“Derecho a la ciudad, seguridad y territorio”

ENTREVISTA A: PHD. PABLO SLAVIN
EL DERECHO A LA CIUDAD. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.

Daniel Páez Terreros
Investigador independiente
pacodanielpate@gmail.com
ORCID: 0009-0005-3139-0851

Pablo Slavin, es abogado, Magíster en Ciencia y Filosofía Política, Doctor en
Derecho con mención en Ciencias Políticas, Profesor titular de derecho político, con
dedicación exclusiva, y del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Mar del Plata-Argentina. Director del Instituto de Investigaciones Dr. Luis
Slavin de la Facultad de Derecho (UNMDP). Director del Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos “Dra. Alicia Moreau” (Facultad de Derecho/CIC),
director del Área de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho, y ha
dictado Docencia en Postgrado a nivel nacional e internacional.
Director del Grupo de Investigación “Pensamiento Crítico” (UNMDP),
designado responsable Iberoamericano por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) para la ejecución del Proyecto de creación del “Centro de
Investigación y Docencia en Derechos Humanos” (CIDDH) dentro del Instituto de
Investigaciones Santiago Nino de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, D/9905/07. Chairman de la International Rosa Luxemburg Society
(desde agosto de 2016 hasta el presente).
Fundador y director de la Universidad Popular de los Trabajadores y
Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica (UPT), primera Universidad Popular
reconocida por la UNMDP (2019). Ha sido director del Proyecto de Extensión
Clínica Jurídica en Derecho al Hábitat y la Calidad Ambiental, y actualmente es
Director del Proyecto de Investigación titulado El Derecho Humano a la Ciudad:
Otra forma de construir justicia espacial. Director de la Diplomatura en Gestión y
Fecha de recepción: 27 de noviembre de 2024
Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2024

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2024

Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.
ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v3i2,140

