“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva” 
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL PODER EJECUTIVO 
Jaime Fernando Cornos Montaño 
Investigador independiente 
fercorm@hotmail.com 
https://orcid.org/0009-0004-8115-5553 
Fecha de recepción: 21 de febrero de 2023 
Fecha de aceptación: 05 de abril de 2023 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023 
Resumen 
El artículo analizó, bajo el enfoque cualitativo, el control de convencionalidad 
en el Poder Ejecutivo, considerando la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y, a partir de un criterio hermenéutico, se puntualizó en 
la aplicación de la convencionalidad de los actos administrativos emitidos por las 
autoridades administrativas que desarrollan actividades normativas y ejecutivas; 
así como, de las autoridades administrativas sancionatorias y de las autoridades 
judiciales administrativas, considerando las características, reglas, principios, 
normas, preceptos con los cuales cumplen los fines y objetivos del Poder Ejecutivo. 
A su vez, se determinaron las condiciones legales que limitan efectuar el control de 
convencionalidad en sede administrativa, por lo cual, se propuso, una alternativa 
para cumplir la obligación convencional en el Poder Ejecutivo, basada en criterios 
previsionales administrativos. 
Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Control de 
Convencionalidad, Poder Ejecutivo, Administración Pública, Margen de apreciación 
nacional 
THE CONTROL OF CONVENTIONALITY IN THE EXECUTIVE BRANCH 
Abstract 
The article analyzes, under a qualitative approach, the control of conventionality 
in the Executive Branch, considering the jurisprudence of the Inter-American 

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Court of Human Rights. Based on a hermeneutic criterion, the application of the 
conventionality of the administrative acts issued by the administrative authorities 
that develop normative and executive activities is specified. Likewise, a similar 
approach is taken in the case of administrative sanctioning authorities and by the 
administrative judicial authorities, considering the characteristics, rules, principles, 
norms, and precepts with which they accomplish the goals and objectives of the 
Executive Branch. At the same time, the legal conditions that limit the exercise of 
conventionality control in the administrative venue were determined. Therefore, an 
alternative was proposed to comply with the conventional obligation in the Executive 
Branch, based on administrative predictive criteria. 
Keywords: Inter-American Court of Human Rights, Conventionality Control, 
Executive Branch, Public Administration, National Margin of Appreciation.

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INTRODUCCIÓN 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia 
emitida, instauró la doctrina del Control de Convencionalidad, determinando 
que el citado control debe ser ejercido de oficio por los órganos y autoridades 
administrativas del Poder Ejecutivo; sin embargo, no ha precisado cómo las 
autoridades administrativas deben efectuar el Control de Convencionalidad de 
las normas administrativas y los actos administrativos internos que emiten con 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocasionando un vacío que genera 
cuestionamientos en la aplicación del Control de Convencionalidad en el seno del 
Poder Ejecutivo. 
La actividad administrativa que desarrolla el Poder Ejecutivo está sujeta a 
la Constitución y a las leyes, por consiguiente, toda autoridad administrativa debe 
cumplir con las disposiciones legales, cuando emite un acto administrativo, una 
resolución, una norma o un Reglamento. Por ello, es importante delimitar los criterios 
hermenéuticos para ejercer el Control de Convencionalidad en sede administrativa 
y en el fuero contencioso administrativo, considerando las características de la 
actividad administrativa, sus principios, reglas y preceptos con los que funciona. 
Para desarrollar este trabajo, se consideró necesario, identificar los rasgos 
generales del Control de Convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte en 
los cuales el Poder Ejecutivo ejerció el Control de Convencionalidad. Bajo esa 
circunstancia se efectuó una discusión, estableciendo el alcance del Control de 
Convencionalidad en la administración Pública, determinando que el mismo 
comprende a las autoridades administrativas en tres ámbitos: autoridades 
administrativas que desarrollan actividades ejecutivas y normativas; autoridades 
que desarrollan actividades sancionadoras y autoridades que despliegan 
actividades jurisdiccionales, estableciendo, las consecuencias sobre el Control de 
Convencionalidad en sede administrativa y una proposición relacionada con una 
previsión administrativa para realizar este Control en el Poder Ejecutivo. 
METODOLOGÍA 
La metodología empleada estuvo orientada bajo el enfoque cualitativo, 
que permite comprender las condiciones sobre la aplicación del Control de 
Convencionalidad en el Poder Ejecutivo. Asimismo, se empleó el método dogmático 
a partir de conocer la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el Control de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo y a su vez, 
el empleo de la hermenéutica para comprender el ordenamiento administrativo en 
cuanto a los elementos centrales del señalado control.

