Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN LA RESPONSABILIDAD PENAL POR LA
MALA PRAXIS MÉDICA EN ECUADOR

Germán Eduardo Carrera Pérez
Universidad de Otavalo
gcarrera@uotavalo.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0820-0600

Fecha de recepción: 20 de junio de 2023
Fecha de aceptación: 24 de agosto de 2023
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2023

Resumen
La investigación estuvo enfocada en el estudio de la actuación probatoria en
la responsabilidad penal por la mala praxis médica en Ecuador. Para su desarrollo,
se trazó como objetivo general demostrar el valor de la prueba para declarar la
responsabilidad penal ante la mala praxis en el ámbito médico. En ese orden, se
estudió la doctrina acerca de la responsabilidad médica y sus clases, con énfasis
en la responsabilidad penal. De la misma manera, se revisó la definición de mala
praxis, los escenarios en que puede tener lugar en el contexto sanitario, los delitos
tipificados en el COIP que conducen a la responsabilidad penal de los galenos
y la actuación de la prueba ante actos de mala praxis. Finalmente, se realizó un
estudio del caso 17282-2015-03147 (2017) resuelto por el Tribunal de la Sala Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ante un delito de homicidio culposo.
Con base en la jurisprudencia examinada, se desarrolló la discusión para contrastar
doctrina y jurisprudencia. Se concluyó que la prueba pericial es fundamental a los
efectos de demostrar la mala praxis en el Ecuador y que contribuye a esclarecer
los hechos y convencer a los jueces ante inobservancias de los procedimientos en
el orden sanitario. Este estudio se sustentó en una metodología de investigación
cualitativa mediante la aplicación de métodos como el inductivo, exegético jurídico
y de estudio de casos, unido a la técnica bibliográfica documental.
Palabras clave: actuación probatoria; mala praxis; médico ; responsabilidad
penal.

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Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023

EVIDENTIARY PROCEDURE IN CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL
MALPRACTICE IN ECUADOR
Abstract:
This research was aimed at studying the probative performance in criminal
responsibility for medical malpractice in Ecuador. The main objective was to
demonstrate the value of the evidence to declare criminal responsibility for malpractice
in the medical field. The doctrine of medical responsibility and its classification with
emphasis on criminal responsibility were studied. The definition of malpractice, the
scenarios in which it can take place in the health context, the crimes typified in the
COIP that lead to the criminal liability of doctors and the performance of evidence
in the face of acts of malpractice were also reviewed. Finally, an analysis of the case
17282-2015-03147 (2017) resolved by the Criminal Court of the Provincial Court
of Justice of Pichincha, Ecuador, for a crime of manslaughter was also carried out.
Based on the examined jurisprudence, a discussion was developed to compare
doctrine and jurisprudence. It was concluded that expert evidence is essential for the
purpose of demonstrating malpractice in Ecuador and that it contributes to clarifying
the facts and convincing the judges in the event of non-observance of the procedures
in the health sector. The study was based on a qualitative methodology through the
application of inductive, bibliographic, case study and legal exegetical methods.
Keywords: probative performance, malpractice, medical and criminal
responsibility.

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INTRODUCCIÓN
La mala praxis médica es un problema que afecta a los sistemas de salud
en todo el mundo. Se refiere a la negligencia, imprudencia o incompetencia de
los profesionales de la medicina que resulta en daños al paciente. Cuando estos
actos llegan a provocar la muerte o lesiones graves, pueden configurar delitos
que conllevan una responsabilidad penal. En Ecuador, la Ley Orgánica de Salud
establece que cualquier acto individual no justificado que cause daño al paciente
constituye una infracción sancionable. Por su parte, el Código Orgánico Integral
Penal tipifica delitos como el homicidio culposo y las lesiones por mala praxis. En
este sentido se tiene que, para determinar esta responsabilidad, es fundamental la
actuación probatoria, especialmente la prueba pericial y documental.
Este fue el fundamento de este trabajo que buscó analizar la actuación
probatoria en la responsabilidad penal ante casos de mala praxis médica en
Ecuador. El objetivo estuvo centrado en mostrar el valor de la prueba para declarar
la responsabilidad penal en este contexto. Para ello se realizó una revisión teórica
de la doctrina sobre responsabilidad médica, la mala praxis como figura jurídica,
los delitos aplicables según la legislación ecuatoriana y el papel de la prueba.
El análisis se complementó con el estudio de la sentencia 17282-2015-03147
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por un delito de homicidio culposo
originado en mala praxis. La metodología fue de corte cualitativo, con aplicación
de métodos como el inductivo, deductivo y exegético para contrastar doctrina,
jurisprudencia y concluir sobre la importancia de la prueba pericial en estos casos.
1. Clases de responsabilidad médica: la responsabilidad penal
Se debe plantear que existen distintas clases de responsabilidad médica, entre
ellas están: la responsabilidad penal, civil, administrativa y ético-deontológica.
La responsabilidad civil implica la obligación de reparar el daño causado y se
manifiesta a través de la compensación, ya sea en forma de atención médica o
compensación económica.
Además, entre las clases de responsabilidad médica, está la responsabilidad
administrativa, que no se dirige directamente al médico, sino a la administración
sanitaria. En estos casos, se analiza si la administración proporcionó los recursos
necesarios para la práctica médica. Estas situaciones a menudo resultan en demandas
de carácter económico y no afectan directamente al galeno implicado.
También está la responsabilidad ética que no está vinculada al ámbito judicial,
sino al plano ético. Se refiere al incumplimiento de los deberes establecidos en los
estatutos generales de las organizaciones médicas, instituciones y códigos éticos.
Estas normas sirven como guía para la conducta profesional del médico y su
violación se aborda desde dicha perspectiva.

