Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
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LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE PROTESTA EN EL 
PERÚ: UNA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL ESTADO DURANTE LOS 
PAROS NACIONALES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 
Luis Rosado 
Investigador independiente 
luisrosadoh@gmail.com 
https://orcid.org/ 0000-0001-6758-3384 
Fecha de recepción: 27 de enero de 2023 
Fecha de aceptación: 28 de marzo de 2023 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023 
Resumen 
En diciembre de 2022, se desataron en Perú protestas sociales que continúan 
hasta la fecha en diversas partes del país. Estas protestas han sido brutalmente 
reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que ha resultado en la violación de los 
derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad de reunión y expresión, 
y el debido proceso legal. El trabajo pretendió tratar dicho problema observando 
las causas y las consecuencias; para ello utilizó el método analítico crítico con un 
enfoque histórico-realista, desde una investigación básica con diseño de estudio de 
caso descriptivo y el empleo de la técnica de análisis de documentos para estudiar 
las causas y las consecuencias de esta situación. Los resultados de las protestas 
fueron devastadores, con 49 muertos y 650 heridos hasta el 13 de enero de 2023. 
Esto indicó que las autoridades no están actuando de manera responsable y están 
fallando en proteger los derechos humanos de las personas. El gobierno peruano 
respondió inadecuadamente a las protestas, utilizando la represión excesiva contra 
los manifestantes y estigmatizando a los pobladores en lugar de garantizar el 
derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la seguridad de todas 
las personas involucradas. En conclusión, las respuestas del gobierno peruano 
detonaron una crisis de derechos humanos en Perú. Por ello, se hace necesario que 
las autoridades tomen medidas para proteger los derechos humanos y garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos. 
Palabras clave: Crisis, Derechos Humanos, Protestas, Represión, Estigmatización 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva” 
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THE HUMAN RIGHTS CRISIS IN TIMES OF PROTESTS IN PERU: AN 
ASSESSMENT OF THE STATE’S RESPONSE DURING THE NATIONAL STRIKES 
OF DECEMBER 2022 AND JANUARY 2023 
Abstract 
In December 2022, social protests broke out in Peru and continue to this day in 
various areas of the country. These protests have been brutally suppressed by security 
forces, resulting in the violation of human rights such as the right to life, freedom 
of assembly and expression, and due process of law. The study aims to address this 
problem by looking at its causes and consequences. A critical analytical method was 
used with a historical-realist approach, based on basic research with a descriptive 
case study design and the use of the document analysis technique to study the causes 
and consequences of this situation. The results of the protests were devastating, with 49 
dead and 650 injured as of January 13, 2023. This signaled that the authorities are 
not acting responsibly and are failing to protect people’s human rights. The Peruvian 
government responded inadequately to the protests, using excessive repression against 
the demonstrators, and stigmatizing the population, instead of guaranteeing the 
right to freedom of expression and peaceful assembly as well as the safety of all those 
involved. As a conclusion, the Peruvian government’s responses triggered a human 
rights crisis in Peru. Therefore, it is necessary for the authorities to adopt measures to 
protect human rights and guarantee the safety of all citizens. 
Keywords: Crisis, Human Rights, Protests, Repression, Stigmatization

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INTRODUCCIÓN 
En diciembre de 2022, la población del sur del Perú convocó a una serie 
de protestas espontáneas en respuesta a hechos anómalos por parte del poder 
legislativo, tales como impulsar leyes a favor de gremios y empresas en detrimento 
de los intereses de la población, múltiples intentos de vacancia que evidenciaban 
un rol desestabilizador y el archivamiento de proyectos en beneficio de la 
población, entre otros. Estas manifestaciones se llevaron a cabo pacíficamente, 
exigiendo cambios en la Constitución política del Perú y adelanto de las elecciones 
generales para renovar al congreso y cambiar a la presidenta entrante. Sin embargo, 
la respuesta del Estado a estas protestas fue desproporcionada y violenta: utilizó 
balas, bombas lacrimógenas y perdigones para reprimir a los manifestantes. 
