Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL EN
COLOMBIA: UN ANÁLISIS DESDE EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LOS CASOS DEL RÍO ATRATO Y LA AMAZONÍA

Cristian Camilo Alvarez Rondón
Grupo de Estudios Interdisciplinares en Política, Administración y Derechos (GEIPAD) Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP, Colombia).
cralvarezro@unal.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-4991-3527
Jessica Paola Calderón Moreno
Grupo de Estudios Interdisciplinares en Política, Administración y Derechos (GEIPAD) Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP, Colombia).
jessicacalderon@esap.edu.co
https://orcid.org/0009-0000-4487-5253
Mónica Liliana Calvo Caro
Grupo de Estudios Interdisciplinares en Política, Administración y Derechos (GEIPAD) Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP, Colombia).
monicacalvo@esap.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-2838-8559

Fecha de recepción: 31 de julio de 2023
Fecha de aceptación: 2 de octubre de 2023
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2023

Resumen
En Colombia, desde 2016, se reconocen los derechos de la naturaleza mediante
sentencias judiciales, confiriendo lineamientos específicos al Estado para materializar,
garantizar y proteger este nuevo paradigma. Concretar este escenario, sin embargo,
ha presentado grandes retos. En consecuencia, en este artículo se buscó analizar
la respuesta de la administración pública frente a la brecha entre los derechos
de la naturaleza reconocidos y las capacidades institucionales en sus diferentes
niveles de gobierno, a partir de los paradigmas del nuevo constitucionalismo
latinoamericano y el giro biocéntrico. Para tal fin, mediante el enfoque cualitativo
y el método analítico-crítico, se realizó el estudio de los casos del río Atrato y la
Amazonía colombiana, donde se describe la orden judicial y el seguimiento al
cumplimiento de sus mandatos. Así, se demostró que, a pesar de los compromisos

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y responsabilidades para preservar el ambiente, la implementación de estos
mecanismos de protección ha enfrentado diversos obstáculos. Como consecuencia,
se determina que es necesaria la actualización normativa y organizacional con
base en los nuevos preceptos jurídicos que garanticen los derechos ambientales de
comunidades y ecosistemas.
Palabras clave: nuevo constitucionalismo latinoamericano; administración
pública; derechos de la naturaleza; giro biocéntrico; jurisprudencia.
RIGHTS OF NATURE AND JURISPRUDENTIAL DIVERGENCE IN
COLOMBIA: AN ANALYSIS OF THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN
THE JUDICIAL CASE OF ATRATO RIVER AND THE AMAZON.
Abstract
Ever since 2016, Colombia recognizes the rights of nature through a series of
judicial rulings, which in turn stablish guidelines for the State to materialize, guarantee
and protect these rights. However, implementing this new paradigm presents great
challenges. This article analyzes how the Colombian public administration addresses
the gaps between the rights of nature and its institutional capacities at different levels
of government. The analysis was based on the paradigms of the new Latin American
constitutionalism and the biocentric turn. The methodology was based on a qualitative
approach and the use of an analytical-critical method. An analysis of the Atrato
River and the Colombian Amazon judicial case was carried out. The results show
that, despite of the commitments and responsibilities to preserve the environment, the
implementation of protection mechanisms faces various obstacles. Therefore, changes
in regulations and administrative processes -based on the new legal precepts that
guarantee the environmental rights of communities and ecosystems- are needed.
Keywords: New Latin American constitutionalism, public administration, rights
of nature, biocentric turn, jurisprudence.