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1. El Control de Convencionalidad 
1.1. Rasgos Generales que identifican el Control de Convencionalidad 
Entre los antecedentes del Control de Convencionalidad, según el Juez Dr. Sergio 
García Ramírez afirma que este se originó como un «Control de Internacionalidad» 
que dio lugar doctrinaria y jurisprudencialmente al «Control de Convencionalidad» 
(García Ramírez, 2016, p.131). Además, indica: «Entendemos este término en 
relación a la tutela internacional de los derechos humanos, que buscaba valorar 
actos nacionales a la luz de actos internacionales que tiene también antecedente en 
el término de un «control de comunitariedad» (García Ramírez, 2002, p. 435). 
Así se tiene que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH 
en lo sucesivo) ha conceptualizado el Control de Convencionalidad como: 
[…] la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía 
de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación 
de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia. (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2021a) 
A su vez, es necesario precisar que para configurar el Control de 
Convencionalidad, existe un requisito ineludible que se debe cumplir, cual es, 
que se incorpore el mismo en las Constituciones de los Estados que son parte de 
la Convención, mediante mecanismos constitucionales, como lo son las «cláusulas 
de Interpretación» para que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
sean parte del denominado «Bloque de Constitucionalidad», consiguientemente se 
le reconozca jerarquía constitucional a las normas que no están en la Constitución. 
A tal efecto, muchos Estados que aplican el citado control, han procedido a 
realizar reformas Constitucionales, para viabilizar la aplicación del Control de 
Convencionalidad en sus ordenamientos jurídicos, en Latinoamérica. En este 
entendido que el Control de Convencionalidad, se ejerce tanto en el ámbito 
Internacional, como en el ámbito Nacional. 
En el ámbito internacional, la actuación de la Corte IDH, se traduce en el 
ejercicio de la función contenciosa, la cual, resuelve los casos contenciosos y la 
supervisión de las sentencias dictadas en los casos sometidos a su jurisdicción, 
además, de una función consultiva y de dictación de medidas provisionales, tal 
como indica el Pacto de San José. (Defensor del Pueblo República de Bolivia, 
2007). Esta forma de ejercer el Control de Convencionalidad ha sido denominada 
«Control de Convencionalidad Concentrado». Por otra parte, en el ámbito nacional 
o del derecho interno, el «Control de Convencionalidad» denominado «Control de 
Convencionalidad Difuso» los jueces nacionales, efectúan una contraposición de 
las normas constitucionales, leyes, reglamentos y sobre toda disposición jurídica 
nacional, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Corpus 
Iuris, integrado por estatutos y decisiones sobre jurisprudencia, que constituye un 
Derecho Común de los Derechos Humanos.

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Cabe indicar, que el Control de Convencionalidad, se realiza no solo del 
Tratado, sino además se debe considerar, la interpretación y la aplicación que ha 
realizado la Corte IDH, como último interprete de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. El control de convencionalidad difuso esencialmente tiene 
como obligación que las autoridades judiciales que conocen los casos, dispongan: 
a) Inaplicar la norma, cuando no tiene conformidad con la Convención 
Americana y la jurisprudencia de la Corte IDH. 
b) Efectuar una interpretación conforme, entre las reglas jurídicas nacionales 
y el Corpus Iuris Interamericano. 
Otro rasgo del Control de Convencionalidad se configura a partir de los 
sujetos que intervienen, que son dos: un controlador, que originalmente se atribuye 
al Poder Judicial -se expandió al Poder Ejecutivo y Legislativo- y en un segundo 
plano, el controlante, que recae en la Corte IDH, que efectúa el control a través 
del Pacto de San José y de las normas que emite y la interpretación realizada de 
la misma (Sagüés, 2015) confronta la Constitución, leyes, actos internos con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Protocolos suscritos por los 
Estados miembros. 
Es importante destacar que los Estados, emergente de las obligaciones 
asumidas al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aceptan las obligaciones de protección y respeto de los derechos consagrados 
en la misma, por lo que tienen una responsabilidad y obligación integral, esta 
responsabilidad no recae únicamente en los poderes públicos que componen los 
Estados, por ello, la Corte IDH ha señalado que el Control de Convencionalidad es 
extenso, vertical y general debiendo aplicar el control todas las autoridades de los 
Poderes del Estado y no cada uno de los poderes de forma independiente. A su 
vez, el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte IDH, tienen un 
efecto Erga Omnes en todos los Estados que aceptan la competencia contenciosa 
de Corte IDH, inclusive, en casos en los cuales los Estados no son parte de la 
controversia o del proceso. 