A pesar de la represión, las protestas continuaron y se extendieron a otras 
partes del país. La sociedad peruana se unió en solidaridad con los manifestantes y 
la situación se convirtió en una crisis de derechos humanos, que fue denunciada por 
diversas fuentes y organismos internacionales tales como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (ICDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
entre otros. Las protestas han sido un punto de inflexión en la sociedad peruana, 
ya que han puesto en evidencia la necesidad de cambios políticos y sociales para 
abordar las peticiones de la población. Además, la represión violenta del Estado ha 
planteado preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de 
una reforma institucional. 
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 
su pronunciamiento del 16 de diciembre de 2022, insta al Estado peruano a cumplir 
con sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos y a tomar 
medidas concretas para garantizar la libertad de expresión y reunión pacífica, así 
como el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía durante las protestas 
pacíficas. Sin embargo, durante el paro nacional, se han documentado varios casos 
de detenciones arbitrarias, maltrato físico, disparos a quemarropa y amenazas por 
parte de las fuerzas de seguridad, lo que constituye una clara violación de los 
derechos humanos. 
El artículo explora el contexto y las consecuencias de dicha crisis y analiza la 
respuesta del Estado durante el paro nacional iniciado en diciembre de 2022 y que 
hasta la fecha se viene desarrollando para evidenciar cómo esta respuesta afectó 
los derechos humanos. 
METODOLOGÍA 
El trabajo está desarrollado con el enfoque cualitativo, el cual se basa en la 
recolección y el análisis de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones, 
diarios y documentos, en lugar de utilizar métodos estadísticos y de medición. El 
análisis de datos cualitativos implica la identificación de patrones y temas recurrentes, 
y la interpretación de los datos en función de la teoría y el contexto en el que se 
recopilaron de acuerdo a Monje Álvarez (2011); así mismo es el método analítico 

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crítico con el cual se pretende lograr un análisis profundo de la realidad y basándose 
en esta perspectiva, se busca generar una argumentación que permita cuestionar y 
desafiar las estructuras políticas y sociales con el objetivo de promover una justicia 
social. Además, se busca comprender la sociedad desde una perspectiva crítica y 
transformadora, reconociendo que estos entornos sociales son dinámicos y están en 
constante cambio. Su interpretación se basa en un enfoque histórico-realista, el cual 
sostiene que la construcción social es el resultado de una combinación de factores 
como lo son los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos, de 
género, entre otros. Se argumenta que esta influencia se refleja en las diferentes 
estructuras que conforman la realidad. Sin embargo, este paradigma crítico sostiene 
que lo existente no es algo fijo y determinado, sino que está configurado por la 
historia social. Desde esta perspectiva, se cuestiona la idea de una entidad inmutable 
y se afirma que está construida y moldeada por la historia y la cultura. Por tanto, 
se sostiene que es un producto de la interacción entre diferentes factores, y no 
una entidad independiente y objetiva. Este enfoque señala que la percepción de la 
situación está influenciada por estos factores y, por lo tanto, es subjetiva y sujeta a 
cambios y revisiones constantes (Ramos, 2015) , en el presente caso se enfoca en la 
revisión crítica de diversos datos sobre las violaciones a los derechos fundamentales 
en las manifestaciones entre diciembre de 2022 y enero de 2023. 
El tipo de investigación con el cual se desarrolló este trabajo es fundamental 
que según Sánchez & Carlessi (2006) busca la generación de nuevos conocimientos, 
del mismo modo permite que el investigador conozca y entienda algún tema para 
enriquecer los conocimientos teóricos; el diseño de investigación utilizado es el 
estudio de caso descriptivo el cual permitió una comprensión profunda y detallada 
del tema y también porque tiene un abanico de fuentes (entrevistas, observaciones 
documentos, registros, etc.) (Yacuzzi, 2022); la técnica de análisis de documentos 
ha permitido recopilar la mayor cantidad de material para poder desarrollar 
objetivamente y este se sistematizó con el instrumento de análisis de contenido. 
