Monográfico reflexiones sobre los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

PROTECCIÓN NEO-CONSTITUCIONAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL
DERECHO ARGENTINO. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE LA PROVINCIA
PATAGÓNICA DE RÍO NEGRO

Guillermo Merlo
Investigador Independiente
gmerlo@jusrionegro.gov.ar
https://orcid.org/0009-0005-6727-7981
Fecha de recepción: 15 de abril de 2023
Fecha de aceptación: 19 de julio de 2023
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2023

Resumen
¿Qué es el neoconstitucionalismo como mecanismo de protección al medio
ambiente? ¿Se regula del mismo modo en toda la región latinoamericana? ¿Qué
ocurre en dicha materia en la provincia argentina de Río Negro? En definitiva,
¿cómo se custodian los derechos al ambiente? A partir de tales interrogantes, este
ensayo buscó acercar el panorama actual del sistema de protección ambiental en
Río Negro, analizando linealmente, desde lo metodológico, el sistema de amparo
y haciendo una derivación a partir del orden nacional al provincial. Una vez allí,
se estudiaron los diferentes mecanismos que surgen de los tres poderes estatales
provinciales (legislativo, ejecutivo y judicial). Así, se llegó a concluir que, toda vez
que el ambiente atañe a toda la población, los actores gubernamentales cargan con
la obligación de cumplir con las bases y objetivos constitucionales y convencionales
tan importantes en el siglo XXI como derechos de tercera y cuarta generación. Con
lo dicho, se ilustró someramente el sistema de protección que incluye mecanismos
de prevención, de acción y también de represión, lo cual muestra que la provincia de
Río Negro, respetando la normativa nacional y en consonancia con la internacional.
Palabras Clave: constitucionalismo argentino; metodología protectora; daño
ambiental; sistema penal; operatividad procesal provincial.

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NEO-CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN
ARGENTINE’S LAW. ANALYSIS OF REGULATIONS IN THE PATAGONIAN
PROVINCE OF RÍO NEGRO

Abstract
In terms of mechanisms of environmental protection, what is neoconstitutionalism? Is neo-constitutionalism regulated in the same way throughout
Latin America? What is happening in this matter in the Argentine province of Río
Negro? In short, how are environmental rights safeguarded? To answer these questions,
this essay delves into the characteristics of the environmental protection system in Río
Negro. Methodologically, the essay linearly analyzes the protection system, making a
derivation from the national to the provincial order. The different mechanisms that
arise from the three provincial state powers (legislative, executive, and judicial) were
also analyzed. As conclusion, since the environment affects the entire population, the
government is obliged to comply with the constitutional and conventional bases that
are so important in the 21st century. The environment protection system includes
mechanisms of prevention, action, and repression. The province of Río Negro has
respected the national and international regulations, and is taking care of the issue
during and after it has been put in danger.
Keywords: Argentine constitutionalism, protective methodology, environmental
damage, penal system, provincial procedural operation.

