“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva” 
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PLURALISMO JURÍDICO ENÉRGICO VS. MULTICULTURALISMO SELECTIVO. 
UNA VISIÓN DESDE EL CONTEXTO BOLIVIANO 
Rodrigo René Cruz Apaza 
Investigador independiente 
rodriggcruz@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-1043-5932 
Fecha de recepción: 21 de enero de 2023 
Fecha de aceptación: 04 de abril de 2023 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023 
Resumen 
El progreso y afianzamiento de los derechos humanos como disciplina y 
como conjunto sistémico de disposiciones internacionales y constitucionales ha 
generado una conciencia jurídica a nivel global propensa a proscribir todo acto 
gubernativo o privado que los conculque; no obstante, algunos Estados, como en 
el caso boliviano, han asumido el paradigma del pluralismo jurídico, una forma 
de organización jurisdiccional que incide sustancialmente en la administración de 
justicia permitiendo la aplicación de penas ajenas a las previstas en la jurisdicción 
ordinaria por parte de autoridades judiciales indígenas. En razón de que algunas 
de ellas no presentan compatibilidad con los estándares mínimos de protección 
de derechos humanos, este escrito tuvo por objetivo contrastar analíticamente dos 
categorías sobre la coexistencia de diversos ordenamientos jurídicos en un solo 
sistema constitucional: pluralismo jurídico enérgico y multiculturalismo selectivo; 
para el desarrollo capitular fue menester, entonces, efectuar revisiones conceptuales 
sobre estas dos propuestas, sopesar algunas penas en uso de las comunidades 
indígenas y determinar el tipo de pluralismo jurídico vigente en Bolivia. Una vez 
concluidos estos ítems, se contó con las bases teóricas necesarias para plantear un 
pluralismo jurídico selectivo o focalizado en derechos humanos como resultado del 
trabajo. La investigación hizo hincapié en la experiencia constitucional boliviana; 
estuvo orientada por un paradigma multidimensional del fenómeno jurídico — 
consideración de cuestiones normativas, fácticas, principialistas y axiológicas— y 
empleó el método bibliográfico-doctrinal. 
Palabras clave: Pluralismo jurídico enérgico, Multiculturalismo selectivo, 
Derechos humanos, Derechos fundamentales.

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FORCEFUL LEGAL PLURALISM VS. SELECTIVE MULTICULTURALISM. A 
VISION FROM THE BOLIVIAN 
Abstract 
The progress and consolidation of human rights as a discipline, and as a 
systemic set of international and constitutional provisions has created a juridic 
consciousness at a global level prone to ban any governmental or private action that 
infringes upon them. However, some states, such as the Bolivian one, have assumed 
a paradigm of legal pluralism, a way of jurisdictional arrangement that has a 
jurisdictional impact into the administration of justice. It allows the application of 
penalties different from those of the ordinary jurisdiction by indigenous judicial 
authorities. Since some of them do not present compatibility with minimum standards 
of human rights protection, this work aimed to analytically contrast two categories 
about the coexistence of various legal systems within a single constitutional system: 
forceful legal pluralism and selective multiculturalism. To that end, it was needed 
to review both of these proposals, pondering some of the penalties used in Bolivia’s 
indigenous communities, and establishing Bolivia’s type of legal pluralism. Once 
these items were concluded, the theoretical grounds were set to establish a humanrights 
focused legal pluralism. This research focused on the Bolivian constitutional 
case, was directed by a multidimensional paradigm—considering normative, 
factual, principle-based, and axiological issues—and used the bibliographicdoctrinal 
method. 
Keywords: Forceful legal pluralism, Selective multiculturalism, Human 
rights, Basic right

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INTRODUCCIÓN 
Durante la década de los ochenta del siglo pasado y los albores del presente, 
diversos Estados hispanoamericanos han declarado constitucionalmente que sus 
sociedades son multiétnicas, pluriculturales o plurinacionales; estas características, 
en contraposición a lo que pueda suponerse, no es un mero aditivo de nomenclatura 
estatal, sino que es una cualidad que incide en los aspectos políticos, institucionales 
y jurídicos de sus ordenamientos. 
En el ámbito jurídico, los resultados de la pluralidad cultural presentan dos 
horizontes: uno normativo, y otro judicial; los pueblos indígenas han bregado 
arduamente por conservar y exigir el respeto a su derecho autóctono (costumbres y 
autoridades judiciales) por sobre las invasiones de los mandatos gubernamentales, 
y, después de varias décadas de lucha, han conseguido que estas demandas sean 
inscritas expresamente en las constituciones de sus respectivos Estados. Entonces, 
existiendo el reconocimiento y deber de protección a los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas, se formuló un constructo conceptual que pudiera significar la 
coexistencia de distintos sistemas jurídicos en un solo Estado: el Pluralismo Jurídico. 
No obstante lo encomiable de la situación jurídica, en la misma época (siglos 
XX y XXI) el Derecho Internacional y Derecho Constitucional, ambos en sus 
parcelas específicas de los derechos humanos, adquirieron un frondoso desarrollo 
normativo, doctrinal y jurisprudencial, cuyo producto es la postulación de una serie 
de estándares mínimos de protección de Derechos; estos parámetros tienen una 
amplitud y carácter categórico que podrían ocasionar fricciones entre su contenido 
y algunos usos y costumbres de los pueblos indígenas, en particular respecto a las 
penas como el azote, los cepos o la expulsión. Este conflicto es posible debido a 
que la fortificación de las dos disciplinas aludidas ha promovido que el respeto por 
los derechos humanos ostente cualidad taxativa en la conciencia de una pluralidad 
de pueblos del globo, id est1, sea la sociedad que fuere los derechos humanos 
constituyen imperativos de primera atención, debiendo excluirse las prácticas que 
tiendan a lesionarlos. Se moldeó entonces –utilizando las palabras del profesor 
Bunge (2009)– un Multiculturalismo Selectivo. 
A causa de la vigencia sociológica de estas dos propuestas: Pluralismo Jurídico 
y Multiculturalismo Selectivo, en una variedad de sistemas constitucionales, el 
estudio, concentrado en la realidad jurídica boliviana, tuvo por objetivo efectuar 
un contraste conceptual entre estas dos categorías con el propósito de postular 
su coordinación en un Pluralismo Jurídico Selectivo o Focalizado en Derechos 
Humanos. Para fundamentar teóricamente el abordaje fue imprescindible abordar 
las concepciones sobre el pluralismo jurídico, identificar las penas que colisionan 
con los estándares mínimos, determinar qué es multiculturalismo selectivo, y 
analizar el pluralismo jurídico boliviano. 
El ensayo es esencialmente de índole teórica, se aplicó el método 
bibliográfico-doctrinal, consistente en la recolección documental de fuentes de 
1 Latinismo que significa: «esto es o es decir».

