“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva” 
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Reseña de libro 
PABLO SLAVIN.“LA LUCHA POR EL DERECHO A LA CIUDAD”. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA.
Andrea Carolina Subía 
Universidad de Otavalo, Ecuador 
asubia@uotavalo.edu.ec 
https://orcid.org/0000-0003-2896-1287 
Fecha de recepción: 21 de febrero de 2023 
Fecha de aceptación: 05 de abril de 2023 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023 
La crisis de las ciudades surge en el contexto de la globalización, dentro de 
un sistema mundial vinculado al modelo neoliberal (Sassen, 1988), cuya suma 
de factores la degrada paulatinamente, creando tugurios, villas miseria y barrios 
marginados, mientras resguarda a barrios privados y exclusivos. Pese a que la 
crisis urbana es propia de los países en desarrollo, guetos y favelas, se observan 
en casi todas las ciudades en el mundo. En este contexto, el fenómeno de la nociudad 
requiere respuestas urgentes, debido a la situación de pobreza urbana, a la 
precariedad en la vivienda, junto al desempleo y desocupación, en un escenario de 
expulsión de grupos sociales segregados. 
En esa línea, el libro La lucha por el Derecho a la Ciudad de Pablo Eduardo 
Slavin es un aporte prolijo del estado actual de los estudios especializados en la 
materia. Entre sus principales ideas destaca que el análisis interdisciplinario sobre 
ciudad, hábitat, vivienda y urbanización demanda de especialistas en geografía, 
arquitectura e ingeniería, al igual que de sociólogos y abogados, hacia un diálogo 
abierto sobre las ciudades. A partir de ahí y a manera de introducción, el autor aclara 
que los fenómenos que discute centran a la ciudad como objeto en construcción. 
En la obra, este planteamiento se organiza en 8 capítulos. 
En el primer capítulo, «Apuntes para la (re)construcción del ‘Derecho a la 
ciudad’», se contemplan los antecedentes históricos referentes al derecho a la 
ciudad hasta la actualidad, el marco jurídico internacional, así como los principales 

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referentes doctrinarios que desarrollan la institución: derecho a la ciudad. En cuanto 
al marco normativo que sustenta el derecho a la ciudad en el plexo internacional y 
nacional, lo vincula con el derecho universal a la vivienda con fuerte vínculo con el 
de ciudad consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969), entre otros instrumentos internacionales vinculantes. 
En particular, señala que el derecho a la ciudad es un derecho humano 
emergente que varios países lo han reconocido como fundamental dentro de sus 
Constituciones: en Brasil desde 1988, Colombia en 1991, en Ecuador desde 2008, 
así como en instrumentos internacionales que constituyen soft law: Declaración 
Universal de Derechos Humanos Emergentes de 2004, Carta Mundial del Derecho 
a la Ciudad adoptada en 2004 y Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 
la Ciudad de 2010. Los siguientes capítulos interpretan el contenido y alcance del 
derecho a la ciudad desde distintas aristas hacia la praxis, y que este trasciende a 
propuestas que se suelen estimar como utópicas. 
En el capítulo segundo, «El Derecho a la Ciudad: luchando por otra forma 
de producción del espacio», se afirma que, ante la crisis de la ciudad en su estado 
actual, es necesaria su (re)construcción, la que debe ser abordada con una visión 
holística, integral, entendiendo a la ciudad como una totalidad. Para ello, desarrolla 
la noción «producir justicia espacial», en el análisis de la interrelación dialéctica 
entre las escalas local y global, y los diferentes mecanismos de lucha posibles. En 
el capítulo tercero, «La relación dialéctica entre lo local y lo global», enfatiza en el 
espacio que ocupan las ciudades, aquel territorio en el que el capital cuenta con 
infraestructuras, fábricas y sistemas de transporte que permitieron su crecimiento; 
y, si bien históricamente la burguesía siempre se benefició de la ciudad por la 
extracción de la plusvalía, el capitalismo, en su fase neoliberal, la ha convertido 
en un espacio ideal para la acumulación a través de la construcción de viviendas y 
la especulación inmobiliaria, así como para la privatización de servicios de salud, 
transporte, energía, educación, etc. A pesar de ello, en la ciudad está presente la 
lucha por recuperar el valor de uso (de plazas, barrios, calles), frente a los intereses 
del valor de cambio (mercancía) sin límites. 