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INTRODUCCIÓN
El avance del derecho constitucional con fuerte impacto del derecho
convencional ha planteado nuevos escenarios de protección, entre los cuales ha
cobrado protagonismo la naturaleza. En el constitucionalismo argentino, esto ha
tomado forma mediante el desarrollo del concepto de “derecho de la naturaleza”
o “derechos de la madre tierra”, ganando importancia en las últimas décadas como
una forma de reconocer y proteger la interdependencia entre los seres humanos
y el medio ambiente. Así, ha sido incorporado en algunos aspectos dentro del
constitucionalismo y en el marco de la legislación ambiental.
La génesis interpretativa constitucional de este derecho podría encontrarse
en los derechos implícitos, conforme lo comenta Clérico (2009), al indicar que una
función constructiva, a partir del artículo 33 de la Constitución Nacional Argentina,
se argumentaría en favor de nuevos derechos o nuevo alcance de los ya existentes.
En 1994, la Constitución Nacional Argentina fue reformada y se incluyó en su
texto el derecho a un ambiente sano y equilibrado como un derecho fundamental,
reconociendo la importancia del entorno para la calidad de vida de las personas.
Además, la Constitución de la provincia de Río Negro contiene normas ambientales
que establecen la obligación del Estado de proteger el hábitat y garantizar el
derecho de todas las personas a vivir en un espacio sano y equilibrado.
En particular, la Constitución de Río Negro establece que “toda persona
tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado en todas sus formas y
manifestaciones, y el deber de preservarlo y defenderlo en su provecho y en el de
las generaciones futuras” (artículo 21). Asimismo, en una sección específica sobre
políticas ecológicas y, en particular, respecto a la defensa del medio ambiente, se
establece que el Estado provincial promoverá políticas de protección y educación
ambiental, y sobre conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural
(artículo 84 de la Constitución provincial).
En el ámbito legislativo nacional argentino, se tiene que en 2002 se sancionó
la Ley General del Medio Ambiente N° 25.675 que establece en su artículo 41 que
todas las personas tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Asimismo, esta ley reconoce
el derecho de la naturaleza a ser respetada y protegida en su integralidad.
En resumen, el derecho de la naturaleza ha sido incorporado en el
constitucionalismo argentino y en la legislación ambiental provincial como una
forma de reconocer la importancia del medio ambiente para el bienestar de las
personas y como un valor intrínseco en sí mismo, que debe ser protegido y
preservado. En particular, incorpora principios y normas de protección ambiental,
reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece la obligación del
Estado de promover políticas de protección y conservación del medio ambiente.
Todo lo anterior encuentra justo andamiaje en el cumplimiento de las obligaciones
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internacionales a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la cual, en su primer artículo, establece la obligación de los Estados de respetar y
garantizar los derechos y libertades.
Siguiendo a Ferrajoli (2014), es preciso señalar que el constitucionalismo
rígido ha cambiado profundamente, lo que lleva a pensar en dar un paso más hacia
el neoconstitucionalismo, e imponer a la política límites y vínculos sustanciales,
en garantía de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos.
Actualmente, el edificio de la democracia constitucional, como modelo teórico
y como proyecto político, está siendo agredido por la asimetría entre el carácter
global de los poderes económicos y financieros y los confines todavía estatales
del derecho y de la democracia. Esto se debe a la abdicación de su papel de
gobierno por parte de la política, tan impotente y subordinada a los mercados
como omnipotente en relación con los sujetos débiles y sus derechos. También
contribuye a esto el general desarrollo de la ilegalidad o, lo que es peor, la
ausencia de reglas sobre los poderes, tanto públicos como privados. Por eso, la
expansión del constitucionalismo y la construcción de sus garantías a la altura de los
nuevos poderes económicos globales es la principal tarea de la política y la única
alternativa racional a un futuro no solo de desórdenes, violencias, desigualdades
y devastaciones medioambientales sino también de involuciones autoritarias y
antidemocráticas.
Tras este marco introductorio, el trabajo que se presenta a continuación
sigue una metodología eminentemente teórica, analizando de forma correlativa y
concatenada el ordenamiento legal establecido en pos de la protección del ambiente,
propendiendo principalmente a informar sobre prácticas y mecanismos preventivos,
dispositivos disuasorios, herramientas sancionatorias y también reparatorias o de
saneamiento. Para ello, y bajo una estructura cualitativa, se indaga principalmente
en la normativa nacional y provincial tanto de fondo como de forma, así como
también en las normativas administrativas u ordenatorias recurriendo a doctrina
en la materia. En síntesis, se procura que el lector adquiera una idea acabada del
sistema normativo regulatorio de modo conglobado.
1- Caracterización del neoconstitucionalismo
El Dr. Miguel Carbonell (2018) explica que el neoconstitucionalismo es un
concepto actualmente muy utilizado que se puede entender a partir de un análisis en
tres planos: primeramente, como un nuevo modelo de constitución que ha surgido
a partir de la segunda guerra mundial; en segundo lugar, el mismo da cuenta de la
forma en que se interpretan los textos constitucionales porque en tales contextos
hay muchos principios que ponderan derechos, principios de proporcionalidad y
de efectos de irradiación a terceros y, en tercer lugar, implica una nueva forma de
estudiar el fenómeno jurídico que requiere no solo describir los ordenamientos,
no solo hacer ciencia jurídica explicando lo que el derecho es. En efecto, hay una
dimensión prescriptiva en el sentido de que los juristas tienen que hablar de lo
que el derecho debe ser y, por tanto, tienen que dar cuenta, en esa explicación, de
las antinomias que fisiológicamente se presentan en un modelo de ordenamiento
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jurídico escalonado en grados y de las lagunas, dado que los mandatos de normas
constitucionales que deben existir no siempre se producen por parte del legislador
y por tanto se desarrollan asincronías de las normas constitucionales hacia las
normas legales y las políticas públicas.
Así, estos serían los tres elementos que caracterizarían al neoconstitucionalismo:
(1) constituciones con un modelo renovado fuertemente materializado con muchos
más derechos, (2) una nueva forma de interpretar y aplicar el derecho con una base
argumentativa mucho más sofisticada y compleja y, finalmente, (3) una nueva teoría
del derecho que va más allá de la simple descripción y que incorpora elementos
prescriptivos sobre lo que el ordenamiento no solamente es sino también lo que
debería ser.
Dicho esto, frente a las actuales crisis, el ser humano se ha posicionado de
modo diferente hacia la naturaleza, reclamando una mayor participación social
y apareciendo así este paradigma que “opta por proclamar una convivencia con
todos los seres vivos dentro de la Tierra, denunciando el fundamentalismo de
mercado de las últimas décadas del siglo pasado, aunque desde una perspectiva
mucho más amplia y universal” (Zaffaroni, 2011, p.53).
Los españoles Ruben Dalmau y Roberto Partor (2010), precursores en la
definición del fenómeno en cuestión, establecieron para su desarrollo la necesidad
de una democracia participativa de los grupos históricamente marginados y el
reconocimiento de nuevos derechos, como es el caso de los de la naturaleza,
basados ​​en la cultura y el conocimiento de esos grupos. Históricamente, América
Latina se ha visto marcada por su relación subordinada a los países del Norte global
a partir de la extracción y venta de los recursos naturales, lo cual ha significado
crisis y estancamiento económico, inflación, desigualdades sociales y explotación
irresponsable.
El neoconstitucionalismo propone superar y reformular el modelo de Estado y
propender al rescate y reconocimiento de las comunidades plurales a través de un
nuevo paradigma constitucional, inspirado principalmente en la noción del buen
vivir y, como indica Moura (2020), “ya no
​​ se trata de uniformar las diferencias, sino
de absorberlas por el Estado” (p.13). Por su parte, el pluralismo jurídico propuesto
por el neoconstitucionalismo surge como un instrumento que puede contribuir a
que se materialice la interculturalidad y una relación de equilibrio y armonía entre
la práctica social y la naturaleza.
2- Metodología de protección.
Una de las primeras preguntas que puede servir de disparador para entender
el tema de un modo esquemático sería ¿cómo se custodian los derechos al ambiente?
En consecuencia, se podría ensayar la respuesta afirmando que el derecho al
ambiente sano puede ser custodiado de diversas formas, tanto por el Estado como
por la sociedad en general. Además, siguiendo a Meier García (2012), en ese caso,
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la teoría de los derechos humanos se convierte en una consecuencia lógica del
Estado constitucional y del neoconstitucionalismo. Estos sólo serían conceptual
y prácticamente completos si justifican y caracterizan la infranqueable dirección
ordenadora y funcionalista de los derechos, orientando a todos los poderes públicos
al reconocimiento, respeto y garantía del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH), por encima incluso de la teoría de la soberanía y de principios
y derechos que se suponen inherentes al Estado, como la autodeterminación, la no
intervención, la no injerencia y la inmunidad, entre otros.
Algunas de las principales formas de custodiar este derecho son las siguientes:
-

Legislación ambiental: el Estado puede establecer leyes y normas que
regulen el uso y la protección del medio ambiente. Estas leyes pueden
establecer límites y condiciones para las actividades económicas y sociales
que puedan impactar negativamente en el ambiente así como establecer
mecanismos para la protección y conservación de la biodiversidad.

-

Instituciones de control ambiental: el Estado puede crear instituciones
específicas encargadas de controlar y supervisar el cumplimiento de las
leyes ambientales. Estas instituciones pueden llevar a cabo inspecciones,
investigaciones y sanciones en caso de detectar incumplimientos o
daños ambientales.

-

Participación ciudadana: la sociedad en general puede participar
activamente en la defensa del ambiente, denunciando posibles daños
o incumplimientos de las leyes ambientales y exigiendo al Estado que
tome medidas al respecto. Esto puede hacerse a través de organizaciones
no gubernamentales, movimientos sociales, medios de comunicación y
otros canales de participación ciudadana.

-

Educación ambiental: es importante que la sociedad en general tenga
conciencia de la importancia del ambiente y de la necesidad de
protegerlo. Por ello, es importante fomentar la educación ambiental
a todos los niveles, desde la educación primaria hasta la educación
superior y la formación continua.

