Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 2, período julio-diciembre 2024

ENTREVISTA A: MSC. JOSÉ LUIS VACACELA JARAMILLO
LA IMPUTABILIDAD COMO PRESUPUESTO INDISPENSABLE DE
LA CULPABILIDAD: TRASTORNO MENTAL COMPROBADO EN EL
ÁMBITO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO

Leslie Santillán Montenegro
Universidad de Otavalo
lsantillan@uotavalo.edu.ec
ORCID 0009-0008-4227-6271

José Luis Vacacela Jaramillo, es abogado por la Universidad Nacional de
Chimborazo, especialista en Derecho penal por la Universidad Andina Simón
Bolívar; especialista en Garantías Jurisdiccionales por el IAEN, magister en Teoría
Jurídica y Filosofía del Derecho por la Universidad Externado de Colombia, misma
que le proporcionan un marco teórico para analizar los aspectos jurídicos, filosóficos
y conceptuales del derecho.
La combinación de su formación académica multidisciplinaria y su experiencia
profesional como defensor público lo posicionan como un profesional capaz de
comprender los matices legales y filosóficos que intervienen en la determinación
de la inimputabilidad. Su capacidad para integrar perspectivas jurídicas, teóricas
y garantistas resulta fundamental para abordar casos complejos donde se debe
evaluar la responsabilidad penal de personas con trastornos mentales, equilibrando
los principios de justicia, derechos humanos y protección social.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta entrevista fue analizar los fundamentos jurídicos y procesales
que sustentan la inimputabilidad en casos de trastorno mental comprobado en
el marco del proceso penal ecuatoriano. Para ello, se diseñó un cuestionario
que aborda criterios técnico-jurídicos sobre la intersección entre la norma penal
y la materialidad de esta, con especial énfasis en la comprensión integral de la
inimputabilidad.
Fecha de recepción: 22 de noviembre de 2024
Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2024

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Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2024

Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.
DOI: 10.47463/rj.v3i2,141 ISSN: 2953-6758

“Derecho a la ciudad, seguridad y territorio”