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información diversas (libros, artículos, reportes periodísticos, etc.) para analizar 
aspectos conceptuales y de interpretación (De Ballón, 2004); y se orientó por un 
paradigma multidimensional del fenómeno jurídico (consideración de cuestiones 
principialistas, axiológicas, fácticas y normativas) que hacen hincapié en el factor 
normativo. 
1. Dos concepciones: Pluralismo Jurídico Desmadejado y Pluralismo 
Jurídico Enérgico. 
1.1. Breve referencia conceptual. 
La vigencia de las instituciones jurídicas de los pueblos indígenas y la 
acentuación de la necesidad de su respeto, garantía y conservación ha promovido 
que algunos Estados de Hispanoamérica adopten el paradigma del Pluralismo 
Jurídico. Este concepto es opuesto a las visiones monoculturales del Estado moderno 
y tiene fines reivindicativos, en aras de sustituir constitucional o legalmente la 
imposición jurídica por la coordinación entre diversos niveles de normación. Así lo 
destaca Luna Acevedo (2016) cuando sostiene que: 
El pluralismo jurídico se define como un conjunto de órdenes 
normativas que pertenecen a determinados grupos humanos en un mismo 
espacio geopolítico. (…) El pluralismo jurídico expresa el reconocimiento 
que hace el Estado a los otros sistemas de justicia que practican, por ejemplo, 
los pueblos indígenas, como también a los otros grupos sociales que se 
auto-regulan ellos mismos para convivir pacíficamente (p. 261). 
Obsérvese la importancia del uso de expresiones, no es una mera actividad 
lúdica terminológica la preferencia en esta materia del vocablo «reconocimiento» por 
sobre «concesión», en cuanto –por lo menos en el caso boliviano– la operatividad 
del derecho autóctono no fue una creación constitucional o legal ex nihilo2 y 
tampoco supuso una venia del aparato estatal; sino que significó dar por cierto 
y otorgar cobertura constitucional y legal a las prácticas de los ordenamientos 
jurídicos indígenas del país. 
Ergo, desde la perspectiva del autor, y esgrimiendo expresiones propias del 
profesor Germán J. Bidart Campos (1989), el Pluralismo Jurídico es: una modalidad 
de organización jurídica y política que permite constitucional o legalmente, una 
coexistencia de diversos sistemas jurídicos orientada por postulados dialógicos y de 
coordinación, en aras de arribar a mayores niveles vigencia axiológica, normológica, 
y sociológica. 
1.2. Taxonomía general y una propuesta 
Respecto a las clasificaciones sobre los pluralismos jurídicos el profesor Palacio 
(2000) distingue 5 tipos: a) el pluralismo en sociedades de situación colonial, b) 
pluralismo inmerso en la formación social capitalista, c) pluralismo en sociedades 
2 Latinismo que significa: «De la nada o desde la nada».

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con variedad étnica, d) pluralismo en sociedades complejas con coexistencia 
de submundos y subculturas, y e) pluralismo en períodos de transición o como 
articulación de diferentes tipos de sociedades o diversas fases (pp. 169-170). 
En esta temática también puede servir de guía las enseñanzas de Wolkmer 
(2018), quien realiza una detallada descripción de las tipologías sobre el pluralismo 
jurídico. En una primera aproximación alude al pluralismo escindido en Derecho 
oficial y Derecho no oficial, cuyo cultor sería el profesor Masaji Chiba; posteriormente 
refiere el Pluralismo jurídico social y Pluralismo jurídico formal (que se bifurca en 
unitario e igualitario), postulado por el profesor André J. Hoekema; continuando, 
hace referencia al Pluralismo Jurídico Clásico (siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, 
pluralismo de corte colonial), y el Nuevo Pluralismo Jurídico, propio de sociedades 
capitalistas modernas, que son un resultado de los aportes de los profesores Sally 
E. Merry y Boaventura de S. Santos; prosigue precisando el Pluralismo Jurídico 
autopoiesis y el Pluralismo Jurídico posmoderno. Posteriormente, en aras de 
objetividad y simplificación del asunto plantea el Pluralismo Jurídico Estatal y el 
Pluralismo Jurídico Comunitario (pp. 195-198). 
De pasar revista al contenido conceptual de cada taxonomía se podrá inferir 
que el fenómeno del pluralismo jurídico no es una novedad en puridad del siglo 
pasado o del presente, sino que es una realidad vetusta en la historia jurídica de 
la humanidad. En la actualidad, esta categoría ha alcanzado hondos niveles de 
arraigo constitucional y legal, así como un desarrollo doctrinal notable, que impelió 
a concluir a Derpic Salazar (2009) que: «Negar el pluralismo puede terminar siendo 
un planteamiento absurdo, como sería en la actualidad negar la evolución o que la 
tierra gira alrededor del sol» (p. 25). 
Considerando las propuestas taxonómicas previamente precisadas y el 
propósito investigativo de este trabajo, es dable plantear una clasificación que 
considere tres órdenes: legitimidad, validez y eficacia de las normas jurídicas 
(De Ballón, 2004) en el Derecho de los pueblos indígenas: Pluralismo Jurídico 
Desmadejado y Pluralismo Jurídico Enérgico. 
El primero puede ser entendido como el sistema jurídico en el cual se reconoce 
la validez de las normas de los pueblos indígenas con cortapisas en su aplicación, 
id est, estas se encuentran subordinadas al Derecho estatal de tal forma que deben 
ser anuladas cuando su contenido prescriptivo colisione con cualquier disposición 
constitucional o legal. En este marco, el Derecho autóctono3 puede haber emergido 
cumpliendo los procedimientos de elaboración y ser legítimas, pero la dimensión de 
la efectividad es condicionada (casi anulada) en aras de la armonía con el Derecho 
estatal; así lo precisa la profesora Hayes Michel (2016) al afirmar que el Derecho 
Indiano proveniente de la corona española «permitía la existencia de autoridades 
indígenas (curacas y alcaldes), y pluralismo legal subordinado, esto es, el fuero 
indígena y la aplicación de sus ‘usos y costumbres’ –en tanto no contradijeran la 
3 Durante el transcurso del trabajo empleamos la locución «derecho autóctono» para significar y particularizar 
el sistema de principios, valores y normas que se originaron en los pueblos indígenas, id est, el 
Derecho característico y emergente de su cosmovisión. 