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INTRODUCCIÓN
En Colombia, desde mediados del siglo XX se han suscrito diferentes
compromisos internacionales para proteger el ambiente, lo que obliga al Estado
a implementar acciones que garanticen los derechos ambientales. La Constitución
Política (1991) reafirmó estos compromisos, integrándolos al bloque de
constitucionalidad y, posteriormente, en el marco de la Ley 99 de 1993, se crea el
Sistema Nacional Ambiental (SINA) para regular la gestión del medio ambiente y
los recursos naturales. Así, en Colombia, la naturaleza se concibe como un recurso
aprovechable y conservable. Sin embargo, la implementación de los mecanismos
de protección ambiental ha presentado diversos obstáculos organizacionales
y dificultades en la articulación institucional, así como en la asunción de las
competencias en los diferentes niveles de la administración pública.
En efecto, pese a existir un marco regulatorio amplio, se agudizó la crisis
ambiental en los ecosistemas: deforestación, contaminación de los cuerpos de agua,
minería en páramos y monocultivos, principalmente. Esto significó una vulneración
de los derechos de las comunidades rurales, lo que llevó a los operadores judiciales
a, por un lado, tutelar sus derechos y, por otro lado, a reconocer los derechos
de la naturaleza, mediante las sentencias T-622 de 2016 y STC 4360 de 2018.
Esta tendencia se fue presentando en países de la región como Ecuador, Chile,
Bolivia, Brasil, México, entre otros, sobre la protección efectiva del ambiente y el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como parte del paradigma del
nuevo constitucionalismo latinoamericano.
En Colombia se ha venido suscitando una adaptación lenta al reconocimiento
de los derechos de la naturaleza, pero eso no ha venido acompañado de avances
en política pública y/o legislación, lo que lleva a plantear la siguiente pregunta
de investigación: ¿cómo la administración pública ha respondido a los retos en la
implementación del reconocimiento de los derechos de la naturaleza? Para ello,
se analizó la capacidad institucional de la administración pública para materializar
el giro biocéntrico, en el marco de los mandatos de las providencias judiciales
y así, se pudo determinar las acciones puntuales en la implementación de los
nuevos preceptos jurisprudenciales y si estos han sido eficaces. Lo anterior es
necesario pues la discusión sobre los derechos de la naturaleza con este enfoque
es relevante y permite visibilizar su protección en el país. En definitiva, se hace
necesario determinar el avance de cumplimiento de las órdenes judiciales y el
esfuerzo institucional desarrollado así como observar si estos han sido eficaces
para mostrar los retos en la materia.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, aplicando el método
analítico crítico, y se realizó una revisión documental que posibilitó la construcción
del análisis jurisprudencial y el estudio de caso descriptivo. Se pudo así realizar una
observación profunda sobre el caso colombiano y la concepción de los derechos
de la naturaleza en este país, dando un alcance explicativo al nuevo paradigma.
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Por lo anterior, esta investigación empezó por describir el contexto regional sobre
la adopción del nuevo constitucionalismo latinoamericano para luego profundizar
sobre el caso colombiano. Posteriormente, se analizaron las sentencias proferidas
para proteger el río Atrato y la Amazonía colombiana como sujetos de derechos, así
como los mandatos judiciales y las medidas adoptadas por el Estado para acatarlas.
De igual forma, después, según los datos de cada caso, se detallaron algunos
avances y retos en la protección de los derechos de la naturaleza. Finalmente, se
muestran algunas conclusiones partiendo de los resultados obtenidos de la revisión
teórica.
Nuevo constitucionalismo latinoamericano y derechos de la naturaleza
Desde finales del siglo XX se ha presentado, en los países de América Latina,
una importante transformación en el ámbito social, político y económico, la cual se
ha materializado en nuevas constituciones; ejemplos de ello se pueden encontrar en
Colombia, en 1991, Venezuela, en 1999, Ecuador, en 2008 y Bolivia, en 2009. Estos
procesos constitucionales se han gestado de manera asimétrica y por ello tienen
muchos contrastes y diferencias. No obstante, convergen en similitudes propias
del contexto de la región como el reconocimiento de más derechos, una mayor
participación democrática en procesos constituyentes de legitimación popular y
una mayor relevancia a comunidades locales y/o étnicas, como lo resalta Benavides
(2016).
A esta corriente particular del derecho constitucional se le denomina “nuevo
constitucionalismo latinoamericano o andino” al evidenciar un desmarque del
neoconstitucionalismo, como lo sugiere Benavides (2016). Se trata de tomar una
dirección diferenciada y divergente de la visión hegemónica eurocéntrica que buscó
desprenderse de las lógicas del modelo neoliberal, aunque no de manera radical,
como lo sostienen Lascarro y Mejía (2019). Esto se evidencia principalmente en el
caso de Ecuador y Bolivia con el concepto del buen vivir/vivir bien. Este momento
político representó no solamente “una ruptura epistémica y política” que atenuó la
tensión entre capitalismo y democracia (Lascarro, 2012, p. 67).
Es este contexto el que permite, dentro del marco del nuevo constitucionalismo
latinoamericano, considerar un nuevo modelo de Estado, el reconocimiento de
derechos fundamentales y de grupos étnicos, así como su protección por medio
de tribunales judiciales. Por ello, desde los procesos constituyentes, surge un
nuevo escenario para repensar los asuntos interculturales, a su vez estrechamente
ligados a los temas ambientales, desde una mirada plural amplia. Al respecto,
Iacovino (2020), parafraseando a De Sousa Santos, describe que “es indiscutible
la configuración de un tipo de Estado plurinacional e intercultural; por otro lado,
es otro tanto indudable que la creación de ordenamientos plurinacionales no
reproduce el concepto de nación de los Estados liberales” (p. 272). De igual forma,
como lo proponen Cubides et al. (2021), el nuevo constitucionalismo aparece como
un “ejercicio de emancipación de teorías y formas organizacionales inspiradas por
corrientes europeas, para pasar a un reconocimiento de la complejidad social,
ofreciendo así salidas a los problemas estructurales de la región” (p. 5).
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Como consecuencia, estos procesos constituyentes y normativos permitieron
decantar, en Ecuador y Bolivia, la materialización de una nueva concepción de la
naturaleza, dada la crisis ambiental en la región. En ese sentido, Winckler y Pereira,
citados por Pinto et al. (2018) tienen una firme creencia de que por medio de la
sostenibilidad ambiental se logra la sostenibilidad social y económica, por ello,
el nuevo constitucionalismo sustituye la visión colonial por una biocéntrica. Este
paradigma se ha denominado giro biocéntrico y ha sido ampliamente tratado por
autores como Gudynas en su libro Los Derechos de la Naturaleza (2015). Sumado a
lo anterior, se señala que el nuevo constitucionalismo ha transformado la concepción
de la naturaleza como sujeto de derechos, determinando así una configuración
teórico-jurídica a la que le faltaron herramientas precisas para defender y garantizar
los derechos, articulando armónicamente los derechos humanos con los de la
naturaleza.
En Latinoamérica, la constitución ecuatoriana es el gran referente como pionera
en la adopción de los preceptos del nuevo constitucionalismo al positivizar y definir
la tutela de los derechos de la naturaleza en el marco del vivir bien, defendiendo
los valores y la relación armónica entre la madre tierra y el ser humano. Este
reconocimiento garantiza el respeto a su existencia, mantenimiento y restauración;
así mismo, extiende personalidad jurídica a los entes no humanos, reconociendo su
titularidad de derechos, según lo comentado por Pinto (2018, p. 163). En ese orden
de ideas, Greene (2022) expone que es la Corte Constitucional Ecuatoriana la que
ha generado parámetros obligatorios, cuestionando así decisiones estatales que
ponen en riesgo los derechos de la naturaleza, porque la sociedad civil es quien ha
amparado y abogado por ella, determinando así un alcance de protección.
En segundo lugar, Bolivia ha empleado el concepto del vivir bien, en armonía
y equilibrio con la madre tierra, o sumak kawsay, en el marco del reconocimiento
del derecho al acceso a los recursos naturales como patrimonio común. Por lo
tanto, es necesario protegerlos y preservarlos, no en el rango constitucional, pero
sí legal: mediante las leyes 071, de 2010, y 300, de 2012, el país reconoce los
derechos de la madre tierra y la determina como sujeto colectivo de interés público.
Adicionalmente, se crea una Defensoría de la Madre Tierra que se encarga del
cumplimiento de estos derechos (Pinto-Calaça et al., 2018).
No obstante, se pueden identificar otros casos que permitieron un avance tímido
en la protección de los derechos de la naturaleza con un enfoque antropocentrista.
En Brasil, la Constitución (1988), en su artículo 23, garantiza el derecho al ambiente
sano, entendiendo la naturaleza como objeto de derecho.
Por último, Faundes (2022) refiere que, en Chile, se intentó, a través de la
reforma constitucional del año 2022, reivindicar los derechos sociales, entre ellos,
el derecho de la naturaleza y el medio ambiente, señalando que Chile es un Estado
social y democrático, plurinacional y ecológico, sustentado en teorías del buen
vivir.