En este contexto, se toma como referencia el proceso iniciado por el delito
de desaparición involuntaria (conocido mediáticamente como el “mutilador de
Ibarra”), este tipo contemplado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo
163.1, sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años a quien
(sujeto activo), en contra de la voluntad de una o más personas, las prive de su
libertad, las retenga, traslade a un lugar distinto, o las haga desaparecer, negándose
además a proporcionar información sobre su paradero o destino.
Este caso generó un amplio debate jurídico y social en la ciudad de Ibarra,
Ecuador, donde el procesado fue declarado inimputable tras demostrarse que
padecía un trastorno mental, lo que dio lugar a decisiones judiciales que causaron
múltiples interpretaciones en torno a la responsabilidad penal y las garantías
procesales.
José Luis Vacacela, defensor técnico del procesado, comparte en esta
entrevista sus perspectivas jurídicas, basadas en una trayectoria especializada
en derecho penal y experiencia en casos de alta complejidad, sus aportaciones
destacan los desafíos procesales para demostrar la inimputabilidad en el sistema
penal ecuatoriano, así como la importancia de integrar argumentos técnicos que
trasciendan la descripción médica del trastorno mental. La entrevista destaca la
importancia de una comprensión integral del caso, que considere no solo los
aspectos médicos, sino también la complejidad jurídica de la responsabilidad penal
en contextos de trastorno mental comprobado.
Considerando la complejidad de la causa, ¿cómo logró la defensa técnica
del procesado construir una teoría del caso que trascienda la descripción médica
del trastorno mental y se convierta en un argumento sólido de inimputabilidad?
Para abordar este punto, José Luis Vacacela recalca el conocimiento general
de varios elementos en la teoría del caso. En primer lugar, mencionó la importancia
de comprender la relación entre el tipo de trastorno mental del procesado y la
exigencia normativa necesaria para demostrar la ausencia de conciencia de la
antijuridicidad del acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Código
Orgánico Integral Penal. Además, señaló que dominar la argumentación jurídica
fue fundamental, ya que permitió construir argumentos sólidos que cumplieran
con la garantía de motivación en el derecho al debido proceso, garantizado en el
artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador (2008).
¿Cómo se debe interpretar los límites hermenéuticos entre la capacidad de
comprensión y la voluntad en un trastorno mental como la esquizofrenia psicótica,
considerando que el Código Orgánico Integral Penal exige demostrar una afectación
total de las facultades mentales?
José Luis Vacacela explica que la interpretación de estos límites debe partir
de los supuestos normativos establecidos en el artículo 36 del COIP, que regula la
causa de inculpabilidad por trastorno mental. Indicó que en el proceso se requiere
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establecer una relación coherente entre los hechos, el trastorno mental y la norma
penal, en este sentido, la interpretación debe ser rigurosa y garantizar su debida
aplicación, ya que, la norma penal es clara al indicar que, la persona que no tiene
la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta no puede imponérsele una
pena, sino una medida de seguridad.
Desde una visión garantista, ¿Cómo enfrentó el desafío de equilibrar
el principio de responsabilidad social con el derecho a la salud mental del
procesado, considerando el impacto social de este caso?
José Luis Vacacela señala que este caso evidenció un aparente conflicto entre
el principio de responsabilidad social y el derecho a la salud mental del procesado,
sobre todo por la especulación de la conmoción social. Este contexto generó un
sentimiento colectivo más orientado hacia la venganza que hacia la justicia, en este
escenario, cualquier acción en favor del procesado se percibía de forma negativa y
estigmatizada, complicando aún más el equilibrio entre el resultado deseado por la
sociedad y el debido cumplimiento de la norma.
Sin embargo, destaca la necesidad de que las autoridades respeten los
derechos de todas las partes procesales, en especial aquellos de las personas con
trastornos mentales, quienes no pueden ser tratadas bajo los mismos parámetros
de responsabilidad penal que las personas sin esta condición, resaltó que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido a este grupo
como personas con doble vulnerabilidad, lo que refuerza la exigencia de aplicar
garantías procesales estrictas.
Profundizando, ¿cómo este caso desafía los paradigmas tradicionales
de responsabilidad penal, y ha precisado en repensar los fundamentos
filosófico-jurídicos de la imputabilidad cuando el trastorno mental genera una
desintegración total de la estructura volitiva del sujeto?
El Dr. Vacacela subraya que este caso cuestiona profundamente los paradigmas
tradicionales de responsabilidad penal, ya que, la comunidad jurídica, en términos
generales, no ve más allá de la norma. Indicó que, en casos como este, no es
posible tomar decisiones basadas en certezas absolutas, ya que la metodología
utilizada para analizar las fuentes epistémicas relacionadas con los trastornos
mentales requiere un enfoque minucioso y flexible.
Además, enfatiza que los fundamentos filosófico-jurídicos de la imputabilidad
deben incluir un entendimiento más profundo de la salud mental, reconociendo
que los trastornos como la esquizofrenia psicótica generan una desintegración total
de la estructura volitiva y cognitiva del sujeto, este desafío, según el Dr. Vacacela,
obliga a la comunidad jurídica a repensar su aproximación a la responsabilidad
penal, adoptando una visión que trascienda los límites del derecho tradicional y
reconozca la dimensión humana de los casos de inimputabilidad.
Finalmente, ¿cuáles estrategias considera necesarias para manejar el
descontento social en casos de inimputabilidad, especialmente cuando hay una
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percepción de impunidad?
José Luis aclara que no es su facultad diseñar estrategias para manejar el
descontento social, pero destacó la importancia de defender los principios del
derecho penal moderno, como el principio de culpabilidad, argumentó que
imponer penas a personas inimputables viola este principio, y que cualquier intento
de responsabilizar penalmente a individuos sin capacidad de reprochabilidad
constituye una injusticia que debe evitarse.
El análisis de esta entrevista pone de relieve las tensiones entre los paradigmas
tradicionales del derecho penal y un enfoque garantista del mismo, el cual reconoce
la inimputabilidad como causa eximente de responsabilidad penal, conforme a los
artículos 34 y 36 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que, este principio no
puede limitarse a un diagnóstico médico aislado, sino que exige una articulación
rigurosa entre el análisis técnico-jurídico y la construcción teórica del caso, que
demuestre la afectación integral de las facultades cognitivas y volitivas del procesado.
El caso analizado ilustra la importancia de garantizar el debido proceso y la
motivación judicial, tal como lo establece el artículo 76 de la Constitución de la
República del Ecuador. Además, invita a repensar la responsabilidad penal desde
un enfoque interdisciplinario, que integre derechos humanos, el principio de
culpabilidad y la protección de personas en situación de doble vulnerabilidad,
este reto es esencial para construir un sistema de justicia penal coherente con
los estándares internacionales y los avances del garantismo penal, promoviendo
decisiones basadas en la justicia y la dignidad humana, incluso frente a la presión
social por respuestas punitivas inmediatas.

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