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1.1. Responsabilidad penal
Corresponde detenerse en la responsabilidad penal que, para Muñoz y García
(2017), se fundamenta en el principio de daño a un bien jurídico protegido que, en
el ámbito médico, incluye la vida, la integridad corporal y la salud física o mental del
paciente. Esta responsabilidad está regida por el principio de legalidad, establecido
en el texto constitucional y en la norma penal. Este garantiza que ninguna conducta
sea considerada delito si no está previamente tipificada jurídicamente.
En esa línea, a partir de los criterios de Casabona (2017), para establecer la
responsabilidad penal en casos de mala praxis médica, se deben cumplir ciertos
requisitos. En primer lugar, debe existir una conducta por parte del médico que
viole los deberes de cuidado establecidos en su actividad profesional. Además, dicha
conducta debe haber arrojado como consecuencia la muerte o lesión del paciente. Es
fundamental demostrar la relación causal entre la conducta del médico y el resultado
perjudicial. Por último, se requiere que exista una relación de antijuridicidad entre
ambas partes o que se pueda imputar las consecuencias de dichos actos a través de
estándares objetivos, es decir, la imputación objetiva del efecto causado.
La responsabilidad penal implica que un médico puede ser acusado de
cometer delitos como el aborto sin consentimiento, la eutanasia o la negligencia en
el deber de socorro. La responsabilidad penal puede llevar a sanciones privativas
de libertad e inhabilitación para ejercer la medicina. En Ecuador, la Ley Orgánica
de Salud (2006) establece, en el artículo 202, que cualquier acto individual no
justificado e intransferible que cause daño al paciente, ya sea por incumplimiento
de normas, impericia, imprudencia o negligencia, constituye una infracción en el
ejercicio de las profesiones de salud.
1.2. Estudio de la figura de la mala praxis
De manera general, para Romero (2017), la mala praxis médica se produce
cuando se causa daño al cuerpo o a la salud de una persona, ya sea de forma
parcial o total, temporal o permanente, como resultado de una acción profesional
realizada con imprudencia, negligencia o incompetencia en su campo, o al no
cumplir con los deberes que le corresponden y violar las normas legales aplicables.
Por su lado, Salazar y Quintana (2015) analizan, de manera coincidente con
Romero (2017), que la mala praxis médica se refiere a la conducta profesional de un
médico que, debido a su negligencia, imprudencia o incompetencia, causa daño o
perjuicio al paciente. Esto implica el incumplimiento de los estándares de cuidado
y la violación de los deberes profesionales y legales. Esta figura es indicativa de
prácticas médicas inapropiadas que causan daño a los pacientes.
Como se aprecia en las definiciones anteriores, están presentes los términos
de “negligencia”, “imprudencia” o “incompetencia”. Esta última, de acuerdo con
Freire (2018), se refiere a la falta de habilidad o capacidad profesional para llevar a
cabo un tratamiento o una operación, lo que resulta en un fracaso culposo.
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A modo de resumen, existe mala práctica cuando el médico ha actuado de forma
negligente, imprudente o incompetente durante el ejercicio de su profesión. Esto
conduce a que se genere un daño o perjuicio al paciente. Implica el incumplimiento
de los deberes éticos, profesionales y legales, así como la inobservancia de los
parámetros de atención y cuidado aceptados en la práctica médica.
Por su lado, la negligencia médica se evidencia cuando un profesional de la
salud no utiliza las técnicas médicas y procedimientos terapéuticos conocidos, a
pesar de estar al tanto de ellos, lo cual agrava la salud del paciente. En contraste,
la imprudencia médica se manifiesta a través de una conducta temeraria, llevada a
cabo sin la debida diligencia y cuidado, ocasionando daños a la salud del paciente
que podrían haberse evitado y prevenido.
En relación con la imprudencia, es importante destacar que, tal como explica
Lichiardelli (2016), est se manifiesta en la falta de precaución que puede conducir
a la carencia de previsión de un resultado que se podía pronosticar y es común.
Lo anterior, unido al hecho de que la consecuencia se produjo debido a la falta
de implementación de medidas para evitarlo. Por ello, se puede afirmar que es un
resultado perjudicial para el paciente que es objetivamente previsible si lo hubiese
sido para cualquier otro médico en la misma situación, teniendo en cuenta los
antecedentes del caso y el estado de la medicina en esa especialidad.
1.3.Escenarios de mala praxis que pueden conducir a la responsabilidad
penal del médico
La mala praxis se puede manifestar de diferentes formas. Algunas de ellas han
sido identificadas por Fuente del Campo y Ríos (2021), entre ellas están los problemas
en el diagnóstico de enfermedades que se pueden manifestar en: error o demora
en su identificación, incorrecta indicación de los exámenes que corresponden a
determinados síntomas, actuación equivoca con base a los resultados de las pruebas
realizadas e indicación inadecuada de exámenes terapéuticos.
Otro de los escenarios pueden ser los problemas de orden terapéutico que
se pueden presentar cuando existen equivocaciones en cuanto al procedimiento
o dosis de medicamentos administrados, errores a la hora de administrar un
tratamiento, cuando se ha brindado una atención inadecuada o no se ha indicado,
realización incorrecta de cirugías, procedimientos o pruebas, y demora previsible
en el tratamiento o en la respuesta a resultados anormales de pruebas (Fuente del
Campo & Ríos, 2021).
También pueden presentarse dificultades de tipo preventivo que salen a la
luz por cuestiones como: error al omitir el tratamiento preventivo, indicaciones
preventivas inapropiadas e inadecuado monitoreo del tratamiento. De igual forma,
otros problemas como la elaboración incorrecta de historia clínica, error en el
funcionamiento del equipo, problemas de comunicación y fallas en otros sistemas,
atención por un profesional con falta de capacitación o desactualizado, mala
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interrogación al paciente para proceder al diagnóstico y tratamiento adecuados,
