Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
28LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
ECUATORIANO COMO UN DERECHO HUMANOPablo Ricardo Mendoza EscalanteUniversidad de Otavalo, Ecuadorpmendoza@uotavalo.edu.echttps://orcid.org/0000-0002-6029-8705Fecha de recepción: 01 de febrero de 2023 
Fecha de aceptación: 05 de abril de 2023 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2023ResumenEl constante avance de las nuevas tecnologías y el reconocimiento de los 
derechos digitales como una categoría de derechos humanos, aunado a las distintas 
formas de posible vulneración de estos, supone la protección de datos personales 
en las administraciones públicas del Ecuador; para ello, se hizo necesario abordar 
la nueva concepción de los derechos digitales desde lo internacional a lo interno 
tomando en consideración los principios de protección a la intimidad y de 
transparencia previstos en el Código Orgánico Administrativo de 2017 vigente desde 
el año 2018 en Ecuador específicamente en el gobierno electrónico. El objetivo de 
la investigación fue analizar la protección de los datos sensibles de los particulares 
por parte de las administraciones públicas electrónicas ecuatorianas para evitar 
la posible vulneración de sus derechos digitales. Metodológicamente se utilizó la 
investigación del tipo descriptivo, con un diseño no experimental y un enfoque 
cualitativo; se realizó un análisis hermenéutico jurídico, así como las tendencias 
actuales que involucran a las nuevas tecnologías como mecanismo indispensable 
para el acceso, ejercicio y protección de los derechos digitales. Se concluyó que 
las administraciones públicas como gobierno electrónico, cuando manejen datos 
sensibles, deben observar el derecho a la intimidad personal, familiar y respetar la 
vida privada de las personas; es medular reconocer que los datos personales deben 
limitarse a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del 
tratamiento y, en caso de vulneración, el titular podrá presentar el correspondiente 
reclamo administrativo ante la autoridad de protección de datos personales.
Palabras clave: Derecho digital, protección de datos, derecho humano, 
gobierno electrónico, intimidad.

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
29DATA PROTECTION IN ECUADORIAN 
E-GOVERNMENT AS A HUMAN RIGHTAbastract:
The constant advance of new technologies and the recognition of digital 
rights as a category of human rights, together with the different forms of possible 
violation of these rights, implies the existence of personal data protection in the public 
administrations of Ecuador; to this end, it became necessary to address the new 
conception of digital rights from the international to the domestic level, taking into 
consideration the principles of privacy protection and transparency provided for in 
the 2017 Organic Administrative Code in force since 2018 in Ecuador, specifically 
for e-governance. This research aims to analyze the protection of individuals’ 
sensitive data by Ecuadorian electronic public administrations to prevent the possible 
infringement of their digital rights. The research method used was descriptive, with a 
non-experimental design, and a qualitative approach; a legal hermeneutic analysis 
of the current trends involving new technologies, which constitute the indispensable 
mechanism for the access, exercise and protection of digital rights, was carried out. 
It is concluded that public administrations as e-governance, when handling sensitive 
data, must monitor the right to personal and family privacy, and respect the private 
life of individuals; it is essential to recognize that personal data must be limited to 
what is strictly necessary for the fulfillment of the purpose of their processing; in case 
of violation, the holder may file the corresponding administrative claim before the 
competent authority.
Keywords: Digital Law, data protection, human rights, e-governance, privacy

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
30INTRODUCCIÓNAdentrarse en la temática de la protección de datos personales implica 
remontarse históricamente a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del 
año 2007, cuyo objetivo se centró en la regulación de las relaciones electrónicas entre 
las distintas administraciones públicas de los Estados y los particulares con énfasis 
en la garantía de seguridad. Posteriormente, la denominada Red Iberoamericana 
de Protección de Datos (2017) estableció un eje estratégico en esta materia, que se 
sustenta sobre la base de «impulsar y contribuir al fortalecimiento y adecuación de 
los procesos regulatorios en la región, mediante la elaboración de directrices que 
sirvan de parámetros para futuras regulaciones o para la revisión de las existentes 
en materia de protección de datos personales» (p. 3).