1. Antecedentes 
El Guatemalteco Stuardo Ralón Orellana vicepresidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el Perú que visitó a 
dicho país en diciembre de 2022 y enero 2023, señala que «las protestas obedecen 
a un clima de crisis política e institucional que el Perú viene padeciendo desde el 
año 2016» (Coordinadora nacional de derechos humanos - Cnddhh Perú, 2023), y 
que estos hechos fueron alimentándose de modo paulatino a causa de la debilidad 
institucional, teniendo como consecuencia la ausencia de confianza ciudadana en 
las diferentes instituciones del país, esto como resultado de la acción de ciertos 
grupos políticos que han obstaculizado la estabilidad y gobernabilidad del Perú 
en los últimos años. Llevando a la rotación de 6 presidentes y tres congresos en 4 
años, así como una serie de protestas a nivel nacional que han tenido un impacto 
negativo en la población, causando la muerte y lesiones de personas. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita al 
país señaló que son tres las causales que promueven esta crisis política, social y 

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económica en el Perú: la acusación constitucional y a la vacancia por incapacidad 
moral permanente como facultades del poder legislativo; y la disolución del 
congreso como facultad del poder ejecutivo, éstas son figuras que permiten el uso 
y el abuso del derecho en ambos poderes generando una gran inestabilidad, es 
por ello que es fundamental la regulación y reglamentación de las tres figuras antes 
mencionadas para evitar el abuso de sus facultades (CNDDHH, Perú, 2023). 
En el trabajo de Cotler & Cuenca (2011) se observa que otro de los orígenes 
de estas manifestaciones sociales que se vienen desarrollando en los últimos 
tiempos en el Perú tiene que ver con las desigualdades no solo económicas si 
no también históricas y estructurales que existen en el Perú que se origina en la 
época colonial, estas discriminaciones se amplifican aún más si son poblaciones 
indígenas, habitantes de diversas provincias del interior del país. Ellos son quienes 
sufren año a año el abandono del Estado y viven en zonas rurales remotas, 
comunidades indígenas o en situaciones de pobreza extrema y que son ignoradas 
por el gobierno. Como resultado, no pueden acceder a servicios básicos como 
atención médica, educación, servicios de agua y saneamiento, empleo y vivienda 
digna. Este abandono tiene efectos negativos en la calidad de vida de estas personas 
y perpetúa ciclos de pobreza e inequidad. Por otro lado, los pueblos indígenas, 
afroperuanos, comunidades rurales, y comunidades campesinas, entre otros, están 
insuficientemente representados en diversos espacios políticos como el Congreso 
de la República y el gobierno nacional. 
Otra de las causas es la afectación ambiental de las industrias mineras, 
que si bien es cierto han impulsado el desarrollo financiero del país pero este 
crecimiento no se ve reflejado en las zonas alejadas de la capital del Perú, además, 
las comunidades cercanas a estas industrias mineras padecerán altos índices de 
pobreza extrema y tienen un acceso muy limitado a derechos fundamentales como 
luz, agua, educación y salud. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 
211 conflictos activos registrados en septiembre de 2022, 136 son originados por 
la minería y su impacto en ríos, lagos, terrenos, reservas y el medio ambiente, lo 
que se conoce como protestas socioambientales. Basado en ello, se afirma que las 
mineras en el Perú alimentan los conflictos sociales (CDDHH, Perú, 2023). 
Del mismo modo, la CIDH señaló otros aspectos cruciales que originan 
el detrimento de la sociedad peruana, entre ellos, el deterioro generalizado del 
debate público debido a una tendencia a disminuir el diálogo con la población, 
lo que genera un aumento en la polarización política y el uso de un discurso de 
odio y lenguaje ofensivo. Esto se vincula con una marcada estigmatización por 
factores raciales, étnicos y regionales, ya que cada vez que las autoridades brindan 
mensajes a través de algunos medios de comunicación vinculados al gobierno, 
realizan generalizaciones contra la población indígena y campesina, tildándolos 
de terroristas, terrucos, senderistas o indios entre otros términos despectivos. Las 
expresiones denigrantes proferidas por las autoridades y medios de comunicación 
peruanos, llenas de prejuicios y discriminación, generan un sentimiento de ofensa 
y motivan a ciertos grupos de población a unirse en protestas exigiendo disculpas 
o un cambio de actitud de las autoridades En la actualidad, esta situación se ha 

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reflejado en las protestas de los manifestantes, quienes exigen la renuncia de la 
presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Es por ello que Salazar Carrión et al., 
(2007) indica que «es imprescindible desechar la idea de que la elección de un 
vocabulario es meramente una cuestión verbal», elegir el vocabulario adecuado no 
es una cuestión trivial o superficial, sino que tiene implicaciones más profundas en 
la comunicación y en cómo se entienden las ideas. 