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Divergencia entre el ser y deber de los derechos ambientales en Colombia
1. Análisis teórico
Teniendo en cuenta los conceptos del giro biocéntrico y de los derechos de
la naturaleza se infiere que estos son una construcción política en el marco de los
nuevos reconocimientos a los derechos ambientales con miras a su reivindicación
y protección. Según Gudynas (2015) se “desembocó en el reconocimiento
constitucional de los derechos de la Naturaleza y es el producto de una larga
acumulación de debates y construcción política en temas ambientales, y la acción
de una gran diversidad de actores” (p. 109). Este reconocimiento, según Lloredo
(2023), emerge como una “reacción contra el orden capitalista” (p. 246), además,
busca transformar las concepciones clásicas del derecho para reorientarlas más allá
del surgimiento de un nuevo titular de estos.
Esta construcción teórica conmina a dar el paso hacia lo material, que
corresponde a la garantía de los derechos ambientales, la justicia ambiental y el
nuevo desarrollo jurisprudencial para el reconocimiento de los derechos de la
naturaleza. Esto se expresa no solo en lo simbólico sino también en las acciones
concretas de la administración pública como la gestión, planeación y presupuesto
asignado para estas actividades, las cuales enfocan un tránsito al giro biocéntrico.
1.1. La garantía de los derechos ambientales desde la perspectiva de
integralidad y justicia ambiental en Colombia
El concepto de derechos ambientales en Colombia sigue en constante
evolución y estudio, aun cuando se cuenta con una constitución reconocida
ampliamente como ecológica, donde resalta el reconocimiento constitucional
del derecho al ambiente sano. De igual manera, se compromete al Estado en la
planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y la garantía
del desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como
el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el régimen
de sanciones ambientales y la exigencia de la reparación de los daños causados
(Constitución Política de Colombia, 1991).
Así, el concepto de derechos ambientales en perspectiva de integralidad
no tiene un reconocimiento positivo en el marco jurídico colombiano, pues es
relativamente nuevo y posee elementos innovadores sobre la concepción del
ambiente como un todo formado por las culturas y los ecosistemas, como lo expone
Mesa (2019). En este enfoque, resalta que “se debe llegar a esta consideración,
dadas las consecuencias de la intervención humana que han ocasionado una crisis
ambiental en dimensiones irreversibles” (p. 95).
Además, establece que los derechos ambientales en perspectiva de integralidad
tienen diferentes dimensiones, contenidos y características generales, que brindan
una mayor comprensión del fenómeno analizado. Conviene resaltar:

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i) su carácter colectivo e individual que supera la visión liberal restrictiva
de los derechos, reconociendo que somos seres individuales viviendo en
comunidad; ii) los derechos ambientales son como todos los demás derechos
(derechos humanos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales)
e integra el derecho de la naturaleza, la madre tierra o pacha mama; iii)
todos los derechos son derechos ambientales, puesto que tienen lugar en el
ambiente; iv) los derechos son procesos ambientales, ya que se consideran el
resultado de luchas, demandas y reivindicaciones sobre dignidad ambiental,
en medio de tensiones por la negación de sujetos excluidos históricamente;
v) los derechos son de humanos y seres no-humanos, es decir que se deben
promover y proteger en conjunto. (Mesa, 2019, p. 93).
En consecuencia, los derechos ambientales emergen lentamente, pero en un
escenario dominado por las injusticias y las luchas reivindicativas de las comunidades
rurales marginadas y su relación con el entorno en el que viven. Resulta imperante
aquí abordar el concepto de justicia ambiental que permite analizar, adecuadamente,
la relación entre los elementos estructurales de los derechos ambientales y las
realidades adversas para su materialización, en medio de la disputa por superar la
crisis ambiental. Al respecto, Ramírez et al. (2014) mencionan que:
La justicia ambiental es importante debido a la trascendencia que tiene
en la vida no únicamente de los seres humanos, sino también de los no
humanos, puesto que no solo las personas sufren afectación, sino también
el ambiente, razón por la que dejar de lado la justicia ambiental puede
llevarnos a la destrucción de los ecosistemas, pero, además, a la pérdida de
calidad de vida (p. 245).
En igual sentido, la Corte Constitucional de Colombia (2017) ha establecido
que la justicia ambiental es:
el conjunto de principios y valores que rigen la relación entre los seres
humanos y la naturaleza, en el marco del desarrollo sostenible, el cual se
traduce en la necesidad de asegurar que las decisiones y acciones que se
adopten para el uso, aprovechamiento, transformación y conservación de
los recursos naturales, no generen daños irreparables o incompatibles con la
dignidad humana, el bienestar social y la supervivencia de los ecosistemas
(p. 7).
En suma, el enfoque de la justicia ambiental implica considerar una efectiva
protección del derecho humano al ambiente sano y la eliminación de toda clase de
desigualdades en la exposición a los riesgos ambientales, el acceso a los servicios
básicos y a los recursos naturales, una amplia participación en la toma de decisiones
y orientación de las políticas, planes y proyectos que afecten el ambiente de manera
negativa, así como el acceso a la información, según se dispuso en el Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (2018).