La problematización de la temática abordada radica específicamente en 
la precautela técnica y jurídica de los derechos digitales entendida como una 
obligación del Estado ecuatoriano ante el derecho que tienen todas las personas de 
que se garanticen sus derechos a la intimidad y protección de los datos sensibles, 
diferenciándolos de los denominados datos públicos, que sí son necesarios para 
cumplir con los fines de las administraciones públicas. Resulta pertinente recalcar 
que cualquier avance de protección jurídica en esta materia tiene una temporalidad 
condicionada por la velocidad vertiginosa en que avanzan las nuevas tecnologías y 
el reconocimiento de nuevos derechos digitales que ameritan regulación.
En vista de lo anterior y como respuesta a la necesaria adecuación normativa 
sobre la materia, la Constitución de la República del Ecuador en 2008 reconoce 
y garantiza a todos sus habitantes el derecho a la protección de datos de carácter 
personal; como consecuencia de ello, la recolección, procesamiento, archivo y 
difusión de estos amerita la obligatoria autorización del titular. De esta forma, la 
única manera excepcional de poder acceder a estos datos sensibles es a través de 
una orden emanada de autoridad judicial o de un mandato expreso de la ley. 
En este sentido, los denominados datos sensibles serán objeto de medidas 
de seguridad que resguarden su contenido físico o electrónico en todas las 
administraciones públicas de la República del Ecuador; en todo caso, se dispone, 
dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del año 2021, a 
quien se le vulnere su derecho humano soportado en los derechos digitales, podrá 
incoar una demanda en contra del órgano o entidad que hubiere expuesto sus 
datos sensibles sin su autorización, incluso por daños y perjuicios ante la autoridad 
competente judicial.
Las anteriores consideraciones surgen de catalogar a los derechos digitales 
como un derecho humano a nivel internacional en diversos ordenamientos 
jurídicos. Los aportes de las nuevas tecnologías permiten el ejercicio ampliado 
pero a su vez dificulta la protección de estos; en el caso específico cuando las 
personas interesadas, a través del derecho fundamental de petición, sean parte de 
un procedimiento administrativo ante cualquier administración pública electrónica 
en Ecuador; ello supone que el ordenamiento jurídico se ajuste al principio 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
31de protección de la intimidad, previsto en el artículo 24 del Código Orgánico 
Administrativo de 2017 vigente en Ecuador.
METODOLOGÍAEn esta investigación, se acudió al tipo de investigación descriptiva con 
paradigma cualitativo. Ello permitió que se revisaran en orden, en primer lugar, 
los convenios internacionales que ha suscrito el Estado ecuatoriano en materia de 
derechos digitales y, cómo, desde esa fuente internacional y al constitucionalismo, 
se han plasmado derechos relacionados con el gobierno electrónico. Del mismo 
modo, este abordaje documental cualitativo permitió proyectar un análisis integral 
osistémico de los preceptos constitucionales relacionados con el gobiernoelectrónico, la protección de datos y el acceso a las plataformas digitales de lasadministraciones públicas en el Ecuador.
Esta investigación se fortaleció con la discusión de grupo focal realizada entre 
los docentes de la carrera de derecho de la Universidad de Otavalo, para analizar 
jurídicamente los efectos constitucionales que supone el reconocimiento de los 
derechos digitales en el ordenamiento jurídico del Ecuador al punto de proponer 
un proyecto de investigación para los años 2023 y 2024 intitulado «Los derechos 
digitales en los servicios de los consultorios jurídicos y centros de mediación: caso 
Universidad de Otavalo». Fueron varias las distintas posturas que aparecieron en el 
debate y la generación de ideas en los grupos focales y la opinión consultada de 
ciertos actores de la función, para llegar a los resultados que dieran respuestas al 
objetivo planteado.