1.2. La Doctrina del Control de Convencionalidad establecida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
La doctrina del Control de Convencionalidad, surge a partir del caso Almonacid 
Arellano y otros Vs. Chile de 26 de septiembre de 2006 (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2021b) donde indica que el Poder Judicial debe ejercer una 
especie de «Control de Convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que 
aplican a los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Posteriormente, el 24 de noviembre de 2006, en la sentencia dictada por la Corte 
IDH en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021c) establece que los órganos 
del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de Constitucionalidad, sino 
también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención 

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Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. 
De igual forma, el 26 de noviembre de 2010 se dicta la sentencia en el 
caso Cabrera García y Montiel Vs. México instituyendo que: los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 
de ejercer exoficio un Control de Convencionalidad entre las normas internas 
y la Convención Americana por lo que debía realizarse, por todos los órganos 
vinculados a la administración de justicia. (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2021d). Luego, el 24 de febrero del año 2011 se marca el primer hito 
en la llamada Doctrina del Control de Convencionalidad, con el caso Gelman Vs. 
Uruguay, fijando que cuando el Estado es parte de un tratado internacional como 
la Convención Americana, todos los órganos, incluidos sus jueces, están sometidos 
aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su 
objeto y fin, de manera que los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un Control 
de Convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. 
Finalmente, otra sentencia, en el caso Masacre de Santo Domingo Vs. 
Colombia de 30 de noviembre de 2012, funda el principio de complementariedad 
(subsidiariedad) determinando que la Convención Americana es coadyuvante o 
complementaria de la protección que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos. Asimismo, fija el deber de las autoridades internas de respetar 
y garantizar los derechos humanos y la obligación que todos los órganos del 
Estado deben ejercer el Control de Convencionalidad. La doctrina del Control de 
Convencionalidad se arraiga en la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, la 
misma, como se señaló supra, ha ido incorporando más obligaciones legales a los 
Estados, caracterizándose por ser una jurisprudencia expansiva. 
En cuando al fundamento jurídico, según se evidencia por la doctrina de la 
Corte IDH, se asienta, en lo siguiente: 
(i) La Garantía del efecto útil, que determina el deber de los jueces a respetar 
y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas 
establecidos en la Convención. 
(ii) El deber de respetar los derechos; mediante la cual, las autoridades 
deberán adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para garantizar 
la obligación de respeto y garantía de los derechos de las personas. 
Otro fundamento jurídico, sobre el cual la Corte IDH instaura el Control de 
Convencionalidad, se encuentra, en el cumplimiento de los tratados de buena fe, 
establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, Artículo 
26 «Pacta sunt servanda» y de no invocar disposiciones de derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado, Articulo 27 de la referida Convención 
de Viena. (Organización de los Estados Americanos, s.f.). 

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Por otra parte, desde el punto de vista teórico, se entiende que la Doctrina 
jurídica es una guía para aplicar e interpretar la ley, sin ser vinculante ni obligatoria, 
en realidad son las opiniones y medios que utilizan los juristas que sirven para 
aplicar el derecho. Sin embargo, la Corte IDH ha utilizado el término doctrina 
para referirse al Control de Convencionalidad, en todo caso corresponde entender 
el término como «doctrina jurisprudencial» en directa relación a las sentencias que 
tienen fuerza vinculante para las partes. 
En consecuencia, la doctrina del Control de Convencionalidad, simplemente, 
debe considerarse, como un conjunto de fallos de la Corte IDH, considerando 
su carácter vinculante y obligatorio, únicamente para los Estados que se han 
comprometido a cumplir con los mismos, al ser parte de la Convención, y como 
guía de aplicación de la ley, tal como afirma el voto individual disidente de Juez 
Dr. Julio Eduardo Vio Grossi en el caso Wong Ho Wing Vs Perú sentencia de 30 
Junio de 2015 «[…] considerando que la jurisprudencia es vinculante solo para el 
Estado que haya comprometido a cumplir la «Decisión de la Corte» en el caso que 
sea parte y que para los demás Estados Partes de la Convención es únicamente 
fuente auxiliar del derecho internacional público, es decir, un «medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de derecho» (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2015, p.22). 
