Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD
ANDINA: EVOLUCIÓN Y NUEVOS RETOS

Shilda Sanmartin Sagbay
Universidad Técnica Particular de Loja
Orcid: 0009-0004-7692-9913
sasanmartin@utpl.edu.ec

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2024
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2024
Fecha de publicación: 30 de junio de 2024

Resumen
La Comunidad Andina (CAN), caracterizada por una diversidad étnica, cultural y
geográfica, nació de los esfuerzos por fortalecer la integración regional y potenciar
el comercio internacional. Con el objetivo principal de desarrollo para sus países
miembros, fue imperativo iniciar con el debate sobre los derechos de los y las
ciudadanas andinas. De esta forma, el presente artículo tuvo como objetivo analizar
la evolución y nuevos retos de la protección de los derechos humanos en la CAN.
Para esto, se utilizó un enfoque cualitativo, aplicando los métodos histórico-lógico e
inductivo-deductivo. Se destacó que la CAN, a pesar de ser un bloque comercial, ha
venido normando aspectos sociales. Es así como la CAN cuenta con un instrumento
jurídico para la protección de los derechos humanos: la Carta Andina para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CAPPDH), misma que necesita
transversalizar el enfoque de género y no limitar los derechos de las mujeres en
un único apartado. Entre los retos que la integración andina debe afrontar están
la crisis climática, las desigualdades, la violencia de género, la brecha digital y las
crisis políticas. Desafíos que se deben abordar con urgencia en la actualización y
reforma de la CAPPDH, que debía ser revisada cada cuatro años, pero que desde
hace más de veinte años no se lo ha hecho.
Palabras clave: Comunidad Andina, derechos humanos, derecho comunitario.

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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE ANDEAN COMMUNITY:
EVOLUTION AND NEW CHALLENGES

Abstract
The Andean Community (CAN), which features ethnic, cultural and geographical
diversity, arose from the efforts to strengthen regional integration and to boost
international trade. Since the main objective of its member countries is achieving
development, it was essential to start the debate about Andean citizens’ rights.
Therefore, this paper sought to analyze the evolution and new challenges related
to human rights protection in the CAN. In order to do this, a qualitative approach
was used, applying the historical-logical and inductive-deductive methods. It was
emphasized that although the CAN is a trade bloc, it has been regulating social aspects.
Thus, the CAN has a legal instrument for the protection of human rights: The Andean
Charter for the Promotion and Protection of Human Rights (CAPPDH in Spanish),
which needs to mainstream the gender perspective and avoid limiting women’s rights
to a single section. The challenges that Andean integration faces are the following: the
climate crisis, inequalities, gender violence, digital divide, and political crises. These
challenges must be dealt with urgently through updates and reforms to the CAPPDH,
which should have been reviewed every four years, but which hasn’t been reviewed or
updated since more than twenty years ago.
Keywords: Andean Community, human rights, community law.

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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, el Derecho ha requerido de un largo periodo para su
conceptualización; para Tinoco (2015), su definición lo separa de “los meros
hechos naturales, la moral, los usos sociales y el poder arbitrario” y lo considera
como una “aspiración humana”, que, por tanto, no concentra algo específico, sino
que es una “noción general y absoluta” (p. 34). Existen tantos conceptos como
autores, todos con premisas interesantes, pero lo esencial es visible en el concepto
de Tinoco, debido a que esa aspiración humana a una vida digna ha direccionado
a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Luego de una oscura época de graves violaciones a la dignidad humana,
guerras mundiales y holocausto, fue imperativo regular y evitar a futuro la
repetición de tales acontecimientos, que marcaron el punto de inflexión en la
historia humana. De igual forma, antes de continuar con la DUDH, es preciso
mencionar un antecedente esencial: la Revolución francesa. Esta revolución trajo
consigo el derrocamiento de una monarquía absolutista y la reivindicación de
derechos; en consecuencia, se tiene la expedición y aprobación de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 (Kropotkin,1909).
No obstante, el mismo título del texto, fruto de la Revolución francesa,
expresa una segregación entre hombre y mujer, segregación tomada en cuenta por
Olympe de Gouges, lo cual la llevó a publicitar la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana en 1791; no tuvo acogida ni fue aprobada por la Asamblea
de ese entonces. Sus ideales revolucionarios y un gran afán en ser reconocida ante
la ley como mujer de iguales derechos molestaron a los hombres revolucionarios
y finalmente fue acusada de conspirar en contra de la República, con lo que fue
condenada a la guillotina el 3 de noviembre de 1793 (Ramírez, 2015).
La DUDH fue objeto de múltiples debates, como es normal, ya que son
expresiones de la lucha colectiva y el desarrollo humano. La Fundación Juan Vives
Suriá (2010) enuncia a los DD. HH. en una transformación a las relaciones de poder
y estructura su dimensión en tres aspectos: éticos, políticos y jurídicos; e indica que
debe tenerse claro que los DD. HH.: “no son concesiones de la sociedad ni prebendas
del Estado, ni dependen de su reconocimiento estatal ni en el derecho positivo” (p.
76); caso contrario se traduciría en “otorgar legitimidad desde los propios derechos
humanos a sistemas de segregación que han negado legalmente derechos de sectores
enteros de población” (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 76).
Entonces, se podría decir que idealmente los DD. HH. no dependen
del reconocimiento de ningún gobierno pues todo ser humano los tiene. Pero
garantizarlos vendría a ser la cuestión de más difícil cumplimiento, en especial
en naciones sin cultura de DD. HH. y en otros que incluso de forma democrática
validan su transgresión.
Ahora bien, la DUDH fue adoptada en Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y empezó siendo redactada por Eleanor Roosevelt,
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

