Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

ENTREVISTA A: PHD. DANIELA CÉLLERI
TEMA: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN Y
ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Danny Gilberto Cifuentes Ruiz
Universidad de Otavalo-Ecuador
Orcid: 0000-0003-4833-2728
dcifuentes@uotavalo.edu.ec
Pablo Ricardo Mendoza Escalante
Universidad de Otavalo-Ecuador
Orcid: 0000-0001-7014-7786
pmendoza@uotavalo.edu.ec

Daniela Célleri, es investigadora asociada en el Departamento de Sociología de la
Universidad Leibniz Hannover-Alemania, donde obtuvo su PhD. en Sociología y se
encuentra cursando su posdoctorado. Es Máster en Ciencias Sociales y Especialista
en estudios Interdisciplinarios de Género y Transformación Social. Licenciada en
Ciencias Sociales y Socióloga por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador.
Es directora del Departamento de relaciones internacionales del Distrito
Metropolitano del cantón Quito y profesora investigadora del Instituto de Altos
Estudios Nacionales-Ecuador. Cuenta con diversas publicaciones en las áreas de
investigación: migraciones internacionales, procesos de formación del Estadonación en América Latina, desigualdad social e interseccionalidad, etnicidad y
ciudadanía, discriminación y xenofobia. Actualmente investiga sobre la situación y
el aporte de inmigrantes en Ecuador.
Fue coordinadora del Proyecto de Investigación: “Situación laboral y aporte
económico de los inmigrantes en la actividad comercial en la ciudad de Quito”.
Investigadora y miembro del grupo de Investigaciones: Globalización y Migraciones
internacionales, Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-sede Ecuador). Coordinadora de la
Red de Investigaciones sobre América Latina. Etnicidad, Pertenencia y Ciudadanía.
Universidades de Hannover, Munster, Colonia, Bonn y Bielefeld, sede-Hannover.
Responsable de la línea sobre migraciones internacionales y ciudadanía.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta entrevista fue identificar la responsabilidad del Estado
en la protección y asistencia humanitaria en el contexto ecuatoriano. Para ello, se
diseñó un cuestionario que aborda criterios clave como la asistencia humanitaria,
la protección internacional, el género, la crisis climática y la interseccionalidad.
Estos aspectos son fundamentales para comprender cómo el Estado puede y debe
intervenir en situaciones de vulnerabilidad extrema, asegurando que sus políticas
sean inclusivas y efectivas en la práctica.
Daniela Célleri, Ph. D., quien participó en la entrevista, aportó valiosas
perspectivas basadas en su amplia experiencia académica y profesional en el ámbito
público tanto a nivel local como nacional. Con una trayectoria destacada, Célleri
proporcionó insumos profundos sobre los desafíos que enfrentan las autoridades
ecuatorianas en la implementación de medidas para la protección y asistencia a las
personas en situación de movilidad.
Su conocimiento sobre las dinámicas locales y su interacción con los marcos
nacionales e internacionales enriqueció considerablemente la discusión, destacando
la importancia de una coordinación eficiente y sensible a las múltiples dimensiones
de la vulnerabilidad humana. Además, subrayó la necesidad de adoptar enfoques
integrales que considerasen la diversidad de las experiencias de las personas
en movilidad, especialmente en el contexto de desigualdades de género, para
garantizar una protección efectiva y equitativa.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la protección internacional y asistencia
humanitaria a personas en movilidad humana?
Se deben considerar tres líneas. La primera implica la protección general
desde el derecho internacional, pero también es específica a esta población
que vive en interseccionalidades que se entrecruzan en una situación de triple
vulnerabilidad: el género, la situación de movilidad humana y el desplazamiento
forzado. De ahí que sea un reto mayor para los Estados, pues se deberá considerar
la visión progresista de la Constitución, que garantiza el respeto a los derechos
humanos, pero que, en la práctica, es complejo el abordarla debido a la actuación
de los gobiernos locales en tanto sus funciones se solapan con las del gobierno
nacional.
Por ejemplo, las personas en situación de movilidad que viven asentamiento
en zonas de riesgo como una quebrada, y —tal como lo señala la Constitución
del Ecuador— es un grupo prioritario que posee iguales derechos y obligaciones:
en este caso existe una competencia nacional pero también interviene el nivel
local por parte de la Secretaría de Ambiente de un municipio. Si al caso descrito
sumamos la posibilidad de que estas personas tienen familia e hijos, en muchos
casos la respuesta local o estatal es desalojar del área: es allí cuando la línea de
protección se convierte en una línea de interseccionalidad con perspectiva de
género, etnia, clase social y diversidad sexual, que amerita el trabajo coordinado de
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los niveles central y local descentralizado. Resulta importante observar cómo este
ejemplo permite divisar las contradicciones en las competencias entre los distintos
niveles de gobierno, de forma que exista un trabajo coordinado y con políticas
específicas por parte de los grados de gobierno (estatalidad).
En este orden de ideas, surge la pregunta «¿Quién es responsable por
la protección de las personas en situación de desalojo?». Obviamente existe la
responsabilidad del gobierno central; sin embargo, la descentralización faculta a que
los gobiernos locales atiendan directamente a esta población por su proximidad.
Este aspecto supone que, en la teoría, esta responsabilidad está cubierta, pero en
la práctica se desvanece tal obligación del Estado aduciendo que no existen los