mala relación entre médico y paciente. Asimismo, se pueden presentar errores
instrumentales o técnicos, que ocurran lesiones o daños causados por
​​ el mal
funcionamiento del equipo o mala manipulación del operador al utilizarlo,
incapacidad para aplicar una técnica, lo que resulta en daño o muerte del paciente,
equivocación en la identificación del paciente o del órgano afectado, entre otros.
Dentro de este marco, Paredes (2016) ha determinado que entre los
elementos fundamentales para determinar casos de mala praxis están: la
exposición innecesaria del paciente a riesgos, el empeoramiento de la condición
del paciente o su fallecimiento debido a una atención deficiente, la presencia
de lesiones injustificadas, la obtención de beneficios económicos fraudulentos, la
realización de prácticas o uso de suministros claramente inapropiados, los actos de
violencia física y/o psicológica, el incumplimiento de obligaciones en términos de
recursos, seguridad y, en algunos casos, resultados, la ejecución de procedimientos
médicos sin la debida validación por parte de comités de investigación y/o ética
y la violación de normativas que prohíben ciertas prácticas, como el aborto o la
eutanasia cuando no están permitidos por la legislación, entre otros.
1.4 Nociones introductorias sobre la responsabilidad médica
Para estudiar la actuación probatoria en la responsabilidad penal motivada
por la mala praxis médica en Ecuador, es necesario partir de que, en el ámbito
sanitario y, en especial, en la práctica médica, se pueden cometer acciones que se
consideren como delitos establecidos en la normativa penal. Estos generan daños
que conllevan a la obligación de reparar a las personas afectadas.
Dentro de este orden, la responsabilidad, derivada del término latino
respondere, implica, para Fuente del Campo y Ríos (2021), estar obligado a
cumplir con ciertas prestaciones. En el ámbito médico, los profesionales tienen
deberes y obligaciones que deben cumplir. El incumplimiento de estos puede
acarrear consecuencias legales y éticas. De este modo, se puede plantear que la
responsabilidad profesional médica implica la obligación de los médicos y otros
profesionales de la salud de hacer frente a las consecuencias de sus acciones,
omisiones y errores en el ejercicio de su profesión. Esta responsabilidad se basa en
los principios de la práctica médica y la normativa legal.
Asimismo, la responsabilidad médica se define por Chacón (2017) como la
obligación de los médicos de reparar y satisfacer los resultados de sus acciones,
omisiones y errores, tanto voluntarios como involuntarios, que puedan ocurrir
durante su ejercicio profesional. Esta responsabilidad implica consecuencias legales
en los ámbitos civil, administrativo y penal. En esa línea, la responsabilidad médica
implica la obligación de corregir, reparar o indemnizar los daños causados. El
médico debe observar las reglas generales dentro de sus actividades, así como la
normativa legal y técnica relacionada con la práctica médica. Esta responsabilidad
comienza desde el primer contacto con el paciente y el médico debe asumir las
consecuencias de sus acciones, omisiones y errores.
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Corresponde decir que, de manera general, la definición de responsabilidad
médica, como explica Calabuig (2019), nace de la obligación de proveer al paciente
los cuidados que se requieran. Por ello, es el paciente quien debe probar el vínculo
de causalidad y culpa por parte del galeno. También se debe destacar que existen
varios elementos que conforman la responsabilidad médica, los que han sido
identificados por Grifo (2017) y que se exponen a continuación.
En primer lugar, la existencia de un deber preexistente que es un componente
esencial en situaciones en las que se omite la realización de un servicio, lo cual
resulta en un supuesto daño o perjuicio. En otras palabras, se trata simplemente
de la obligación de cumplir con lo establecido por la normativa con relación al
desempeño en el ámbito médico (Grifo, 2017). Por lo tanto, en tales casos, se
requiere demostrar cómo un médico debía actuar en ese momento específico.
En segundo lugar, el error médico: implica la falta de cuidado, atención o
inobservancia de la lex artis.1 Dicha ley, para Seoane (2021), se refiere a las normas,
procedimientos y protocolos establecidos en el desempeño de la actividad médica
que definen un comportamiento profesional adecuado. Dicho error implica una
falta de adecuación en la praxis en un momento determinado. En este contexto, es
crucial contar con la evaluación de los procederes llevados a cabo por el galeno, por
lo que el informe pericial médico desempeña un papel fundamental. Por lo tanto,
la prueba pericial de carácter médico debe llevar a cabo un análisis exhaustivo del
caso, examinando la documentación disponible. Entre estos documentos, la historia
clínica destaca como un elemento clave para supervisar la puesta en práctica de los
conocimientos en materia sanitaria ante cada paciente.
Por otro lado, se debe probar que existe un daño ocasionado, el que debe
resultar en un perjuicio tangible para el paciente, su familia o terceros. Entre sus
consecuencias están: el fallecimiento del paciente y la presencia de lesiones físicas
o psicológicas (Grifo, 2017). Finalmente, la existencia de un vínculo de causalidad
que tiene lugar cuando hay una relación de causa y efecto entre la negligencia
cometida y el daño resultante. La prueba exitosa de esta correlación es lo que
establece la responsabilidad profesional médica. Una de las características que hace
que esta causalidad sea muy difícil de determinar es que pueden existir múltiples
causas. En relación con lo antes planteado, las lesiones de los pacientes rara vez
tienen una sola causa inmediata. En la mayoría de los casos, existen múltiples
causas que contribuyen al resultado dañino. Cada una de estas causas puede tener
una posición jerárquica o un nivel de influencia diferente en la aparición del daño.
1.5 Delitos que tipifican la responsabilidad penal del médico en Ecuador
En Ecuador, el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (2014) tipifica
el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. En virtud de este, el
sujeto activo es una persona que, al no cumplir con el deber objetivo de cuidado en
1