Pen-Chun Chang y Charles Malik, después el grupo se amplió “por los miembros
de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, China, Chile, Francia, Líbano,
Estados Unidos, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”
(Organización de las Naciones Unidas, 2023). En el inicial grupo, la única mujer
fue Roosevelt, quien fue delegada en la ONU de EE. UU. y fue la presidenta del
Comité de Redacción de la DUDH; luego se unieron siete mujeres de distintas
nacionalidades (Organización de las Naciones Unidas, 2023). Por ejemplo, Hansa
Mehta tuvo una destacada participación y se la ilustra al ser quien impulsó que el
artículo 1 de la DUDH (1948) pasara de “Todos los hombres nacen libres e iguales”
a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” (Organización de las Naciones
Unidas, 2018).
Por igual, los DD. HH. en las distintas regiones se reforzaron; por ejemplo,
para los demás países del continente americano, se tiene al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH), que se divide en su respectiva Comisión y Corte,
frutos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La SIDH está en constante
desarrolló con la jurisprudencia de su Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de obligatorio cumplimiento por los Estados que han ratificado el anterior
convenio mencionado. Pero de forma más específica y sin buscar contradecir al
SIDH, se tiene para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a la Comunidad Andina
(CAN). De esta sinergia del derecho comunitario, los países andinos han establecido
un marco normativo y complementario para fortalecer aún más la protección de
los DD. HH.
METODOLOGÍA
El presente artículo tiene como objetivo analizar la evolución y nuevos retos
de la protección de los derechos humanos en la CAN. De tal modo, la metodología
utilizada es cualitativa y se lo aplicó a través de métodos teóricos como el históricológico, que determinó la evolución de los DD. HH. en la Comunidad Andina; el
inductivo-deductivo, por medio de los cuales se identificaron los nuevos desafíos
que enfrentan los DD. HH. en la región.
Derechos humanos en el derecho comunitario: Comunidad Andina
La integración económica refleja la unión facultativa en el proceso de los
diferentes países para la conformación de bloques económicos o comerciales
alrededor del mundo. Estos bloques se instauran con el objeto de fortalecer la
integración regional y potenciar el comercio internacional para obtener beneficios
de desarrollo para sus países miembros. Un referente es el conglomerado andino
denominado CAN, integrado actualmente por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador,
quienes coordinan y accionan planes y estrategias en diferentes áreas para el
progreso de su bloque: sus Estados Andinos y, por supuesto, para sus habitantes.
Campo (1974) refiere que “el origen del Grupo Andino comienza a gestarse
con la suscripción de la Declaración de Bogotá en 1966, en la que fue posible
establecer las bases iniciales del futuro pacto de integración subregional” (p. 41).
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Finalmente, los orígenes de la CAN se plasman el 26 de mayo de 1969 cuando
Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia deciden integrarse mediante el Acuerdo
de Cartagena (1969), creando en ese entonces el Pacto Andino; este entró en vigor
el 16 de octubre del mismo año. En febrero de 1973, Venezuela se une al pacto
mientras que Chile en 1976 lo abandona (Bautista et al., 2008).
En palabras de Guerreo (2005), “El derecho comunitario es el complejo de
normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de Estados con otros
sujetos de derecho” (p. 760). Por ello, va a crear y también modificar las instituciones
de derecho entre las naciones con iguales propósitos (Dermizaky, 2004). El derecho
comunitario es imprescindible del integracionismo, pues posibilita el “establecer
competencias claras, que permitan evitar los conflictos de competencias, así como
la colisión de normas entre el ordenamiento jurídico comunitario y el interno”
(Insignares, 2007, p. 304). Respetando aquello, el Acuerdo de Cartagena es el
primer escalón para la Integración Andina y la normativa posterior complementa y
refuerza el derecho comunitario andino.
Entonces, la norma constitutiva de la CAN es el Acuerdo de Cartagena, el
cual establece los objetivos y principios fundamentales de la integración andina,
como: la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países
miembros, la coordinación de políticas económicas, y la promoción del desarrollo
económico y social de la región. También establece los órganos e instituciones
encargados de la toma de decisiones y la implementación de políticas y programas
en el marco de la CAN (Acuerdo de Cartagena, 1969). La norma secundaria de
la CAN son los Protocolos Adicionales, las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la CAN, entre otros. Estas
normas tienen como objetivo desarrollar y complementar el Acuerdo de Cartagena
en áreas como el comercio, la inversión, la propiedad intelectual, el transporte, el
medio ambiente, los derechos humanos y más.
Tanto la norma constitutiva como la secundaria son de obligatorio
cumplimiento por parte de los actuales cuatro miembros de la CAN, con base en