Todos los mensajes que expresaron las autoridades han generado un 
ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación y estigmatización 
de poblaciones históricamente marginadas como las comunidades de las zonas 
altoandinas e indígenas. Esta situación se agrava aún más cuando son las propias 
autoridades quienes perpetúan estos comportamientos, profundizando agravios 
hacia personas que han sido históricamente excluidas y carecen de acceso a sus 
derechos básicos. Estas autoridades olvidan que durante la campaña prometen 
representar los intereses de la población pero luego desatienden sus necesidades. 
Este discurso trillado es lo que genera desconfianza en la población de las diversas 
provincias del interior del país. (Salazar Carrión et al., 2007) 
2. El derecho a la protesta en la legislación peruana 
El derecho a la protesta está reconocido en el artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú (Congreso de la República del Perú, 1993) en la cual señala que 
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, de prensa, de reunión 
pacífica y de asociación. Del mismo modo, el Perú ha ratificado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 15 establece 
el derecho a la libertad de reunión pacífica. 
El Perú es miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
de las Naciones Unidas, habiendo ratificado la Carta Democrática Interamericana 
y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fundamente el derecho a 
la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, respectivamente en sus 
artículos pertinentes. 
El derecho a la protesta pacífica está protegido tanto en la legislación peruana 
como los convenios internacionales ratificados por el Perú, y las autoridades tienen 
la obligación de garantizar el libre ejercicio de este derecho. La responsabilidad 
internacional de los Estados permite reflexionar sobre el fundamento filosófico de 
los derechos humanos, para comprender lo que se exige al reparar a las víctimas de 
una sentencia supranacional. y busca construir una teoría general de los derechos 
humanos, y para entender esto, es importante hacer un breve repaso de la historia 
de los derechos humanos y las diferentes fundaciones que existen.(Ugarte Boluarte, 
2015). 
3. Respuesta del Estado 
Durante las protestas generadas a partir del 07 de diciembre de 2022, el 
gobierno peruano amparado en el Decreto legislativo Nº 1186 que busca reglamentar 

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el uso de la fuerza en los miembros de la Policía Nacional del Perú, reprimió a los 
manifestantes haciendo uso desmedido de las fuerzas, obteniendo como resultado 
lesiones graves e incluso la muerte de muchos manifestantes, en esta intención las 
fuerzas del orden no cumplieron con el artículo 7 del citado decreto legislativo que 
define textualmente al nivel de fuerza reactivo letal indicando que « es el uso de 
armas de fuego (…) contra quién realiza una acción que representa un peligro real 
e inminente de muerte o lesiones graves, con el objeto de controlarlo y defender la 
vida propia o de otras personas» (Poder legislativo & El Peruano, 2015), del citado 
texto se deduce que el gobierno peruano hizo uso desmedido de las fuerzas ya 
que los manifestantes en esos instantes se encontraban cerca al aeropuerto y no 
existía un peligro inminente de muerte o lesiones graves, debemos remarcar que 
es erróneo menospreciar el derecho a la vida y abrir fuego, por otro lado la policía 
incumplió el artículo 9 de la misma norma la cual regula las acciones posteriores al 
uso de la fuerza esto debido a que no se comunicó con los familiares de las víctimas 
para informar de lo sucedido, así mismo no socorrió ni brindó los primeros auxilios 
a las víctimas. Con esa acción el gobierno generó un clima de miedo y represión 
que socava la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. 
La criminalización de la protesta social se ha convertido en una práctica 
común en diferentes países de la región. En Perú no solo se reprimen las protestas, 
sino que también se hace un uso desmedido de la violencia para controlarlas. 
Esto socava la confianza en las instituciones y el sistema político en general, lo 
que genera una atmósfera de intolerancia y discriminación. De este modo, cuando 
el gobierno viola los derechos humanos de los manifestantes, esto se considera 
una violación del derecho internacional humanitario y podría llevar a que sea 
sancionado por la comunidad internacional (Hundskopf Paz, 2020). 