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Por ello, en esta investigación resultó importante articular los derechos
ambientales y el enfoque de justicia ambiental, puesto que garantiza que todas las
personas, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a un
ambiente sano y seguro. Así mismo, se ocupa de los conflictos y luchas ante las
injusticias relacionados con los efectos de la explotación y la degradación ambiental,
especialmente en las comunidades rurales más vulnerables y empobrecidas que
suelen vivir cerca de fuentes de contaminación de aire, agua y suelo.
1.2. El giro biocéntrico en la jurisprudencia colombiana
Los derechos de la naturaleza aparecen en Colombia, no mediante procesos
constitucionales, como en Bolivia y Ecuador, sino a partir de decisiones judiciales
de diferentes jurisdicciones y se han documentado y analizado, principalmente
desde la doctrina del derecho. Sin embargo, desde el campo de estudio de la
administración pública, resulta necesario resaltar los cambios introducidos en el
ordenamiento jurídico y mostrar cómo esta coyuntura afectó las competencias y el
papel de la administración en la materialización de los derechos ambientales.
Ahora bien, a la fecha se han producido un gran número de providencias
que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, todas con enfoques
y perspectivas diferentes. Por su parte, desde las competencias propias de la
administración pública territorial, se ha intentado, en algunos casos, realizar un
ejercicio similar, como la Gobernación de Nariño con el Decreto 348, de 2019, que
promueve el derecho de la naturaleza; o la Asamblea del Tolima con la Ordenanza
46, de 2021, con el reconocimiento como sujeto especial de derechos las cuencas
de los ríos Totare, Lagunilla, Recio y Gualí.
En aras de visualizar el giro biocéntrico jurisprudencial, se abordan dos
sentencias hito que abrieron una nueva perspectiva en el reconocimiento de
nuevos sujetos de derechos en Colombia. Primero, la sentencia T-622, de 2016,
del río Atrato; segundo, la sentencia STC 4360, de 2018, de la Amazonía, dado que
introdujeron una serie de mandatos muy complejos que modificaron el quehacer de
los operadores administrativos frente a la crisis ambiental actual con singularidades
en torno a la función de la administración.
2. Estudio de Casos
2.1. Río Atrato (Sentencia T-622, de 2016)
Esta providencia nace como respuesta de la tutela incoada por el Centro
de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, en representación de diferentes
colectivos y comunidades, contra la Presidencia de la República y las entidades
territoriales con jurisdicción del río Atrato y sus afluentes. En este caso, la Corte
Constitucional (2016) revisó la relación entre la afectación de los ecosistemas con
la “vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a
la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de
las comunidades étnicas” (p. 163). El fallo resalta la importancia de los derechos
bioculturales, la prevención del daño ambiental, la protección del derecho a la
salud y el ambiente sano.
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Esta providencia es la primera en dar vida al debate del reconocimiento de los
derechos de la naturaleza y definirle un nuevo estatus jurídico; además, es pionera
por sus planteamientos al garantizar la protección, conservación, mantenimiento y
restauración, a raíz del impacto que ha tenido la minería a gran escala, la minería
ilegal y la explotación forestal, en el marco de la aplicación del principio de
precaución tal como lo expone García (2020). Este autor evidencia un gran número
de acciones asignadas a distintas entidades públicas en los diferentes niveles de
gobierno, entidades territoriales, órganos de control, órganos independientes,
institutos de investigación, universidades públicas y organizaciones de la sociedad
civil. Estas acciones deben ejecutarse desde la normativa vigente, puesto que no
se cuenta con un marco legal que reconozca y proteja los derechos ambientales
desde este nuevo enfoque.
Sin embargo, la Corte resalta principalmente los componentes y órdenes y
define el accionar de la administración pública frente a la crisis humanitaria, social
y ambiental, la protección de los derechos y la relación con las comunidades
rurales afectadas:
I.

Tiene la responsabilidad de proteger y restaurar el río Atrato, así como de
tomar medidas efectivas para prevenir y remediar la contaminación y la
degradación ambiental.