Partiendo de ese elemento sustancial y en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 39 inciso d) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
(Organizacion de Naciones Unidas, s.f.) se puede argumentar que las sentencias 
o decisiones que emite la Corte IDH son medios auxiliares y no son fuente del 
derecho interno, crea sólo reglas individuales para las partes en litigio y no de 
carácter general. Con base a los precedentes más importantes, citados, se puede 
proyectar una definición propia de lo que ha venido a denominarse la Doctrina del 
Control de Convencionalidad, considerando que no existe una definición concreta 
por parte de la Corte IDH. 
La doctrina del Control de Convencionalidad es un mecanismo jurídico, 
mediante el cual, se aplica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
por un Estado, que es parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y que se materializa mediante la Corte, al emitir sentencias, resoluciones, 
jurisprudencia, opiniones consultivas, votos concurrentes, medidas provisionales, 
así como sentencias y decisiones sobre cumplimiento de obligaciones y los Estados 
que tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que pronuncian 
con los estándares de la Corte IDH, además, las autoridades internas, tienen 
el deber de hacer respetar y garantizar los derechos humanos, a través de una 
interpretación de las normas nacionales conforme la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
En resumen, el Control de Convencionalidad es una técnica de incorporación 
normativa, que enlaza o integra el Corpus Iuris Interamericano sobre Derechos 
Humanos, emanados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con 
las disposiciones normativas internas de un Estado.

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2. El Control de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia en el 
caso Gelman Vs. Uruguay de 24 de febrero de 2011 estableció que el Control de 
Convencionalidad debía efectuar cualquier autoridad pública y no sólo del Poder 
Judicial, ampliando este compromiso, en el caso Personas dominicanas y haitianas 
expulsadas Vs. República Dominicana de 28 de agosto de 2014 a ejercer el Control 
de Convencionalidad a todas las autoridades y órganos del Estado, posteriormente, 
ratificada en el caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador de 14 de octubre de 
2014 para que efectúen el Control de Convencionalidad de oficio a todos los poderes 
y órganos estatales en su conjunto. Por otra parte, la obligación convencional, se 
extiende a procesos y procedimientos sancionatorios, según lo dictaminado en 
el caso Baena Ricardo Vs. Panamá de fecha 2 de febrero de 2001. Asimismo, en 
el caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala de 3 de mayo de 2016, expande este 
deber convencional al procedimiento administrativo sancionatorio por destitución, 
en sujeción al artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Además, la Corte IDH en el caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela de 1 de 
julio de 2011 dispone que la discrecionalidad administrativa, no fundamentada es 
un acto arbitrario, exigencia convencional para que las autoridades administrativas, 
ejerzan el control en los actos administrativos. Como se evidencia de la jurisprudencia 
de la Corte IDH citada, el Control de Convencionalidad, se ha extendido a las 
autoridades administrativas y órganos del Poder Ejecutivo, así como se aplica a 
la potestad administrativa sancionadora y a las actividades administrativas de la 
Administración Pública. 
Siguiendo este razonamiento de la Corte IDH, el jurista argentino Dr. Lucas 
Moroni Romero, establece la factibilidad de realizar el Control de Convencionalidad 
«constructivo»1 en la Administración Pública, al indicar: 
[…] no habría objeciones en aceptar libremente la faz constructiva o 
armonizante en cabeza de la Administracion Pública, ya que aquí nos estaría 
dejando en manos de un órgano no judicial la inaplicación de una norma 
interna sino simplemente una integración normativa […] (Moroni Romero, 
2013, pp.5-6). 
A su vez, este criterio de aceptar el Control de Convencionalidad en la 
Administración Pública es aceptado y reconocido por el Profesor Dr. Néstor Sagües, 
al afirmar que las Administraciones Públicas pueden hacer un control constructivo 
de convencionalidad, a través de: «[…]una «construcción de interpretaciones» por 
adición, sustracción o mixtas, para lograr el empalme de las reglas domésticas, con 
el citado Pacto y jurisprudencia regional» (Sagües, 2015, p.146). 
Para los precitados autores no existiria objeción en efectuar un Control de 
Convencionalidad «constructivo» por la Administración Pública, sin embargo, existe 
1 Control de Convencionalidad «constructivo»; es denominada a la interpretación armonizante 
o adaptativa del derecho local con el Pacto de San Jose (Moroni Romero, 2013). 