A continuación, el capítulo cuarto, «El debate sobre Reforma y Revolución 
y sus implicancias en la lucha por el Derecho a la Ciudad», Slavin rescata el viejo 
debate de Rosa Luxemburgo con Bernstein, para entender el proceso dialéctico 
de construcción del derecho a la ciudad; y cómo la reforma y la revolución están 
interrelacionadas. Con base en ello, señala la imperiosa necesidad de reivindicar 
el derecho a la ciudad mediante el ejercicio del poder que posee la ciudadanía en 
el proceso de urbanización, como herramienta hacia la plena realización política, 
económica, social, cultural y ecológica. Hoy, la mayoría de los Estados democráticos 
viven bajo un sistema socioeconómico en el que impera un capitalismo depredador, 
cuyos efectos se observan en la enorme exclusión, pobreza, desigualdad, daños 
ambientales, discriminación social y espacial. Lo cual, según Sassen (1988), constituye 
una expulsión sin precedentes; donde la brecha social entre ricos y pobres resulta 

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infinita, lo que constituye un caldo de cultivo para todo tipo de violencia, desde 
la cual varias generaciones son expulsadas de la ciudad formal, excluidas a la 
marginalidad. A estas personas se les niegan derechos básicos, como agua para 
higienizarse. Viven hacinados, en miseria y hambre. Dicho fenómeno conocido 
como gentrificación se caracteriza por la ausencia de servicios esenciales de redes 
de agua potable, alumbrado público, gas, recolección de residuos, seguridad, 
vivienda, centros de salud, educación, espacios verdes y calles transitables. Bajo 
este argumento, el autor afirma que romper la lógica neoliberal será posible cuando 
se constituya un proyecto global que cuente con la participación de trabajadores, 
estudiantes y, sindicalizados, que intervengan en la producción espacial de las 
ciudades, desde la planificación, organización y ejecución de la urbanización. La 
idea del ejercicio de la acción política es la herramienta que permitirá cambiar las 
estructuras geográficas que soslayan la integración en la ciudad. Existen alternativas 
reales al neoliberalismo. 
En ese contexto, la ciudad constituye el espacio de lucha de clases, ya que su 
reconstrucción tendrá como efecto la justicia espacial, pero ¿cómo crear espacios 
justos? Será necesario implementar reformas en la vida cotidiana que permitan una 
mejora ante el sistema-mundo de exclusión social. Y, aunque el ejercicio del derecho 
a la ciudad necesariamente implica conflicto y enfrentamiento principalmente por 
quienes se encuentran excluidos y amenazados por el modelo capitalista neoliberal 
nocivo, el gobierno municipal es el ente central en la transformación de la ciudad, 
que administra los recursos de esta bajo los principios de proximidad y eficacia. Es 
decir, el municipio constituye el medio hacia la promoción del acceso a los bienes 
y servicios urbanos, especialmente de aquellos grupos sociales estratificados; es el 
organismo intermediario que conoce las necesidades y problemas de los habitantes 
de su ciudad, y que ofrece respuestas próximas y satisfactorias. 
Asimismo, el mecanismo de litigio estratégico en las instancias administrativa 
y judicial permite que la defensa de derechos involucre la actividad judicial para 
la efectivización de derechos de índole individual y colectivo; son los fallos 
judiciales que conminan a los poderes públicos a desarrollar garantías de políticas 
públicas que promuevan la inclusión social e integración urbana. Otras acciones 
que promueven justicia social son las garantías jurisdiccionales en el marco de la 
justicia constitucional, entre ellas, amparo, habeas corpus, habeas data, acceso a la 
información pública y acciones colectivas. 
El capítulo quinto, «La Protesta social como un derecho humano», asegura 
que el empleo de la protesta social en la historia más reciente ha permitido 
transformaciones sociales como el fin del apartheid en Sudáfrica, y el surgimiento 
de las primaveras árabes en Túnez, Jordania y Egipto. Concuerdan Gargarella (2011), 
Saphiro (2011) y Sousa do Santos (2018) respecto a la urgencia de considerar a la 
protesta social como derecho humano básico. En un Estado que cuenta con un 
sistema democrático, el derecho a la protesta es además un deber cívico, ya que 
elegir y ser elegido es un primer escenario, pero la participación activa requiere de 
la libertad de expresión en el debate público, «en la lucha por el derecho humano 
a la ciudad» (Slavin, 2021, p. 116). 