1.Paradigmas de los derechos humanosLa protección de los derechos humanos es una temática propia de las 
ciencias jurídicas, en especial en Estados con ordenamientos jurídicos garantistas, 
como es el caso de la Constitución de 2008 de la República del Ecuador. De 
acuerdo con esta consideración y siguiendo a García (2019) «los derechos humanos 
sobrepasan el ámbito del derecho positivo, al considerarse anteriores a éste y con 
valor intrínseco que hace obligatorio su respeto y reconocimiento por los sistemas 
jurídicos particulares» (p. 1) En concordancia con esta afirmación, se pueden situar 
a los derechos humanos como una forma de protección que institucionaliza a 
los derechos de las personas en contra de los posibles abusos y excesos de las 
administraciones públicas de un Estado determinado, específicamente con la actual 
modalidad de gobierno electrónico.
Recorrer la evolución de los derechos humanos supone revisar algunos 
antecedentes históricos que dieron lugar a su origen; se hace referencia en este trabajo 
investigativo a: la Carta Magna Inglesa, de 1215; la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en el contexto de la Revolución francesa; el 
constitucionalismo moderno y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde 
incluso la naturaleza es sujeto de derechos como en el caso ecuatoriano desde 2008. 
No obstante, a los derechos humanos se les ha caracterizado como universales, 

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
32transnacionales, irreversibles, progresivos y consensuales; se destaca, entre sus 
funciones, el contribuir al desarrollo integral de la personalidad, establecer límites 
a la actuación de los servidores públicos en materia de contratación pública y 
prestación de servicios públicos a través de las diversas plataformas tecnológicas 
que se colocan al servicio de los particulares para prevenir los posibles abusos de 
poder, entre otros. 
En este orden de ideas, para la dogmática jurídica actual, múltiples opiniones 
y criterios anuncian y ratifican la aparición de un nuevo catálogo de derechos 
relacionados con la sociedad de la información, que son parte de la denominada 
«cuarta generación de derechos humanos». No resulta tarea fácil reconocerlos 
e identificarlos debido a que, de alguna manera u otra, pueden ser ubicados 
implícitamente en derechos anteriormente previstos en tratados del ámbito 
internacional; como ejemplo de ello, se puede indicar al derecho a la identidad 
digital, que pudiera ser relacionado directamente con el derecho de la persona 
natural a tener su propia identidad, su propia imagen, su propia voz. 
Afirmar la existencia de una cuarta generación de derechos humanos 
relacionada con los derechos digitales estaría sujeta a la observancia de criterios 
objetivos y subjetivos, ya que resulta probable que las características muy propias 
de las nuevas tecnologías potencien y amplíen el catálogo de derechos ya 
existentes y reconocidos, brindándole una nueva concepción jurídica tecnológica 
que obviamente los recategorice desde su finalidad. Del mismo modo, es claro que 
los cibernautas no disponen de mecanismos y medios técnico-jurídicos eficientes 
para proteger sus derechos digitales concebidos como derechos humanos.
2.Los derechos digitales como derecho humanoA partir de los avances tecnológicos y su aplicación en el ámbito jurídico se 
da la apertura a distintos medios para ejercer los derechos humanos; sin embargo, 
también genera la oportunidad de la vulneración de los derechos digitales de 
sus titulares. La protección de los datos, la intimidad, la identidad digital, el 
acoso en línea son escenarios que ameritan su regulación y el establecimiento 
de sus correspondientes garantías. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC, 2020):
Poco más de la mitad de los hogares en Ecuador tuvo una conexión a internet: 
61,7 % en el área urbana y 34,7 % en el área rural. Aunque es un gran salto 
adelante, esto no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejado 
de importantes cambios sociales, culturales, económicos y profesionales. 
En este sentido, las personas sin un acceso asequible y sencillo de utilizar 
no pueden disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de 
opinión, por lo que es esencial abatir la brecha digital (p. 2).
Al respecto, el secretario general de la ONU publicó en septiembre de 2021 
su informe denominado “Nuestra Agenda Común” en la que se propone un pacto 
digital mundial que involucra a los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
33la empresa privada, la sociedad civil, y a la academia, entre otros. Uno de los 
objetivos del Pacto Digital Mundial es el «esboce de principios compartidos para 
un futuro digital abierto, libre y seguro para todos» (p. 8). El informe de la agenda 
común presenta temáticas como la conectividad digital, evitar la fragmentación 
de internet, la promoción de una conexión confiable mediante la introducción de 
criterios de responsabilidad por discriminación y contenido engañoso.
