Desafíos del derecho 
internacional privadoen la era digital 
volumen 
año 4Nº 2 
Revista de 
Derecho
Diciembre 2025 
Desafíos del derecho 
internacional privadoen la era digital 
volumen 
año 4Nº 2 
Revista de 
Derecho
Diciembre 2025 

© De la presente edición: 
Universidad de Otavalo, Otavalo, Ecuador investigacion@uotavalo.edu.ec 
Todas las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad de sus autores. Licencia legal: 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
REVISTA JUSTICIA(S) 



Revista Justicia(s), Año 4, Volumen 4, número 2, período julio-diciembre 2025 

“Desafíos del derecho internacional 
privado en la era digital” 


Editora 

PhD (c). Andrea Carolina Subía Cabrera 

Comité Editorial 

PhD. Pablo Mendoza- Editor adjunto 
PhD (c). Elizabeth Maldonado 
PhD. Nuria del Álamo Gómez 
PhD. Lizeth García 
PhD. Adriana Bautista 
PhD. Alex Valle 
PhD. Leonel Fuentes 
PhD. Raquel Guzmán 
PhD. Adán Carrizo González-Castell 

Comité Científico 

PhD. Mauricio Tamayo 
PhD. Lina Parra 
PhD. José Chalco 
PhD. Jorge Gómez Rendón 
PhD. David Cordero 
PhD. Daniela Célleri 
PhD (c). Javier Pinto 
PhD. Vexaida Primera 
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PhD. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell 
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PhD. Pablo Slavin 
PhD. Ricardo Tapia 
PhD. Carlos Clerc 
PhD. Danny Méndez 
PhD. Arístides Obando 
PhD. José Luis Jaimes Olmos 
PhD. Adriana Dreyzin de Klor 

Gestora Editorial 

Sandra Tatiana Ballesteros 

Director de Investigación 

PhD. Efraín Bastidas 

Autoridades académicas de la Universidad de Otavalo 

Plutarco Cisneros Andrade, Canciller 
Juan Carlos Cisneros, Vicecanciller 
Francisco Becerra, Rector 
Ledys Hernández, Vicerrectora 
Diego Jaramillo, Vicerrector Administrativo 

© De la presente edición: 
Universidad de Otavalo, 
Otavalo, Ecuador 
DOI: 10.47463/rj.v4i2 
e-ISSN: 2953-6758 

Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. Todas las 
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REVISTA JUSTICIA(S) 

Año 4, Volumen 4, Número 2, julio - diciembre 2025 

revistajusticias@uotavalo.edu.ec 

Universidad de Otavalo 
Otavalo, Ecuador 


ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN EDITORIAL 

Andrea Carolina Subía Cabrera 

MONOGRÁFICO 

DESAFÍOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LA ERA DIGITAL 

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES 
COMO HERRAMIENTA FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN 
ECUADOR 

Jhony Marcelo Toaquiza Díaz 

PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD POST MORTEM ANTE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Francisco Xavier Burbano Bolaños 
Ronald Francisco Torres Pineda 
Pamela Nereida Méndez Herrera 

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN POLÍTICA MEDIANTE DEEPFAKES: RIESGOS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PROCESOS ELECTORALES DE ECUADOR Y ESPAÑA, 
2022-2025 

Bryan Aníbal Vera Ruíz 
Leonardo Sebastián Harnisth Sigcho 
Margarita Rosa Cabrera Cevallos 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RECONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PODER 
JUDICIAL PERUANO: TENSIONES, AVANCES Y LÍMITES DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 
ELECTRÓNICO 

Álvaro Fernando Gonzales Mejía 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

RESPONSABILIDAD ESTATAL FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL Y LA REPARACIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN ECUADOR: ANÁLISIS DEL CASO BUENOS 
AIRES–IMBABURA 