recursos.
Por otra parte, debido a que personas en situación de movilidad humana
pueden encontrarse o no regularizadas, la necesidad de protección es urgente, ya
que los procesos de regularización de los últimos cinco años no han sido efectivos,
debido a la falta de gestión y presupuesto en políticas públicas vinculadas a la
movilidad humana. Principalmente, porque no se comprende la necesidad de
impulsar la inclusión social, debido a que en una ciudad es necesaria la regularización
de una persona no nacional para que sea considerada ciudadana.
En comparación con Colombia, donde sí se han masificado dichos procesos
de regularización debido a que se entendió que la población que está viniendo a
Colombia aporta a la sociedad. En Ecuador, todavía dicho fenómeno no se entiende.
Sí han existido esfuerzos mediante varios procesos, pero no se siente ese empuje,
lo que implica no solo la responsabilidad del Estado sino de la responsabilidad
social. Desde esta visión se plantean las líneas del conflicto.
Desde la esfera del derecho internacional, esta población que se encuentra
en situación de vulnerabilidad por su condición irregular requiere la protección
internacional, mediante el refugio, pero su situación de irregularidad produce la
pérdida de derechos. Ello deja al descubierto las contradicciones alrededor de los
niveles o grados de estatalidad. De ahí que los grados de estatalidad y los distintos
niveles de gobierno se entrecrucen (nacional y local, nacional e internacional,
transnacional y nacional) en cuanto a su competencia. Un ejemplo de ello se
muestra cuando, al realizar una convocatoria a la embajada venezolana, para
brindarle una opción a este grupo de personas a través de un plan de retorno
voluntario, se presenta un conflicto debido a que se encuentran afectados los
derechos de niños, niñas y personas con discapacidades.
¿Qué consideración debería plantearse si se suma, a los flujos de movilidad
humana, la feminización migratoria y la crisis climática?
Cabe mencionar que la invisibilización de las mujeres dentro de los procesos
migratorios data desde aproximadamente 200 años, y, en el año 2000, recientemente
se introdujo la discusión de la feminización de la migración. Aun así, no se discute
únicamente la decisión de las mujeres sobre el deseo de migrar y su autonomía:
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somos agentes de cambio; no víctimas. Son decisiones familiares, como lo señala
la teoría de las nuevas economías de las migraciones. En este contexto, las familias
deciden que las hijas mayores salgan para conseguir un ingreso económico; se
decide que uno de sus miembros migre como estrategia familiar. En muchos casos,
viven desplazamiento forzado; en otros casos, violencia intrafamiliar, en búsqueda
de autonomía, pero cuando emigran en el lugar de destino asumen roles de servicio
de cuidado del hogar debido a los mercados segmentados de trabajo, lo cual
influye en la autopercepción y la percepción social que las limita. Esta situación
es frustrante para las mujeres que salen en búsqueda de autonomía y terminan en
situaciones no deseadas ni pensadas, que se originan desde la desigualdad.
En cuanto a las migraciones por el cambio climático, la definición no se
acaba de definir; por lo cual no se comprenden sus implicaciones en cuanto a
las condiciones internas de desplazamiento forzado. No deberíamos ubicar una
nueva categoría y solo pensarlo como un factor que apenas está generando unas
primeras discusiones sobre esta materia que resulta ser válida, aunque ni siquiera
hemos comprendido la categoría de personas refugiadas y menos categorías más
complejas. Por ello, considero que se deben abordar temas más latentes como la
xenofobia al fenómeno migratorio que ha vivido Venezuela; se encuentran aún
discursos de rechazo y odio. De ahí que se requiera sensibilizar a la población y
contrarrestar a los discursos políticos de discriminación.
¿Cuál es la importancia de la coordinación y diálogo en cuanto a la competencia
de personas en situación de movilidad humana?
Tradicionalmente en el Estado ecuatoriano la cooperación internacional
está presente. Considero que los estándares internacionales obligan al trabajo en
conjunto. Depende en gran medida de la cooperación internacional lo que genera
ventajas y desventajas. Ello supone replantear las prioridades de los gobiernos
vinculadas a la competencia entre el nivel central que resuelve los problemas
desde un ámbito abstracto mientras que los gobiernos locales lo manejan desde
la cotidianidad y proximidad con personas o grupos que necesitan soluciones
inmediatas, decisiones urgentes.
La negociación con el Estado —junto con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, que posee una experiencia reciente en cuanto
a política de inclusión social de personas inmigrantes en el Ecuador— tiene un
enfoque que se ha basado mayoritariamente en la protección transnacional de
los emigrantes ecuatorianos. En este contexto, los gobiernos locales sí tienen
experiencia en inclusión, al igual que en materia ambiental. Son dos visiones
distintas entre los grados de gobierno, con distintos tiempos y otras prioridades.
Finalmente, ¿cuáles son los retos de la política pública en materia de movilidad
humana a nivel nacional y local?
Con estas consideraciones, es necesario, primero, un diálogo intercultural
entre los actores y niveles de gobierno, al igual que entre las ciudades, donde se
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intercambien experiencias y prácticas efectivas de integración. Por ejemplo, ampliar
el diálogo a las diferencias interétnicas que se vive en Otavalo; pero en Quito esa
discusión no existe, aunque reside población inmigrante de otras ciudades del país;
por lo cual las ciudades deben aprender de sí mismas.

