, la feminización migratoria y la crisis climática?
Cabe mencionar que la invisibilización de las mujeres dentro de los procesos
migratorios data desde aproximadamente 200 años, y, en el año 2000, recientemente
se introdujo la discusión de la feminización de la migración. Aun así, no se discute
únicamente la decisión de las mujeres sobre el deseo de migrar y su autonomía:
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

somos agentes de cambio; no víctimas. Son decisiones familiares, como lo señala
la teoría de las nuevas economías de las migraciones. En este contexto, las familias
deciden que las hijas mayores salgan para conseguir un ingreso económico; se
decide que uno de sus miembros migre como estrategia familiar. En muchos casos,
viven desplazamiento forzado; en otros casos, violencia intrafamiliar, en búsqueda
de autonomía, pero cuando emigran en el lugar de destino asumen roles de servicio
de cuidado del hogar debido a los mercados segmentados de trabajo, lo cual
influye en la autopercepción y la percepción social que las limita. Esta situación
es frustrante para las mujeres que salen en búsqueda de autonomía y terminan en
situaciones no deseadas ni pensadas, que se originan desde la desigualdad.
En cuanto a las migraciones por el cambio climático, la definición no se
acaba de definir; por lo cual no se comprenden sus implicaciones en cuanto a
las condiciones internas de desplazamiento forzado. No deberíamos ubicar una
nueva categoría y solo pensarlo como un factor que apenas está generando unas
primeras discusiones sobre esta materia que resulta ser válida, aunque ni siquiera
hemos comprendido la categoría de personas refugiadas y menos categorías más
complejas. Por ello, considero que se deben abordar temas más latentes como la
xenofobia al fenómeno migratorio que ha vivido Venezuela; se encuentran aún
discursos de rechazo y odio. De ahí que se requiera sensibilizar a la población y
contrarrestar a los discursos políticos de discriminación.
¿Cuál es la importancia de la coordinación y diálogo en cuanto a la competencia
de personas en situación de movilidad humana?
Tradicionalmente en el Estado ecuatoriano la cooperación internacional
está presente. Considero que los estándares internacionales obligan al trabajo en
conjunto. Depende en gran medida de la cooperación internacional lo que genera
ventajas y desventajas. Ello supone replantear las prioridades de los gobiernos
vinculadas a la competencia entre el nivel central que resuelve los problemas
desde un ámbito abstracto mientras que los gobiernos locales lo manejan desde
la cotidianidad y proximidad con personas o grupos que necesitan soluciones
inmediatas, decisiones urgentes.
La negociación con el Estado —junto con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, que posee una experiencia reciente en cuanto
a política de inclusión social de personas inmigrantes en el Ecuador— tiene un
enfoque que se ha basado mayoritariamente en la protección transnacional de
los emigrantes ecuatorianos. En este contexto, los gobiernos locales sí tienen
experiencia en inclusión, al igual que en materia ambiental. Son dos visiones
distintas entre los grados de gobierno, con distintos tiempos y otras prioridades.
Finalmente, ¿cuáles son los retos de la política pública en materia de movilidad
humana a nivel nacional y local?
Con estas consideraciones, es necesario, primero, un diálogo intercultural
entre los actores y niveles de gobierno, al igual que entre las ciudades, donde se
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

intercambien experiencias y prácticas efectivas de integración. Por ejemplo, ampliar
el diálogo a las diferencias interétnicas que se vive en Otavalo; pero en Quito esa
discusión no existe, aunque reside población inmigrante de otras ciudades del país;
por lo cual las ciudades deben aprender de sí mismas.