lex artis: significa en español, la ley del arte. En este caso, se aplica al ámbito médico y se refiere a
las técnicas, procedimientos y acciones de naturaleza técnica que deben ponerse en práctica en el
desempeño profesional del médico.

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el ejercicio de su profesión, cause la muerte de otra. Por ello puede ser sancionada
a una pena privativa de libertad de uno a tres años. Una vez cumplida la pena, la
ley determinará el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión.
Por otra parte, en su forma más agravada (calificada), el Código Orgánico
Integral Penal COIP (2014) prevé que, si la muerte ocurre debido a acciones
innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la pena privativa de libertad será de tres a
cinco años. Además, regula que, para considerar la infracción al deber objetivo
de cuidado, se deben cumplir los siguientes criterios: que la simple producción
del resultado no implica una infracción al deber objetivo de cuidado; se debe
incumplir leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis
aplicables a la profesión; el resultado dañoso debe ser directamente causado por la
infracción al deber objetivo de cuidado y no por otras circunstancias independientes
o relacionadas y se evaluará la diligencia, el nivel de formación profesional, las
condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho en cada caso
específico.
Ahora bien, con respecto al tipo penal mencionado, la Corte Nacional de
Justicia de Ecuador, mediante Resolución 01-2014 (2014), definió su alcance a
partir de los siguientes criterios: el COIP tipifica el delito de homicidio culposo por
mala práctica profesional en su forma simple y calificada. No obstante, deben ser
interpretados en su totalidad.
Por otro lado, la Resolución 01-2014 (2014) dispone que el tipo penal de
homicidio culposo, en su forma simple por mala práctica profesional, se configura
cuando se incumple el deber objetivo de cuidado y que este delito, en su forma
calificada, se perfecciona no sólo por el incumplimiento de la referida obligación,
sino también por la presencia de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Por otro lado, está el delito de lesiones previsto en el artículo 152 del COIP
(2014). En este se prevé como conducta típica que una persona le genere una
lesión a otra y las penas dependen de los resultados de estos actos delictivos.
Específicamente, si las lesiones ocasionan un daño, enfermedad o incapacidad de
cuatro a ocho días, se impondrá una pena privativa de libertad de treinta a sesenta
días. Igualmente, cuando las lesiones causan un daño, incapacidad o enfermedad
de nueve a treinta días, la pena privativa de libertad será de dos meses a un año.
De igual manera, está tipificado en el artículo 152 del COIP (2014) que ante
un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, la pena
privativa de libertad será de uno a tres años. Por otro lado, en caso de que las
lesiones conduzcan a una enfermedad grave, disminución de facultades físicas o
mentales, incapacidad o enfermedad que, aunque no sea permanente, excede los
noventa días, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años. También si
las lesiones provocan trastornos mentales, pérdida de un sentido o capacidad de
hablar, invalidez para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización
de un órgano o una enfermedad grave, contagiosa e incurable, la pena privativa de
libertad será de cinco a siete años.
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Cabe agregar que en este delito se tipifican aquellos actos derivados de la
violación del deber objetivo de cuidado que, en cualquiera de las situaciones
mencionadas anteriormente, conllevará a una sanción privativa de libertad
equivalente a la cuarta parte de la pena mínima establecida en cada caso como
lo prevé el COIP (2014). Para determinar estos actos, se tomará en cuenta lo
establecido en el artículo 146 correspondiente al homicidio culposo por mala
práctica profesional. También establece que no se considerarán punibles las lesiones
resultantes de acciones terapéuticas realizadas por profesionales de la salud en
cumplimiento del principio de necesidad para preservar la salud del paciente.
1.6