Otro derecho que debe estudiarse es el relativo a la no discriminación en 
el entorno digital; para ello, un gran número de empresas consideran el enfoque 
de género y de diversidad que aseguren el trato igualitario, la reducción de 
las desigualdades y la brecha digital en lo urbano y lo rural, promoviendo una 
digitalización que incluya a los grupos de atención prioritaria, en respuesta al 
mandato constitucional en un Estado pluricultural y pluriétnico. En el área laboral, 
el teletrabajo está vinculado directamente con la salud mental de los trabajadores 
donde se requiere el descanso necesario y los espacios adecuados que eviten el 
impacto de los equipos tecnológicos. 
En efecto, materializar un derecho a un entorno digital sostenible parte de 
que este y las nuevas tecnologías generan un impacto negativo en el derecho 
fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que supone 
prácticas de gestión ambiental que mitiguen los efectos propios de las diferentes 
TIC. La cuarta ola de derechos humanos postulada actualmente está conformada 
por el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, la estima 
digital, la libertad y responsabilidad digital, la privacidad virtual, el derecho al 
olvido, el derecho al anonimato, el derecho a la paz cibernética y a la seguridad 
informática.
3. El principio de la protección a la intimidadEl Código Orgánico Administrativo (2017) consagra que «las administraciones 
públicas, cuando manejen datos personales, deben observar y garantizar el 
derecho a la intimidad personal, familiar y respetar la vida privada de las 
personas» (p. 5). En este contexto y para comprender el alcance de este principio, 
es necesario acoger los criterios esgrimidos por la Corte Constitucional de la 
República de Colombia, en la Sentencia C-640/10, agosto 18 de 2010, la cual 
dispone que «son cinco los principios que sustentan la protección del derecho 
a la intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente intangibilidad 
del contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a la innecesaria 
injerencia de los demás» (p. 5). Del mismo modo, la Corte colombiana (2010) 
establece: 
El principio de libertad, según el cual, los datos personales de un individuo 
sólo pueden ser registrados o divulgados con el consentimiento libre, 
previo, expreso o tácito del titular, a menos que el ordenamiento jurídico 
le imponga la obligación de relevar dicha información, en aras de cumplir 
un objetivo constitucionalmente legítimo (p. 6). 

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
34Al respecto, este principio de libertad supone una obligación estatal de que 
los datos personales solo pueden ser dispuestos bajo el criterio de voluntariedad 
de su titular; sin embargo, se establece excepcionalmente que las administraciones 
públicas podrán disponer de dicha información solo cuando exista un objetivo 
constitucional que, ante la ponderación motivada, el derecho individual del titular 
del dato sea sobrepasado por el cumplimiento de fines sociales o colectivos. En 
esta misma sentencia de la Corte Constitucional de Colombia (2010) se establece:
El principio de finalidad, el cual se expresa en la exigencia de someter 
la recopilación y divulgación de datos, a la realización de una finalidad 
constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a los ciudadanos 
a relevar datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el texto 
constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte de su interioridad 
en beneficio de la comunidad. El principio de necesidad, la información 
personal que deba ser objeto de divulgación se limita estrechamente a 
aquella que guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida 
mediante su revelación. Así, queda prohibido el registro y la divulgación 
de datos que excedan el fin constitucionalmente legítimo (p. 6). 
Estos dos principios de finalidad y necesidad, se soportan en un marco de 
constitucionalidad y de supremacía constitucional que, al igual que en Colombia, 
en Ecuador se sigue desde el denominado «bloque de constitucionalidad» 
junto a los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y las 
jurisprudencias vinculantes de la Corte Constitucional del Ecuador referidas al 
desarrollo de los derechos digitales de los ciudadanos en su relación con las 
administraciones públicas del Estado bajo la concepción general del principio 
de una buena administración pública, tal como lo dispone el Código Orgánico 
Administrativo de 2017. Finalmente, la sentencia de la Corte colombiana de 
2010 dispone sobre el principio de integridad y de veracidad que:
El principio de veracidad exige que los datos personales que se puedan 
divulgar correspondan a situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra 
prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, el principio 
de integridad, según el cual, la información que sea objeto de divulgación 
debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se registre y 
divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados (p. 6).