el principio pacta sunt servanda. Bajo esta premisa, sobre la imperatividad de
aplicar el derecho comunitario andino, hay que hacer referencia a lo que estipula
el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (1996): “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (Art. 4); en otras palabras, los
cuatro países deben adecuar su legislación nacional para permitir una armonizada
aplicación de la norma primaria y complementaria.
Asimismo, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1993)
manda que: “el Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de
carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino
y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros”
(Art. 4). Por consiguiente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)
es el máximo órgano jurisdiccional andino, sin embargo, es importante destacar
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una notable crítica al TJCA: no se garantiza la paridad de género en el tribunal,
ni en la ley ni en la práctica. En total son cuatro jueces quienes conforma el TJCA
durante un periodo de seis años, con renovación cada tres años, y la presidencia
del tribunal es rotativo por un año (Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, 1996). Actualmente el TJCA está conformado por tres
magistrados y una sola magistrada, la dra. Sandra Catalina María Charris Rebellón
(Comunidad Andina, 2024).
En este sentido, el proceso integracionista podría, prima facie, parecer
enfocado en lo económico, comercial y hasta político; no obstante, a lo largo de
su desarrollo, al igual que el derecho general, ha ido adaptándose a las exigencias
sociales de sus países miembros, en el que también destacan los DD. HH. En
este sentido, la CAN cuenta con un instrumento jurídico que busca garantizar la
protección de los DD. HH. en la región y es la Carta Andina para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos (CAPPDH); además de Decisiones y
Resoluciones de los órganos de la CAN.
No obstante, se puede interpretar al Acuerdo de Cartagena (1969) con
un proteccionismo tácito de los DD. HH., pues en el artículo 1 establece que el
“Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los
Países Miembros en condiciones de equidad” y, en el último inciso, expresa que
“estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el
nivel de vida de los habitantes de la Subregión”, lo cual refleja una iniciativa por
crecer económica y comercialmente en pro de los beneficios de sus ciudadanos
y el goce de derechos fundamentales, en donde, el 50,7 % de su población es de
sexo femenino (Comunidad Andina, 2023).
Evolución de los DD. HH. en la CAN
Como se mencionó, el Acuerdo de Cartagena es la norma principal de la
CAN y esta encierra un reconocimiento implícito sobre la protección de DD. HH.
Lea CAPPDH es el único y más importante instrumento jurídico en este derecho
comunitario andino sobre DD. HH. Ahora bien, como antecedente primordial
es destacable la Opinión 011 emitida por el Consejo Consultivo Laboral Andino
(CCLA) acerca de Derechos Humanos Fundamentales y Defensa de la Libertad
Sindical; ellos destacan el hecho de no tener, en ese tiempo, normativa sobre DD.
HH. a pesar de que los países miembros habían ratificado los principales Tratados
Internacionales del tema (CCLA/di 13, 2000).
En primer lugar, la opinión es no vinculante y se resumen en tres cuestiones:
que expertos realicen un informe intitulado “Programa de Acción de la Comunidad
Andina en el ámbito de los Derechos Humanos orientado a su incorporación en la
normativa comunitaria y su protección por el Tribunal Andino de Justicia”; de igual
forma, que los Ministros de Trabajo verifiquen el respeto de los derechos laborales y
de la libertad sindical y, finalmente, que se fortalezcan las organizaciones sindicales
(CCLA/di 13, 2000). Estas recomendaciones fueron un llamado a la positivización
de los DD. HH. en la CAN, aun cuando no sean de obligatorio cumplimiento y se
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centren más en temas laborales y sindicales. Teniendo en cuanta que, en palabras
de Godinho (2023), el sindicalismo es hasta hoy en día “un mundo que sigue
siendo mayoritariamente masculino” (p. 52).
En el 2000, se llevó a cabo, en Ecuador, el Seminario Subregional Andino
en Democracia y DDHH, en el cual, una de sus recomendaciones plantea la
creación de una Carta Andina sobre DDHH (SG/SEM.DD.HH/INFORME, 2000). Un
año después, se emite el Acta de Carabobo (2001), resultado de la decimotercera
reunión del Consejo Presidencial Andino y, un mes después, la Declaración de
Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la
Lucha contra la Pobreza (2001). Estos antecedentes próximos fueron el impulso
imperativo pues exhortó, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
la creación de un instrumento jurídico de DD. HH.
Finalmente, antes de la CAPPDH, se expidió la Carta Social Andina (2001)
para “promover el desarrollo humano y social de nuestros pueblos con el único
camino para preservar y construir nuestra identidad y proyectarnos al nuevo milenio
con dignidad” (p. 3); el texto está compuesto de dieciséis capítulos que se dividen
como lo indica el cuadro a continuación:
Tabla 1
Estructura de la Carta Social Andina