La actuación de la prueba ante una mala práctica profesional

Para revisar esta temática, se debe partir de que, para Martínez (2021), la
prueba es todo el material que puede contribuir a convencer al juez de los actos
ilícitos, sus autores u otros participantes, la responsabilidad de estos y los daños
causados, entre otros aspectos. La prueba, más conocida como la prueba de la
verdad, se establece por medios o elementos destinados a establecer hechos
relevantes. Con ellos se busca la verdad procesal que consiste en comprobar la
actuación de una persona a fin de verificar, en el ámbito penal, que se corresponde
con un tipo penal, razón que conducirá a la aplicación de una sentencia, con la
consecuente responsabilidad de reparar, de manera integral, el daño infringido.
En el Ecuador, el artículo 453 del COIP (2014) regula el fin de la prueba, que
es presentarla al juez para llevarlo al convencimiento acerca de hechos ocurridos,
las circunstancias que generaron el acto delictivo y la responsabilidad del imputado.
Por otro lado, están los medios probatorios que, para Ordoñez (2021), son los
instrumentos o técnicas utilizados en un proceso legal para demostrar la veracidad
o falsedad de los hechos alegados. Estos pueden incluir documentos, testimonios
de testigos, peritajes, evidencia física u otros elementos que permitan establecer la
verdad de los acontecimientos en disputa.
En esa línea, el COIP (2014), en el artículo 498, reconoce como medios
probatorios: el testimonio, la prueba pericial y documental. En el orden médico,
estas son fundamentales, por ejemplo, es crucial recopilar todos los testimonios
relevantes que puedan aportar información sobre las circunstancias en las que tuvo
lugar el hecho, incluyendo, siempre que sea posible, los testimonios, tanto de la
víctima como del galeno acusado, siguiendo las reglas procesales establecidas en
la legislación penal aplicable.
Por otro lado, ante mala praxis médica, la prueba documental desempeña un
papel crucial y la historia clínica adquiere una importancia primordial. Es imperativo
que el referido documento legal cumpla con los requisitos y formatos establecidos
por la legislación interna para asegurar su validez y confiabilidad como medio
probatorio.
Cabe agregar que, ante las mencionadas pruebas, gana relevancia en este
contexto la prueba pericial como medio de prueba basado en la opinión o dictamen
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de un experto o perito en una materia específica. El perito, según Vázquez (2022)
es una persona con conocimientos especializados y experiencia en un campo
determinado y su función es examinar y analizar evidencias, realizar investigaciones
y emitir informes o declaraciones que ayuden al tribunal a comprender aspectos
técnicos, científicos o especializados relacionados con el caso en cuestión. La prueba
pericial tiene como objetivo proporcionar al tribunal una evaluación imparcial,
especializada y fundamentada que contribuya a esclarecer los hechos y facilitar la
toma de decisiones en el proceso judicial.
En ese sentido, el COIP (2014), en el artículo 459, ordena la manera en la que
pueden ser obtenidas las muestras y efectuados los exámenes corporales, tanto a
víctimas como acusados, siendo imprescindible el consentimiento de la persona o
el de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, ante su incapacidad,
o la autorización de un juez. Igualmente, esta norma dispone, en el artículo 511,
las características y requisitos que deberán tener las personas que actuarán como
peritos. Se considera que para probar la mala praxis por parte del médico, la
prueba documental y pericial son esenciales por la naturaleza de los actos que
tienen un soporte científico, especialmente, clínico.
METODOLOGÍA
La investigación tuvo una naturaleza cualitativa y se sustentó en la doctrina y
la regulación jurídica nacional sobre el tema, así como en el análisis de un caso de
mala praxis resuelto en Ecuador. Ello permitió poner en práctica la teoría desarrollada
pues, según Hernández, Fernández y Baptista (2016), esta clase de estudio se basa
en la lógica y establece conexiones entre diferentes áreas del derecho. Se tiene
entonces que dicha investigación se caracteriza por su profundidad y amplitud de
información de calidad. Además, este estudio parte de la generalidad para llegar
a lo especifico, al recopilar tanto criterios doctrinales como jurídicos relacionados
con la actuación probatoria en la responsabilidad penal por la mala praxis médica
en Ecuador.
En consonancia con los autores antes mencionados, Croda y Abad (2017)
afirman que la aplicación de una metodología cualitativa consolida los resultados,
al permitir contrastar la doctrina, la normativa y la práctica, lo que genera criterios
y percepciones acerca del objeto de investigación. Además, se centra en la
comprensión profunda de las experiencias, significados y relaciones sociales que
surgen en el ámbito jurídico, en este caso, a partir de la atención sanitaria y la
aparición de la responsabilidad penal por mala praxis. Tal como se representa a
continuación, la investigación se desarrolló en base a los siguientes pasos:

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Gráfico 1
Pasos seguidos en la investigación