II. Debe respetar y garantizar los derechos de las comunidades afrodescendientes
que dependen del río Atrato, incluyendo su derecho a la consulta previa,
la participación en la toma de decisiones, la propiedad colectiva de sus
territorios y la preservación de su cultura y de su forma de vida.
III. Debe implementar medidas efectivas para prevenir y remediar la violación
de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes, incluyendo
el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la alimentación,
al agua y al saneamiento básico.
IV. Debe coordinar sus acciones y políticas con otras entidades gubernamentales
y con la sociedad civil para garantizar la protección y restauración del río
Atrato y los derechos de las comunidades afrodescendientes que dependen
de él.
V. Las entidades del orden nacional deben elaborar un plan de fortalecimiento
institucional para brindar a las entidades territoriales herramientas suficientes
para fortalecer la capacidad institucional, los recursos financieros y sus
plantas de personal, para enfrentar eficazmente toda actividad ilegal minera.
VI. Se ordena crear la comisión de guardianes del río Atrato.
VII. Crear un plan de descontaminación de las fuentes hídricas del río Atrato,
en articulación entre entidades del nivel central, territorial, universidades,
órganos de control e institutos de investigación.
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VIII.Ordenó a los Ministerios de Agricultura, Interior, Hacienda, a los
departamentos de Planeación Nacional y de la Prosperidad Social, así como
a la Gobernación de Chocó y de Antioquia, y los municipios involucrados
que, concertando con las comunidades étnicas accionantes, diseñen e
implementen el plan de acción integral para recuperar formas tradicionales
de subsistencia y alimentación.
IX. Ordenó a los Ministerios de Ambiente, Salud y al Instituto Nacional de
Salud, junto con otras entidades y actores, a realizar estudios toxicológicos
y epidemiológicos para determinar el grado de contaminación por mercurio
y otras sustancias tóxicas y la posible afectación a la salud humana por la
minería. (Sentencia T-622, p.163).
A partir de lo anterior, se pueden analizar los cambios introducidos en la
administración pública para lograr los mandatos del fallo. Por ello, en materia de
resultados, se evidencian avances lentos e incompletos, sin desconocer que se
encuentran algunos aspectos positivos en su desarrollo. En materia de fortalecimiento
institucional, resalta el Decreto 749, de 2018, que crea la Comisión Intersectorial
para el Chocó para solucionar la crisis humanitaria, social, económica y ambiental
en la región. También instaure la creación de los Guardianes del Atrato que permitió
la integración de las comunidades ribereñas al cuidado de la cuenca de este río. Así
mismo, establece la necesaria articulación interinstitucional para consolidar el Plan
de Acción de la orden 5° de la providencia sobre la descontaminación la cuenca
del río y sus afluentes, territorios ribereños, recuperación de los ecosistemas y la
prevención de los daños adicionales al ambiente.
Por otro lado, en materia de inversión pública, se puede resaltar, con base
en datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a corte de
la vigencia 2022, que los proyectos de inversión en la región cuentan con un
presupuesto cercano a los $30.000 millones de pesos. De igual manera, el Plan
de Desarrollo del Departamento del Chocó 2020-2023 incluye la asignación de
recursos para el cumplimiento de la sentencia, por una cuantía que gira alrededor
de los $112.000 millones de pesos, principalmente financiando acciones para la
descontaminación del río Atrato (Plan de Desarrollo del Chocó, 2020).
A pesar de los avances, aún se siguen presentando vulneraciones a los
derechos ambientales de la cuenca del río Atrato, lo cual se muestra en los
informes de la implementación de la sentencia donde se evidencia la continuidad
de la contaminación al afluente con químicos pesados. El Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2022) muestra que la cuenca es
uno de los núcleos con mayor deforestación del país, tras Putumayo, norte de
Santander y Cauca. Aunado a esto, la minería de alto impacto y la minería ilegal
siguen creando focos de constante contaminación pero erradicar esta práctica
resulta sumamente complejo. Al respecto, la Contraloría General de la República
(CGR, 2022), en la auditoría de cumplimiento de la providencia, destaca que ha
sido “inoportuna, ineficiente e ineficaz” la gestión de las autoridades (p. 18).
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2.2. Amazonía – Sentencia STC 4360-2018
Como segundo caso de análisis, se encuentra la sentencia STC 4360, de 2018,
donde se declara a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. La acción
de tutela fue interpuesta por 25 jóvenes que sintieron vulnerados sus derechos
como generación futura a la vida digna, la salud, la alimentación y el agua; todo
esto, ante la violación del derecho fundamental a un ambiente sano, generado por
omitir e incumplir el deber de la protección de la Amazonía colombiana por parte
de las autoridades (Corte Suprema de Justicia, 2018).
Este fallo se da en segunda instancia, donde la Corte Suprema de Justicia
(2018) resuelve revocar la decisión en primera instancia y otorga la salvaguarda
interpretada contra las autoridades competentes. Dentro de las órdenes se establece,
en un término de cinco meses (con excepción de la primera), a:
I.

Formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, para
contrarrestar la tasa de deforestación, haciéndole frente a los efectos del
cambio climático; el propósito de este es mitigar las alertas tempranas de
deforestación emitidas por el IDEAM.