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POLÍTICAS DE
PUBLICACIÓN

Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

1. ENFOQUE Y ALCANCE
Justicia(s) es una revista científica semestral arbitrada, adscrita a la carrera de
derecho de la Universidad de Otavalo, cuyo fin es la difusión del conocimiento
y el fomento de la producción científica en temáticas relacionadas con la ciencia
jurídica. La publicación, en formato digital, tiene como norte generar un debate
nacional e internacional dentro del actual Estado constitucional de derechos y
justicia social, pluralista, intercultural y diverso, abarcando áreas del campo general
del derecho y ciencias afines, tales como: constitucional, civil, penal, ambiental,
mercantil, administrativo, laboral, internacional público y privado, procesal, justicia
indígena, pluralismo jurídico, derechos humanos, psicología jurídica, historia del
derecho y antropología jurídica, entre otros.
La revista Justicia(s) recibe publicaciones inéditas y está dirigida a estudiantes,
investigadores y profesores. El rango de áreas está definido por el Comité Editorial
en la revisión específica para cada número con un monográfico temático, sin
embargo, la convocatoria permanente se encuentra abierta a la recepción de
manuscritos sin fecha límite. Pueden ser artículos de investigación que contengan
resultados parciales o finales, análisis jurisprudenciales, ensayos, entrevista a
expertos y reseñas de libros. Los mismos deben ser inéditos y no haber sido
propuestos simultáneamente a otras revistas. Serán sometidos al arbitraje, bajo el
sistema doble ciego. Contendrán un máximo de cuatro (4) autores. Los costos de
la edición de los manuscritos son asumidos íntegramente por la Universidad de
Otavalo, los/as autores/as no tendrán ningún cargo asociados a su envío o a su
publicación.
La Universidad de Otavalo no se hace responsable del contenido y opiniones
expresadas por los autores. En todo caso, el comité editorial de la revista coordina y
supervisa los procesos de revisión y arbitraje y realiza los procedimientos normales
de identificación de copia no autorizada o plagio. Cualquier situación vinculada en
este aspecto, no detectada previamente, es responsabilidad única y exclusiva del o
los autores del artículo. En caso de algún reporte o reclamo debe hacerse ante el
Comité Editorial en la persona del Editor de la Revista y previa consideración del
caso por parte del Comité Editorial el articulo podrá ser retirado de la revista.
2. POLÍTICA DE REVISIÓN POR PARES
Los artículos receptados una vez que pasen la fase preliminar de pre evaluación
editorial son sometidos en su integridad a la revisión por el método de doble ciego.
Los árbitros se seleccionan teniendo en cuenta su experiencia en el área de estudio.
Los revisores son externos a la Universidad de Otavalo, se garantiza la evaluación
anónima de los autores y los expertos revisores. En caso de discrepancia en las
evaluaciones de los revisores se tomará en cuenta aquella que se considere más
adecuada al aporte científico del manuscrito y en todo caso se consulta la opinión
de un tercer evaluador.