En el campo de la protección ambiental y los derechos humanos, uno de los
autores que ha hablado sobre este tema es el jurista argentino Pigretti (2012). En su
libro “El ambiente y los derechos humanos” sostiene que la protección del derecho
al ambiente sano es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad
y que la sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar en
la protección del medio ambiente. Insiste en la importancia de la participación
ciudadana en la protección ambiental y argumenta que la sociedad civil debe ser
activa en la promoción de políticas públicas y en la vigilancia de la aplicación de
las leyes ambientales.

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Al respecto, Kemelmajer de Carlucci (2016) afirma que la naturaleza podía
ser entendida como una red de sistemas, o de todos los sistemas vivos, imbricados
en diferentes órdenes jerárquicos y que la desaparición o modificación de uno de
estos puede afectar directamente al funcionamiento del todo.
2.1. Componente legislativo
Así, aparece con claridad que el derecho al ambiente sano es custodiado
por el Estado a través de la legislación, las instituciones de control ambiental y
por la sociedad en general a través de la participación ciudadana y la educación
ambiental. Es por tal motivo que aquí cobran preponderancia las acciones positivas
que se encuentran a disposición de todos y cada uno de los usuarios del ambiente
desde el lugar y la ocasión específicos. Circunscribiendo el análisis a la provincia
de Río Negro, la legislación ambiental se compone de una serie de leyes y normas
que buscan proteger el ambiente y garantizar el derecho de las personas a vivir en
un ambiente sano y equilibrado.
En este sentido, se tiene que algunas de las leyes más importantes en materia
ambiental en la provincia de Río Negro son las siguientes:
-

Ley 2780 de Ordenamiento Territorial: establece las bases para la
planificación territorial de la provincia y tiene como objetivo la
conservación del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.

-

Ley 2989 de Evaluación de Impacto Ambiental: regula el procedimiento
para la evaluación de los impactos ambientales que pueden causar las
actividades humanas en la provincia. Su objetivo es prevenir y minimizar
los impactos negativos y promover el desarrollo sostenible.

-

Ley 3254 de Conservación de la Fauna Silvestre: establece las bases
para la conservación de la fauna silvestre en la provincia protegiendo
a las especies autóctonas y estableciendo medidas para prevenir la
introducción de especies exóticas.

-

Ley 3320 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: establece
un marco normativo para la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos en la provincia; estableciendo principios como la minimización,
la reutilización y el reciclaje de estos.

Además de las normas enunciadas, existen numerosas pautas y reglamentaciones
específicas en materia ambiental en la provincia de Río Negro, que regulan temas
como la gestión del agua, la protección de la biodiversidad y la prevención de la
contaminación ambiental. En general, la legislación específica en la materia que
ha desarrollado la provincia busca promover el desarrollo sostenible y garantizar
la protección del ambiente y la calidad de vida de las personas, siempre en clave
constitucional y convencional.

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Así se tiene que estas cuestiones trascienden las fronteras provinciales por
lo cual aparecen a nivel nacional, en Argentina, como una cuestión de política de
Estado. Esto se refleja, en efecto, en varias constituciones provinciales que, desde
la autonomía que las caracteriza, han reconocido y protegido diversos ecosistemas,
como lo plantea Fernández (2022), haciendo un repaso por la constitución de
Entre Ríos (artículo 85), Corrientes (artículo 66), Tierra del Fuego (artículo 54),
Tucumán (artículo 41), Jujuy (artículo 22), Chaco (artículo 38 inc. 3), Formosa
(artículo 38), etc.
De manera más general, la promoción del desarrollo sostenible y la protección
del ambiente y la calidad de vida de las personas son objetivos comunes de la
mayoría de las legislaciones ambientales en todo el mundo. Esto se debe a que
su defensa y su tutela, son esenciales para garantizar el bienestar humano. Los
Estados y las organizaciones internacionales han adoptado diversos marcos legales
y políticas para lograr estos objetivos, incluyendo acuerdos internacionales como el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que fue adoptado por 196 Partes en la
COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y que entró en vigor el 4 de noviembre
de 2016 y cuyo objetivo es regular las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otra parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas muestra un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados
como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en
cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de
desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al
cambio climático.
2.2. Componente institucional
En segundo término, respecto a las instituciones de control, existen diversos
organismos ambientales encargados de gestionar y controlar la protección
del ambiente y la biodiversidad. Así como se ha indicado que el desarrollo es
consecuente y respetuoso del constitucionalismo y convencionalismo, se puede
afirmar que a nivel provincial se sigue de modo más específico una estructura
similar. Por ello se puede trazar un puente desde lo macro a lo micro, de modo
tal que los organismos que se encargan de gestionar y controlar la protección
del ambiente y la biodiversidad a nivel mundial, regional y nacional (a modo
ejemplificativo) son los siguientes:

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-

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): es el
principal organismo encargado de coordinar las actividades ambientales
de las Naciones Unidas y promover la protección del medio ambiente a
nivel mundial. Argentina ha suscrito tal instrumento mediante Ley 22907
del año 1983.

-

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO): se encarga de la promoción de la agricultura sostenible y la
gestión de los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad. Argentina
forma parte de los Estados Miembros de la FAO.

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-

Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB): es un tratado
internacional que tiene como objetivo la conservación de la diversidad
biológica y el uso sostenible de sus componentes. La República Argentina
ratificó la CDB mediante la Ley 24.375, sancionada en septiembre de
1994.

-

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): es
una organización no gubernamental que se dedica a la conservación
de la biodiversidad y la promoción del uso sostenible de los recursos
naturales. El Comité Argentino de la UICN fue creado en 1990 puesto
que la unión trabaja por regiones en el mundo.

-

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA): es una
agencia gubernamental encargada de proteger la salud humana y el
medio ambiente mediante la regulación de la contaminación y la gestión
de los recursos naturales. Es un organismo independiente de los Estados
Unidos al que se le ha encargado la misión de proteger la salud de las
personas y el medio ambiente.

-

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): es el organismo
encargado de la gestión ambiental y la promoción del desarrollo
sostenible en Colombia.

-

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): es el organismo encargado
de la gestión ambiental y la promoción del desarrollo sostenible en
Costa Rica.

-

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: es el organismo
del Gobierno Nacional Argentino encargado de coordinar y ejecutar
políticas y programas destinados a la protección ambiental y el desarrollo
sustentable en todo el territorio argentino.

-

Administración de Parques Nacionales: es el organismo encargado de la
gestión y conservación de los parques nacionales y áreas protegidas de
Argentina.