II. Construir el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano
(PIVAC), donde se adopten medidas para reducir la deforestación y las
emisiones de los gases efecto invernadero, las cuales contengan estrategias
de ejecución nacional, regional y local, de tipo preventivo, correctivo,
obligatorio y pedagógico, con miras a la adaptación del cambio climático.
III. Actualizar e implementar los Planes de Ordenamiento Territorial de todos
los municipios correspondientes a la Amazonía colombiana, que contengan
planes de acción de reducción de la deforestación de cada territorio,
abarcando estrategias de adaptación al cambio climático. (Corte Suprema
de Justicia, 2018).
Para cumplir con las disposiciones de la primera orden de la sentencia, las
autoridades correspondientes, en conjunto, publicaron, en los términos establecidos,
el Plan de Acción para reducir la deforestación y hacer frente a los efectos del cambio
climático en la Amazonía colombiana (Presidencia de la República de Colombia et
al., 2018). En él se incluye el diagnóstico de los bosques amazónicos, las acciones
adelantadas para mitigar la deforestación, la hoja de ruta para el cumplimiento de
la sentencia, el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo y, además, la
metodología a implementar.
Para el año 2020, este plan trasciende y se convierte en la base para la
construcción y promulgación del documento 4021 del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES, 2020) donde se crea la política nacional para el
control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, la cual define
los lineamientos para contrarrestar estas problemáticas con un horizonte temporal
de diez años. La inversión presentada en la política fue de $714.144 millones de
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pesos, asignados a cada estrategia en el Plan de Acción (PAS). Se puede mencionar,
sin embargo, que el documento presenta falencias, entre ellas, Díaz et. al. (2021)
señalan que no se articula con el Modelo de Ordenamiento Territorial Regional
de la Amazonía (MOTRA), creado por el Departamento Nacional de Planeación
et al. (2020) para responder a los compromisos asumidos frente al aumento de la
deforestación y conectar a los pueblos con el territorio.
En la segunda orden se evidencia que, por parte de las autoridades
correspondientes, durante los años 2021 y 2022, solo se ha adelantado la construcción
de la hoja de ruta para el pacto intergeneracional por la vida del amazonas
colombiano, con miras a actualizar el plan de acción para reducir la deforestación
de la selva amazónica y los efectos del cambio climático que esta produce. Por lo
anterior, se puede afirmar que esta instrucción se cumplió parcialmente, dejando
en evidencia que no hubo articulación institucional y que el deber de incluir a la
sociedad ha dificultado concretar el mandato.
Con respecto a la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial,
en el informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación (2021) se
afirma que, según la Procuraduría General de la Nación, el 90% de los municipios
no cuentan con estudios de cambio climático para definir acciones específicas de
atención a esta problemática. No se encuentran evidencias de la actualización de
los planes de ordenamiento territorial, pero sí se constata la creación de un modelo
para la Amazonía, donde se establecen líneas y acciones. Su materialización, sin
embargo, parece difícil, ya que desde el 2020 teóricamente no existe ningún
producto del modelo. Por lo anterior, se puede establecer que esta orden también
fue cumplida parcialmente.
Adicionalmente, cada Corporación Autónoma Regional (CAR) debía
establecer un plan de acción que contrarrestara los problemas de deforestación en
su jurisdicción. De la revisión documental se evidencia que solo la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) cumplió con
el mandato porque presentó el plan dentro de los términos establecidos, aunque
no garantizó el cumplimiento y seguimiento. Las otras corporaciones presentaron
los planes fuera de tiempo y sin garantizar los espacios exigidos. Aunado a lo
anterior, en el análisis reciente de la tasa de deforestación, el MADS estima que,
al finalizar el 2022, la Amazonía presenta un aumento en la deforestación del 11
% aproximadamente, siendo mayor que en el año 2021, y se estima que la tasa
crezca en el futuro (Desarrollo Sostenible, 2022). Así mismo, la región amazónica,
para el periodo 2021-2022, presentó el mayor incremento en la tasa histórica de
deforestación (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, 2022).
3. Respuesta de la administración pública colombiana al nuevo paradigma
de los derechos de la naturaleza: retos y avances
De acuerdo con el análisis de estos dos casos, hay que precisar que las
sentencias judiciales definieron como derecho de la naturaleza la protección,
conservación, mantenimiento y restauración que se hace de ella. Con ello se ha
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Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

impulsado el accionar de la administración pública colombiana en este nuevo
paradigma jurídico-político, pero no se han realizado los esfuerzos necesarios y
suficientes para materializar este giro biocéntrico desde la política pública nacional
y territorial. Esto salta a la vista en los casos y los informes de cumplimiento
liberados por los entes de control, que evidencian la ausencia del tema en la
agenda pública de la mayoría de los municipios y departamentos, así como en
las entidades descentralizadas que tienen funciones de autoridad ambiental en el
territorio.
Por otro lado, pese a algunos avances en la articulación interinstitucional y la
cooperación con las comunidades, donde resaltan los Guardianes del Atrato, por
ejemplo, en las dos sentencias analizadas, hay una carencia de lineamientos para
permitir la convergencia entre los actores y consolidar planes en aras de garantizar
los derechos ambientales. Así mismo, no se ha integrado en las sentencias la
participación del sector privado y productivo de las regiones, lo que representa
una falencia con respecto a la implementación de la gobernanza ambiental. Las
sentencias definen un gran número de planes de acción que no están articulados
por el conglomerado de actores, ni tienen relación directa con políticas y planes ya
consolidados en cada territorio.
En aras de avanzar en la garantía de estos derechos, las providencias
estipularon tiempos cortos para su ejecución, pero las órdenes proferidas no han
tenido un cumplimiento ni en los tiempos ni en las acciones por parte de la
administración pública, debido principalmente a la complejidad de cada caso,
lo cual supone un obstáculo importante. Las sentencias no se alinearon con el
Sistema Nacional Ambiental para fortalecer la modernización de la estructura del
aparato estatal, obstaculizando el desarrollo de un contexto institucional favorable.
Se evidencia que las autoridades no armonizaron sus prácticas organizacionales,
ni la estructura orgánica y administrativa, al nuevo escenario. Además, el gobierno
nacional, aun cuando tiene competencia en la representación de los sujetos de
derecho, no asume el liderazgo organizacional dificultando así el cumplimiento de
los mandatos, lo cual genera una pérdida de confianza de las comunidades hacia
las entidades públicas.
Como parte de los instrumentos de gestión ambiental, los jueces exhortaron
a la administración a avanzar en la constitución de diversas herramientas de
planificación, buscando generar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros
en el marco de las particularidades de cada escenario. El problema radica en
que los jueces no pueden ordenar la destinación de recursos, ni la formulación
de políticas, lo que somete este paso a la voluntad política de las autoridades
nacionales y regionales. La administración pública es la llamada a garantizar el
saber administrativo para lograr materializar el cumplimiento de las sentencias,
pero, contrario a las expectativas, se asumieron compromisos innecesarios,
herramientas, acciones de gestión y planeación desarticulados, sin un impacto
social o una transformación positiva de la problemática intervenida, solo con el fin
de no incurrir en desacato a las sentencias.