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religión o las leyes–» (p. 89). Este tipo fue observable en particular en el período 
de coloniaje de las naciones sudamericanas, como Bolivia y Ecuador. 
El pluralismo jurídico enérgico por su parte es un sistema jurídico que 
reconoce al Derecho de las comunidades indígenas un ámbito de efectividad 
asaz amplio, debiendo preferirse la coordinación antes que la subordinación y 
condicionamiento. Dentro de este paradigma, el alcance aplicativo de los preceptos 
del Derecho autóctono ostenta una co-extensión equivalente al Derecho estatal 
en general por mandato de la Constitución y las Leyes; ergo, los tres órdenes del 
Derecho: legitimidad, validez y eficacia, concurren sin restricciones. Este modelo 
es avizorable, a prima facie, en contemporáneos sistemas constitucionales, como 
el ecuatoriano de 2008 y el boliviano de 2009. 
La tipología presentada guarda proximidad conceptual con algunas de las 
clasificaciones descritas por Wolkmer (2018), pero, esta fue formulada bajo la 
orientación de las dimensiones de legitimidad, validez y eficacia del Derecho. En 
la variante desmadejada la última categoría es casi nulificada por las restricciones 
en su aplicación; la segunda, la enérgica, goza de los tres caracteres por imperativo 
constitucional y legal, aunque esto es verificable más en un plano teórico que 
existencial. 
Sopesando las ramificaciones prácticas de la segunda variante, es menester 
abordar las posibles tensiones que podrían generarse en un sistema constitucional 
respetuoso de los estándares mínimos de protección de derechos humanos. 
2. ¿Penas incontestables? Los azotes, cepos y expulsión en el pluralismo 
jurídico enérgico 
Los azotes, los cepos y la expulsión o destierro, son sanciones que las 
comunidades indígenas suelen aplicar para castigar la transgresión o incumplimiento 
de sus preceptos por parte de sus integrantes; este es el caso del pueblo Páez de 
Colombia, y la comunidad de los ponchos rojos de la provincia Omasuyos y los 
guaraníes en Bolivia (Cruz, 2022). Las consecuencias prácticas de estas penas tienen 
una pronunciada incidencia en derechos relacionados con la corporeidad humana: 
la integridad física y dignidad humana, o derechos vinculados al domicilio, que, 
desde la perspectiva del autor, no se exhiben como compatibles con los estándares 
mínimos en materia de derechos humanos. 
No obstante, lo vertido, de prohijar el modelo de pluralismo jurídico enérgico 
estas adquirirían un carácter incontrovertible –no susceptibles de impugnación– en 
cuanto tendrían la venia de la Constitución y las Leyes del Estado. 
Entonces se ingresaría a un escenario jurídico espinoso, por cuanto los 
derechos humanos inmersos en la Constitución tendrían dos planos distintos de 
irradiación: primero, aquel integrado por las personas no miembros de pueblos 
indígenas, y segundo, aquel compuesto por las comunidades indígenas. Desde este 
prisma, la fuerza normativa de la Constitución, por criterio propio, habría dado la 