-

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): se encarga de la
promoción y desarrollo de tecnologías para la producción agropecuaria
sostenible, incluyendo la conservación de la biodiversidad en todo el
territorio argentino.

-

Dirección Nacional de Biodiversidad: es el organismo encargado de la
conservación y manejo de la biodiversidad en Argentina, incluyendo la
gestión de las áreas protegidas y la implementación de políticas para la
conservación de especies en peligro de extinción.

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Estos son solo algunos ejemplos de los muchos organismos ambientales que
existen a nivel mundial, regional y nacional. Cada uno tiene su propia misión y
objetivos pero todos trabajan por el bienestar del planeta y la protección de la
biodiversidad. En la provincia de Río Negro, existen organismos similares que son
los que, en definitiva, hacen operativas las normativas nacionales y supranacionales.
Algunos de ellos son los siguientes:
-

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: es el organismo
provincial encargado de la gestión ambiental. Entre sus funciones se
encuentran la planificación y la coordinación de políticas y programas
ambientales, la implementación de la política ambiental provincial y el
control y seguimiento de la legislación pertinente.

-

Dirección de Bosques: es el organismo encargado de la conservación
de los bosques nativos de la provincia y la promoción del manejo
sustentable de los mismos. Tiene como función el control y seguimiento
de la normativa en materia forestal.

-

Dirección de Fauna Silvestre: es el organismo encargado de la gestión
y conservación de la fauna silvestre en la provincia, promoviendo la
conservación de las especies autóctonas y previniendo la introducción
de especies exóticas.

-

Dirección de Áreas Naturales Protegidas: es el organismo encargado
de la conservación y protección de las áreas naturales protegidas de la
provincia. Entre sus funciones se encuentran la elaboración y seguimiento
de planes de manejo para las áreas protegidas y la coordinación de
actividades de investigación y educación ambiental.

Además de estos organismos, existen otros organismos provinciales, como
la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y
Negro (AIC), organismo encargado de la gestión del recurso hídrico en la región
norpatagónica y la prevención de inundaciones y la Dirección de Recursos Hídricos
encargada de la gestión y control de los recursos hídricos de la provincia. Estos
organismos trabajan en conjunto para la protección del ambiente y la biodiversidad
en Río Negro, dependiendo del poder ejecutivo provincial.
2.3. Componente ciudadano
La participación ciudadana es un aspecto fundamental para la protección
del ambiente. Existen diversas formas de accionar a la ciudadanía en la gestión
ambiental, algunas de las cuales se describen a continuación:
-

18

Audiencias públicas: son reuniones abiertas al público en general, en
las que se presentan y discuten proyectos que puedan tener un impacto
ambiental significativo. Las audiencias públicas son convocadas por la
autoridad ambiental y tienen como objetivo dar a conocer el proyecto y
recoger las opiniones y comentarios de los ciudadanos.

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-

Consulta popular: es un mecanismo de democracia participativa
mediante el cual se somete a votación popular una cuestión de interés
general, como puede ser la aprobación o rechazo de un proyecto que
tenga un impacto ambiental significativo.

-

Participación en procesos de evaluación de impacto ambiental: los
ciudadanos pueden participar presentando comentarios y observaciones
sobre los estudios de impacto ambiental, las medidas de mitigación y
compensación propuestas por los proyectos.

-

Organizaciones y asociaciones ambientales: existen diversas
organizaciones y asociaciones ambientales en la provincia, que tienen
como objetivo la defensa y protección del ambiente. Estas organizaciones
pueden realizar acciones de incidencia política, sensibilización y
educación ambiental y promover la participación ciudadana en la
gestión ambiental.

Además, la legislación ambiental de la provincia de Río Negro establece que
la participación ciudadana es un derecho y un deber de todos los ciudadanos en
la gestión del entorno. Se promueve la transparencia y el acceso a la información
específica por parte de todos. Así, al involucrar a la sociedad en la toma de
decisiones y en la implementación y articulación de políticas públicas, se puede
persuadir al colectivo con el fin de lograr una mayor conciencia cívica y también
una mejor gestión de los recursos naturales, promoviendo conductas de cuidado
y responsabilidad hacia el ambiente, lo que por lógica derivación llevará a una
mayor participación en lo que importa a medidas protectorias y de cooperación
con las autoridades gubernamentales. En síntesis, las políticas sociales generan los
espacios y debates eficaces como una tarea compartida entre Estado y sociedad,
con el fin de garantizar la protección del ambiente y lograr una gestión más efectiva
y sostenible de los recursos naturales.
2.4. Componente educativo
Finalmente, la educación ambiental es promovida en la provincia como una
herramienta fundamental para la protección del ambiente y la construcción de una
sociedad más sustentable. Se desarrolla en todos los niveles educativos y se integra
en los planes de estudio de la provincia, con las notas distintivas de que ella es
esencial para crear conciencia sobre la problemática actual y directa así como para
dar herramientas que ayuden a fomentar actitudes y comportamientos responsables
hacia la naturaleza promoviendo así decisiones informadas y sostenibles desde
edades tempranas y en entornos educacionales.
Existen diversas iniciativas y programas referentes a tal temática dentro de
los ámbitos educativos en la provincia rionegrina, entre los que se destacan los
siguientes:

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-

Programa de Educación Ambiental: es un programa del Ministerio
de Educación de la provincia que tiene como objetivo fomentar la
educación ambiental en las escuelas y comunidades de Río Negro. El
programa ofrece capacitaciones, recursos y materiales para los docentes
y promueve la participación de los alumnos en actividades y proyectos
relacionados con el ambiente.

-

Centro de Educación Ambiental (CEA): es un espacio educativo
y recreativo en el que se desarrollan actividades y programas de
educación ambiental para todos los públicos. El CEA cuenta con salas
de exposición, talleres, huerta orgánica y senderos interpretativos, entre
otras instalaciones.

-

Jardines Botánicos y Reservas Naturales: la provincia cuenta con diversas
áreas naturales protegidas, jardines botánicos y reservas naturales que
ofrecen visitas guiadas y programas de educación ambiental para los
visitantes. Estas áreas son espacios de aprendizaje y conservación de la
biodiversidad.