CAPÍTULO I

Democracia y DD. HH.

CAPÍTULO II

Integración social y erradicación de la pobreza

CAPÍTULO III

Familia

CAPÍTULO IV

Mujer

CAPÍTULO V

De la Juventud

CAPÍTULO VI

Niñez y adolescencia

CAPÍTULO VII

De la tercera edad

CAPÍTULO VIII

Pueblos indígenas

CAPÍTULO IX

Pueblos negros o afroandinos

CAPÍTULO X

Salud y nutrición

CAPÍTULO XI

Medio ambiente

CAPÍTULO XII

Vivienda

CAPÍTULO XIII

Educación, Ciencia y Cultura

CAPÍTULO XIV

Economía solidaria

CAPÍTULO XV

Trabajo y seguridad social

CAPÍTULO XVI

Aplicación de la Carta Social Andina

Fuente: Carta Social Andina (2001)

En el apartado de Mujer, se cuenta con quince numerales, en los que se
manda el cumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, la insistencia a los países miembros
de la consulta previa y el respeto al aprobar leyes sobre erradicación de la
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violencia y discriminación a la mujer y que contemplen la igualdad de derechos y
oportunidades. Asimismo, sobre el fomento de la participación de la mujer en las
políticas públicas y la atención preferencial para las mujeres cabeza de hogar, sea
en trabajo, vivienda o seguridad social (Carta Social Andina, 2001).
De los puntos transversales en dicha carta, se destaca el numeral 41, que
manda garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los
ámbitos local, territorial y municipal, así como su participación política y en la
elección directa y universal del Parlamento Andino (Carta Social Andina, 2001);
algo esencial, pues la participación es uno de los tópicos que han sido vetados a las
mujeres y que solo la lucha social ha permitido pasos importantes de este alcance;
sin embargo, no se trata de una simple participación, sino de la lucha enfocada
en la toma de decisiones en la multidimensionalidad de asuntos y que ha sido
reservada preferentemente para hombres.
Para el cumplimiento de lo estipulado en la Carta Social Andina (2001), el
Parlamento Andino es el órgano encargado de su evaluación, control y tiene el
deber de instar a los gobiernos de los países miembros a publicitar y cumplir con
cada uno de los capítulos y correspondientes numerales. Asimismo, los Estados
tienen que emitir un informe anual sobre las medidas que han tomado con respecto
al tema. Por último, hace hincapié en que ninguno de los países miembros podrá
restringir o menoscabar los derechos de la legislación nacional ni de Tratados
Internacionales de DD. HH., en ningún grado.
La Carta Andina para la Promoción y Protección de los DD. HH.
Los objetivos de la CAN tienen un fin social y de desarrollo para sus cuatro
países miembros, por lo que, no solo los temas económicos y comerciales tiene
su atención. De esta manera, siguiendo el principio pro persona y el pensamiento
libertador de Simón Bolívar, se adoptó la CAPPDH el 26 de julio de 2002. Cabe
mencionar que en ese momento Venezuela aún no salía de la CAN. Además,
para aquel tiempo, los países miembros ya habían ratificado varios Tratados
Internacionales de DD. HH., como Cartas, Convenciones, Pactos, incluyendo la
DUDH, etc.
Tabla 2
Estructura de la CAPPDH

PARTE I

Principios Generales

PARTE II

Discriminación e Intolerancia

PARTE III

Democracia y Derechos Humanos

PARTE IV

Derechos Civiles y Políticos

PARTE V

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PARTE VI

Derecho al Desarrollo

PARTE VII

Derecho a un Medio Ambiente Sano y Protegido

PARTE VIII

Pueblos Indígenas y Comunidades de Afrodescendientes

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Derechos de Grupos Sujetos de Protección Especial
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Derechos de las Mujeres
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Derechos de los Adultos Mayores
Derechos de Personas con Discapacidades
Derechos de los Migrantes y sus Familias
Derechos de las Personas Con Diversa Orientación
Sexual
G. Derechos de los Desplazados Internos
H. Derechos de las Personas Privadas de la Libertad
I. Derechos Humanos y los Derechos de los
Refugiados y Apátridas

PARTE IX

PARTE X

Otros Ámbitos de Protección de los Derechos Humanos

PARTE XI

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

PARTE XII

Mecanismos de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos
Mecanismos Nacionales
A. Administración de Justicia
B. Defensorías del Pueblo
C. Defensores de los Derechos Humanos
D. Planes y Programas de Derechos Humanos
E. Derechos Humanos y la Fuerza Pública
Mecanismos Internacionales
A. Cooperación con los Órganos de Vigilancia de los
Tratados de Derechos Humanos
B. Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas e
Interamericano de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos
C. Corte Penal Internacional

PARTE XIII

Seguimiento de la Carta Andina de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos

PARTE XIV

Disposiciones Generales

PARTE XV

Disposición Final

Fuente: CAPPDH (2002).

En la primera parte de la Carta, se incluyen todos los principios
internacionalmente reconocidos en los DD. HH. A modo de ejemplo, el artículo
3 de la CAPPDH (2002) manda que “los derechos humanos y las libertades
fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados”.
En el artículo 5, por otra parte, reiteran su compromiso de que los países miembros
de la CAN van a acatar las sentencias, decisiones y recomendaciones de la CIDH y
de otras instituciones (CAPPDH, 2002).
En el mismo apartado de Principios Generales, se promueve la participación
ciudadana en los planes de acción o demás programas gubernamentales (CAPPDH,
2002). Sin embargo, no se menciona alguna medida de acción afirmativa para
impulsar la participación de las mujeres y de otros colectivos históricamente
marginados y así tener una participación real de todas las personas en igualdad de
condiciones, por lo que se entiende que aquellas medidas deben ser desarrolladas
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

por los respectivos países y en las resoluciones y decisiones que a posterior se
puedan emitir.
En la Parte II de la Carta, Discriminación e Intolerancia, contrastan el
compromiso de combatir todo tipo de discriminación, sin embargo, promueven
que cada legislación de los países miembros penalice solamente la “discriminación
racial” (CAPPDH, 2002); por lo tanto, se invisibiliza los demás tipos de discriminación.
Naturalmente, la Carta expresa que se fortalezcan planes educativos sobre DD. HH.
y la no discriminación. Por consiguiente, en la Parte III, Democracia y DD. HH.,
incentiva el compromiso con el Estado de Derecho y a respetar las Cartas ratificadas
sobre el tema, sin dejar de lado el fortalecimiento e inclusión de las organizaciones,
partidos políticos y de la ciudadanía en general en la vida política de su país como
en la elección del Parlamento Andino (CAPPDH, 2002).
En la Parte IV de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia a los derechos
consagrados en el Pacto del mismo nombre y demás Tratados Internacionales. Lo
interesante en esta sección es la promoción y protección de la libre expresión, con
énfasis en los medios de comunicación, como también garantizar el acceso a la
información (CAPPDH, 2002). Aquí es importante considerar que la información
emitida por medios de comunicación debe estar libre de sexismo y violencia
simbólica, que fortalecen al sistema patriarcal y las desigualdades.
En los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Parte V, destacan los
derechos laborales, a la seguridad social, de educación, a la salud física y mental,
entre otros (CAPPDH, 2002). En cuanto a la Parte VI, Derecho al Desarrollo,
indican la atención prioritaria a políticas de desarrollo tanto nacional, regional
como internacional; así se incentiva la cooperación y el trabajo mancomunado para
conseguir el mejor beneficio de sus países miembros y los demás países del mundo.
También menciona lo esencial de la participación de la población (CAPPDH, 2002).
Ahora bien, en ninguno de estos dos apartados se posiciona desde una perspectiva
de género; en especial, en los Derechos Económicos hubiese sido ideal plasmar la
lucha en contra de la violencia patrimonial que se ejerce sobre las mujeres.
En la Parte VII, del Derecho a un Medio Ambiente Sano y Protegido, toma
en cuenta los Instrumentos Internacionales que ya se han ratificado sobre la
temática, sin ahondar demasiado y se enfoca con una mirada antropocentrista.
Seguido se encuentra la parte VIII de los Pueblos Indígenas y Comunidades de
Afrodescendientes, con lo que se reconoce, a los países miembros de la CAN,
como multiétnicos y pluriculturales. De tal modo, promueven los derechos a
conservar su identidad y acciones afirmativas para su participación, con su cultura,
en el sistema educativo con una educación bilingüe y que fomente el respeto y
conservación de las comunidades, pueblos y nacionalidades (CAPPDH, 2002). En
fin, se comprometen con aplicar la igualdad formal y material, pero no se hace la
distinción de la mujer negra e indígena, que son el grupo más vulnerado tanto por
el Estado como por sus propios colectivos.