El movimiento global Amnistía Internacional (2003) señala que de acuerdo 
con el derecho internacional, que las fuerzas del orden jamás deben usar los 
medios letales excepto como último recurso, es decir (…) para protegerse o para 
proteger a otros ciudadanos del peligro inminente de la muerte o lesiones graves. 
El uso excesivo de la fuerza para controlar una protesta trae consecuencias graves 
e inaceptables, es por ello que urge la intervención de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y de otros organismos supranacionales en defensa de 
los derechos de la población vulnerable, así como también para garantizar una 
investigación transparente que permita dar con los responsables y un juzgamiento 
eficaz a los que hicieron uso de las armas de fuego. 
El portal suizo de noticias e información multimedia Swissinfo (2023) indicó 
que las fuerzas de seguridad del Perú deben actuar dentro de los estándares 
interamericanos del uso de la fuerza que implican legalidad, necesidad y 
proporcionalidad, los cuales no se cumplieron en las diversas intervenciones que 
realizó la policía nacional y las fuerzas armadas a los manifestantes en las protestas 
tanto de diciembre de 2022 y enero de 2023, alejándose de ese modo de los 
estándares interamericanos. 
Así se tiene que Blanco (2016) indica que los principios básicos fueron 

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plasmados en dos documentos; el primero titulado los principios básicos sobre el 
uso del a fuerza de la ONU en 1990 y otro el código de conducta de funcionarios 
encargados en hacer cumplir la ley. Dicha jurista señala que el principio de la 
legalidad se refiere a la idea de que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de 
seguridad debe estar regulado por ley, lo que proporciona claridad y previsibilidad 
en su aplicación. La proporcionalidad es otro principio clave que implica que el uso 
de la fuerza debe ser proporcional al riesgo presentado, y las fuerzas de seguridad 
deben considerar una variedad de opciones antes de recurrir a ella. Finalmente, 
el principio de necesidad indica que la fuerza solo debe ser utilizada como último 
recurso cuando no existen otras alternativas viables para abordar una situación. 
Estos son fundamentales para garantizar que el uso de la fuerza por parte de las 
fuerzas de seguridad se realice de manera responsable y se respeten los derechos 
humanos de las personas. 
Figura 1 
Niveles del Uso de la Fuerza – 
Nota: Reproducida de Paro Nacional uso de la fuerza policial, el carácter disruptivo del derecho a la 
protesta y sus verdaderos limites, de LA LEY el ángulo legal de la noticia, 2023 (https://laley.pe/art/14247/ 
paro-nacional-legitimo-fuerza-policial-derecho-protesta-limites) 
4. Violación de derechos humanos 
En el año 2021 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos consideró que las fuerzas de seguridad peruanas hicieron uso 
innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas ocurridas entre el 9 y el 
15 de noviembre de 2020(ONU, 2021). Si se compara ese incidente, en el que solo 
hubo dos desaparecidos, con los últimos acontecimientos que han dejado más de 
49 pérdidas de vidas humanas a causa del uso de armas letales, es evidente que se 
está violando el derecho humano a la vida. Además, la situación se agrava aún más 
si se considera que hay más de 650 heridos, quienes también están siendo afectados 
en su derecho a la integridad ya la salud. Estos hechos indican una violación grave 
a los derechos humanos, el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza letal 
por parte de la policía y las fuerzas armadas violentan el derecho a la vida y a 
la integridad física de las personas, esto sugiere que las fuerzas de seguridad no 

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están actuando de manera responsable y están fallando en proteger los derechos 
humanos de las personas. Asimismo indican una falta de capacitación, supervisión 
y mecanismos de rendición de cuentas adecuados para las fuerzas de seguridad y 
una ausencia de respuesta por parte del estado para investigar y sanc5. ionar a las 
violaciones de derechos humanos que se registran cada día en las movilizaciones. 