-

Capacitaciones y talleres: existen diversas organizaciones y entidades
que ofrecen capacitaciones y talleres de educación ambiental para
diferentes públicos. En general, los programas desarrollados respecto
a la materia en la provincia de Río Negro se enfocan en la promoción
de valores como la conservación del ambiente, la sustentabilidad, la
responsabilidad social y la participación ciudadana en su gestión. Todo
esto, con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con su
protección y con la construcción de un futuro más sustentable, lo cual se
logra mediante la integración de la educación ambiental en los planes de
estudio en todos los niveles educativos asegurando que gradualmente se
adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para no dañar,
cuidar y proteger el lugar que (transitoriamente) se habita, formando,
en definitiva, ciudadanos más críticos y comprometidos con miras a
desarrollar una sociedad más sostenible.

3- Daño ambiental
Tras el análisis descriptivo realizado y, siguiendo el método propuesto, se
puede contemplar la siguiente interrogante ¿qué ocurre ante un hecho que daña el
ambiente? Ante la advertencia de ello, en Río Negro, existen diversas consecuencias
legales y ambientales para los responsables. A continuación, se describen algunas
de ellas:
-

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Sanciones y multas: la legislación ambiental de la provincia establece
sanciones y multas para los responsables de daños ambientales. Las
multas pueden ser significativas y su monto depende de la gravedad del
daño causado y de la reiteración de la conducta dañina.

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-

Responsabilidad civil y penal: los responsables de daños ambientales
pueden ser demandados civilmente para reparar los daños causados y
pueden enfrentar acciones penales si se comprueba que han incurrido
en delitos ambientales.

-

Suspensión o revocación de permisos: las empresas o proyectos que
causen daños ambientales pueden enfrentar la suspensión o revocación
de los permisos ambientales otorgados, lo que puede significar la
paralización del proyecto o la empresa.

-

Obligación de remediar: los responsables de daños ambientales están
obligados a remediar los daños causados y a llevar a cabo acciones de
reparación y restauración ambiental.

-

Daño reputacional: las empresas o proyectos que causan daños
ambientales pueden sufrir daños reputacionales, lo que puede afectar su
imagen y percepción externa en el mercado y entre los consumidores.

En definitiva, la provincia de Río Negro cuenta con un marco legal sólido
y riguroso para proteger el ambiente y sancionar a los responsables de daños
ambientales. Todo esto, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente
y la calidad de vida de las personas que habitan en la provincia. Este enfoque
es el de Lorenzetti (2021) quien describe el impacto ecológico producido por la
destrucción de miles de kilómetros de bosques por incendios, e indica que, por las
dimensiones del daño, se podría llegar a tipificar la situación como un ecocidio. En
efecto, la extensa destrucción no solo afectaría a la generación actual sino también
a las generaciones futuras, incluyendo bajo ese paradigma el principio in dubio
pro natura y una mirada en la cual el ecosistema toma el centro de la escena.
Tomando el trabajo realizado por Lescano (2021) se puede delinear la definición
de ecocidio, en los términos realizados por la activista ambiental Polly Higgins, ante
la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el año 2010 a los fines de proponer una enmienda en el Estatuto de
Roma: “el ecocidio es la pérdida extensiva, el daño o la destrucción generalizada de
los ecosistemas de un territorio(s) determinado(s) (...) de tal manera que el disfrute
pacífico de sus habitantes ha sido o será gravemente disminuido” (p.2).
En su obra, Higgins (2012) identifica dos tipos de ecocidio: el ecocidio
causado por el ser humano y el ecocidio que obedece a causas naturales. En el
segundo (como los tsunamis, el crecimiento de los niveles oceánicos, terremotos,
inundaciones y colapso ecosistémico), se intenta crear un deber legal de cuidado
que prevenga a las naciones antes de que se cometa el daño masivo, la destrucción
o el colapso del ecosistema. Así, en caso de ocurrencia de estos eventos climáticos,
se puede imponer a las naciones el deber legal de cuidado de sus poblaciones
y la obligación de asistencia a otros países afectados o en riesgo. De esta forma,
el ecocidio de causas naturales –esté relacionado o no al cambio climático– se
convierte en una responsabilidad de los Gobiernos.
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4- ¿Qué ocurre ante la advertencia de una infracción penal?
En la provincia rionegrina, como se enumeró anteriormente, existen sanciones
legales que son principalmente administrativas y civiles. Sin embargo, desde el
derecho penal ¿la provincia sanciona los daños ambientales?
Sí, el daño ambiental en la provincia de Río Negro puede ser sancionado
penalmente. La provincia cuenta con una ley de protección, llamada Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental (Nro. 3266 del año 1998) que establece como
sanción penal, para las personas físicas o jurídicas que causen daños ambientales,
las que deriven del código penal de la nación. La ley establece, por remisión al
ordenamiento de fondo, que las personas que causen daños graves o irreversibles
al ambiente pueden ser sancionadas con penas de prisión de hasta seis años o ser
objeto de multas y otras sanciones complementarias que surgen de la normativa
especial. Por ejemplo, serán responsables de los costos de mitigación, reparación
y minimización de los daños provocados sin perjuicio de las acciones civiles y
penales correspondientes (Artículos 6, 31 y 35).
En ese sentido, la legislación ambiental, en general, destaca la importancia
de establecer sanciones y medidas disuasorias para aquellos que dañen el medio
ambiente de forma significativa. La protección de este reviste carácter fundamental
para garantizar un desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas y
establecer sanciones efectivas es una forma de promover la responsabilidad
ambiental y prevenir daños futuros. La sanción de prisión de hasta seis años es
una medida disuasoria importante que puede tener un impacto significativo en la
concientización y el cambio de comportamiento de aquellos que dañan el medio
ambiente.
Sobre estos temas, se ha desarrollado una vasta doctrina que ha otorgado
especial importancia a establecer sanciones y medidas disuasorias adecuadas para
proteger el medio ambiente y promover la responsabilidad ambiental. También se
han analizado los desafíos y oportunidades que esto implica en el contexto del
desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, Finocchiaro
(2022) analiza el asunto desde dos vertientes principales. La primera corresponde
al ámbito interno-técnico que se refiere al problema de la intencionalidad directa
de cometer el ecocidio; esto es, si el daño ambiental causado no resulta ser sino un
“efecto colateral” de una actividad industrial o explotación comercial determinada,
que tiene otro fin “lícito”, o si resulta ser causado “directamente y con intencionalidad
manifiesta”. La segunda vertiente tiene que ver con el plano externo-político que
enfrenta el mismo problema con el que se topan otros crímenes internacionales a
la hora de ser perseguibles, como el propio genocidio o el crimen de agresión. En
estos dos últimos casos, es notable que si la disputa se da entre un país poderoso
y otro de menos recursos, el primero no tendrá sanción penal alguna a nivel
internacional.
La ley establece también la necesidad de resguardar los recursos naturales
dentro de un esquema de desarrollo sustentable, observando que su uso y
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aprovechamiento no produzca consecuencias dañosas, ni actuales ni futuras, para
garantizar el goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por imperio
constitucional y convencional (artículos 1 y 2). Así vistas las cosas, las sanciones
penales que se pueden aplicar son solo una de las consecuencias legales que
pueden enfrentar los responsables de daños verificados, puesto que ellas pueden
ser complementadas con sanciones civiles, administrativas y económicas, según
la gravedad del daño causado y la reiteración de la conducta dañina (artículo 35).
4.1. Operatividad del sistema penal
Por la naturaleza federativa del gobierno argentino, las normas de fondo (como
son el código penal, civil, etc.) son dictadas por el poder legislativo nacional (art.
75.12 de la Constitución Nacional). Las provincias, por su parte, tienen reservadas
las facultades de dar sus normas administrativas y de procedimiento (art. 5 de
la Constitución Nacional). Por esto, en el plano nacional, las acciones penales y
civiles pueden concurrir en casos de daños ambientales. Esto significa que una
misma conducta que causa un daño al ambiente, puede dar lugar a una acción
penal y a una acción civil, que tienen objetivos y alcances distintos.
La acción penal es llevada a cabo por el Estado a través del Ministerio Público
Fiscal y tiene como objetivo sancionar al responsable de la conducta dañina con
penas como la prisión o multas. Busca castigar al responsable por haber cometido
un delito o falta penal y proteger el bien jurídico que ha sido vulnerado.
Por otro lado, la acción civil es iniciada por la persona o personas que
han sufrido el daño y tiene como objetivo obtener una reparación por ello. Ante
perjuicios ambientales, las acciones civiles pueden buscar la reparación integral
del mismo y la adopción de medidas para prevenir futuros hechos similares. Es
importante destacar que la acción civil puede iniciarse independientemente de
la acción penal, ya que tienen objetivos y alcances distintos. Además, en algunos
casos, el Ministerio Público Fiscal puede intervenir en la acción civil para garantizar
la protección del ambiente y de los derechos de las personas afectadas.
En consecuencia, es competencia provincial la regulación y sanción del daño
ambiental, debido a que la Constitución Nacional de Argentina establece que las
provincias tienen la facultad de legislar en materias que no han sido delegadas
al gobierno federal. En este sentido, cada provincia tiene su propia legislación
ambiental y organismos encargados de aplicar y hacer cumplir la normativa,
pudiendo además establecer sus propios procedimientos sancionatorios.
No obstante, existen leyes y normativas nacionales que establecen ciertos
criterios mínimos para la protección del ambiente, los cuales deben ser respetados
por las provincias. Además, el gobierno federal de Argentina tiene un rol importante
en la coordinación de políticas y estrategias ambientales a nivel nacional y en la
cooperación con los estados provinciales para garantizar la protección del ambiente
en todo el país.