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Finalmente, en la Parte IX se habla de los Derechos de Grupos Sujetos
de Protección Especial, en el que ya se mencionan los derechos de la mujer en
específico, cuando lo ideal hubiese sido mencionarlos en cada inciso de las distintas
Partes. Asimismo, en la CAPPDH (2002), se reitera el compromiso por respetar
los Tratados Internacionales sobre la mujer y luego destacan la protección contra
la discriminación, y garantizan sus derechos a: la vida, la libertad, los derechos
sexuales y reproductivos, la participación política, entre todos los derechos ya
antes estipulados en la Carta. Es importante elogiar que manda la protección contra
el acoso, únicamente laboral, y la explotación sexual (CAPPDH, 2002).
En otro de los Grupos Sujetos de Protección Especial se encuentra a los
Niños, Niñas y Adolescentes. Es destacable que se resalte a este grupo frente al
resto de la sociedad con un apartado específico. Caso diferente el de las mujeres,
pues dedicarles algunos párrafos, en vez de transversalizar el enfoque de género
en toda la Carta, marcaría una segregación de categoría sospechosa. Esto no quiere
decir que no se deba hacer un capítulo o parte sobre la mujer, sino que se lo haga
a la par que se da el espacio a las mujeres en las quince Partes que conforman
la CAPPDH e igualmente para los demás grupos que se consideran sujetos a
protección especial.
Sobre DD. HH. y Derecho Internacional Humanitario, la Carta respalda
todos los Tratados Internacionales existentes y, en Mecanismos de Promoción y
Protección de los DD. HH., los países miembros de la CAN estipulan mecanismos
tanto nacionales como internacionales, entre los que se destaca: contar con una
administración de justicia “eficientes, independientes, imparciales y autónomas” y
el reconocimiento de acudir a administración de justicia internacional (CAPPDH,
2002). Para el seguimiento de la CAPPDH, el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores será el encargado de supervisar las iniciativas que adopten
los gobiernos para cumplir con este instrumento jurídico, con la asistencia de la
SGCAN. Además, con el Parlamento Andino, el Consejo de Ministros deberá acordar
mecanismos para controlar el cumplimiento de la Carta analizada (CAPPDH, 2002).
En este punto, también se invita a las instituciones de cada país miembro a velar
su aplicación y trabajar en conjunto con los organismos antes mencionados en
este párrafo y, por supuesto, con la sociedad civil, para que desempeñe su papel
fiscalizador.
Finalmente, es menester indicar que la (CAPPDH, 2002) reconoce el
dinamismo y evolución constate de las sociedades y el derecho; por ende, en su
Disposición Final manda a los Ministros de Relaciones Exteriores a actualizar y
perfeccionar la CAPPDH cada cuatro años; lo cual desde su expedición no se ha
hecho; es decir, han pasado más de veinte años sin que la Carta haya tenido alguna
revisión formal.
Decisiones tomadas por la SGCAN
Dos años después de la CAPPDH y por cumplimiento de una de sus
disposiciones, se expidió la Decisión 586 (2004) sobre un Programa de Trabajo
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