Medular importancia reviste este principio de veracidad en lo que 
concierne a la protección de los datos desde el principio de protección de 
la intimidad del titular del derecho digital y su familia, cuando prohíbe a las 
administraciones públicas y sobremanera al gobierno electrónico a no divulgar 
datos falsos o irreales que pudieran exponer la reputación de los particulares, 
aunado a la integridad de la información. La divulgación de datos fraccionados 
está prohibida pues pudiera generar confusión en estos. 
En esta materia, la Corte Constitucional emite la sentencia No. 89-19-
JD/21 (Hábeas data y acceso a datos generados por servidores y servidoras 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
35públicos en ejercicio de sus funciones) Juez ponente: Agustín Grijalva Jiménez, 
donde se afirma que: 
En lo atinente a los datos generados desde el correo electrónico, la jueza 
resolvió que tiene derecho al acceso al correo electrónico @presidenciagob.
ec, que son datos personales que contienen información personal, se 
dispone que la entidad accionada Secretaría General de la Presidencia de 
la República entregue toda la información relacionada con dicho correo 
electrónico institucional a la accionante (p. 4).
De acuerdo con lo anterior, sí procede la acción de habeas data, para 
acceder a datos generados a través de sistemas informáticos de instituciones 
u organismos del Estado cuando quien solicita tal acceso es el servidor o 
exservidor público que los produjo o generó. Del mismo modo, la Constitución 
de la República regula:
Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado 
para el efecto, tendrá derecho a conocer de [sic] la existencia y a acceder 
a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales 
e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades 
públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá 
derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y 
destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o 
banco de datos (Art. 92). 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
(LOGJCC) establece los casos en los que se puede interponer la acción de 
habeas data: 
1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos 
o archivos de datos personales e informes que consten en entidades 
públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. 
Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación 
o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. 
Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho 
constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de 
jueza o juez competente (Art. 50).
La Corte determinó que «los datos personales incluyen datos sensibles 
relativos a la vida privada y familiar de la persona, pero también información 
sobre cualquier tipo de actividad desarrollada por ella, como la referida a 
sus relaciones laborales, económicas o sociales, con independencia de su 
posición o capacidad» (p. 6). La Corte Constitucional ratifica que es obligación 
de instituciones y entidades públicas, organizar y mantener documentos 
electrónicos y físicos, así como garantizar a dichos exservidores públicos el 
acceso a los datos cuando así los soliciten expresamente, siempre y cuando 
tales datos no se encuentren calificados, por el ordenamiento jurídico, como 

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
36reservados. Los datos generados a través de correos electrónicos institucionales 
no pueden ser tratados como datos personales siempre que se produzcan 
como consecuencia del ejercicio de una actividad o gestión pública.
4. La protección de datos como derecho digitalLa vulneración de la seguridad de los datos personales, como aspecto a 
tratar en esta investigación, debe entenderse de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales (2021) como: «aquel incidente de seguridad que 
afecta la confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos personales» (p. 7). 