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Lo dicho puede ser enmarcado dentro del principio protectorio, cuya esencia
persigue tomar control o disminuir los riesgos, encontrándose contenido en
instrumentos internacionales, como por ejemplo en la Declaración de Río sobre
medio ambiente y desarrollo de 1992 (aprobada por Argentina mediante ley 24930
del año 1998), que en su principio número 15 indica que:
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente. (Declaración de Río, 1992)
En este punto, lo relevante será el estándar de prueba requerido y la carga
de prueba del riesgo por cuanto lo que se deberá probar será el daño, grave o
irreversible.
4.2. Tipificación penal
Es importante demarcar el ámbito de incumbencia del derecho penal de cara
al derecho ambiental, por lo cual es saludable abordar la temática desde su plano
técnico. El tipo penal del daño ambiental puede variar según la legislación de cada
país o región, pues en estos casos no hay un bien colectivo general a todos, ya que
se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, sí hay un
hecho único o continuado que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es
identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque
en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a
todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño individualmente sufrido.
Hay identidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización
de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte,
conforme puntualiza Salmieri Delgue (2016).
Este delito se compone de dos elementos principales: el objetivo y el
subjetivo. El primero se refiere al daño en sí mismo, es decir, a la afectación que
se produce en el ambiente como resultado de una conducta humana. El segundo
se refiere a la intencionalidad o la culpa del autor del daño, es decir, si se actuó
con la determinación de dañar, o si se tuvo conciencia del potencial peligro y
no se tomaron medidas para evitarlo. Aquí son interesantes las reflexiones que
hace Aboso (2018) respecto del sujeto contaminante por excelencia: la empresa.
Esta afirmación adquiere especial connotación en materia ambiental ya que los
daños de mayor relevancia al ambiente han sido ocasionados mediante actividades
realizadas por personas jurídicas.
Son incalculables, en lo que al daño producido se refiere, las catástrofes
ambientales a partir del siglo XIX que tienen su origen en actividades empresariales
privadas y, en algunos casos, públicas. El hundimiento del petrolero Torrey Canyon
(Islas Sorlingas, 1967), el accidente de Chernóbil (Ucrania, 1986), el hundimiento
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del petrolero Exxon Valdez (Alaska, 1989), el hundimiento del petrolero Prestige
(España, 2012)15, son algunas de ellas. Vivimos en una sociedad en la cual las
personas jurídicas han adquirido un rol protagónico en casi todos los aspectos. La
producción y el consumo masivo que se gestaron a raíz de la hiperglobalización
están en el origen de su papel relevante, por su capacidad y aptitud para concentrar
capitales y potenciar la productividad solicitada. En ese andar, las aguas se tiñen y
los cielos se oscurecen. (Martínez Luque y Valerstein, 2022)
En este sentido, para que se configure el delito de daño ambiental es necesario
que se demuestren los siguientes elementos: a) la existencia de un bien jurídico
ambiental protegido por la ley, b) la producción de un daño concreto a ese bien
jurídico protegido y c) la existencia de un nexo causal entre la conducta del autor
y el daño producido.
Respecto del principio protectorio y su status, ha sido la jurisprudencia europea
la que, en el caso “Beef Hormones” de 1989, ha arrojado claridad al indicar que
dicho principio constituía un principio de costumbre internacional o, en su defecto,
un principio general de derecho. En aquella ocasión, Canadá aceptó que se trataba
de un principio de derecho internacional emergente y Estados Unidos, en tanto, le
negó todo valor normativo. Hasta hoy, no hay tribunal o corte internacional que
haya afirmado que el principio precautorio constituye costumbre internacional.
Sobre la cuestión probatoria, cuya centralidad no necesita análisis alguno,
hubo casos jurisprudenciales en los que las medidas provisionales solicitadas fueron
denegadas porque no se logró establecer o probar un riesgo serio. Es el caso de
las “Plantas de Celulosa sobre el rio Uruguay” (Argentina vs. Uruguay) de la Corte
Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 o el caso “Planta MOX” (Irlanda
vs. Reino Unido) de la Corte internacional de Justicia del 3 de diciembre de 2001.
En otros, en cambio, tal estándar fue alcanzado según la visión del tribunal y la
medida fue otorgada como en el caso “Southern Bluefin Tuna” entre Nueva Zelanda
y Australia vs. Japón del 4 de agosto de 2000. Estos temas han sido desarrollados a
la luz de la jurisprudencia internacional por Phillipe Sands (2003).
4.3. Investigación
Así dichas las cosas, pensando en que se ha detectado la ocurrencia de un
hecho que implica daño, la pregunta es: ¿cómo se debe investigar?
La investigación de un delito ambiental, por el diseño gubernamental que
se señaló precedentemente en Argentina y, en particular, en su materialización
provincial, debe llevarse a cabo por el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado
de dirigir y controlar la investigación de los delitos y faltas penales. La investigación
puede iniciarse de oficio o por denuncia y puede comprender distintas etapas,
entre ellas, la recolección de pruebas y la realización de pericias para determinar
la existencia del delito y la responsabilidad del imputado.