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En el caso Williams vs Wallace (1965) ante la Corte Suprema de Estados Unidos 
en la lucha de los derechos civiles, con fundamento en el principio de equidad, el 
tribunal aseguró protección policial en la caminata desde Selma a Montgomery del 
Dr. Martin Luther King y sus seguidores. Ello da cuenta de que el litigio estratégico 
incentivó a la lucha por el derecho a la igualdad y no discriminación racial; de ahí 
que, en el contexto de la era de la revolución tecnológica, el debate público haya 
abandonado las calles y plazas para instalarse en redes sociales digitales, televisión, 
radio y prensa. 
Sin embargo, pese a que la protesta social es un derecho humano, varios 
Estados lo criminalizan en su ordenamiento jurídico como un delito: no se autoriza 
el acampar en parques, manifestarse con ruido en las calles, huelgas, entre otros. 
Por ello, resistir ante la injusticia requiere para su éxito de la opinión pública, de 
su visibilización, porque con el apoyo de los medios de comunicación, los poderes 
públicos se verán forzados a brindar respuestas inmediatas ante necesidades 
insatisfechas. El autor sintetiza ejemplos emblemáticos referentes a procesos de 
transformación que han ido transcurriendo en las que miles de personas han 
participado directamente en foros de debate, encuestas, huertos ciudadanos en 
Brasil, Colombia, México y Argentina. El Estado deberá evitar la censura en el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión hacia la apertura del 
debate público. 
En ese sentido, la concientización social requiere de campañas de 
sensibilización, con el fin de profundizar la democracia representativa; es decir, 
hacer ciudad es una tarea colectiva que necesariamente debe ser democrática 
y participativa. Comprende Slavin (2021) que las clases populares, cuando 
participen de forma directa en la elaboración de políticas, incidirán en decisiones 
de trascendencia social que afectan en su vida cotidiana urbana: «la participación 
ciudadana se construye desde abajo» (p. 87). De manera que el Estado deberá 
implementar herramientas efectivas y mecanismos de democracia participativa que 
aseguren respuestas próximas y rápidas a las necesidades sociales específicas. 
En el capítulo sexto, «Marxismo y Derecho a la Ciudad en Henri Lefebvre» 
se resalta que el método del materialismo dialéctico permite el análisis crítico 
referente a la vida del trabajador, su familia, aspiraciones y lucha de clases. Para 
ello, se plantea la creación de una nueva agenda, que mediante un programa la 
sociedad global reconstruya la ciudad, una reforma urbana que atienda a la realidad 
actual y a mediano y largo plazo, precisamente con intervención de la clase obrera. 
El estudio de la ciudad se enfoca en propuestas que solucionen problemáticas 
urbanas, mas no únicamente en la teoría sino desde la práctica, porque la ciudad 
es una obra en construcción, no un producto. La revolución en el contexto urbano 
es cultural, porque reemplaza la ideología del consumismo, pero además debe ser 
política apostando por una democracia participativa como control social; además 
necesariamente económica hacia la producción y distribución planificadas de las 
necesidades sociales. 

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El capítulo séptimo titulado «Edward Soja y la perspectiva espacial» (2014), 
quien emplea la teoría del desarrollo desigual de Marx, Engels y Luxemburgo, 
explica la evolución de la sociedad a través de procesos de polarización. El desarrollo 
se alcanza de una forma diferente según espacios geográficos, ya que responde 
a la concentración del desarrollo en polos, lo cual produce efectos positivos de 
expansión en centros, y negativos o de regresión en periferias, de escala local, 
regional y global. Como último punto, se resalta que, sin la intervención de políticas 
públicas como mecanismos de mejoramiento, los efectos negativos superarían a 
los positivos, por lo que existe una marcada diferencia en el desarrollo del centro 
frente a la periferia. En el sistema internacional, la desigualdad global se refleja con 
más evidencia en los países en vías de desarrollo. 