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Dirección de organizaciones sindicales y sociales (UPT). Co-Director del Seminario
Permanente de Investigación/Acción en Derecho a la Ciudad, que se brinda en
forma ininterrumpida desde agosto de 2020. Director desde el año 2018 de las
Jornadas de Investigadores y Becarios en Ciencias Jurídicas y Sociales, organizadas
por la Facultad de Derecho (UNMDP), evaluador de Proyectos de Investigación
a nivel nacional, director de tesis de especialización, maestría y doctorado, así
como de becarios/as de grado y postgrado. Autor de numerosos libros y artículos
científicos a nivel nacional e internacional.
INTRODUCCIÓN
La entrevista a Pablo Slavin PhD, reflexiona sobre los desafíos del derecho a la
ciudad en el contexto actual, con fundamento en las desigualdades interseccionales,
los efectos del neoliberalismo, el impacto de las tecnologías digitales y el
protagonismo de los movimientos sociales en la construcción de ciudades más
justas y democráticas.
El propósito de esta entrevista es explorar, desde la visión de Pablo
Slavin PhD., cómo el derecho a la ciudad puede responder a las problemáticas
multidimensionales que enfrentan las ciudades contemporáneas. Se busca analizar
la integración de las interseccionalidades de género, raza, clase y otras identidades
en este marco, examinar los efectos del modelo neoliberal en la vida urbana y
proponer estrategias para avanzar hacia un modelo de ciudad equitativo.
Además, se aborda el papel de las tecnologías digitales en el fortalecimiento
de este derecho, junto con sus beneficios y riesgos para la democracia y la
participación ciudadana. Por último, se indaga en el rol de los movimientos sociales
y los habitantes como actores fundamentales en la defensa del patrimonio urbano y
en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades. Este diálogo busca aportar
una mirada integral y transformadora al debate sobre el derecho a la ciudad como
un derecho humano esencial.
¿Quiénes construyen el derecho a la ciudad?
El PhD. Pablo Slavin señala que el derecho a la ciudad, considerado como un
derecho humano emergente, integra una serie de derechos esenciales consagrados
en nuestras Constituciones: el derecho a la vivienda digna, al trabajo, a la cultura, a
la salud y a un medio ambiente sano, entre muchos otros. Este concepto, lejos de
ser un enfoque aislado, reúne estas garantías en un marco integral, reconociendo la
ciudad como un espacio de lucha y transformación social. Con el desarrollo de las
fuerzas productivas, el escenario de las disputas de clase ha trascendido las fábricas
para trasladarse a la ciudad en su totalidad, un espacio donde se concentran las
problemáticas y esperanzas de la vida cotidiana.
¿Cómo considera que se puede integrar de manera más efectiva las
interseccionalidades: género, sexo, raza, clase social y otras identidades, ¿en el
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análisis y la práctica del derecho a la ciudad?
Si bien el derecho a la ciudad se conceptualiza desde una perspectiva
espacial, lo central aquí es reflexionar sobre ¿cómo se produce ese espacio? y, sobre
todo, ¿quién lo produce? En este modelo capitalista, particularmente en su fase
neoliberal, vemos que quienes construyen la ciudad son los sectores dominantes,
especialmente los vinculados al negocio financiero y al inmobiliario. Históricamente,
la producción de la ciudad siempre estuvo en manos de los sectores dominantes
que se apropiaban del excedente de producción, pero hoy, en esta etapa, esos
sectores financieros utilizan la ciudad como un espacio de negocio. La ciudad deja
de ser un lugar para usar y disfrutar, para transformarse en un espacio donde se
invierte y se extrae capital.
Ahora bien, cuando hablamos de género, discriminación, transporte, trabajo
o cualquier problemática urbana, no podemos tratarlas como temas aislados.
Necesitamos una mirada holística, integral, que nos permita entender que estos
temas están interrelacionados. Por ejemplo, solucionar un problema de transporte
implica pensar en discriminación espacial: ¿cómo llego a mi trabajo?, ¿en dónde
están los centros de salud o educativos? A partir de esto, las cuestiones en materia
de educación, salud, vivienda, medioambiente, adquieren una relevancia que debe
ser abordada de manera conjunta. En definitiva, debemos centrarnos en responder
¿cómo se produce ese espacio urbano? y, lo más importante, en ¿quién lo produce?,
porque sólo reconociendo estas dinámicas podremos avanzar hacia soluciones que
verdaderamente transformen nuestras ciudades en espacios inclusivos y más justos.
¿Cuáles son los efectos del modelo neoliberal en relación con el derecho
a la ciudad?
El derecho a la ciudad tiene, en sí mismo, una contradicción fundamental
con el sistema capitalista, porque este último pone en el centro el derecho de
propiedad y la lógica de ‘acumular por acumular’. Por el contrario, el derecho a la
ciudad parte de una noción completamente diferente: el uso y el goce del espacio
por toda la población. Con la llegada del modelo neoliberal, esta contradicción se
exacerbó, ya que el neoliberalismo transforma a la ciudad entera en una esfera de
negocios. Esto implica la privatización de espacios que antes estaban destinados al
uso público.
En la práctica, vemos cómo la educación y la salud se privatizan, y espacios