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Cabe destacar que, en los delitos ambientales, la recolección de evidencia
puede incluir la toma de muestras de agua, suelo o aire, la realización de análisis
químicos y biológicos, la identificación de especies animales y vegetales afectadas,
entre otras medidas necesarias para evaluar el daño ambiental y determinar su
origen. Recopilados los elementos probatorios, el Ministerio Público Fiscal debe
decidir si formula la acusación formal contra el presunto responsable del delito
ambiental y lleva adelante el proceso penal correspondiente. La investigación
de un delito ambiental también puede involucrar la intervención de organismos
ambientales provinciales y nacionales, que pueden aportar información técnica
especializada y colaborar en la evaluación del daño ambiental y en la adopción de
medidas para su remediación y prevención.
Conforme la estructura del Ministerio Público Fiscal rionegrino, establecido
vía reforma del sistema procesal acusatorio (Ley 5020), desde el año 2017 se
establecieron fiscalías especializadas en diferentes temas, conforme la resolución
de la entonces Procuradora General de la provincia Nro. 408 del 27-7-2017. Una de
esas fiscalías se especializó en delitos ambientales que se encargaban de investigar
y llevar adelante los procesos penales correspondientes. Estos fiscales formaban
parte de la Unidad Fiscal Temática (UFT) de Delitos Especiales, dentro de la cual
se encontraban los delitos que atentan contra el ambiente.
La referida UFT tenía como objetivo -entre otros- investigar y perseguir
penalmente los delitos y faltas ambientales cometidos en la provincia de Río Negro,
en coordinación con otros organismos ambientales provinciales y nacionales. Esa
división del trabajo permitía profundizar en conocimientos técnicos y legales
específicos sobre las normativas ambientales y las problemáticas sobre ambiente
en la provincia. Además, trabajaban en estrecha colaboración con otros organismos
y expertos en materia ambiental para evaluar el daño ambiental y determinar la
responsabilidad de los imputados.
Sin embargo, esta iniciativa fue truncada en 2022. En efecto, por una decisión
de política criminal y por decisión del actual Procurador General, se disolvieron
las unidades fiscales temáticas y se volvió al sistema de fiscalías genéricas que
distribuyen el trabajo equitativamente por sistema de turnos (Res. Nro. 208/22PG).
Con ello, se quería evitar sobrecargar a los fiscales y demás encargados, privilegiando
un reparto equitativo con una mirada puesta en la cuestión cuantitativa.
Con este cambio de sistema de trabajo investigativo no puede de forma certera
afirmarse, que se ha dejado de prestar atención a los delitos ambientales, tal es
así que la provincia sigue contando con herramientas legales y técnicas adecuadas
para proteger el ambiente y sancionar a quienes lo dañen.
4.4. Ámbito de protección
Los delitos ambientales merecen ser sancionados por las consecuencias
graves y duraderas que acarrean, tanto para el hábitat como para la salud humana.
La degradación ambiental puede provocar la pérdida de ecosistemas naturales, la
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extinción de especies animales y vegetales, la contaminación de fuentes de agua,
aire y suelo, etc. Además, el medio ambiente es un bien común y un derecho
fundamental reconocido por la Constitución Nacional de Argentina y por otras
leyes ambientales. Por lo tanto, la protección del ambiente es una responsabilidad
de todos los ciudadanos y del Estado.
Aquí es donde surge la necesidad de una protección específica ante la amplitud
del bien jurídico protegido, verbi gracia, naturaleza; y es por esa tan especial
característica que el constitucionalismo clásico necesita un desarrollo que atienda a
las actuales necesidades. De ahí que la conceptualización de neoconstitucionalismo
aparezca como necesaria para poder hacer frente al concepto de ecocidio que
hemos desarrollado previamente.
En este sentido, los delitos ambientales pueden ser sancionados con penas
de prisión, multas y otras medidas coercitivas con el objetivo de prevenir futuros
daños ambientales y reparar el daño ya causado. Asimismo, la sanción de estos
delitos tiene un carácter disuasorio, ya que envía un mensaje claro de que la
protección del ambiente es una prioridad y que aquellos que dañen el ambiente
serán responsabilizados por sus acciones. En resumen, la sanción de los delitos
ambientales es necesaria para garantizar la protección del ambiente y para hacer
valer los derechos ambientales de las personas.
El constitucionalismo argentino, a lo largo de su evolución histórica, ha
establecido diferentes generaciones de derechos, que reflejan la expansión de
los derechos fundamentales y su adaptación a las necesidades y demandas de la
sociedad. Así, los de primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos,
que tienen su origen en el siglo XVIII y que se plasmaron en las declaraciones de
derechos de la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos. Estos
derechos incluyen la libertad de expresión, el derecho al voto, la igualdad ante la
ley, entre otros. Los de segunda generación corresponden a los derechos sociales,
económicos y culturales que surgieron en el contexto de la revolución industrial
y la lucha obrera. Estos derechos incluyen el derecho a la educación, la salud, un
trabajo digno, entre otros.bEn este trabajo se alude particularmente a los derechos
de tercera generación que tienen que ver con los derechos colectivos y difusos,
que surgieron a partir de la toma de conciencia de la necesidad de proteger el
medio ambiente y los recursos naturales. Estos derechos incluyen el derecho a un
ambiente sano, el derecho al desarrollo sostenible, entre otros. Finalmente, y como
consecuencia del neoconstitucionalismo, actualmente existe una cuarta generación
de derechos que corresponde a los derechos digitales y tecnológicos, que surgen
en la era de la información y la globalización. Estos incluyen el derecho a la
privacidad en internet, el derecho al acceso a la información, entre otros.
En resumen, la evolución de los derechos refleja, a su vez, la evolución de los
principios y las necesidades de la sociedad en cada época histórica. La protección
de ellos es esencial para garantizar el respeto a la dignidad humana y el bienestar
de las personas. Así, en junio de 2021, la ONG “Stop Ecocide Foundation”, que
había convocado a un panel de expertos independientes para lograr una definición
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legal sobre el ecocidio, presentó, como texto principal, una propuesta de reforma al
Estatuto de Roma. Se planteaba introducir en el artículo 5.1 –que es el que contiene
a los crímenes internacionales vigentes–, al crimen de ecocidio, al que luego, en
el artículo 8º ter, se define como “actos ilegítimos o injustificados cometidos con el
conocimiento de la existencia de una alta probabilidad de grave y extenso daño al
medioambiente, causado por dichos actos” (Artículo 5.1). Como se observa, este
panel se centra sólo en un tipo de ecocidio y propone una definición que quizás
tiene cierta estrechez y que podría pecar de ingenua, al centrarse en un tipo de
intencionalidad poco probable (Finocchiaro, 2022).
Conclusiones
Finalizado el análisis realizado y con intención reflexiva, se puede formular la
siguiente interrogante ¿En Argentina y, especialmente en Río Negro, se ha avanzado
en dotar al ambiente de un sistema constitucional de protección?
Sí, en Argentina se ha avanzado significativamente en la protección
constitucional del ambiente en las últimas décadas. En 1994 se incorporó en la
Constitución Nacional el derecho a un ambiente sano y equilibrado como un
derecho humano fundamental. Esta incorporación ha significado un gran avance
en la protección del ambiente y ha permitido una mayor participación ciudadana
en la defensa de los recursos naturales, abriendo la senda para que se desarrolle
un neoconstitucionalismo.
Además, en Argentina existen diversas leyes ambientales y normativas que
buscan proteger el ambiente y regular las actividades humanas que pueden
afectarlo. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente (Ley nro. 25675) establece
los principios y pautas para la gestión ambiental y la protección de los recursos
naturales. También existen leyes específicas que regulan actividades como la
gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad, la protección de los
recursos hídricos, entre otras. En Río Negro (y en otras provincias también), se han
establecido mecanismos de participación ciudadana y se han creado organismos
especializados para la gestión ambiental. Además, se han promovido políticas de
educación ambiental para concientizar a la población sobre la importancia de la
protección del ambiente.
Sin embargo, a pesar de estos avances, aún existen desafíos en la protección
del ambiente. Es necesario continuar fortaleciendo las instituciones encargadas de la
gestión ambiental, promover la participación ciudadana, el acceso a la información
en la materia y tomar medidas concretas para prevenir y sancionar tales delitos.
Así mismo, no se puede dejar de tener en cuenta que una lectura dinámica y
elástica de la normativa convencional, nacional y provincial, permite ajustar la
protección de la naturaleza en su forma adecuada y conforme su valor intrínseco.
Sin embargo, no se puede perder de vista que tal protección, en última instancia,
dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en los casos concretos cuando
las articulaciones prejudiciales no hubieren logrado sus fines.