para la Difusión y Ejecución de la CAPPDH, por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores. El Ministerio que elaboró el proyecto fue Ecuador y después,
en consenso, los demás miembros colaboraron y aprobaron la decisión, que se
configura con un cronograma de trabajo inmediato (Decisión 586, 2004).
Este programa de difusión quedó en manos de las respectivas defensorías del
pueblo de cada país miembro; además, aquí es esencial mencionar que la Decisión
586 (2004) es de vital importancia porque le otorga el carácter de vinculante a esta
Carta Andina. Como se puede interpretar, la decisión hace que la CAPPDH deje de
ser un instrumento meramente declarativo y pretende asegurar que los distintos
órganos de la integración andina presionen a los países al respeto de los DD. HH.
No obstante, no tiene la intención de crear un tribunal jurisdiccional o que el actual
TJCA tome casos de vulneraciones de DD. HH., pues para eso existe el SIDH.
Por su parte, la Decisión 711 (2009) establece la Creación del Consejo Andino
Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, en respeto
del Acuerdo de Cartagena, la CAPPDH y los Tratados Internacionales ratificados,
que estará conformado por representantes de rango ministerial por cada uno de los
países miembros y un alterno. Este Consejo tendrá como objetivo principal “apoyar
al proceso de integración subregional con un enfoque de derechos humanos,
de género e interculturalidad, particularmente de las mujeres, que tiendan a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones”; con lo cual emitirá opiniones,
recomendaciones e iniciativas a la CAN.
Recientemente, durante la pandemia en 2021, se emitió la Decisión 883
(2021), en donde, “Cada País Miembro garantizará que al menos el treinta por
ciento (30 %) del total de sus representantes ante los Comités y Grupos Ad Hoc
acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina sean mujeres” con
miras a llegar al 50 %. Asimismo, establece la elaboración de una hoja de ruta para
identificar nuevos retos, que conducirían a tomar nuevas decisiones a futuro.
Seminario-Taller sobre la CAPPDH
El 31 de octubre se llevó a cabo un seminario de aproximadamente seis
horas, organizado por: el Parlamento Andino con representación del parlamentario
Virgilio Hernández, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Este Seminario-Taller contó
con la participación de activistas, representantes de organizaciones y la sociedad
civil en general. Al inicio, se contextualizó sobre la CAPPDH y luego se dividió en
cinco mesas técnicas (Buen Vivir; Derechos de Libertad; Participación y Democracia;
No Discriminación e Intolerancia de Grupos de Especial Protección; Mecanismos
de Exigibilidad y Promoción), para el análisis de la Carta, dada su necesidad de
una actualización y reforma.
En primer lugar, la mezcla del análisis diverso dentro del Seminario empieza
con la crítica de que lo expresado en la Decisión 586 no se ha cumplido, en
específico: la información sobre el programa de difusión de la CAPPDH que es
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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

inexistente, pues no se lo ha iniciado desde 2004, cuando se expidió la decisión. Y,
peor aún, no se ha llevado a cabo el seguimiento por los ministros de relaciones
exteriores sobre las observaciones a las vulneraciones de derechos emanadas por
los diversos sistemas de DD. HH.
En segundo lugar, entre el enriquecedor debate de las mesas técnicas se
recomendó: armonizar en los nuevos derechos reconocidos por las constituciones
de los países miembros y en instrumentos internacionales; actualizar sobre la
esclavitud moderna; ampliar los artículos sobre medio ambiente e incluir cambio
climático; que la Carta debe ajustarse a la Agenda 2030; incluirse la garantía de la
educación a los niños y niñas migrantes; también se hizo énfasis sobre el derecho
a internet, al olvido digital, y al de ciudades sostenibles; se hizo un llamado de
atención por el hecho de que la Carta no tenga un enfoque de juventudes; sobre
garantizar un voto telemático seguro; agregar el derecho a la resistencia y a la
protesta; profundizar en el tema de ciudadanía andina y que la legislación se
adapte a la más garantista de los países andinos; la necesidad de un Órgano de
asistencia técnica y de seguimiento a las actividades de la Carta, cuyos integrantes
sean promovidos por las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales,
etc.; también lo imperativo de un Observatorio Ciudadano y que la Carta sea
actualizada según como ella mismo manda, cosa que no se ha hecho desde hace
más de 20 años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Retos para la protección de los DD. HH. en la CAN
El derecho evoluciona y con ello se llega a legislar asuntos que antes no eran
de importancia o que prácticamente no existían. Bajo esta premisa, Gamboa (2019)
plantea la evolución de los DD. HH. con base en “generaciones”, siendo la primera:
los derechos civiles y políticos; la segunda, derechos económicos, culturales y
sociales; la tercera, “derecho al desarrollo, a la paz, a gozar de un medio ambiente
sano, a la propiedad del patrimonio cultural de la humanidad, a la protección de
los datos personales almacenados en sistemas informáticos o los derechos de las
generaciones futuras” (Gamboa, 2019, p. 8). Por otra parte, el autor reconoce una
creciente cuarta generación sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos de
los homosexuales y de los animales y de la naturaleza, lo que trae consigo nuevos
retos para el derecho nacional, comunitario e internacional.
Para empezar, Tinajero (2017) sostiene retos puntuales. En primer lugar, el
mundo multipolar y el populismo, que ha ocasionado que ciertos Estados justifiquen
la vulneración de derechos o que no acaten sentencias internacionales de DD. HH.
o que lo hagan, pero selectivamente, lo que impone un estado de flexibilidad y
que los DD. HH. no sean universales. En segundo lugar, el debilitamiento de los
Estados, pues señala el peligro de grupos no estatales vulneradores de DD. HH.
(grupos criminales), que tienen inclusive más poder que el mismo gobierno y,
en algunos países, influencia directa. Como tercer y último punto, los múltiples
instrumentos existentes sobre DD. HH. enfocados en diversas áreas, debido a que
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ocasiona “la fragmentación del derecho internacional de los derechos humanos y
de su promoción y protección” (Tinajero, 2017, p. 4); y pone como ejemplo a lo
convenido sobre migrantes: en algunas normativas se reconocen a los DD. HH. no
condicionados por nacionalidad; en otras, que los derechos están reservadas a los
ciudadanos o extranjeros que estén legalmente en un territorio, etc.
Por su parte, Roth (2021) identifica tres latentes retos que los resume en estadocentrismo, institucionalismo y en procedimentalismo. Sobre el estado-centrismo, la
autora es enfática al recordar que el principal vulnerador de DD. HH. en la historia
han sido los Estados, por lo que, invita a una estrategia creativa para que los actores
protagónicos sean no estatales. De la mano, con respecto al institucionalismo, Roth
(2021) critica la tendencia de crear cada vez más instituciones para proteger los DD.
HH., que son financiadas por los mismos Estados. Ella incentiva una protección
de DD. HH. desde las comunidades y la sociedad civil en general y que estas se
expandan en redes; no busca el abandono de las instituciones internacionales, sino
que el enfoque vaya a los pequeños grupos. Por último, sobre el procedimentalismo,
existen procedimientos de protección de DD. HH. que no han tenido la suficiente
efectividad y que con el tiempo se están volviendo obsoletas; como ejemplo, la
autora coloca a la consulta previa, libre e informada (Roth, 2021).
En otra arista, el COVID 19 evidenció los déficits y no solo en materia
económica y sanitaria, sino también en protección de derechos. En la quincuagésima
primera sesión de la Comisión de Derechos de la ONU, la alta Comisionada Interina
señaló a las personas más afectadas por esta crisis e indicó que:
no es sorprendente que en ellos figuran mayoritariamente las mujeres, los niños, los
migrantes, los pueblos indígenas, los desplazados internos, los discapacitados, los ancianos
y las minorías étnicas y raciales, así como las personas que viven en zonas afectadas por
conflictos. (Al-Nashif, 2021, párr. 4)