que antes eran accesibles para todos, como las playas o los parques públicos,
pasan a manos privadas o se cercan para impedir el acceso de las clases populares.
Este proceso genera una expulsión de la ciudadanía de los espacios que debería
poder disfrutar. En mi ciudad, por ejemplo, se construyen edificios de súper lujo,
mientras las personas que trabajan en ellos tienen que vivir lejos de la ciudad
porque los alquileres son cada vez más caros e inaccesibles.
Esto nos lleva a un fenómeno de fragmentación que observamos en todo el
mundo, pero que es particularmente evidente en nuestra región. Tenemos, por
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un lado, villas miseria, chabolas o favelas como espacios muy degradados; y, por
otro lado, barrios privados o edificios de lujo, que conviven en un mismo entorno
urbano. Esta fragmentación viene acompañada de un aumento de las desigualdades
y de la destrucción del patrimonio, ya que muchas veces se derriban viviendas o
espacios de alto valor histórico y cultural para construir torres de edificios. Todo
esto no sólo degrada el espacio urbano, sino que también destruye el sentido del
derecho a la ciudad, volviendo ajenas a las personas de los espacios donde viven.
El modelo neoliberal, en esencia, despoja a la ciudadanía del uso pleno de la
ciudad, transformándola en un producto que responde únicamente a los intereses
del mercado.
¿Cuáles son las estrategias que pueden adoptarse para promover un modelo
de ciudad más justo y equitativo?
La situación es muy compleja, no existe una única vía para construir el derecho
a la ciudad, sino que es un proceso largo que, probablemente, no se plasme
completamente en el marco del modo de producción capitalista. Sin embargo, se
puede avanzar mediante reformas que sienten las bases para un uso más inclusivo
de la ciudad. Como referencia está la idea de Rosa Luxemburgo sobre la interrelación
dialéctica entre reforma y revolución: aunque una transformación real sólo llegará
con un cambio revolucionario, estructural del sistema, la aplicación de reformas
son pasos significativos en esa dirección.
Un ejemplo, es el litigio estratégico en derechos humanos, que puede lograrse
a través de reclamos judiciales o administrativos enfocados en mejoras específicas
como el transporte, la urbanización inclusiva de barrios populares, la apertura
de calles o la creación de espacios públicos. Sin embargo, estas acciones legales
necesitan estar acompañadas por la presión social. Los movimientos sociales son
fundamentales en este proceso, ya que pueden visibilizar las demandas en los
medios de comunicación y generar presión sobre las autoridades del Estado. Es
esencial que estas luchas no queden aisladas, sino que se articulen con otros
sectores que también tienen intereses en la ciudad.
Por ejemplo, los reclamos por el derecho a la educación deben ir de la mano
con los reclamos sindicales, las luchas por la igualdad de género o las demandas
medioambientales. Esa unión de intereses, una ‘hibridación de los reclamos’, es
clave para construir estrategias colectivas más efectivas. En este sentido, el derecho
a la ciudad puede ser el faro común que guíe estas acciones integrales hacia un
modelo urbano más justo y equitativo. Hoy, por ejemplo, el tema socio ecológico
es crucial, y la herramienta del derecho a la ciudad es fundamental para abordarlo.
¿Cómo pueden las tecnologías digitales contribuir a fortalecer el derecho
a la ciudad “inteligente”?
Las ciudades inteligentes o smart cities, son vistas por muchos como una
herramienta positiva para la construcción del derecho a la ciudad, ya que permiten
una comunicación inmediata y la interconexión de diversos servicios urbanos. Con
una ciudad completamente conectada, se puede avanzar en el ejercicio de una
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democracia participativa, donde la gente podría intervenir y resolver diferentes
problemas. Por ejemplo, en el caso de un problema de salud, los servicios de
emergencia estarían inmediatamente informados y podrían actuar de forma
coordinada. En este sentido, las tecnologías digitales pueden fortalecer la gestión
de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, también se deben tener en cuenta los riesgos asociados con
estas tecnologías. La cara negativa de las smart cities se vincula a interrogantes
sobre ¿quién diseña y controla estas tecnologías? Actualmente, las grandes empresas
que lideran el diseño, promoción y venta de estas tecnologías se encuentran en
países como Estados Unidos y China, las cuales generan un negocio basado en el
control y direccionamiento de nuestras necesidades y deseos, y el peligro radica
en que, si no podemos romper este círculo y diseñar tecnologías que realmente
respondan a las verdaderas necesidades públicas, las brechas sociales y económicas
se profundizarán.
Hoy en día, muchas personas no tienen acceso a estas tecnologías digitales,
lo que genera una exclusión cada vez mayor. Además, la tecnología facilita la
manipulación de la población, como se observa en la propagación de noticias
falsas a través de plataformas digitales. En este contexto, las universidades tienen
un papel fundamental. Son las instituciones que deben intervenir en el diseño de
estas tecnologías, asegurándose de que tengan un uso realmente público y que no
profundicen las desigualdades existentes. Si no se logra este cambio en el modelo