Dentro de los principios que la ley citada establece expresamente como aplicables 
en esta materia, se identifican los de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, 
pertinencia y, sobre todo, el de minimización de datos, que implica que «Los datos 
personales deben ser pertinentes y estar limitados a lo estrictamente necesario para 
el cumplimiento de la finalidad del tratamiento» (p. 9). De igual modo, se suman los 
principios de proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad, exactitud, 
conservación, responsabilidad proactiva, independencia de control; todos estos 
principios sobre el indubio pro titular de los datos sensibles, sobre lo cual Corripio 
(2001) sostiene que: 
La salvaguarda de la propia vida privada se encuentra en el comportamiento 
y control que efectúa el usuario y, en Internet, pasa necesariamente por el 
derecho a realizar opciones informadas, de forma que cuando se recaban 
datos por el sector privado, el interesado pueda escoger libremente cuáles 
de sus datos quiere comunicar y para qué finalidades. Ligado a este derecho 
se encuentran el derecho al anonimato y a utilizar herramientas de seguridad 
(p. 2922)
En este mismo contexto, se reconocen, en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, los derechos a la información, al acceso, a la eliminación de datos, a la 
rectificación, portabilidad y actualización de sus datos; especialmente, se reconoce 
el derecho a la oposición al tratamiento de sus datos personales, que se enumeran 
en el artículo 16 de la ley in comento específicamente cuando no se afecten 
derechos y libertades fundamentales de terceros; cuando el tratamiento de datos 
personales tenga por objeto la mercadotecnia directa y cuando no sea necesario 
su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de 
un interés legítimo. Del mismo modo, Porcelli (2019) afirma que «El poder de los 
datos masivos combinados, con inteligencia artificial, ha demostrado la increíble 
capacidad de predicción del comportamiento humano y modificarlo» (p. 3). El 
citado Porcelli (2019) sostiene que:
El derecho a la protección de datos personales se ha conceptualizado en 
algunos países iberoamericanos, legislativamente o jurisprudencialmente, 
como un derecho autónomo y de naturaleza distinta a los derechos a la vida 
privada y familiar, a la intimidad, al honor, al buen nombre y que tiene por 
objeto salvaguardar el poder de disposición y control que tiene todo individuo 
con respecto a la información que le concierne, fundamentalmente en atención 
al empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (p. 6).

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
37En caso de vulneración en el tratamiento de los datos personales, el titular 
podrá, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2017) 
del Ecuador: «presentar el correspondiente reclamo administrativo ante la autoridad 
de protección de datos personales, acudiendo al procedimiento establecido en el 
COA, a la presente ley y demás normativa emitida por la Autoridad de Protección 
de Datos Personales» (Art. 64). Para este fin, debe entenderse por «autoridad de 
protección de datos personales», según la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales en su artículo 76a:
El órgano de control y vigilancia encargado de garantizar a todos los ciudadanos 
la protección de sus datos personales, y de realizar todas las acciones necesarias 
para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos 
previstos en la presente Ley y en su reglamento de aplicación, para lo cual le 
corresponde las siguientes funciones, atribuciones y facultades […] (p. 35).
Es oportuna la creación de un órgano de control que garantice la protección 
de datos a los usuarios del gobierno electrónico; de allí que la autoridad única 
de protección de datos personales tiene una responsabilidad en lo referido a los 
derechos digitales, así como de facilitar su ejercicio y su consecuente cautela. Para 
identificar el bien jurídico tutelado en materia de protección de datos, Herrán 
(2003) sostiene que:
Una aproximación al bien jurídico tutelado a través del derecho a la protección 
de datos permite concluir que el fundamento último de este derecho no 
consiste exclusivamente en preservar oculta información relativa a la vida 
privada, sino en garantizar el pleno desarrollo de la personalidad individual 
y el libre ejercicio de sus derechos; se trata en definitiva de impedir la 
instrumentalización del ser humano, que debe manifestarse en la sociedad 
con plena libertad (p. 16).
Por ello, el derecho a la protección de datos ante las administraciones públicas 
integradas por diferentes administraciones públicas conlleva, a su vez, el derecho 
de libertad y desarrollo de la personalidad de su titular, más aún en un Estado 
constitucional de derechos y de Justicia.
5. Administraciones públicas desde la visión del gobierno electrónicoEl gobierno electrónico responsable deberá atender a la seguridad de datos 
personales que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 
(2021) del Ecuador, en su artículo 37, regula:
El responsable o encargado del tratamiento de datos personales según sea el 
caso, deberá sujetarse al principio de seguridad de datos personales, para lo 
cual deberá tomar en cuenta las categorías y volumen de datos personales, 
el estado de la técnica, mejores prácticas de seguridad integral y los costos 
de aplicación de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y los fines del 
tratamiento, así como identificar la probabilidad de riesgos (p. 21).