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Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 2, Período julio-diciembre 2023

Aun cuando se encuentran ejercicios orientados desde la administración
pública para proteger los derechos ambientales mediante actos administrativos del
orden territorial y aun cuando el reconocimiento de los derechos de la naturaleza
es auto ejecutiva, la legislación nacional vigente es un obstáculo para proteger y
garantizar este tipo de derechos. El caso más claro es el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables que inclusive cuando reconoce el derecho a disfrutar del
ambiente sano, concibe al ambiente como un objeto para explotar en función de
las necesidades humanas, desde un claro enfoque antropocéntrico.
Aunque cada caso es único, porque cada ecosistema tiene condiciones
particulares y necesidades específicas, hay avances en las capacidades de gestión,
no necesariamente documentadas pero que son parte del conocimiento colectivo
en la aplicación de este tipo de paradigmas en los diferentes territorios donde
se han reconocido otros ecosistemas como sujetos de derechos. La falta de un
oportuno ejercicio de retroalimentación no permite crear una red de conocimiento
nacional en materia de protección de derechos ambientales.
Por último, hay resistencias de diversos sectores al reconocimiento de la justicia
ambiental para reducir las desigualdades a las que se someten las comunidades
rurales, que son quienes soportan los efectos de la crisis ambiental. Por ello,
las sentencias se ven, muchas veces, no como otorgamiento de derechos de la
naturaleza sino como obligaciones para la administración pública, dado que es la
que debe cumplir los mandatos, generar las sinergias con los actores involucrados
y así atenuar las diferencias que dificultan la apropiación del nuevo enfoque de
derechos.
CONCLUSIONES
La administración pública no ha respondido correctamente a los retos
de las providencias como queda evidenciado, por ejemplo, en la falta de
modernización de la capacidad institucional para responder a los desafíos en la
garantía de los derechos de la naturaleza: las herramientas legales y de gestión
son insuficientes y la articulación interinstitucional entre entidades involucradas ha
sido deficiente. La jurisprudencia constitucional y ordinaria creó una divergencia
en la visión antropocéntrica que se tenía de la naturaleza, introduciendo al país
en un reconocimiento judicial de sus derechos, carente en el constitucionalismo
colombiano actual. Para lograr consolidar este paradigma, la constitución y
la legislación deben armonizarse con los nuevos preceptos jurídicos, como la
corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que se ha desarrollado en
las sentencias analizadas.
Las sentencias judiciales alimentan un marco teórico-jurídico que actualmente
no ha logrado transformar las realidades en las que viven las comunidades,
persistiendo la crisis ambiental por deforestación, contaminación de ríos y
afluentes y minería ilegal. Esto muestra que, en este lapso, desafortunadamente,
las providencias han aportado principalmente como acto simbólico. Es por ello que
la administración pública está llamada a materializar estas expectativas por medio
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Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

de su campo disciplinar, estableciendo acciones concretas de política pública en
materia de derechos ambientales.
Los derechos ambientales no solamente deben provenir de una orden judicial.
Por el contrario, deben ser parte de una concepción holística que se integre al
pensamiento político de las autoridades, de los funcionarios y de la ciudadanía en
general, con el fin de lograr una apropiación amplia del concepto de reconocimiento
de los derechos de la naturaleza en una sociedad que se está transformando.
Además, el enfoque de justicia ambiental, aplicado a los diferentes instrumentos
de gestión, puede facilitar el desarrollo de acciones por parte de la administración
pública, para vincular a las comunidades rurales en la toma de decisiones frente a
la crisis social, económica y ambiental en sus territorios.
A pesar de la buena disposición de la justicia colombiana a forzar a la
institucionalidad a intervenir en los conflictos socioambientales del país, es
menester reconocer que apenas es un primer paso deficiente. Por el contrario, los
esfuerzos administrativos aplicados al territorio deben tener un horizonte temporal
amplio, continuo, de seguimiento y evaluación. Por último, para consolidarse
institucionalmente y materializar los derechos de la naturaleza en los territorios,
el gobierno nacional y los gobiernos locales deben propender por la debida
destinación de recursos económicos, técnicos y humanos en los diferentes planes,
programas y proyectos y posicionar en la agenda pública la protección, difusión y
garantía de estos derechos para que haya una apropiación y articulación entre el
Estado y la sociedad.
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