de diseño tecnológico, se corre el riesgo de que las smart cities, en lugar de mejorar
la calidad de vida, acentúen la exclusión, el control y la manipulación social.
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de la digitalización para la democracia
y la participación ciudadana equitativa?
La digitalización presenta tanto beneficios como riesgos para la democracia y
la participación ciudadana equitativa. Desde una perspectiva positiva, la tecnología
permite realizar consultas vinculantes con la población, como referéndums sobre
temas cruciales, como la ubicación de hospitales, escuelas públicas o la instalación
de servicios urbanos. Estas consultas podrían ser rápidas y económicas, eliminando
las barreras tradicionales de tiempo y costo que a menudo se citan como excusas
para no involucrar a la ciudadanía. Además, la participación se vuelve más accesible,
ya que la respuesta de la población podría ser inmediata y a gran escala.
Sin embargo, este avance no está exento de riesgos. Para poder participar
de manera informada, las personas deben tener acceso a la información veraz,
pero la cuestión es responder ¿quién controla esa información? si los datos que
se ofrecen no son ciertos o están manipulados por sectores dominantes, se corre
el riesgo de crear una falsa ilusión de participación. La información podría ser
dirigida de manera estratégica para moldear la opinión pública, enviando contenido
que refuerce los deseos e intereses de ciertos grupos. Esta manipulación de la
información terminará reduciendo la verdadera capacidad de los ciudadanos para
participar de manera libre y justa, distorsionando así el propósito de la democracia
y la participación equitativa.
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¿Cuál es el rol de los movimientos sociales en la construcción de ciudades
más justas y democráticas?
El rol de los movimientos sociales en la construcción de ciudades más justas
y democráticas es fundamental. Los movimientos sociales no deben ser vistos de
manera aislada, sino como parte de una totalidad que abarca diversas esferas de la
sociedad, como el movimiento sindical, los movimientos barriales y la participación de
los sectores universitarios, especialmente las universidades públicas. En países como
Argentina, la universidad pública sigue jugando un papel clave en la formación de
pensamiento crítico y en la construcción de alternativas para una sociedad más justa.
Sin embargo, este espacio de reflexión está siendo amenazado, ya que
existe una presión para debilitar la educación pública, que es un lugar de debate
fundamental. La universidad no sólo forma pensamiento crítico, sino que también
produce tecnología y conocimiento que debe volcarse en beneficio de la sociedad.
Las grandes empresas suelen captar a los egresados de la universidad para el sector
privado, pero es en la comunicación pública y la producción de conocimiento
donde se encuentra el verdadero potencial para transformar la sociedad.
Por otro lado, los movimientos sociales representan a los sectores más
desprotegidos y vulnerables, aquellos que deben tener la voz para decidir cómo
quieren vivir en la ciudad. La verdadera libertad y equidad residen en darles a estos
sectores la capacidad de participar activamente en la construcción de las ciudades,
eligiendo el tipo de mundo en el que desean vivir. En este sentido, el derecho a la
ciudad debe ser considerado como un punto de partida, pero siempre vinculado
a una visión integral de transformación, donde lo local se conecta con lo global
(glocal).
¿Qué papel juegan los habitantes en la toma de decisiones sobre el futuro
de su patrimonio urbanístico?
Todos los habitantes deberían jugar un papel central en la toma de decisiones
sobre el futuro de su patrimonio material e inmaterial, pero la realidad actual
es que ese papel es prácticamente inexistente. En muchos casos, las decisiones
sobre el destino del patrimonio son tomadas por un grupo reducido ligado a los
sectores financieros e inmobiliarios. Por ejemplo, en Mar del Plata (Argentina) se
está viviendo un auge de la construcción inmobiliaria en el que, aunque legalmente
se exige la realización de asambleas públicas donde la gente pueda manifestar su
opinión, la situación es una mera formalidad.
Aunque se realizan estas asambleas y se presentan objeciones por parte de
universidades y otros organismos que explican por qué no deberían destruirse
ciertos bienes patrimoniales -como en el caso actualmente en debate acerca de la
construcción de nueve edificios sobre la arena en playas públicas-, la decisión de
avanzar ya está tomada por el organismo municipal. La población en general se
opone, pero los votos de las autoridades ya están asegurados para llevar adelante
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el proyecto. Esto evidencia cómo, lamentablemente, en la praxis la participación
ciudadana se limita a una mera formalidad. Es por todo ello que se necesita un
cambio profundo hacia una democracia realmente participativa, donde la voz de la
gente se tenga en cuenta de manera real y efectiva. Debemos ser conscientes que
alcanzar ese deseado nivel de participación y cambio sustancial es una tarea muy
difícil de lograr en el contexto actual. Lo que nos desafía a seguir luchando por un
derecho a la ciudad para todas y todos, sin exclusiones de ningún tipo.

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