Por ello, es importante que se realice una investigación imparcial y transparente 
sobre estos hechos, con el objetivo de establecer responsabilidades, garantizar 
justicia para las víctimas y sus familiares, y evitar que se vuelva a repetir. Así mismo 
se debe iniciar el proceso de juzgamiento a los eventuales responsables por cadena 
de mando y determinar quiénes fueron los que activaron las armas de fuego. 
5. El papel del gobierno y las fuerzas de seguridad 
Para la Comision Interamericana de Derechos Humanos (2021) las protestas 
sociales son elementos fundamentales para la existencia y consolidación de las 
sociedades democráticas y estas son protegidas por diversos derechos y libertades 
del sistema interamericano los cuales están plasmados en la declaración americana 
de derechos y obligaciones del hombre, es por ello que el papel del gobierno y 
las fuerzas de seguridad en una movilización es garantizar el derecho a la libertad 
de expresión y de reunión pacífica de los manifestantes, y proteger la seguridad 
de todas las personas involucradas. El gobierno tiene la responsabilidad de facilitar 
la organización y el desarrollo pacífico de las protestas y de garantizar que las 
fuerzas de seguridad actúen de manera profesional y respetuosa con los derechos 
humanos. Esto incluye asegurar que las fuerzas de seguridad estén debidamente 
capacitados y supervisadas, y que existan mecanismos efectivos para investigar y 
sancionar cualquier violación de derechos humanos cometidas por las fuerzas de 
seguridad. Pero en muchos países de Latinoamérica se considera a la movilización 
ciudadana como una forma de alteración del orden público o como una amenaza 
la estabilidad de las instituciones democráticas es por ello que generan acciones 
de represión, dispersión y limitación del ejercicio de este derecho en los diferentes 
espacios públicos (ONU, 2021). 
Las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de proteger la seguridad de 
todas las personas involucradas en una protesta, incluyendo a los manifestantes, a 
los transeúntes y a los miembros de la policía. Sin embargo, el uso de la fuerza debe 
ser proporcional y no desproporcionado, y deben seguir las normas internacionales 
de derechos humanos y las leyes nacionales en relación con el uso de la fuerza. En 
el caso de Colombian Human Rights Watch (2021) indicó que «el gobierno debería 
tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma 
policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho a la reunión 
pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia». A esta realidad 
Perú no es ajeno, ya que se han observado el uso desproporcionado de la fuerza 
por parte de miembros de la Policía Nacional. Es por ello que el gobierno debe 
tomar medidas urgentes para abordar estos problemas y garantizar la protección 
de los derechos humanos, lo que podría incluir cambios en las políticas, prácticas 
y capacitación de la policía.

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El papel de todo gobierno y las fuerzas policiales en un paro es garantizar el 
derecho a la libertad de expresión, y reunión pacífica, y proteger la seguridad de 
todas las personas involucradas, mientras se respeten los derechos humanos, pero 
en el presente caso el gobierno peruano no cumple con este rol (Cano Gucrinoni, 
2017). 
6. Circunstancias en la que se produjeron los disparos 
Las muertes ocurridas fueron en diferentes circunstancias, incluyendo durante 
movilizaciones, en reuniones diversas y también en el momento en que las personas 
regresaban a sus hogares, pero la mayor cantidad de estos hechos que se produjeron 
cuando la Policía Nacional y el Ejército del Perú reprimieron a quienes intentaron 
tomar los aeropuertos de Apurímac, Ayacucho y Puno, disparando con proyectiles 
de arma de fuego a la altura de la cabeza y el tórax. Las evidencias sobre el uso 
de armas de fuego contra civiles son numerosas, entre las armas utilizadas por las 
fuerzas del orden están perdigones, bombas lacrimógenas, fusiles AKM y armas IMI 
GALIL (Lavilla et al., 2023). 
Sobre ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (2023) 
indica que en las diversas manifestaciones que se vienen desarrollando en el Perú, 
el Estado en su afán de controlar, reprimió dichas protestas con armas de alto 
calibre, lo cual configura una violación a las normas interamericanas del control del 
uso de fuerzas. Del mismo modo, señala que la comisión recibió varias denuncias 
de disparos a puntos vitales con armas de fuego, lo cual ratifica dicha vulneración. 