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aquiescencia para la estructuración de distintos niveles de vinculación; esto es así 
porque la vigencia de los derechos humanos sería irrebatible en el primer plano 
(para los no indígenas), no tolerándose la aplicación de medidas punitivas que 
afecten el cuerpo o permitan el destierro de una persona; en contrapartida, en 
el segundo plano los indígenas serían susceptibles de ser penados por estas. Por 
tanto, esgrimiendo la expresión de Guastini (2001), cuando se trata de personas 
comunes la Constitución es invasora, pero cuando están involucrados indígenas la 
Constitución es retraída. 
En corolario, en un paradigma enérgico de pluralismo jurídico la norma 
suprema del Estado retrae su carácter erga omnes en favor de las autoridades 
jurisdiccionales indígenas, abriéndose la posibilidad de excesos debido a que, como 
señaló el profesor Mendoza Crespo (2010) respecto al caso boliviano, otorgar: 
«poder y derechos a las poblaciones indígenas sin establecer límites claros, puede 
devenir en una situación de desborde social generalizado en el país, afectando 
seriamente la gobernabilidad democrática» (p. 14). 
A partir de los argumentos expuestos es plausible aseverar que el pluralismo 
jurídico enérgico genera ramificaciones jurídicas de no hacedera resolución, motivo 
por el que es antes un anhelo teorético de los propugnadores del respeto pleno del 
derecho indígena que una realidad jurídica concreta admisible; en consecuencia, 
son reducidos los casos que pueden citarse para ejemplificarlo, más no nulos. V. 
gr., la Corte Constitucional de Colombia, en el caso denominado por la doctrina 
como «La sentencia del Fuete» (Albó, 2012, p. 214), dio su aval al pueblo Páez para 
castigar a sus miembros mediante azotes por estimarlos reducidos en cuanto a 
«niveles de gravedad»; contrastando la situación del pueblo Páez con el caso «Tyrer» 
zanjado por la Corte Europea de Derecho Humanos este organismo judicial señaló: 
en el primer evento, los azotes eran vistos como un castigo que degrada al 
individuo, mientras en este caso, son concebidos como un medio que le 
ayuda a recobrar su espacio en la comunidad. En el caso estudiado por la 
Corte Europea, al menor se le obligó a bajarse el pantalón y la ropa interior, 
y agacharse debajo de una mesa, para recibir los azotes. En este evento, 
la sanción que se impuso a Francisco Gembuel deberá ser ejecutada en la 
pantorrilla, estando el sujeto de pie y completamente vestido, factor que, 
incluso, mitiga el dolor (Sentencia N.º T-523/97, pp. 17-18). 
A pesar de que esta sentencia pueda ser empleada como fulcro argumentativo 
para la adopción de un pluralismo jurídico enérgico, en aras de un respeto 
íntegro del derecho autóctono de las comunidades indígenas, la misma dispone 
–indirectamente– criterios que las penas no deben trascender so pena de ser 
consideradas inválidas por la jurisdicción constitucional: niveles de gravedad 
mínimos, teleología legítima (no pretender la degradación del individuo), y poseer 
factores que mitiguen el dolor. Existe, por consiguiente, aun en este modelo, un 
marco constitucional que no admite superación. 

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3. Sobre el Multiculturalismo Selectivo 
El multiculturalismo es una propuesta de convivencia que surge por las 
diversas culturas, correspondientes a distintos pueblos, que habitan un mismo 
Estado con la finalidad de arribar a una coexistencia armónica y respetuosa. Se 
pretende construir Estados fundados bajo esta perspectiva porque, como bien 
advierte el profesor Vallés (2007), en: «la mayoría de los casos, la población de 
un mismo estado expresa adhesión a identidades colectivas diferentes. Ello ha 
permitido hablar de Estados plurinacionales, que contienen una diversidad de 
comunidades diferenciadas por rasgos culturales, étnicos o religiosos distintos» (p. 
159). Puede citarse el ejemplo de Reino Unido, Canadá, y Bolivia. 
El propósito es loable, sin embargo, desde el visor contemporáneo del 
Derecho Internacional y Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, resulta 
peligroso admitir la inserción de prácticas culturales que no compaginen con 
sus desarrollos tuitivos; tolerar comportamientos no acordes con el avance del 
respeto por los derechos del hombre podría generar retrocesos deletéreos, p. ej., el 
carácter patriarcal respecto al derecho sucesorio de comunidades indígenas o las 
restricciones en la indumentaria femenina en países árabes no guardan consonancia 
con los niveles de igualdad y libertad que los países de occidente ofrecen a sus 
ciudadanos. Por consiguiente, los intentos de incorporar este tipo de acciones en 
sistemas constitucionales comprometidos con la vigencia sociológica (Bidart, 1989) 
de los derechos humanos, deben ser obstruidos por los órganos encargados de 
operativizar el control de constitucionalidad. 
Pero, como no todas las conductas culturales presentan tensión con los 
derechos fundamentales, se formula una interrogante a zanjar: ¿Es posible asumir 
un multiculturalismo que permita la adopción de comportamientos culturales no 
incompatibles con los estándares mínimos internacionales? Por descontado, este el 
Multiculturalismo Selectivo. 
Este tipo de multiculturalismo fue planteado por el profesor Bunge (2009), 
como el modelo válido para regir la dinámica social de una democracia (Integral, 
en sus palabras); al respecto señala: 
La cohesión social puede regularse a través de la legislación. En efecto, 
un Estado puede o bien forzar la asimilación cultural (el paradigma de la 
fusión cultural o melting pot) o bien alentar el multiculturalismo (el modelo 
del mosaico). Sostengo que ni la asimilación forzosa ni el multiculturalismo 
sin restricciones son democráticos. La primera porque es coercitiva y el 
segundo porque tolera cualquier tradición no democrática que un grupo 
étnico pueda desear importar, tal como la quema de viudas, el crimen de 
honor, la clitoridectomía, el matrimonio concertado, el adoctrinamiento 
religioso obligatorio y las prácticas sectarias violentas. Además de amenazar 
los derechos humanos y la democracia, el multiculturalismo sin restricciones 
supone la división de la sociedad en guetos. Sugiero el rechazo tanto de la 
asimilación forzosa como del multiculturalismo sin limitaciones y la práctica, 