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juristas como el Dr. Eduardo Meza Flores, que expone una posición contraria, al 
señalar: 
[…] al imponer la Corte IDH una forma de control nacional de la aplicación 
de la Convención por todas las autoridades de la administración pública de 
un país, se afecta negativamente el principio de separación de poderes al 
conferirles una atribución que no puede otorgarse por vía de interpretación 
(Meza Flores, 2020, p.81). 
Como se planteó, resulta que existe contrastes sobre la aplicación del Control 
de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo. 
3. El alcance del Control de Convencionalidad en las actividades de la 
Administración Pública. 
Del análisis de los fallos de la Corte IDH, antes detallados, sobre el Control de 
Convencionalidad en el Poder Ejecutivo, se pude inferir que el control comprende 
a las autoridades administrativas, en tres ámbitos: 
(i) Las autoridades administrativas, que desarrollan actividades normativas y 
ejecutivas. 
(ii) Las autoridades administrativas que desarrollan actividades sancionatorias. 
(iii) Las autoridades judiciales administrativas, que despliegan actividades 
jurisdiccionales. 
En consecuencia, la complejidad que genera la aplicación del Control de 
Convencionalidad en el Poder Ejecutivo se centra, en los actos administrativos 
emitidos por las autoridades administrativas que cumplen estas actividades. 
3.1. Autoridades administrativas que desempeñan actividades normativas y 
ejecutivas. 
Las autoridades administrativas, individuales o colegiadas, que actúan 
como titulares del órgano administrativo, que realizan actividades netamente 
administrativas, según las atribuciones conferidas por ley no pueden ejercer el 
Control de Convencionalidad inaplicando una norma, cuando no tiene conformidad 
con la Convención y la jurisprudencia de la Corte IDH. Esta limitación se explica, 
considerando que toda autoridad administrativa responde al cumplimiento de la ley, 
es decir, ningún acto administrativo puede ser dictado, por autoridad competente, sin 
cumplir lo dispuesto por la constitución y el ordenamiento jurídico administrativo. 
Asimismo, deben cumplir el procedimiento administrativo determinado, para 
desarrollar las actividades administrativas, cuando se dictan actos administrativos 
incumpliendo los mismos, devienen en su anulación, nulidad o impugnación. 

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3.2. Autoridades administrativas que desempeñan actividades sancionatorias. 
Respecto a las autoridades administrativas que tienen atribuciones y 
competencias para desarrollar procesos administrativos sancionadores, en su calidad 
de autoridad administrativa, de igual manera, se someten al ordenamiento jurídico 
que rigen los procesos sancionatorios, así como, a los principios que rigen este tipo 
de procesos, como el principio del debido proceso, el cual ha sido reiteradamente 
observado en la jurisprudencia de la Corte IDH. 
Por tanto, la decisión o la manifestación de la voluntad (Resolución o acto 
administrativo) de las autoridades dentro el ejercicio de su competencia, se presume 
legítimo, en sede administrativa, por estar de acuerdo a la Constitución y a la ley, 
mientras no se demande su nulidad. 
En el caso de la presunción de legalidad de los actos administrativo y el 
Control de Convencionalidad que inaplica una norma interna, el jurista colombiano 
Dr. Luis Germán Ortega Ruiz, establece lo siguiente: «[…] un punto de solución 
jurídica entre la presunción de legalidad del acto administrativo y el control 
de convencionalidad, el cual se pone en marcha a través de la excepción de 
inconvencionalidad, generando un control de convencionalidad administrativo» 
(Ortega Ruiz, 2018, p.151). 
De la cita expuesta, se puede precisar que una alternativa, al problema 
de Control de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo, concretamente en 
la Administración Pública, es plantear la excepción de inconvencionalidad 
considerando que puede aplicarse, solo con efectos inter-partes, (Duque Silva, 
2021,p.183). Sin embargo, la excepción de convencionalidad, para ser aplicada debe 
ser constitucionalizada y admitida legalmente -como en Colombia- por lo cual, es 
necesario que el sistema jurídico de los Estados faculte por mandato constitucional, 
la aplicación de un Control de Convencionalidad a las autoridades administrativas 
del Poder Ejecutivo. 