Asimismo, explicó que, para afrontar este tipo de crisis, lo esencial es la
solidaridad, el multilateralismo y contar con sistemas sólidos, ya que, de esta manera,
se actúa de forma eficaz y eficiente y se deja de lado improvisaciones, como las
subidas de impuestos y otras medidas provisionales, que afectan al ciudadano (AlNashif, 2021). Otro reto para los DD. HH. y en especial para la CAN son las mujeres
indígenas y la propiedad colectiva. Si bien es cierto la CAN se ha comprometido
con continuos esfuerzos a lograr la participación, la no discriminación y el respeto
a la cosmovisión indígena; sin embargo, aún sigue siendo un latente reto para
la región y el mundo, pues, por ejemplo, las mujeres indígenas tienen mayor
afectación junto a las mujeres afrodescendientes.
De este tópico habla Hernández (2022); en su tesis de maestría, concluye
en que el derecho a la tierra forma parte de la identidad cultural indígena y que,
por ende, los Estados deben aplicar medidas positivas con enfoque de género,
pues son las mujeres de este grupo las más afectadas por prácticas machistas
dentro de sus comunidades e identifica los derechos afectados por falta de acceso
a las tierras: “el derecho al desarrollo sostenible, a la alimentación, a la expresión
artística, a la vida en condiciones dignas conforme a su cosmovisión” (Hernández,
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2022, p. 54). Por ello, el reto se enfoca en la implementación de políticas públicas
para asegurar la seguridad alimentaria y la explotación sostenible de sus recursos
y así evitar la violencia económica, patrimonial, violentar su identidad y demás
derechos conexos.
Los DD. HH. también se ven afectados por las nuevas tecnologías; Cardona
(2022) establece que el reto primordial en esta área “es proteger y garantizar el
derecho fundamental a la protección de datos en un contexto público-privado de
aceleración de la innovación, transformación digital, de fomento de la economía de
datos y de generalización de aplicación de la inteligencia artificial” (p. 3). De igual
forma, las plataformas digitales son el escenario predilecto para la violencia basada
en género (VBG), puesto que, es difícil llegar con el autor directo o material sea
de sexting, grooming, acoso, entre otros, lo que crea un ambiente de impunidad.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer,
sus Causas y Consecuencias (2018) afirma que el 28 % de las mujeres víctimas de
VBG en internet se alejan de la interactividad digital, mientras que los agresores
continúan hasta que se cansan o aburren y proceden a buscar nuevas víctimas, lo
que causa un declive al libre desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres.
A la par, Cardona (2022) reconoce como un gran reto, la brecha digital
que profundiza la desigualdad, especialmente, en América Latina y África. La
brecha digital afecta en mayor medida a mujeres que a hombres: “el 62 % de los
hombres utiliza Internet, frente al 57 % de las mujeres” (Unión Internacional de
Telecomunicaciones, 2021); de igual forma, la CEPAL (2023) “estima que 4 de cada
10 mujeres en América Latina y el Caribe no están conectadas y/o no pueden
costear una conectividad efectiva” (párr. 8). Y, de esas mujeres, las analfabetas,
mujeres de las comunidades, pueblos y nacionalidades y de la ruralidad son las
más afectadas.
Otro de los grandes desafíos que enfrentan los DD. HH. son las desigualdades,
tanto sociales y económicas como de género. El informe de Oxfam Internacional
(2024) resalta la creciente brecha de desigualdad global causada por el poder
empresarial, con datos que muestran un aumento significativo en la riqueza de
los milmillonarios en contraste con la reducción de la riqueza del 60 % de la
población mundial. El informe hace énfasis en que las desigualdades económicas
no solo afectan a nivel individual (pobreza y exclusión), sino que también genera
inestabilidad social y político y el deterioro ambiental, ocasionado en principio
por el consumismo insostenible de los más ricos (Oxfam Internacional, 2024). Así,
resulta inmoral la acumulación de riquezas (Robeyns, 2016), pues las desigualdades
que conducen a la pobreza dificultan el goce de una vida y muerte digna para las
personas.
Desde las desigualdades, la crisis política en Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y otros países de la región, ha traído la «Primavera Latinoamericana». Esto
ha fortalecido el reclamo social, pero también ha repercutido en altos puntos en
el riesgo país. En consecuencia, el círculo vicioso de Estado ausente y un pueblo
descontento no se ha logrado apaciguar, sino que continúa acumulándose hasta
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“Movilidad humana, emergencia climática y derechos humanos”