En lo que respecta al alcance y propósito de la investigación, se puede afirmar
que se trató de un estudio descriptivo que tuvo como objetivo detallar los conceptos
y características relacionados con el tema en cuestión, según lo explicado por
Hernández, Fernández y Baptista (2016). Asimismo, la investigación se fundamentó
en la revisión de la literatura académica y en la perspectiva adoptada en el estudio,
lo cual guarda una estrecha relación con los objetivos planteados y contribuye
a orientar de manera adecuada los resultados obtenidos. Ello a partir de que se
estudia lo concerniente a la responsabilidad penal, la prueba y la mala praxis desde
la doctrina y que, luego, se aplica a un caso de estudio.
Además, en este trabajo se emplearon métodos como la hermenéutica jurídica,
que, según Villabella (2018), es un enfoque universal para comprender lo jurídico.
Este implica abordar los aspectos doctrinales del derecho, debatiendo cuestiones
relacionadas con la teoría legal, la regulación jurídica y los comportamientos en
el ámbito del derecho. De igual forma, se empleó el método analítico-sintético, el
cual, según Pastrana (2016), implica realizar un análisis exhaustivo del fenómeno
desde su definición, marco regulatorio, su funcionamiento y sus resultados, al
mismo tiempo que se realiza una síntesis del problema para identificar las causas
y encontrar explicaciones y conclusiones. En resumen, este enfoque combina la
actividad analítica y sintética con el fin de lograr una comprensión más profunda
del fenómeno de estudio.
Por otro lado, se hizo uso del método deductivo que, para Pastrana (2016),
posibilita segmentar el examen del fenómeno en sus partes fundamentales y luego
revisarlo integralmente. En este caso, se dividió el estudio de la responsabilidad
médica enfocada en el ámbito penal, la actuación probatoria y la mala praxis,
cuestiones que se abordan en función de la regulación jurídica y el estudio de casos
acerca del tema. Su aplicación conlleva la generación de nuevos conocimientos
acerca de la temática en cuestión.
Otro método aplicado fue el inductivo. Este, según la explicación que realiza
De la Puente (2017), tiene como peculiaridad que toma en cuenta los criterios
establecidos por el legislador respecto al tema de estudio, así como la jerarquía