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en cambio, del multiculturalismo selectivo. Este consiste en el ajuste mutuo 
y la tolerancia de todas aquellas prácticas que no violan los derechos 
humanos (p. 123). 
Ahondando en la temática tratada, concluye, en páginas posteriores de la 
misma obra citada, que: 
La democracia supone la tolerancia de todas las creencias y prácticas 
que no violen ningún derecho humano. En particular, implica la libertad 
de y respecto de la religión. (…) La democracia respeta el llevar –así como 
el no llevar– pañuelos en la cabeza, el culto en un templo «extranjero» o 
la ingestión de comida «exótica», pero no el asesinato de aquellas mujeres 
que salen con hombres de una fe diferente a la de sus padres ni el impedir 
que los hijos de los inmigrantes asistan a escuelas laicas. En consecuencia, 
un Gobierno democrático practicará un multiculturalismo selectivo. Aceptar 
todo lo inofensivo, aun si es ofensivo, pero rechazar todo lo perjudicial. A 
los potenciales inmigrantes deberíamos decirles: «Bienvenidos. Enriquezcan 
nuestra cultura y nuestras costumbres, pero dejen atrás su barbarie, porque 
ya tenemos suficiente con la nuestra» (Bunge, 2009, p. 176). 
Siendo este el enfoque multicultural (selectivo) más acorde con el vigor que 
ostenta en nuestro siglo la cobertura y garantía de los derechos humanos, este 
también se perfila como el paradigma faro para el tratamiento del pluralismo jurídico 
en los sistemas constitucionales que permiten la aplicación del derecho indígena en 
sus jurisdicciones, en cuanto –y sin ánimos de ser considerados detractores de estas 
comunidades– el respeto por los usos y costumbres de los pueblos indígenas no es 
argumento suficiente para consentir la vigencia de productos culturales (penas o 
prácticas sociales) que conculquen los estándares mínimos en materia de derechos 
humanos. 
Ergo, habiéndose confrontado dos polos relativamente opuestos, Pluralismo 
Jurídico Enérgico y Multiculturalismo Selectivo, es momento de proponer un tipo 
de pluralismo jurídico que sea aprobado por el Derecho Internacional y Derecho 
Constitucional de los derechos humanos. Se advierte al lector que este será esbozado 
considerando preferentemente la realidad constitucional boliviana, razón por la 
que será menester abordar lacónicamente el desarrollo de su pluralismo jurídico. 
4. Pluralismo Jurídico en Bolivia 
4.1. Pluralismo jurídico de facto y pluralismo jurídico constitucionalizado 
Antes de la llegada de la corona española, los territorios de la América 
meridional fueron poblados por una pluralidad de pueblos, entre ellos: los aymaras, 
quechuas, guaraníes, etc.; con la instalación de la Real Audiencia de Charcas (1559) 
y la posterior conversión estatal de esta en República de Bolivia por efecto del 
Derecho de Autodeterminación de los Pueblos (1825-1826), los sistemas jurídicos 
de las comunidades originarias serían seriamente afectados, por cuanto estuvieron 

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subordinados a las leyes de la autoridad española y el gobierno central del nuevo 
Estado. Esto provocó contiendas entre pueblos indígenas y el gobierno republicano, 
v. gr., el caso de los Chiriguanos en el siglo XIX y los amplios levantamientos 
aymaras del siglo XX (1921 en Jesús de Machaca y 1927 en Chayanta (De Mesa, 
Gisbert y Mesa, 2007, pp. 46 y 427). 
No obstante, lo referido, la escasa –o casi nula– presencia gubernamental 
del Estado en el vasto territorio poseído, posibilitó que diversos pueblos indígenas 
gozaran de una amplia autonomía respecto al ejercicio de funciones administrativas 
y judiciales; esta peculiar dinámica jurídica, no avalada por la Constitución ni las 
Leyes del Estado, permitió la configuración de un Pluralismo Jurídico de Facto. Pero, 
existía una situación de incertidumbre normativa, ya que se daba la posibilidad de 
ser intervenidos por la normatividad estatal en cualquier momento; era menester 
entonces trasladar la cuestión del respeto y garantía del derecho indígena del plano 
del ser, al ámbito del deber ser. 
Uno de los profesores que propuso la inserción del jaez antropológico 
cultural diverso de la sociedad boliviana a nivel constitucional fue José Antonio 
Rivera Santiváñez (1994), al sostener que era necesario el: «reconocimiento de 
la condición de un Estado multinacional y pluriétnico», construido sobre la base 
«de la unidad nacional en la diversidad» (p. 21). Ideas de esta índole tenían como 
soporte las numerosas protestas de los pueblos indígenas durante el siglo XIX y el 
pasado, y el desarrollo del derecho de los pueblos indígenas a nivel internacional 
y constitucional comparado. 
Comprendido el carácter abigarrado del pueblo boliviano, por reforma 
constitucional de 1994, Bolivia se declaró «multiétnica y pluricultural» (art. 1); 
este fue un momento constitucional de notable envergadura porque principió el 
Constitucionalismo Multiétnico y Pluricultural en el país, y, en consecuencia, el 
Pluralismo Jurídico Constitucionalizado. El artículo pertinente a la materia es el 179. 
3, por cuanto en él se dispuso que «Las autoridades naturales de las comunidades 
indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación 
de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus 
costumbres y procedimientos». Posteriormente, mediante reforma constitucional 
de 2004, esta situación sería confirmada sin variaciones sustanciales, ya que se 
reprodujo lo preceptuado en la reforma anterior cambiando únicamente el numeral 
por parágrafo (art. 171. III). 
4.2. Notas del pluralismo jurídico vigente en Bolivia 
Si las reformas de 1994 y 2004 son encomiables por ser los primeros pasos 
para regir la administración de justicia con un enfoque plural, la de 2009 descolla 
por el reforzamiento y profundización del pluralismo jurídico a través del principio 
de plurinacionalismo y comunitarismo. 
El artículo 1 de la actual norma suprema configura a Bolivia como un Estado 
Plurinacional Comunitario, intercultural, fundado en la pluralidad y pluralismo 