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38Para definir al gobierno electrónico, Naser y Concha (2011) entienden «la 
transformación de todo el gobierno como un cambio de paradigma en la gestión 
gubernamental, que fusiona la utilización intensiva de las TIC, con modalidades 
de gestión planificación y administración como una nueva forma de gobierno» (p. 
5). De acuerdo con ellos, el gobierno electrónico persigue suministrar servicios 
autónomos e independientes en cuanto a distancia y tiempo en favor de los 
particulares y el Estado mismo. Junto con la definición de gobierno electrónico, 
surge paralelamente la gobernabilidad electrónica, que desarrolla áreas importantes, 
como la administración y el servicio electrónico. En este sentido, Naser y Concha 
(2011) afirman que:
El correcto diseño de estrategias tecnológicas estandarizadas que viabilicen 
la implementación de un gobierno en línea con requerimientos de 
interoperabilidad, legales y de seguridad sobre servicios transaccionales de 
GE es la etapa más importante para lograr el éxito de un proyecto TIC. Lograr 
la interoperabilidad de los sistemas de información existentes en diferentes 
jurisdicciones para intercambiar información relevante es vital para evitar 
duplicaciones de datos que favorecen la inconsistencia de los procesos de 
gestión dentro del Estado (p. 21).
En cuanto a la responsabilidad de la administración pública en el tratamiento 
de datos personales, resulta pertinente recapitular el concepto de responsable de 
la información a través del Convenio No. 108 del Consejo de Europa, de 1981, del 
Consejo de Europa cuando refiere que es «una figura autónoma propia del derecho 
a la protección de datos personales, que solo o conjuntamente con otros determine 
los fines y los medios de tratamiento de los datos personales» (p. 4). A partir de 
ello, Correa y otros (2022) sostienen que:
En el caso de Ecuador, la protección de datos personales se ha desarrollado en 
tres etapas: primero, la protección constitucional por medio del habeas data; 
segundo, la regulación de la información personal y de la intimidad con una 
perspectiva garantista mediante leyes sectoriales; tercero, el reconocimiento 
de un derecho fundamental a la protección de datos personales en la 
Constitución de 2008. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 2021 (p. 80). 
El Plan Nacional de Gobierno Electrónico en la República del Ecuador apunta 
a un modelo regido por el principio de inclusión, eficacia y eficiencia, alineado 
con la participación e interacción entre los ciudadanos y el Estado. Es importante 
vincular la normativa que regula esta materia en el Ecuador, donde se encuentra la 
Constitución de la República de 2008, la Ley de Transparencia de 2004, la Ley del 
Sistema de Registro Público de 2010, Ley de Comercio Electrónico Firma Electrónica 
y Mensajes de Datos de 2002, Ley Orgánica de Participación Ciudadana de 2010, 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2015, Código Orgánico Administrativo 
de 2017, el Decreto Ejecutivo 149 de 2013 para la implementación del gobierno 
electrónico en la administración pública.

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
39RESULTADOS Y DISCUSIÓNUn primer resultado se enmarca en sostener que lo digital es un escenario 
expuesto en múltiples grados al público y todos sus elementos son el producto 
de la actividad humana; lo que supone intrínsecamente una latente vulneración 
de derechos digitales bajo la concepción de derecho humano; las permanentes 
interconexiones entre el gobierno electrónico ecuatoriano y los particulares se 
expone a las miradas de terceros que pudieran directa o indirectamente conocer la 
intimidad del titular de los derechos digitales o su familia, lo que supone disponer 
de estrategias que minimicen los riesgos en la prestación de servicios públicos, 
contratación pública y en los procedimientos en línea para realizar reclamos, 
solicitudes e impugnaciones. 
Las comunicaciones electrónicas o digitales donde se transfieren datos 
sensibles suelen realizarse en un contexto comunicativo de privacidad. Por un lado, 
en los contextos comunicativos de exposición, la reproducción de los contenidos 
es más libre, requiere menos autorizaciones, y está sujeta a menos controles que 
en los contextos de privacidad. Una gran exposición de la información conlleva 
mayores responsabilidades, como en el delito de injurias, donde las dimensiones 
del público que escucha la vejación determinan la magnitud de la ofensa.