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normativa y la legislación vigente, lo cual da lugar a un proceso inductivo. Este
reconoce que cada disposición jurídica no existe de forma autónoma, sino que
forma parte de un sistema legal más amplio. En el contexto de esta investigación,
se realizó una revisión exhaustiva de las normas relacionadas con el tema como el
Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Salud vigentes en Ecuador.
De igual manera, se empleó el método exegético jurídico que implica, para
Tantaleán (2018), revisar los artículos relacionados con el tema de investigación
exhaustivamente como, por ejemplo, los que tipifican las conductas asociadas a
la mala praxis en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de
Salud. De esta forma, fue posible comprender el espíritu normativo en base a las
categorías de análisis y encaminar los análisis y resultados adecuadamente.
Asimismo, se aplicó el estudio de casos que, en derecho, como explican
Epstein y Martín (2018), es una estrategia de investigación que se utiliza para
analizar detalladamente situaciones o casos específicos en el ámbito jurídico.
Consiste en examinar de manera exhaustiva un asunto en particular, teniendo en
cuenta sus circunstancias, hechos, argumentos legales, jurisprudencia aplicable y
decisiones judiciales, entre otros aspectos relevantes.
De manera similar, se empleó la técnica bibliográfica-documental para cumplir
con los objetivos establecidos, lo cual se puso en práctica al revisar las fuentes
doctrinales relacionadas con el tema en cuestión. Ello contribuyó a comprender el
fenómeno en estudio a través del examen de artículos, libros, investigaciones previas,
sitios web y otras fuentes, que coadyuvaron a la adquisición de conocimiento sobre
la actuación probatoria en la responsabilidad penal por la mala praxis médica en
Ecuador.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Corresponde revisar los resultados de investigación a partir del análisis
del caso 17282-2015-03147, resuelto por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, correspondiente a un recurso de apelación que
fue rechazado, a partir de los hechos que se mencionan a continuación.
Tal como obra en la referida sentencia 17282-2015-03147 (2017), en julio
de 2015, la Sra. Yadira Yesenia Cáceres Loyola ingresó a la Clínica de cirugía
plástica Steticusplas Cía. Ltda. en Quito para someterse a una liposucción. Aunque
se suponía que el procedimiento sería realizado por el representante legal de la
clínica, el Sr. Hugo Patricio Toscanos Reyes, los doctores Edwin Ricardo Cevallos
Jácome y Carlos Walter Hurtado Bucheli llevaron a cabo la operación. Durante la
cirugía, se observó que la Sra. Cáceres presentaba un estado cianótico cuando fue
girada, lo cual resultó en su fallecimiento.
Ante lo ocurrido, la policía intervino en la clínica para realizar una investigación
y se determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia aguda causada por una
lesión hepática. Se constató en la investigación que el Dr. Edwin Ricardo Cevallos
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Jácome, contaba con el título de cuarto nivel requerido para la especialidad de
cirujano plástico y, a pesar de ello, había causado la muerte de la paciente.
En esa línea, consta en la resolución judicial 17282-2015-03147, resuelta por
el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que la
operación realizada en la Clínica Steticusplas Cía. Ltda., resultó en la muerte de
la paciente debido a una lesión hepática causada durante la liposucción. Tanto el
Dr. Edwin Ricardo Cevallos Jácome como el Dr. Carlos Walter Hurtado Bucheli
estuvieron involucrados en el procedimiento, pero no se pudo determinar cuál de
los dos causó directamente la lesión fatal. Sin embargo, se concluyó que ambos
médicos fueron responsables del tipo penal de homicidio culposo por actuar de
manera irresponsable y no brindar el cuidado necesario durante la cirugía.
Razonamientos de los jueces y discusión
Con respecto al caso 17282-2015-03147, cuyo fallo fue emitido por el Tribunal
de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, los jueces razonaron
acerca del deber objetivo de cuidado y de la actuación de la prueba en primera
instancia. Al respecto, esta obligación está dirigida a una conducta exigida a las
personas, donde el homicidio culposo se configura cuando no se cumple con
el deber objetivo de cuidado. Este implica una conducta que demanda a las
personas no superar el nivel de riesgo permitido, con el propósito de evitar la
creación de riesgos que sean típicamente relevantes para la protección del bien
jurídico en cuestión. En este contexto sale a la luz la violación, por los galenos,
de su responsabilidad médica. La jurisprudencia del caso, la doctrina con la que
se coincide y, específicamente, los criterios de Fuente del Campo y Ríos (2021),
Chacón (2017) y Calabuig (2019), expone que la responsabilidad médica implica
sus acciones, omisiones y errores, aun cuando sean involuntarios, en los que se
puede incurrir en el ejercicio de su profesión.
Igualmente, los jueces del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha argumentaron, en el caso 17282-2015-03147, que la
responsabilidad por mala práctica médica es clara en el acto de la cirugía. Ello
ratifica los elementos que componen la responsabilidad médica identificados por
Grifo (2017) como la existencia de un deber preexistente por parte de los médicos
que realizaron la operación de cirugía estética inadecuadamente, lo que condujo al
daño o perjuicio causado a la víctima que terminó en su muerte.
Por otro lado, se manifestó, como lo ratificaron los jueces en el caso, el
segundo elemento de la responsabilidad médica, identificado por Grifo (2017), que
corresponde al error, consistente en la carencia de cuidado, y el incumplimiento de
la lex artis. Ello, a partir de que, en las pruebas actuadas, específicamente, la prueba
pericial y testifical, se demostró que la causa de muerte fue por la laceración del
hígado de la paciente por un mal manejo durante el procedimiento médico.
En ese sentido, los jueces en la sentencia No. 17282-2015-03147 (2017),
consideraron que, durante el desarrollo de la cirugía, hubo una violación del deber
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objetivo de cuidado por parte del personal médico. En ese orden lo definen como
una obligación que exige que el personal médico se comporte adecuadamente en
el desempeño de su actividad bajo la observancia de los principios y estándares
establecidos por la medicina y el ordenamiento jurídico. Esto implica que actúen
de manera activa o pasiva según lo exija la condición del paciente.
Por otro lado, la Corte Provincial considera que los médicos actuaron de
manera imprudente, sin diligencia y cuidado. Incluso, uno de ellos cometió el
acto irresponsable de jugar durante la cirugía con otro galeno, sin emplear las
precauciones necesarias para evitar el desangrado y la muerte de la paciente,
causando un daño lesivo en la víctima. En este momento del caso, se ratifica
el tercer elemento determinado por la teoría, que conforma la responsabilidad
médica, tal como lo plantean Grifo (2017) y Calabuig (2019), específicamente la
existencia de un daño ocasionado que es tangible para el paciente y su familia, en
este caso, el fallecimiento.
Esta falta de prudencia y cautela constituye un incumplimiento del deber
objetivo de cuidado y una violación del bien jurídico protegido, la vida. Lo anterior
coincide con la definición de responsabilidad médica expuesta por Muñoz y García
(2017) que se sustenta en la afectación a un bien jurídico protegido. De igual
forma, lo ocurrido en este caso y los criterios de la jurisprudencia reconocen que
la mala práctica médica resulta de una conducta negligente e imprudente que no
toma las precauciones necesarias durante un procedimiento médico y no puede
predecir un resultado específico, en este caso, una operación que resulta en la
muerte de un paciente.
Por otra parte, en el caso se comprobó la violación de la lex artis, que, en este
caso, corresponde a un grupo de prácticas aceptadas y adecuadas que deben ser
observadas en el quirófano. Dichos razonamientos coinciden con la definición de
lex artis basada en la observancia de determinadas reglas, normas y procedimientos
médicos. Esta situación surge cuando se viola esta ley, en particular, porque el
cirujano jefe debe estar a la derecha y su asistente a la izquierda, salvo casos
especiales que no aplican a este ejemplo, regla que no fue respetada.
Asimismo, en el caso 17282-2015-03147 (2017), los jueces razonaron que, en
virtud de la prueba testimonial, los médicos intervinientes actuaron ambos bajo la
misma condición, sin poderse determinar la función de cada uno, al no distinguirse
entre el principal y el secundario, ya que ambos trabajaron en la misma incisión que
resultó en la laceración del hígado de la paciente. Además identificaron que, durante
la cirugía, todo estaba normal mientras la paciente permanecía boca abajo, pero
cuando la voltearon, se presentaron complicaciones graves. El capnógrafo sonó,
los signos vitales bajaron y se inició la reanimación. En este caso, la apreciación de
los juzgadores se sustenta en el valor de la prueba, donde se argumenta que existe
un factor que puede ayudar a un juez a juzgar el delito, la responsabilidad de los
implicados y el daño causado.