llegar a la paralización de los países. Las causas de este fenómeno representan el
gran reto para los Estados, que solo se enfocan en los efectos. De este modo, las
radicales ideologías de extrema derecha empiezan a revestirse de ser la panacea
a los problemas, cuando la historia ha demostrado que son el principal agente
vulnerador de derechos bajo un sistema patriarcal. Asimismo, se observa, como
efecto de las desigualdades, el fenómeno de las migraciones, tanto de ciudadanos
andinos como la llegada de ciudadanos venezolanos a estos países.
Finalmente, el desafío más importante para los derechos humanos es la crisis
climática. Desde el Acuerdo de París de 2016, los países se comprometieron a hacer
frente al calentamiento global. Por ende, ha sido imperativo trabajar por evitar
superar la alteración en 1,5 °C; para no sobrepasar límites planetarios ni llegar a un
escenario de no retorno. Es imposible desvincular la estrecha relación entre crisis
climática y derechos humanos; el mismo secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres, ha dicho que: “La crisis climática es la mayor amenaza para
nuestra supervivencia como especie y ya está amenazando los derechos humanos
en todo el mundo” (Amnistía Internacional, 2023, párr. 1).
Los derechos son inalienables, interdependientes e interrelacionados; y
el solo hecho de atentar contra el derecho a un ambiente sano, reconocido en
el artículo 30 de CAPPDH y otros instrumentos, ya atenta contra otros DD. HH.
Por ejemplo, las fuertes olas de calor ocasionadas por el calentamiento global
transgreden el derecho a la salud, el trabajo y a la vida misma. Pero ahora lo
más importante es reconocer la interseccionalidad, pues “hay inequidad de género
en los impactos del cambio climático, donde las mujeres son más impactadas”
(Aguilar, 2019, p. 89).
La integración andina debe adoptar la debida importancia de este reto,
así como lo viene haciendo la comunidad internacional. El SIDH ha venido
“aprovechado tanto la competencia contenciosa como la consultiva para desarrollar
estándares interamericanos sobre medio ambiente, cambio climático y derechos
humanos” (Aguilar, 2023, p. 5). La lucha en contra del calentamiento global debe
ser mancomunada y liderada por los Estados, pues paradójicamente los que menos
contaminan son los que más consecuencias percibirán en efectos, como “sequías
más frecuentes, inundaciones, olas de calor y otros efectos meteorológicos extremos
que afectan a la mayoría de las regiones del mundo, en particular a las personas
más vulnerables” (Terán y Rosales, 2022, p. 18).
Garantizar la justicia climática viene por tanto a ser el principal desafío
de aquí para adelante, que debe ser atendido a tiempo pues su prolongamiento
solo ocasionará que sea más difícil de tratar, afectando principalmente a niñas y
mujeres: en 2023 el aumento en la temperatura global fue aproximadamente de 1,2
°C y para 2024 el Servicio Meteorológico de Reino Unido estima que estará entre
1,34 °C y 1,58 °C (NASA, 2024; Madge, 2023).

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Revista Justicia(s), Año 3, Volumen 3, número 1, período enero-junio 2024

CONCLUSIONES
La CAPPDH representó un significativo avance en materia de DD. HH. para
un bloque regional, mostrándose notablemente adelantada a su época. La Carta
reconoce la constante evolución y los dinamismos sociales, al punto de que, en su
disposición final, manda su evaluación y, si es necesario, su reforma cada cuatro
años. Sin embargo, esto no se ha hecho desde hace más de dos décadas. A pesar
de ello, la CAN ha continuado atendiendo la realidad de las mujeres mediante
Decisiones, y ha implementado medidas afirmativas para la paridad de género
dentro de su institución, lo que garantiza el respeto y la participación de las mujeres
andinas en la CAN. El proceso aún es largo y muy urgente para el resto de las
ciudadanas, por lo que se debería empezar a transversalizar la participación de las
mujeres en toda la CAPPDH.
Por ende, y tomando como referencia el ejemplo del Seminario-Taller sobre la
CAPPDH, es esencial una actualización y una reforma, pero de manera participativa
entre los cuatro países. En este marco, es fundamental que la CAPPDH no compita
con el SIDH, sino que garantice que los derechos no sean vulnerados y que las
decisiones judiciales de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador se basen en perspectiva
de género, se cumpla la reparación integral y se respete las decisiones de la Corte
IDH, la cual en sus sentencias aplica la perspectiva de género y ha recomendado a
los países hacer lo mismo; por ejemplo, “El primer Caso donde aplicó perspectiva
de género fue Penal Miguel Castro Castro vs. Perú de 2006”; en este, la CIDH falló
teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales e históricas que tienen las
mujeres (Pérez, 2022).
Finalmente, se concluye que los Estados miembros de la CAN se han
enfrentado a situaciones no previstas, como la pandemia de COVID 19 y otras que
ya han augurado su venida, tales como: la aceleración de las nuevas tecnologías,
la crisis climática, las desigualdades, las guerras y la desestabilidad política y social;
todo ello ha erosionado la protección de los DD. HH. en la región e instan a un
tratamiento urgente. De allí que la CAN deba seguir con el fortalecimiento de su
institución supranacional, encaminada a afrontar los nuevos desafíos desde una
perspectiva de DD. HH. y de género, brindando especial importancia a los dos
retos más apremiantes que impiden el desarrollo sostenible: las desigualdades y
la crisis climática; puesto que son un arma letal hacia los DD. HH. y la naturaleza.
La región andina y el mundo entero tienen una larga lista de desafíos que afrontar
con respecto a los derechos humanos y la Agenda 2030, los cuales solo se podrán
superar con la integración y el enfoque de género.
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