Es pertinente mencionar que, con el surgimiento y vigencia de los derechos 
digitales en el mundo virtual, se adquiere una amplia gama de particularidades 
nunca vistos, cuya protección resulta muy deficiente en la actualidad, puesto que 
el uso indebido de la gran cantidad de datos personales recolectados gracias a 
ellas pueda exponer y vulnerar la privacidad, la reputación e incluso la dignidad 
del ser titular y su familia. Los particulares ante el gobierno electrónico han 
experimentado una pérdida del control de sus datos sensibles, lo que requiere 
que el derecho se constituya como un límite al posible abuso de las tecnologías 
de la información en dominio del Estado como sujeto regulador de las actividades 
administrativas en Ecuador.
CONCLUSIONESLa especial atención a la protección de los datos sensibles de las personas 
usuarias del gobierno electrónico en Ecuador es dinámica y permanente debido 
a los constantes avances tecnológicos que se ofrecen en las distintas plataformas 
gubernamentales, especialmente por la vulnerabilidad y el impacto que la 
transformación digital tiene en el desarrollo de su personalidad en cuanto a derecho 
humano se refiere.
Toda persona que haga uso de las tecnologías ante el gobierno electrónico 
ecuatoriano tiene derecho a la supresión de sus datos personales en los buscadores 
de internet y que se le garantice el derecho a impedir la difusión cuando su 
publicación no reúna los requisitos legales de actualidad y pertinencia.

Revista Justicia(s), Año 2, Volumen 1, Período enero-junio 2023 
40Toda persona tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales en 
el ciberespacio, atendiendo de forma especial al derecho a la intimidad, a la propia 
imagen y al honor, así como a tener las mismas oportunidades en el intercambio 
de bienes y servicios digitales, garantizando la libre competencia en materia de 
servicios públicos y en materia de contratación pública.
Toda persona tiene derecho a la protección de las producciones literarias, 
artísticas, científicas o técnicas de las que sea autora en la red y especialmente 
tiene derecho a una alfabetización digital que le permita encontrar y evaluar 
la información en la red, así como a crear su propio contenido, comunicarse y 
navegar de forma segura en internet o resolver los problemas técnicos que pueda 
encontrar.
Finalmente, las administraciones públicas, como gobierno electrónico, cuando 
manejen datos sensibles, deben observar el derecho a la intimidad personal, familiar 
y respetar la vida privada de las personas; es medular que los datos personales 
se limiten a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del 
tratamiento y, en caso de vulneración, el titular podrá presentar el correspondiente 
reclamo administrativo ante la autoridad de protección de datos personales; aunado 
a ello se evidencia que la falta de observancia del principio de seguridad jurídica 
en la protección de datos personales reduce la confianza del ciudadano en el 
empleo de sistemas seguros por internet, lo que representa una limitante para la 
participación electrónica, así como para la liberación de datos por parte de las 
instituciones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAsamblea Constituyente (2008). Constitución de la República Ecuador. 
Asamblea Nacional (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 
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Gobierno Electrónico. CLAD. 
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datos de carácter personal. 1 de octubre de 1985 
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de agosto de 2010 (Corte Constitucional de Colombia.) 
García, F. (2019). Positivismo y derechos humanos en la obra de Norberto Bobbio. Revista Hechos 
y Derechos, 49. 

“Los derechos humanos en América Latina: Retos y visión prospectiva”
41Hábeas data y acceso a datos generados por servidores y servidoras públicos en ejercicio de sus 
funciones, Sentencia No. 89-19-JD/21, 07 de julio de 2021 (Corte Constitucional del Ecuador) 
Naser, A. y Concha, G. (2011). El gobierno electrónico en la gestión pública. CEPAL. 
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protección de datos en los países iberoamericanos. Quaestio Iuris, 12, 2.
Red Iberoamericana de datos personales. (2017). Estándares de Protección de Datos Personales 
para los Estados Iberoamericanos. https://bit.ly/3kVfdWr 
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