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POLÍTICAS DE
PUBLICACIÓN

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

1. ENFOQUE Y ALCANCE
Justicia(s) es una revista científica semestral arbitrada, adscrita a la carrera de
derecho de la Universidad de Otavalo, cuyo fin es la difusión del conocimiento
y el fomento de la producción científica en temáticas relacionadas con la ciencia
jurídica. La publicación, en formato digital, tiene como norte generar un debate
nacional e internacional dentro del actual Estado constitucional de derechos y
justicia social, pluralista, intercultural y diverso, abarcando áreas del campo general
del derecho y ciencias afines, tales como: constitucional, civil, penal, ambiental,
mercantil, administrativo, laboral, internacional público y privado, procesal, justicia
indígena, pluralismo jurídico, derechos humanos, psicología jurídica, historia del
derecho y antropología jurídica, entre otros.
La revista Justicia(s) recibe publicaciones inéditas y está dirigida a estudiantes,
investigadores y profesores. El rango de áreas está definido por el Comité Editorial
en la revisión específica para cada número con un monográfico temático, sin
embargo, la convocatoria permanente se encuentra abierta a la recepción de
manuscritos sin fecha límite. Pueden ser artículos de investigación que contengan
resultados parciales o finales, análisis jurisprudenciales, ensayos, entrevista a
expertos y reseñas de libros. Los mismos deben ser inéditos y no haber sido
propuestos simultáneamente a otras revistas. Serán sometidos al arbitraje, bajo el
sistema doble ciego. Contendrán un máximo de cuatro (4) autores. Los costos de
la edición de los manuscritos son asumidos íntegramente por la Universidad de
Otavalo, los/as autores/as no tendrán ningún cargo asociados a su envío o a su
publicación.
La Universidad de Otavalo no se hace responsable del contenido y opiniones
expresadas por los autores. En todo caso, el comité editorial de la revista coordina y
supervisa los procesos de revisión y arbitraje y realiza los procedimientos normales
de identificación de copia no autorizada o plagio. Cualquier situación vinculada en
este aspecto, no detectada previamente, es responsabilidad única y exclusiva del o
los autores del artículo. En caso de algún reporte o reclamo debe hacerse ante el
Comité Editorial en la persona del Editor de la Revista y previa consideración del
caso por parte del Comité Editorial el articulo podrá ser retirado de la revista.
2. POLÍTICA DE REVISIÓN POR PARES
Los artículos receptados una vez que pasen la fase preliminar de pre evaluación
editorial son sometidos en su integridad a la revisión por el método de doble ciego.
Los árbitros se seleccionan teniendo en cuenta su experiencia en el área de estudio.
Los revisores son externos a la Universidad de Otavalo, se garantiza la evaluación
anónima de los autores y los expertos revisores. En caso de discrepancia en las
evaluaciones de los revisores se tomará en cuenta aquella que se considere más
adecuada al aporte científico del manuscrito y en todo caso se consulta la opinión
de un tercer evaluador.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

3. POLÍTICA DE SECCIONES
La revista Justicia(s) consta de tres secciones:
Monográfico: esta sección está compuesta por colaboraciones originales
articuladas en función de una temática específica dentro de un campo del derecho.
Los ejes temáticos de cada monográfico son definidos por el equipo editorial de la
revista y posteriormente difundidos mediante convocatoria abierta.
Artículos de Investigación: esta sección está orientada a mostrar resultados
parciales o finales de proyectos de investigación en temáticas jurídicas que evidencien
un aporte al desarrollo de la literatura especializado o a una transformación
positiva de la sociedad. Este apartado se encuentra permanentemente abierta para
la recepción de manuscritos.
Generalidades Jurídicas: esta sección integra aportes al conocimiento de la
ciencia jurídica estructurados a partir de opiniones, reflexiones, ensayos y reseñas
que no necesariamente se desprenden de resultados de investigación, pero
mantienen rigurosidad académica. Este apartado se encuentra permanentemente
abierta para la recepción de manuscritos.
4. FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
La revista Justicia(s) tiene una periodicidad de publicación semestral.
5. POLÍTICAS DE ÉTICA
La Revista Justicia(s) en sus publicaciones se rige por principios éticos
dirigidos a prevenir las malas prácticas en sus trabajos, relativas a plagio, citación,
falsificación de datos, negativa en la identificación de fuentes, remisión total o
parcial de artículos ya publicados, así como conflictos de intereses en la revisión
por parte del editor/a o algún integrante del comité editorial, por lo que, se suscribe
un compromiso por parte del autor/es y se asume desde la misma operatividad
interna de la revista la negativa a incumplir estos mandatos.
Con base en esto, cualesquiera de las situaciones indicadas o alguna otra
que afecte el desenvolvimiento ético de la publicación deberá ser comunicado al
editor/a de la Revista Justicia(s) al momento del envío. Ahora bien, para el caso de
la verificación del plagio la Revista Justicia(s) emplea herramientas de verificación
de similitud como Ouriginal y Turnitin, por lo que, al enviar el manuscrito el autor/
es acepta totalmente el examen del mismo con el fin de evitar estas acciones y
fortalecer la integridad académica.
La ética de las publicaciones científicas aquí promovidas se convierte en un
deber que se asume en todo el proceso editorial y por supuesto se internaliza por
los autores/as, árbitros, comité editorial, comité científico y cualquier otro miembro
operativo de la Revista Justicia(s). En tal sentido, se podrá dar cumplimiento al
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

siguiente procedimiento para realizar cualquier denuncia y se puedan aplicar las
sanciones correspondientes.
6. POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido por lo que permite
la reproducción total o parcial de estos y su consulta, distribución y exhibición
siempre que se cite la fuente originaria, de acuerdo con la licencia creative
commons 4.0. Con base en esta premisa se ofrece al público en general, libertad
para acceder a las investigaciones en la búsqueda de lograr un intercambio global
del conocimiento.

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