Como se advierte el Control de Convencionalidad, en sede administrativa, 
tiene límites en su aplicación, considerando que todo acto administrativo y toda 
autoridad administrativa responde al cumplimiento de la ley, es decir, ningún 
acto administrativo puede ser dictado, por autoridad competente, sin cumplir lo 
dispuesto por la Constitución y el ordenamiento jurídico administrativo. 
Muchos autores, han señalado al respecto, que las autoridades administrativas, 
deben hacer valer la primacía de los derechos (Del Rosario Rodriguez, 2015). 
Sin embargo, cualquier autoridad administrativa, opta, por cumplir primero la 
Constitución y la ley, para evitar responsabilidades por el ejercicio de la función 
pública, considerando que no tiene facultad, ni competencia para declarar la 
inconvencionalidad o anticonvencionalidad, e inaplicación de la norma, decreto, 
ley, acto administrativo entre otros. 

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3.3. Autoridades jurisdiccionales. 
Cuando la actuación de la Administración Pública se somete a un proceso 
administrativo denominado por el Profesor Juan Carlos Cassagne «proceso 
jurisdiccional», a cargo de un juez o tribunal administrativo (Cassagne, 2002, p.513) 
debe cumplir lo determinado por la constitución y la ley. En este caso, el Control de 
Convencionalidad, adquiere otra característica, considerando que el Juez o Tribunal 
Administrativo tiene competencia para anular o dejar sin efecto, un acto administrativo 
o una resolución, que sea inconvencional y por ser controlador natural. 
Hay que destacar, que el Control de Convencionalidad difuso, es propio 
del proceso jurisdiccional, considerando que él juez o Tribunal administrativo, 
tiene competencia para realizar el análisis de relación entre las normas internas 
y la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la 
Corte IDH o realizar una interpretación administrativa conforme a la Convención 
de manera libre, propicia y en sujeción a la misma. El Poder Ejecutivo y los 
órganos que lo componen, por la naturaleza de las actividades administrativas 
que desarrollan, están restringidos en este control, no podrían desplegar sus 
actuaciones administrativas, como lo hace el Poder Judicial, es decir, aplicando las 
técnicas descritas por el Profesor Néstor Sagües, como son: «control destructivo» 
cuando la norma interna es contraria al Pacto o la Jurisprudencia de la Corte IDH, 
estableciéndose inconvencional o anticonvencional, o es su caso con la técnica de 
un «control constructivo» o «positivo» armonizando el derecho interno con el Pacto 
y la Jurisprudencia inaplicando normas. (Sagües, 2015). 
En todo caso, las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, podrán 
efectuar una prevención interpretativa de convencionalidad y considerando 
que el Poder Judicial, a través de los jueces ordinarios, administrativos y los 
constitucionales tiene la prerrogativa constitucional y legal de realizar un Control 
de Constitucionalidad y un Control de Convencionalidad. 
En suma, se debe precisar dos criterios hermenéuticos del Control de 
Convencionalidad en el Poder Ejecutivo, concretamente en la Administración 
Pública y en el fuero contencioso administrativo. Por una parte, el Control de 
Convencionalidad en sede administrativa, en la que es improcedente ejecutar 
este control considerando las características en las que se desarrolla la actividad 
administrativa y en razón de la ausencia de facultades legales para ejercer el control 
por las autoridades administrativas y por otra parte; en la jurisdicción administrativa 
en la que es viable ejercer un Control de Convencionalidad, considerando las 
competencias de las autoridades judiciales, determinadas por ley. 
Cabe agregar, en mérito a los antecedentes de la Corte IDH y la jurisprudencia 
emitida, se evidencia que ningún fallo, estableció como y sobre qué condiciones 
las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo debían realizar el Control 
de Convencionalidad, salvo la mención, que determina, que el parámetro del 
Control de Convencionalidad, está fijado de acuerdo o en virtud del Control de 
Constitucionalidad. 

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Sin embargo, el Control de Constitucionalidad y el Control de Convencionalidad 
en su aplicación, supone una desigualdad de criterios jurídicos, en el primero, el 
control se realiza de la Constitución y en el segundo, el control se efectúa de la 
Convención, que en el caso del Poder Ejecutivo no guardan relación por las funciones 
y actividades administrativas que desenvuelven, bajo las características que admiten 
la potestad discrecional sancionadora y la actividad reglada que despliegan de 
acuerdo a lo establecido por la ley y no por el Corpus Iuris Interamericano. 