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jurídico, cultural y lingüístico; un modelo organizativo que fue loado por diversos 
autores, porque si bien Ecuador se declaró como un Estado Plurinacional 
previamente en 2008, a criterio del profesor Clavero (2010), Bolivia es «el primer 
Estado, al menos en las Américas, que se reconoce expresamente y organiza en 
serio como plurinacional» (p. 200). 
El pluralismo jurídico inmerso en este modelo estatal se formuló a partir de la 
denominada «Jurisdicción Indígena Originario Campesino», a la que la Constitución 
confirió expresamente un rango equivalente a la Jurisdicción Ordinaria por el 
artículo 179, que en su parágrafo primero declara que la función judicial es única 
y se ejerce por la jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicción 
indígena originaria campesina y otras jurisdicciones especiales; el parágrafo 
segundo por su parte dictaminó que: «La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía» (Constitución de Bolivia, 
2009).
La jurisdicción indígena originaria campesina halla regulación específica en los 
artículos 190-192, el primero de ellos determina en su parágrafo I que: «Las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales 
y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 
culturales, normas y procedimientos propios»; por su parte, el artículo 191 dispuso 
que esta se fundamenta en el vínculo particular que existe entre un miembro y 
el pueblo indígena, y que esta jurisdicción se ejerce en tres ámbitos de vigencia: 
personal, material y territorial, preceptuándose además que se provea de una Ley de 
Deslinde Jurisdiccional para su regulación. En fin, el artículo 192 define la eficacia 
de las decisiones de la jurisdicción indígena ordenando el acatamiento por toda 
autoridad pública o particular, estando facultadas sus autoridades para solicitar el 
apoyo de los órganos competentes del Estado; en ese orden de ideas, se dispuso el 
deber de promoción y fortalecimiento estatal de este gajo de la administración de 
justicia en Bolivia, mediante mecanismos de coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y las restantes jurisdicciones reconocidas por la Constitución. 
El avance es notable, el pluralismo jurídico ahora puede ser considerado 
como uno de los principios arraigados y caracterizadores de las instituciones 
constitucionales bolivianas; no obstante la envergadura de la enmienda de 2009, 
el desarrollo legislativo (Ley N.º 073 de Deslinde Jurisdiccional) y jurisprudencial 
(algunas sentencias constitucionales) serían objeto de censura por –supuestamente– 
haber engrilletado e incluso anegado los horizontes de la jurisdicción indígena 
originaria campesina. 
Desde la perspectiva del autor las críticas son infundadas en parte, en cuanto 
admitir una deferencia constitucional amplia respecto al pluralismo jurídico, podría 
generar una madeja de problemáticas de ardua ventilación por la jurisdicción 
ordinaria y –en especial– la constitucional. Ante la prominencia de los derechos 
humanos y la imperiosa necesidad de su respeto y garantía, la República de Bolivia, 
y aquellos Estados que guarden paralelismo con su sistema constitucional, deben 
asumir un paradigma plural de administración de justicia que sea compatible con 

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el progreso de los sistemas de protección –universal y regionales– de derechos 
humanos; es este modelo del cual nos ocuparemos ahora. 
5. Pluralismo Jurídico Selectivo o Focalizado en Derechos Humanos 
5.1. Una realidad jurídica en boga 
El epígrafe que se emplea para significar este tipo de pluralismo, como acontece 
con otras tantas categorías jurídicas, tiene por soporte fáctico una multiplicidad de 
experiencias normativas predecesoras, razón por la que no es una construcción 
teórica novicia en puridad, sino una catalogación de algo ya existente. 
El Pluralismo Jurídico Selectivo es dable hallarlo en aquellas constituciones 
contemporáneas que han reconocido el derecho autóctono de los pueblos 
indígenas. P. ej., el artículo 246 de la Constitución de Colombia de 1993 dispone: 
Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 
Por su parte, el artículo 171 de la Constitución de Ecuador de 2008 establece: 
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 
y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 
participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas 
y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que 
no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos 
en instrumentos internacionales (resaltado del autor). 
Otra norma suprema que trata la materia con tónica similar a las trasuntadas 
es la Constitución boliviana de 2009, sobre la cual ya se hizo mención, aunque 
omitiendo deliberadamente algunas «cláusulas condicionantes». El artículo 190. II 
preceptúa que: «La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho 
a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 
presente Constitución»; además de la cortapisa constitucional, mediante el artículo 
191.II.2, se condiciona a la jurisdicción indígena legalmente, en cuanto conocerá 
de «los asuntos indígenas originario campesinos de conformidad a lo establecido en 
una Ley de Deslinde Jurisdiccional». 
La parte resaltada de los dispositivos constitucionales transcritos destacan las 
siguientes características del Pluralismo Jurídico Focalizado en Derecho Humanos: 
a) existencia de limitaciones constitucionales, b) existencia de limitaciones previstas 
en tratados y convenciones internacionales, c) existencia de limitaciones legales, y 
d) prioridad del respeto por los derechos humanos.

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Por los ítems determinados se infiere que este modelo de pluralismo jurídico 
comprende la necesidad de proteger a los miembros de los pueblos indígenas ante 
sanciones anacrónicas contrarias al Derecho constitucional y Derecho internacional 
de derechos humanos. Entonces, y utilizando las directrices sentadas por la Corte 
Suprema de Estados Unidos en el caso Jackson vs. Bishop de 1968, la matriz 
fundamental de este sistema jurisdiccional radica en la idea de que toda forma de 
castigo incompatible con: los conceptos contemporáneos de decencia y dignidad 
humana, los preceptos de civilización, y los estándares de buena conciencia y 
equidad fundamental deben ser declarados inconstitucionales. 
Se asume que este es el paradigma que debe seguir todo sistema constitucional 
que pretenda organizar su función judicial con enfoques plurales, porque la 
deferencia constitucional no puede sobreponerse –y generar retrocesos– al 
desarrollo de los estándares mínimos internacionales de derechos humanos, que en 
los hechos son conquistas jurídicas por su plena efectividad. Prueba de que este es 
el modelo a seguir lo constituye el reciente proyecto constitucional de Chile (2022), 
cuyo artículo 309. 1 y 2 se pliega a la importancia de permear la jurisdicción indígena 
con los derechos fundamentales y derechos humanos previstos en la Constitución 
y normativa internacional: «El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos 
y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación 
coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. 
Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución 
y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que 
Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación 
y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas 
y las entidades estatales» (resaltado del autor). 
5.2. Réplica a los discursos críticos 
Bien que el Pluralismo Jurídico Focalizado en Derechos Humanos es el tipo 
de pluralismo más acorde con el constitucionalismo y el derecho internacional, 
este fue impugnado por un conjunto de autoridades y doctrinarios en Bolivia. 
Se tiene la opinión del viceministro de Descolonización Félix Cárdenas, quien 
manifestó que: 
La Ley de Deslinde Jurisdiccional para empezar es una Ley de Deslinde 
totalmente racista porque si la Constitución dice que son de la misma jerarquía 
(la justicia ordinaria e indígena), ya algunas mentalidades occidentales en 
el Parlamento han dicho: «no estos pobres campesinos no van a resolver 
temas grandes, solamente robos, hurtos», eso es racismo jurídico y los 
temas mayores, claro, los fiscales, los jueces que saben cómo manejar el 
tema, entonces la Ley de Deslinde está a contrapelo de las exigencias de la 
demanda de una justicia verdadera (Erbol, 2016). 
En el ámbito doctrinal, Sauma Zankys (2016) afirma que antes de la 
promulgación de la ley deslinde vigente, el Viceministerio de Justicia Indígena 