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3 . POLÍTICA DE SECCIONES
La revista Justicia(s) consta de tres secciones:
Monográfico: esta sección está compuesta por colaboraciones originales
articuladas en función de una temática específica dentro de un campo del derecho.
Los ejes temáticos de cada monográfico son definidos por el equipo editorial de la
revista y posteriormente difundidos mediante convocatoria abierta.
Artículos de Investigación: esta sección está orientada a mostrar resultados
parciales o finales de proyectos de investigación en temáticas jurídicas que evidencien
un aporte al desarrollo de la literatura especializado o a una transformación
positiva de la sociedad. Este apartado se encuentra permanentemente abierta para
la recepción de manuscritos.
Generalidades Jurídicas: esta sección integra aportes al conocimiento de la
ciencia jurídica estructurados a partir de opiniones, reflexiones, ensayos y reseñas
que no necesariamente se desprenden de resultados de investigación, pero
mantienen rigurosidad académica. Este apartado se encuentra permanentemente
abierta para la recepción de manuscritos.
4. FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
La revista Justicia(s) tiene una periodicidad de publicación semestral.
5. POLÍTICAS DE ÉTICA
La Revista Justicia(s) en sus publicaciones se rige por principios éticos
dirigidos a prevenir las malas prácticas en sus trabajos, relativas a plagio, citación,
falsificación de datos, negativa en la identificación de fuentes, remisión total o
parcial de artículos ya publicados, así como conflictos de intereses en la revisión
por parte del editor/a o algún integrante del comité editorial, por lo que, se suscribe
un compromiso por parte del autor/es y se asume desde la misma operatividad
interna de la revista la negativa a incumplir estos mandatos.
Con base en esto, cualesquiera de las situaciones indicadas o alguna otra
que afecte el desenvolvimiento ético de la publicación deberá ser comunicado al
editor/a de la Revista Justicia(s) al momento del envío. Ahora bien, para el caso de
la verificación del plagio la Revista Justicia(s) emplea herramientas de verificación
de similitud como Ouriginal y Turnitin, por lo que, al enviar el manuscrito el autor/
es acepta totalmente el examen del mismo con el fin de evitar estas acciones y
fortalecer la integridad académica.
La ética de las publicaciones científicas aquí promovidas se convierte en un
deber que se asume en todo el proceso editorial y por supuesto se internaliza por
los autores/as, árbitros, comité editorial, comité científico y cualquier otro miembro
operativo de la Revista Justicia(s). En tal sentido, se podrá dar cumplimiento al
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siguiente procedimiento para realizar cualquier denuncia y se puedan aplicar las
sanciones correspondientes.
6. POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido por lo que permite
la reproducción total o parcial de estos y su consulta, distribución y exhibición
siempre que se cite la fuente originaria, de acuerdo con la licencia creative
commons 4.0. Con base en esta premisa se ofrece al público en general, libertad
para acceder a las investigaciones en la búsqueda de lograr un intercambio global
del conocimiento.

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