Otro aspecto, que es necesario puntualizar, dentro de los procesos y 
procedimientos administrativos, se presentan figuras jurídicas, que no velan por 
la protección de los ciudadanos, vulneran sus derechos y del principio de la 
tutela efectiva. Como muestra, se puede citar: el silencio administrativo negativo 
que provoca una indefensión del ciudadano; el solve et repete, que impone la 
obligación de pago previo o el deber de pago, originada de la ejecución de un 
acto administrativo, como condición para poder ejercer el derecho a revisión 
administrativa o judicial por parte del recurrente, igualmente, otra figura con 
estas características, se aplica en la condición procesal del agotamiento de la vía 
administrativa, que va en contra del artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
Estos preceptos legales, son aplicables dentro el procedimiento administrativo, 
que se practican a través de las administraciones públicas, que no garantizan los 
derechos de los ciudadanos y son violados en su aplicación, lo que presupone que 
el derecho interno no cumple con la obligación convencional del Estado de aplicar 
de oficio el control, en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
Las particularidades de la función administrativa están expuestas, en este 
tipo de normas, que conlleva, inobservancia o dificultades a ejercer un Control 
de Convencionalidad. Las partes activan estos mecanismos legales cuando se 
someten a una instancia jurisdiccional y cuando les afecta directamente, pero 
en ningún caso ha sido objeto de un control de convencionalidad de oficio en 
la administración pública. De forma repetida, las autoridades administrativas, 
emiten actos administrativos o promulgan leyes incompatibles con el Corpus Iuris 
Interamericano, que no han sido objeto de Control de Convencionalidad de oficio. 
Por otra parte, dentro la actividad administrativa regulada por el Derecho 
Administrativo, emergen principios como: el de separación de poderes, el margen 
de apreciación nacional y de subsidiariedad, denominado por la Corte IDH como 
de «complementariedad», así como, el principio de legalidad, los cuales ameritan 
ser considerados y examinados por la Corte IDH, cuando emite sus fallos. 
Como es conocido, el principio de separación de poderes, consagrado en 
las Constituciones, estipula una autonomía de funciones y control mutuo de los 
Poderes del Estado, en el caso de análisis, el Poder Ejecutivo tiene funciones propias 
y ninguna permite inaplicar o declarar la inconvencionalidad, anticonvencionalidad 
de la norma del ordenamiento jurídico administrativo, porque al ejercer esta función, 
se adentraría en una jurisdicción y competencia cuya función y potestad es del Poder 

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Judicial. Asimismo, el principio del margen de apreciación nacional, establecido en 
la Convención Europea de Derechos del Hombre, Protocolo No 15, Articulo 1, como 
una doctrina de los Derechos Humanos, que surge en Europa, pero aplicable al 
contexto latinoamericano, según el jurista español Dr. Pablo Sánchez Molina, es una 
técnica de creación jurisprudencial; que pretende mantener un equilibrio entre el 
reconocimiento mínimo de protección de los derechos reconocidos en el Convenio y 
el mantenimiento de la soberanía nacional de los Estados parte, que deriva del carácter 
subsidiario del Convenio. Por lo que, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) concede a los Estados parte, una consideración al aplicar restricciones de 
derechos reconocidos en el Convenio (Sanchez Molina, 2015). 
Bajo estas condiciones, la Corte IDH tendría la obligación de respetar la 
interpretación y aplicación de las normas convencionales que realizan las autoridades 
administrativas, legislativas o judiciales, es decir, respetar la discrecionalidad estatal. 
De la misma forma y ligado al referido principio del margen de apreciación, 
el principio de subsidiariedad, constituye un fundamento, por el cual, el Estado, 
a través del Poder Ejecutivo, garantiza los Derechos Humanos de las personas, 
mediante sus ordenamientos jurídicos administrativos, por esta razón, corresponde 
en primera instancia al Estado, mediante sus autoridades públicas, garantizar el 
respeto de los Derechos Humanos reconocidos por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y consecuentemente aplicar el margen de apreciación, 
en mérito a las condiciones y circunstancias que se producen al interior de su 
población, entretanto, la Corte IDH cumpla su rol de controlar la actuación de los 
poderes, órganos y autoridades, respetando el margen de apreciación que disponen 
las naciones. 
Cabe aclarar al respeto que la Corte IDH niega la doctrina del margen de 
apreciación nacional, de acuerdo a lo establecido en el caso Barreto Leiva Vs. 