7. Acciones que toma el gobierno frente a la cantidad de fallecidos 
El gobierno ha señalado que las investigaciones de las muertes de 
manifestantes están a cargo de fiscalías especializadas en derechos humanos de 
Apurímac, Ayacucho y Puno. Del mismo modo, la presidenta de la república y 
el presidente del consejo de ministros mencionaron que estas investigaciones 
determinarán a los responsables de los disparos que acabaron con la vida de las 
personas, renovando su confianza en el cuerpo policial y a las fuerzas armadas, 
muy a pesar existir denuncias con imágenes explícitas sobre las acciones 
abusivas por parte de las fuerzas de seguridad, en las cuales se aprecia a policías 
y militares disparando directamente contra el cuerpo de los manifestantes, 
quemando medios de transporte, destruyendo un local del banco de la nación, 
etc. Por otro lado, el gobierno no hizo declaraciones que cuestionen las malas 
prácticas policiales lo que se interpreta como un silencio del gobierno peruano 
a estas denuncias dejando ver un sesgo intencional y una vulneración a los 
derechos fundamentales de los manifestantes (Lavilla et al., 2023). 
Es especialmente preocupante el elevado número de muertes que se han 
producido como consecuencia del uso de armas de fuego por parte de las 
fuerzas de seguridad, quienes tienen la responsabilidad de proteger y garantizar 
la seguridad ciudadana sin recurrir a la represión violenta. La apatía y desinterés 
del gobierno sobre este tema es verdaderamente pavoroso, dado que debería 

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garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos y fomentar 
la comunicación y el diálogo con el pueblo en momentos de crisis social y 
política. La falta de acción por parte de las autoridades no solo es inaceptable, 
sino que también agrava la situación actual y genera desconfianza y malestar 
en la población (Rivera Paz, 2023). 
8. Algunas estadísticas de la protesta 
Las protestas sociales que estallaron el 7 de diciembre de 2022 hasta la fecha 
no cesan, y cada día se acrecientan la cantidad de heridos y fallecidos, hasta el día 
13 de enero de 2023 se tiene como resultado 49 muertos y 650 heridos es indicador 
de una grave violación a los derechos humanos. Lo cual se agrupan del siguiente 
modo:
Tabla 1 
Muertes en adultos comparadas con adolescentes 
La tabla 1 señala que del total de fallecidos 42 eran manifestantes adultos 
haciendo un total de 86 % y 7 adolescentes que hacen un total de 14% de víctimas 
mortales. El fallecimiento de los 7 adolescentes es particularmente preocupante, ya 
que los menores de edad tienen una serie de derechos que deben ser protegidos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena todo tipo 
de violaciones de derechos humanos registradas durante las diferentes protestas 
sociales. Es por ello que exige a los estados a respetar los más altos estándares en 
cuanto a la libertad de expresión, del mismo modo indica uso de la fuerza y debida 
diligencia (Comisión Interamericana de derechos Humanos CIDH, 2021).

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Tabla 2 
Cantidad de fallecidos por regiones 
De lo visto en la tabla 2 se puede afirmar que la región Puno fue la que sufrió 
más la represión de las fuerzas del orden con un total de 19 fallecidos al 13 de 
enero, seguido de Ayacucho con un total de 10 fallecidos. Luego es Apurímac con 6 
personas que perdieron la vida, posteriormente está la región Junín con un total de 
3 muertos, seguidamente la región Arequipa con 2 fallecidos, continúa la Libertad 
con 1 extinto y finalmente Cusco con 1 difunto. 
Esta tabla ratifica que las represiones más fuertes por parte de las fuerzas del 
orden se dieron en el sur peruano y que el estado luego de proteger la vida de los 
manifestantes, los reprimió con armas letales. 
CONCLUSIONES 
El trabajo arriba a las siguientes conclusiones: 
· Las respuestas del gobierno peruano ante las protestas de diciembre 2022 y 
enero 2023 fueron inadecuadas y esto contribuyó a la crisis de los derechos a 
la integridad, a la salud y a la vida. 
· El Estado peruano hizo el uso excesivo de la represión a los manifestantes 
y las autoridades estigmatizaron a los pobladores olvidando que el rol del 
gobierno y las fuerzas de seguridad en una manifestación es garantizar el 
derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y proteger la seguridad de 
todas las personas involucradas. 