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socializó un anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional con diferentes pueblos 
indígenas, el cual habría obtenido considerable aceptación porque no existía una 
reducción en los ámbitos de vigencia, y porque definía una competencia integral 
que facultaba a las autoridades indígenas a conocer una amplia variedad de temas; 
ergo, este sería el problema de origen de la actual regulación: no recoge todos los 
insumos debatidos y consensuados con las comunidades indígenas (Escuela de 
Jueces del Estado de Bolivia, 2016). 
Análogo parecer expresa Tapia Colque (2013), en cuanto considera que 
la Asamblea Legislativa Plurinacional no respetó en «su integridad la propuesta 
construida desde las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a la 
cabeza del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina», y decidió 
«subordinar la Justicia Indígena a la Justicia Ordinaria al mejor estilo de los tiempos 
de colonización» (p. 1); posteriormente concluye: 
La historia se repite, porque en la colonia a través de la recopilación de leyes 
de indias, se ha concedido a los caciques indios administrar justicia apenas 
sobre temas civiles y entre indios y los temas penales eran de competencia 
directa de la justicia colonial. Después de más de 500 años, estando en 
pleno siglo XXI y en pleno proceso de descolonización, la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional a través de sus artículos 9 y 10, al restringir sus facultades 
plenas de impartir justicia a las NPIOC, es exactamente lo que sucedió hace 
1570 años (p. 102). 
A criterio del autor las críticas formuladas son insostenibles, ya que, las 
directrices propuestas por los personajes citados conducirían al Estado Boliviano 
hacia un Pluralismo Jurídico Enérgico que minaría la fuerza normativa de la 
Constitución, y, por ende, la plena efectividad de los derechos humanos. 
El argumento de Sauma Zankys (2016) de que el anteproyecto de ley del 
viceministerio de justicia indígena no presentaba una reducción de ámbitos de 
vigencia como la actual, sino una competencia integral, es deleznable, por cuanto 
es la propia Constitución la que configura dichas restricciones: «La jurisdicción 
indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia 
personal, material y territorial» (art. 191.II), encomendado a la Ley de deslinde la 
regulación más prolija de esta jurisdicción. 
Las razones de Cárdenas publicadas en Erbol (2016), de que la ley de deslinde 
produciría un racismo jurídico al no permitir resolver conflictos de trascendencia 
a las autoridades indígenas, también ameritan revisión; de pasar revista al art. 10.II 
de la Ley N.º 073 la primera impresión que genera es la amplitud de las materias 
vedadas al conocimiento de la jurisdicción indígena, pero, de leer pausadamente 
cada inciso las restricciones se exhiben como razonables en su mayoría: en materia 
penal, es compresible que delitos como los de lesa humanidad, seguridad externa 
del Estado, trata y tráfico de personas, violación, asesinato y homicidio sean 
privativos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto la pena a imponer por los pueblos 
indígenas podría ser inferior o superior a las previstas en la legislación penal.

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En materia civil, es admisible que cuando el Estado (en sus diversos niveles) 
sea parte o tercero interesado de un proceso la competencia jurisdiccional de 
los pueblos indígenas se reduzca, ya que al versar sobre intereses del Estado 
podrían ser afectados bienes que corresponden a la sociedad boliviana en general; 
a diferencias de los primeros incisos, el c) y el d) tienen una considerable vastedad 
objetable a prima facie, ya que contemplan diversas ramas del Derecho (laboral, 
administrativo, minero, de hidrocarburos, etc.), y por contemplar la expresión 
«otras que estén reservadas…». Por lo vertido, la crítica de Cárdenas es válida en 
principio solo respecto a la amplitud de las restricciones en razón de materia de 
los incisos c) y d). 
En lo que atañe a la perspectiva de Tapia Colque (2013), respecto a que 
la jurisdicción indígena habría sido subordinada por la Ley de Deslinde con una 
semejanza a la experimentada por las leyes coloniales durante el gobierno de la 
metrópoli, es dable argüir que esta aseveración es meramente una hipérbole; los 
tiempos y condiciones que rigen son disímiles. La ley de deslinde tiene autorización 
por mandato expreso de la Constitución para regular los ámbitos de vigencia de 
aplicación del derecho indígena: «La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria 
campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las 
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas» (art. 192. III); por esta razón, el 
legislador moldeó el contenido prescriptivo de dicha ley n.º 073 de una forma que 
no generara colisiones entre jurisdicciones, verbigracia: se reconoce la igualdad 
jerárquica entre jurisdicciones (art. 3); se contempla –entre otros– los principios de 
diversidad cultural, interpretación cultural y pluralismo jurídico con igualdad de 
jerarquía (art. 4, incisos c, d y e); se habilita el control de constitucionalidad respecto 
a las jurisdicciones existentes en el país por efecto del principio de respeto a los 
derechos constitucionales (ar. 5); se delimitan ámbitos de vigencia de tal forma que 
las jurisdicción indígena y otras sean susceptibles de coordinar y coopera antes que 
colisionar (arts. 7-12; y arts. 13-17). 
En ese orden de ideas, es verídico que por efecto del art. 179. II de la 
Constitución la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina 
deben ostentar «igual jerarquía»; empero, no debe omitirse la importancia de haber 
instituido un «estrato de derecho más alto» (Zagrebelsky, 1995, p. 34) que irradia 
sus preceptos sobre el orbe normativo restante, ora legal, ora derecho indígena: La 
Constitución. 
A consecuencia del modelo estatal escogido, la Ley y el derecho de las 
comunidades indígenas no pueden desvincularse del proceso que implica la «la 
permeación del contenido material y formal de la Constitución en todas las esferas 
del mundo jurídico y político» (Cruz, 2021, p. 293): la constitucionalización del 
sistema jurídico. 
Ergo, dado que la jurisdicción indígena no puede superponerse a la 
Constitución y la jurisprudencia constitucional producida por su máximo intérprete 