Venezuela de 17 de noviembre de 2009, la Opinión Consultiva OC- 4/84 de fecha 19 
de enero de 1984 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, s.f.) y la sentencia 
de cumplimiento en el caso Gelman Vs. Uruguay de 20 de marzo de 2013. 
También, el principio de legalidad, plenamente vigente y válido, sobre el cual, 
rige la actividad administrativa del Estado, fija que todos los órganos y autoridades 
públicas realicen sus actividades según lo prescrito en la ley, por tanto, la revisión 
de convencionalidad del ordenamiento jurídico sólo debe ser efectiva, vía legal y 
no por vía de la jurisprudencia emanada de la Corte IDH, que se convierte en un 
medio auxiliar, para aplicar la ley, tal como se apuntó precedentemente. El Poder 
Ejecutivo, sus órganos y todas sus autoridades, por mandato constitucional se halla 
sometido a la ley, su accionar está determinado legalmente y tienen la obligación 
de aplicar la Constitución Política y la norma interna, bajo el principio de legalidad 
en el Estado de Derecho. 
En este contexto, la Administración Pública está sometida a un control judicial 
de las potestades administrativas y de la legalidad de sus actuaciones. Este control 
jurisdiccional de la actividad administrativa, se traduce en los Procesos Contenciosos 

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
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Administrativos, a los que se somete cuando ejerce su potestad sancionadora y 
reglamentaria. 
En definitiva, cabe considerar que el ordenamiento jurídico administrativo, 
se presume está acorde con el Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
CONCLUSIONES 
En el ámbito del Poder Ejecutivo y en la actividad administrativa que despliega, 
lo que prima es un control de legalidad, considerando que todo acto administrativo, 
decreto, contrato, resolución, entre otros, debe estar conforme a la Constitución 
y a las leyes, por ende, se presume acorde a la Constitución y a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
En consecuencia, el Control de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo, 
en sede administrativa y en el procedimiento administrativo sancionador, no es 
posible aplicar, considerando que las autoridades administrativas, definitivamente, 
no tienen facultades, atribuciones y competencia, para inaplicar, declarar, la 
inconvencionalidad o anticonvencionalidad de una norma del ordenamiento 
jurídico administrativo. 
La normativa administrativa que regula las actividades de las Administraciones 
Públicas debe prevenir el incumplimiento de la obligación convencional del Estado, 
mediante mecanismos de ajuste y adecuación a las obligaciones convencionales, que 
se convierta en una «función de prevención administrativa» (Gutierrez Colantuono, 
2019, p.68) es decir, como un mecanismo ex ante de prevención. 
Por otra parte, cuando se ejerce el Control de Convencionalidad difuso, 
se debe evitar una aplicación mecánica de la jurisprudencia de la Corte IDH, los 
jueces deben realizar una interpretación conforme para cumplir el efecto útil de 
protección y garantía de los Derechos Humanos. 
Para finalizar, el principio del margen de apreciación nacional, consagrado 
en la doctrina de Derechos Humanos, debe ser considerado por la Corte IDH como 
un fundamento de cumplimiento inexcusable de los Estados y específicamente 
en el caso de Poder Ejecutivo que ejerce su función ejecutiva mediante normas 
internas, por lo cual, conjuntamente al principio de subsidiariedad interno debe 
tener aplicación preferente por autoridades administrativas frente al Corpus Iuris 
Interamericano. 
La observancia a estos principios generará una mejor aplicación e 
interpretación del Control de Convencionalidad en el Poder Ejecutivo, considerando 
que la Corte IDH no es una infalible, como se demuestra, en el fallo del caso Átala 
Riffo y Niñas Vs. Chile de fecha 24 de febrero de 2012 (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, s.f.), referido a trato discriminatorio y la interferencia 
arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a 
su orientación sexual, se equivocó en su fallo vulnerando los derechos de niños y 

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de la madre, pretendiendo, calificar el caso de custodia de menores en un caso de 
presunta discriminación por su orientación homosexual (Ferrer del Valle, 2012). 
Asimismo, otra equivocación de la Corte IDH en sus fallos, se establece en 
el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica (Corte Interamericana de Derecho 
Humanos, s.f.) de 28 de noviembre de 2012, sobre fertilización in vitro, en el 
cual no se reconoce el principio de irreversibilidad de los derechos humanos y el 
principio «pro homine», violatorios del artículo 4 y 29 literal «b» de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, cuando restringe el goce del derecho a la vida 
en un período preimplantario. (Lafferriere, 2014). 
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