Soja (2014), con fundamento en el Manifiesto del Partido Comunista de Marx 
(1848) y Engels, afirma que la acción sociopolítica permitirá modificar las geografías 
injustas, de fuerzas poderosas que pretenden perpetuar su poder y privilegios. Su 
apuesta frente al proceso de polarización es la construcción de una teoría de 
justicia espacial, pero ¿cómo crear espacios justos? Según el autor, se requiere 
buscar las soluciones desde el espacio local de la ciudad, precisamente porque 
conjuga centros carcelarios, instituciones judiciales, escuelas, calles, infraestructura 
y viviendas. 
A continuación, el capítulo octavo, «David Harvey: Una teoría co-revolucionaria», 
refiere nuevamente al método materialista dialéctico en el que se funda Harvey 
(2014), pero quien lo denomina materialismo histórico-geográfico de investigación, 
ya que interpreta a la realidad en la totalidad de sus interrelaciones. Por ello, intenta 
comprender a las problemáticas urbanas observando la producción capitalista actual; 
se introduce en el pensamiento históricamente dominante y sus alcances, a través 
de la interdisciplinariedad para la comprensión de fenómenos como el urbanismo, 
el desarrollo económico y el medio ambiente. Desde una teoría corevolucionaria, 
en un sentido contrahegemónico, busca dilucidar los procesos de gentrificación 
urbana que degradan espacios de la ciudad. Encuentra el significante del derecho 
a la ciudad, que no es un derecho que constituye un fin en sí mismo sino el medio 
hacia la justicia social-espacial, lo cual requiere involucrar nuevos instrumentos de 
organización social que promuevan la superación de la democracia representativa 
hacia una participación real e igualitaria. 
Finalmente, en el epílogo, «Un balance y un poco de optimismo», se realiza 
una discusión en torno a la crisis de la pandemia COVID-19; se exterioriza la 
injusticia espacial y la negación de derechos desde el colapso de servicios de salud, 
tanto en los países desarrollados como en las principales ciudades del mundo. 
Evidenciándose fenómenos de exclusión social, ya que a miles de personas en 
situación de confinamiento se limitó su acceso a servicios básicos, en condición 
de hacinamiento, en condiciones insalubres, y sin «vacunas ni terapias médicas 
para tratar los casos y/o frenar el contagio del COVID-19, y la única medida que 
está evidenciando resultados frente a la pandemia es quedarse en las casas y hacer 
‘cuarentena’» (Slavin, 2021, p. 254). 

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Para concluir, mientras que en Lefebvre (1968) y Harvey (2008) surge el 
contenido del derecho a la ciudad, es Slavin (2021) quien profundiza en su alcance 
y amplitud, cuando explica qué es derecho a la ciudad y a quién le pertenece. 
Por una parte, afirma que, aunque no se ha logrado su reconocimiento vinculante 
en el sistema de protección universal de los derechos humanos, sí constituye una 
aspiración de la sociedad civil que da sentido a su carácter emergente, un grito 
de esperanza de los más necesitados. En este sentido, su contenido significante 
se vincula con la idea de un tipo de ciudadanía «liberadora, igualitaria, inclusiva, 
creadora de nuevos derechos, transformadora» (p. 36). Es un derecho colectivo, 
que depende del ejercicio de un poder social, para el acceso a los recursos de la 
ciudad, así como la facultad de cambiar y reinventarla de acuerdo a sus aspiraciones. 
El derecho de los «sin derechos» que: «nace del reclamo de los segregados, los 
excluidos, los que fueron dejados sin el uso y goce una ciudad que les pertenecía, 
y que ahora les resulta ajena» (ibidem, p. 37), donde prima el principio protectorio 
de progresividad de derechos. 
A lo largo del libro se describe el escenario global de las ciudades, referente 
al crecimiento incesante vinculado con el mercado neoliberal en el que prima la 
plusvalía generada por el sector inmobiliario, que, lejos de eliminar la situación 
precaria de sectores marginados, ha dado paso a una reproducción constante de 
sectores excluidos en las urbes. Pero ¿qué hacer ante un escenario tan adverso?, 
¿cómo empoderar a los ciudadanos hacia la reconstrucción de la ciudad? Desde el 
primer momento, se reconoce que la ciudad como centro de toda actividad de la 
vida sociopolítica de las sociedades —y creación humana en un largo proceso de 
evolución— constituye el espacio propicio e inequívoco hacia la transformación 
espacial, porque: «la revolución tiene que ser urbana, en el más amplio sentido de 
este término, o no será» (Lefebvre citado por Harvey, 2014, p. 39). 