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(el Tribunal Constitucional Plurinacional), en particular en lo referente a derechos 
humanos, la opinión del autor objeto de impugnación es injustificada; la igualdad 
jerárquica fue dispuesta respecto a la jurisdicción ordinaria, no la jurisdicción 
constitucional. Entonces, la historia no se repite, el derecho indígena está sujeto a 
una norma interna aprobada por el pueblo: la Constitución –y las leyes que esta 
estatuya como las pertinentes para desarrollar las jurisdicciones del Estado–, no a 
leyes foráneas provenientes de un imperio europeo. 
5.3. Horizontes 
El Pluralismo Jurídico Selectivo o Focalizado en Derechos Humanos es un 
modelo de organización de la función jurisdiccional más próximo al Pluralismo 
Jurídico Desmadejado que al Pluralismo Jurídico Enérgico; este trata de equilibrar 
los postulados de los paradigmas referidos, pero atribuye mayor peso al primero 
en cuanto la aquiescencia a todo tipo de derecho, como las penas que inciden en 
la corporeidad (so pretexto de respeto a la diferencia cultural), no condicen con el 
avance de la cultura de tutela y garantía de los derechos básicos del ser humano. 
Es fehaciente que algunas culturas indígenas conservan instituciones que 
podrían ser estimadas como extemporáneas, como la pena de los azotes y el 
cepo, pero es menester precisar que estas prácticas no están escritas en piedra, 
sino que pueden ser proscritas explícitamente por la jurisdicción constitucional 
después de un amplio diálogo y debate sobre su pertinencia a la luz del Derecho 
Constitucional y Derecho Internacional de los derechos humanos. Se añade el 
término «explícitamente», por cuanto a la fecha el máximum áncora de la 
Constitución no ha pronunciado una sentencia constitucional donde se declare 
expresamente la inconstitucionalidad de prácticas punitivas como los azotes y los 
cepos; es verídico que se cuenta con la SCP N.º 1048/2017-S2 de 25 de septiembre 
que considera a los azotes como contrarios al art. 5.1 de la convención americana, 
pero esta no asume una posición sólida sobre la incompatibilidad convencional 
del mismo. 
Por tanto, por la autoridad de los principios favor libertatis y pro homine en 
un Estado que posee una sociedad abigarrada, el telos de las diversas culturas 
que lo integran debería ser el progreso y no retroceso, id est, existe la obligación 
constitucional y convencional de adoptar instituciones acordes a conceptos de 
dignidad, libertad e igualdad contemporáneos. 
CONCLUSIONES 
El siglo XX y el presente han sido testigos de la constitucionalización de la 
cualidad multiétnica, pluricultural o plurinacional en una cohorte de Estados, y 
la promoción internacional para la protección del derecho de las comunidades 
indígenas; estos fenómenos produjeron el advenimiento del Pluralismo Jurídico 
Constitucionalizado y el desecho del Pluralismo Jurídico de Facto. 
Fue entonces que se presentó el debate en estos sistemas constitucionales 
sobre la proyección que deberían tener las jurisdicciones indígenas respecto a 

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sus semejantes. Desde un punto de vista tríadico (legitimidad, validez y eficacia) 
existieron 2 opciones: un Pluralismo Jurídico Desmadejado, o un Pluralismo Jurídico 
Enérgico. 
No obstante, ambos senderos son radicales por la severa reducción o hipertrofia 
competencial. El primero de ellos no es compatible con un Estado que se tome 
en serio los principios de multietnicidad, pluriculturalidad o plurinacionalismo; el 
segundo también es defectuoso, porque no es compatible con un Estado que se 
tome en serio el imperio de la Constitución. Siendo este el panorama, corresponde 
plantear una tercera vía que no coarte excesivamente el derecho indígena ni lo 
superponga a los estándares mínimos de protección de derechos humanos; esta 
alternativa se comienza dibujar insuflando al debate el multiculturalismo selectivo 
del profesor Mario Bunge. 
Ergo, con base a las directrices sentadas por el Derecho Constitucional y 
Derecho Internacional de los derechos humanos, la comprensión de la idea de 
limitación y progresión en favor de los mismos, y la propuesta de Bunge, se moldea 
un: Pluralismo Jurídico Selectivo o Focalizado en Derechos Humanos; que consiste 
en el reconocimiento, cobertura y respeto de los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas en el marco de las intimaciones imperativas del concepto contemporáneo 
de condición humana y sus expresiones sustanciales más fundamentales: vida, 
dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad. 
Este tipo de pluralismo jurídico no es una novedad teórica en puridad, se 
encuentra en operación en el sistema constitucional boliviano, ecuatoriano y – 
con algunos reparos– colombiano. Se juzga que es este modelo de pluralismo 
el que debe ser implementado por todo aquel Estado que decida asumir el reto 
de dinamizar un pluralismo jurídico, particularmente cuando se trata de pueblos 
indígenas, por cuanto es el más acorde con los postulados vigentes en materia de 
derechos humanos. El reciente proyecto constitucional chileno (2022) es prueba 
suficiente para constatar que el Pluralismo Jurídico Selectivo o Focalizado en 
Derechos Humanos, es la alternativa constitucional y convencionalmente idónea. 
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