Con base en esto se pueden formular las siguientes recomendaciones: 
· El gobierno peruano está obligado a realizar investigaciones serias, imparciales 
y efectivas en un tiempo razonable, así como también, juzgar y sancionar a los 
responsables de las muertes en las diversas manifestaciones.

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
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Corresponde al gobierno peruano tomar las medidas necesarias para reparar a 
las víctimas y familiares de las víctimas de modo integral el daño ocasionado 
en estas movilizaciones, incorporando la rehabilitación y las garantías de no 
repetición. 
· El Perú debe brindar un mayor acceso a derechos culturales, sociales y 
ambientales en condiciones de igualdad, incluyendo a las poblaciones rurales, 
campesinas, indígenas, afroperuanas y habitantes de todas las provincias del 
país. 
· Es necesario una reforma policial profunda para garantizar que los agentes 
respeten el derecho a la reunión pacífica, incluyendo cambios en la forma en 
que se capacita a las fuerzas de seguridad. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Amnistía Internacional. (2023). Violencia policial. Amnistía Internacional. http://bitly.ws/HKtX 
Blanco, C. (2016, 10 de agosto). ¿Cuáles son los principios básicos de uso de la fuerza? IDEHPUCP. 
http://bitly.ws/HiSh 
Cano Gucrinoni, G. (2017). El papel de la Policía en la protección de los Derechos Humanos. 
Themis, 16, 31-17 
Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú. 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú. (2023). Conferencia de prensa sobre la visita 
de observación de la CIDH. http://bitly.ws/HCuM 
Cotler, J., Cuenca, R. (2011). Las desigualdades en el Perú - Balances críticos. Instituto de Estudios 
Peruanos 
Decreto Legislativo N.º 012-2016-IN (16 de agosto de 2015) Normas Legales N.º 1186. Diario Oficial 
El Peruano, 16 de agosto de 2015. 
Human Rights Watch. (2021). Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes Urge una reforma 
policial para prevenir futuros abusos. Human Rights Watch. 
Hundskopf Paz, C. (2020, 22 de marzo). ¿Hay avances en la judicialización de delitos cometidos por 
el uso de la fuerza policial en contextos de protesta social?. http://bitly.ws/HiKZ 
Lavilla, A., Huamán, G., Merma, V., Alarcón, L., & Red Investigativa Regional. (2023, 15 de enero). 
Emergencia en Perú: la represión del gobierno de Boluarte expone violaciones a los derechos 
humanos. Ojo Público. http://bitly.ws/HiM2 
Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa - Guía didáctica. 
Organización de Estados Americanos (2021) La CIDH condena las graves violaciones de derechos 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva” 
55 
humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y 
reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. http://bitly. 
ws/HiN8 
Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021). La protección del derecho 
a la protesta. Estándares internacionales de derechos humanos. 
Organización de las Naciones Unidas ONU. (2021, 12 de enero). La policía usó fuerza innecesaria y 
excesiva durante las protestas de noviembre en Perú. Noticias ONU Mirada Global Historias 
Humanas. 
Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. Avances En Psicología, 23(1), 
9–17. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167 
Rivera Paz, C. (2023). Análisis de las Protestas contra Dina Boluarte. [Archivo de video] YouTube. 
http://bitly.ws/HCuT 
Rosa Luz Ugarte Boluarte, K. (2015). La responsabilidad internacional del Estado peruano por 
violación de obligaciones de protección de derechos humanos: un estudio sobre las sentencias 
dictadas contra el Estado del Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su 
cumplimiento por el Estado Parte. [Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid] 
Salazar Carrión, L., Islas Azaïs, H., Serret Bravo, S., Salazar Ugarte, P., (2007). Discriminación, 
democracia, lenguaje y género. Investigación y análisis. 
Sánchez, H., & Carlessi, C. (2006). Metodología y diseños de la investigación científica. 
Swissinfo. (2023, 13 de enero). La CIDH pide a fuerzas del orden peruanas a actuar dentro de 
proporcionalidad. Swissinfo. http://bitly.ws/HiWu 
Yacuzzi, E. (2022). El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos 
causales, validación.