En vista de lo anterior, se da cuenta de la necesidad de adopción de estrategias 
dentro de procesos de urbanización, como políticas públicas desde los niveles de 
gobierno: nacional, regional y local, que aseguren como requisito sine qua non la 
participación activa de toda la ciudadanía, y en especial de los sectores excluidos. 
La urbanización consiste, en este sentido, no sólo en dotar de viviendas dignas a 
los habitantes de la ciudad, sino producir condiciones satisfactorias de vida desde 
la salud, la educación, la recreación, un medio ambiente sano, la seguridad, la 
ciudadanía, el empleo, la inclusión y la seguridad social. La idea es recuperar el uso 
y goce de la ciudad para todos sus habitantes, sin distinciones ni exclusiones. Es la 
ciudad el centro de las luchas sociales hacia la reivindicación del derecho a la ciudad; 
alcanzarla requiere de una ciudadanía con propuestas sociales contrahegemónicas 
que participe activamente en la construcción de la ciudad futura para todas y 
todos. Ello frente al acelerado proceso de urbanización que fragmenta las ciudades, 
el compromiso incesante de una ciudadanía insurgente y la intervención oportuna 
de los gobiernos locales más próximos a las necesidades sociales de sus habitantes. 
En este contexto, ofrece un panorama analítico y pormenorizado del estado 
actual de los estudios por el derecho a la ciudad en la teoría y práctica; refleja 
el sistema económico neoliberal que fragmenta a las ciudades y la crisis de la 

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pandemia COVID-19, lo que constituye la evidencia fehaciente de que el acceso 
a los bienes y servicios de la ciudad dependen en gran medida de la producción 
de justicia espacial en la urbanidad. En suma, La lucha por el Derecho a la Ciudad 
es una contribución acertada y contundente, recomendada para estudiantes, 
profesionales y expertos que desean comprender los estudios sobre el derecho a 
la ciudad en toda su complejidad. 
FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
De Sousa Santos, B. (2018). Revolución, ciudad, campo e indignación. Editorial Trotta S. A. 
Castells, M. y Borja, J. (2000). La ciudad multicultural. Laberintos urbanos en América Latina. Abya 
Yala. 
Fiss, O. (2010). Democracia y Disenso. Una teoría de la libertad de expresión. Ad-Hoc. 
Gargarella, R. (2011). Entre el derecho y la protesta social. Ecuador Debate 83. 
Harvey, D. (2014). El derecho a la ciudad. http://bitly.ws/HCvA 
Lefebvre, H. (1968). El Derecho a la Ciudad. Ediciones Península. 
Marx, E. (1848). Manifiesto del Partido Comunista. Alpa Corral. 
Revista Paz y Conflictos. (2012). Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Paz y conflictos, 5. 
Sassen, S. (1988). The Mobility of Labour and Capital: A study in international Investment and 
Labour Flow. Cambridge, University Press. 
Shapiro, I. (2011). La teoría de la democracia en el mundo real. Marcial Pons. 
Slavin, P. (2021). La lucha por el Derecho a la Ciudad. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

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POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN 
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Monográfico Esta sección está compuesta por colaboraciones originales 
articuladas en función de una temática específica dentro de un campo del 
Derecho. Los ejes temáticos de cada monográfico son definidos por el equipo 
editorial de la revista y posteriormente difundidos mediante convocatoria 
abierta. Año 1, Volumen 1, Periodo julio - diciembre 2022 129 Artículos de 
Investigación Esta sección está orientada a mostrar resultados parciales o 
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un aporte al desarrollo de la literatura especializado o a una transformación 
positiva de la sociedad. Este apartado se encuentra permanentemente 

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abierta para la recepción de manuscritos. Generalidades Jurídicas Esta 
sección integra aportes al conocimiento de la ciencia jurídica estructurados 
a partir de opiniones, reflexiones, ensayos y reseñas que no necesariamente 
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académica. Este apartado se encuentra permanentemente abierta para la 
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