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Por lo anterior, en el caso 17282-2015-03147 (2017) se probó, mediante la
actuación de la prueba, en especial, de la pericia donde se investiga y analiza
pruebas e informes sobre ellas para ayudar a los tribunales a aclarar tecnicismos.
Ello llevó al convencimiento de los jueces de que los galenos fueron negligentes,
imprudentes e irresponsables. Ello se materializó en el caso cuando colocaron en
riesgo la vida de la paciente y no previeron el sangrado excesivo ante la afectación
causada al hígado.
Por otro lado, los jueces recalcaron en el caso que uno de los médicos no
contaba con las autorizaciones pertinentes para intervenir en la cirugía. Al respecto,
y unido a todos los hechos del caso, se perfecciona la responsabilidad penal de
estos médicos. En esto coincide la jurisprudencia estudiada y Casabona (2017)
quien asevera que se debe manifestar una conducta por el galeno, que viole los
deberes de cuidado propios de su actividad y que esta genere como resultado la
muerte o daño del paciente. En este caso, produjo el fallecimiento, y se muestra
el vínculo causal entre la conducta del médico y el perjuicio causado al paciente.
Además, los jueces, en la sentencia No. 17282-2015-03147 (2017), hicieron
alusión a que la historia clínica de la paciente estaba incompleta y en ella no
se plasmó protocolo operatorio alguno. Todo ello incumple la referida lex artis
identificada como la violación del ordenamiento jurídico del país, que exige la
prestación de servicios médicos para cumplir con los procedimientos legales. A su
vez, tipifica el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional previsto
en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (2014).
Fallo
En ese orden, en la sentencia se rechazó el recurso de apelación por los
acusados y se ratificó el fallo de primera instancia consistente en que Carlos Walter
Hurtado Bucheli, Edwin Ricardo Cevallos Jácome y Hugo Patricio Toscano Reyes
fueron declarados autores directos del delito de homicidio culposo por mala
práctica profesional. Como consecuencia, se les impuso una pena atenuada de
ocho meses de privación de libertad y una multa equivalente a cuatro salarios
básicos unificados del trabajador en general. Además, se les inhabilitó para ejercer
su profesión durante un año una vez cumplida la pena privativa de libertad. Se
determinó como reparación integral a la víctima por parte de los imputados en la
suma de ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Por otro lado, la persona jurídica Clínica Steticusplas Cía. Ltda. también fue
declarada responsable del delito y se le impuso el cierre temporal por un año.
Como medida de reparación integral, se ordenó el pago solidario de cuarenta
mil dólares estadounidenses a favor de Andrés Vinicio Paz Noguera. Tanto los
condenados como la parte acusadora presentaron recursos de apelación contra
esta decisión.

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CONCLUSIONES
La responsabilidad médica abarca distintos aspectos. En el ámbito penal, se
requiere que el médico viole los deberes de cuidado, causando daño o lesiones al
paciente y que exista una relación causal entre su conducta y el resultado perjudicial.
Las consecuencias pueden ser sanciones privativas de libertad e inhabilitación
para ejercer la medicina. En Ecuador, la Ley Orgánica de Salud establece que
cualquier acto no justificado que cause daño al paciente constituye una infracción
en el ejercicio de las profesiones de salud. El reconocimiento jurídico de dicha
responsabilidad pretende proteger a los pacientes y mantener altos estándares de
calidad en la atención médica.
La responsabilidad penal en casos de mala praxis médica en Ecuador implica la
obligación de los médicos de reparar y satisfacer los daños causados por sus acciones,
omisiones y errores durante el ejercicio de su profesión. El paciente debe probar
el vínculo de causalidad y culpa por parte del médico y existen varios elementos
que conforman la responsabilidad médica, incluyendo la existencia de un deber
preexistente, el error médico, el daño ocasionado y el vínculo de causalidad.
La mala praxis médica se fundamenta en el daño o perjuicio al paciente
debido a la negligencia, imprudencia o incompetencia del médico y por violar
los deberes éticos, profesionales y legales establecidos. La carencia de habilidad
o capacidad profesional, la omisión de técnicas y procedimientos terapéuticos
conocidos, la falta de precaución y la no implementación de medidas preventivas
son algunos de los aspectos que pueden llevar a situaciones de mala praxis. Estos
escenarios pueden manifestarse en problemas de diagnóstico, errores terapéuticos,
dificultades preventivas, errores instrumentales o técnicos, entre otros. Esto tiene
consecuencias en el ámbito penal, donde se exige demostrar la violación de los
deberes de cuidado, la relación causal entre la conducta del médico y el resultado
perjudicial y la imputación objetiva del resultado.
En Ecuador, se tipifica el delito de homicidio culposo por mala práctica
profesional en el artículo 146 Código Orgánico Integral Penal (COIP). El
incumplimiento del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de la profesión
médica puede llevar a sanciones penales que van desde uno a tres años de prisión.
En su forma más agravada, cuando se cometen acciones innecesarias, peligrosas
e ilegítimas, la pena privativa de libertad es mayor. La Corte Nacional de Justicia
ha establecido que estos tipos penales deben ser interpretados en su totalidad.
Además, el COIP también tipifica el delito de lesiones, donde las penas varían según
la gravedad de las lesiones causadas. Las acciones derivadas de la violación del
deber objetivo de cuidado conllevan una sanción privativa de libertad proporcional
a la cuarta parte de la pena mínima establecida.
Con respecto a la actuación de la prueba, se concluye que la prueba pericial
desempeña un papel fundamental en los casos de mala praxis médica en Ecuador.
En ello se destaca el papel del perito dentro del proceso penal en el esclarecimiento

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de la verdad. En los casos de mala praxis médica, como se corroboró en el caso de
estudio, dicha prueba cobra especial importancia debido a la naturaleza científica y
clínica de los actos involucrados. Igualmente, la prueba testifical y documental, en
particular esta última, mediante el examen de la historia clínica, también desempeña
un papel crucial como medio probatorio en el contexto sanitario. En definitiva, la
combinación de la prueba documental y pericial en los casos de mala praxis médica
proporciona una base sólida para determinar la responsabilidad penal del médico,
coadyuva a asegurar la justicia y conlleva a la reparación integral del daño causado
a los pacientes.
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