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latinoamericano ¿avance o retroceso? Una perspectiva crítica desde la región

Por todo lo cual, y como enseña Anchaluisa Shive (2013), se debe tener
en cuenta que el neoconstitucionalismo es una construcción teórica de corte
eurocéntrico, por tanto, responde a las particulares reivindicaciones sociales y
políticas de esa zona del mundo. Sus reflexiones pueden ser útiles en el diseño de
una agenda constitucional propia si se le adaptan las características inherentes a
nuestras sociedades latinoamericanas. La inserción de diversos y profundos cambios
en la ciencia jurídica promueve la creación de una hoja de ruta, encaminada a la
promoción del respeto y observancia de los derechos humanos en donde el ser
humano es el protagonista y principal beneficiario de la acción estatal.
Es, sin duda, una particular visión que cambia la matriz de pensamiento
jurídico y político, desde un Estado concebido por y para sí mismo hacia un Estado
que acciona por y para los individuos, pueblos, colectivos y nacionalidades. Es,
en definitiva, una concepción que trasciende los ámbitos nacionales, que busca
posicionar el respeto y la reparación integral a los derechos humanos en el sistema
internacional como un asunto de vital importancia e, incluso, cuestionar el status quo
de los procesos políticos y jurídicos, relacionados con los derechos fundamentales.
Se evidencia así que el neo constitucionalismo se asienta en las tradiciones
de defensa de una vida armoniosa y digna, que en la filosofía del buen vivir es una
vida digna y plena. Siguiendo a Moraes Portela (2022), esto es el resultado de una
sociedad oprimida por la colonización, que reclama la necesidad de cambios en las
condiciones de vida y de relación con el mundo. Así, se hace un llamado a que los
Estados desarrollen sus políticas públicas ambientales de la mano de sus pueblos,
con una interpretación normativa de tipo antropocéntrico para atender un sistema
que ha venido provocando un colapso ambiental. En definitiva, los derechos de
la naturaleza son una expresión del reconocimiento del Estado pluricultural, una
nueva forma de mirar a la naturaleza que toma en cuenta las culturas de los pueblos
latinoamericanos tradicionales, no con un carácter cosificado, objetivado, utilitario
sino con respeto y armonía, con la adopción de nuevos paradigmas ante la crisis
ecológica que pone en riesgo la propia existencia de los hombres y del planeta.
En este trabajo se ha procurado visibilizar el fenómeno normativo de una
provincia patagónica del extremo sur de Latinoamérica e ir formando un análisis
en cono ascendente para que el lector pueda contemplar al mecanismo protectorio
como consecuencia de las teorías neoconstitucionalistas. Esto, de cara a prevenir
crímenes medioambientales que, en la mayoría de los casos, serán de gran escala.
Así, su visibilización es quizás la punta de lanza para lograrlo, ya que se requiere
un cambio de actitud por parte del Estado en la realización de los derechos de la
naturaleza.
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