Alexander Armando Bastidas 
Eliana Mishell Pantoja 

7 

11 

12 

31 

47 

63 

83 

84 


VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR EN 
ECUADOR: ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROPUESTA DE REFORMA 
AL COIP 
Evelyn Anabel Camacho Guamán 
Raquel Silvia Veintimilla Quezada 
99 
GENERALIDADES JURÍDICAS 116 
ENTREVISTA A: PHD. ADRIANA DREYZIN DE KLOR 
TÍTULO: IMPLICANCIAS POST PANDEMIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO: NUEVAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN 
Gema Esperanza Cornejo García 
Arelis Magdiel Morocho Montoya 
117 
ENTREVISTA A: PHD. LAURA VELÁZQUEZ ARROYO 
TÍTULO: SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN LATINOAMÉRICA: EVOLUCIÓN, DESAFÍOS DIGITALES Y 
PERSPECTIVAS CRÍTICAS 
Jonathan Alexis Moreno Guerrero 
124 
POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN 
135 


INTRODUCCIÓN EDITORIAL 

Andrea Carolina Subía Cabrera 
ORCID: 0000-0003-2896-1287 

La Revista Justicia(s), volumen 4, número 2, de diciembre de 2025, presenta 
los desafíos actuales alrededor del derecho internacional en especial en relaciones 
iusprivatistas. En un mundo crecientemente interconectado, los movimientos 
transfronterizos han reconfigurado las relaciones jurídicas. Fenómenos como la 
movilidad humana, la digitalización de procesos judiciales, y el surgimiento de 
herramientas tecnológicas evidencian la necesidad de adaptar los sistemas jurídicos 
a estándares de celeridad, eficacia y cooperación jurisdiccional internacional. 

Ante este escenario, las tecnologías emergentes de la información y comunicación 
se presentan como oportunidades para afianzar la justicia digital, aunque existen 
interrogantes éticos sobre su regulación y alcance. Con lo anterior, el monográfico 
contribuye con manuscritos que abordan diversas temáticas: mecanismos de 
cooperación jurisdiccional internacional ante el crimen transnacional organizado, 
conflictos derivados de la protección de datos personales, la transformación de 
los sistemas judiciales, la sustracción y restitución internacional de niños, niñas y 
adolescentes. 

De tal forma, el cuarto volumen, número dos, de la Revista Justicia(s) presenta 
tres secciones. Tal como se anunció, la primera refiere al monográfico “Desafíos del 
derecho internacional privado en la era digital”, en líneas generales los artículos 
abordan los desafíos actuales de los sistemas jurídicos ante las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 

Una línea temática que se desarrolla es los mecanismos de cooperación 
jurisdicción internacional para la prevención y sanción de la delincuencia 
transnacional organizada mediante la figura de la extradición. Una segunda línea 
expone los desafíos en lo referente al derecho a la personalidad y protección de 
datos personales en entornos digitales. De forma similar se cuestiona el uso de 
la inteligencia artificial en plataformas globales debido a la manipulación de la 
imagen política; y finalmente se aborda al expediente judicial electrónico como un 
mecanismo en la transformación digital del derecho de acceso a la justicia. 


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e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.158 


En su artículo titulado “Reforma constitucional sobre la extradición de 
nacionales como herramienta frente al crimen organizado transnacional en Ecuador”, 
el autor Jhony Marcelo Toaquiza Díaz, propone que los delitos vinculados al crimen 
transnacional organizado requieren de la cooperación penal internacional, un 
mecanismo para combatir las redes criminales es la extradición activa y pasiva de 
ciudadanos ecuatorianos. Conforme señala el referéndum de abril de 2024 permitió 
la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), de 
tal forma, propone el establecimiento de un marco jurídico acorde a los estándares 
internacionales. 

Por su parte, los autores Francisco Xavier Burbano Bolaños, Ronald Francisco 
Torres Pineda y Pamela Nereida Méndez Herrera en su estudio titulado “Protección 
de la personalidad post mortem ante las nuevas tecnologías” a través de una 
investigación de tipo teórica comparativa, expone los principales desafíos que 
surgen cuando el uso de la inteligencia artificial generativa posibilita la creación de 
réplicas de personas fallecidas. 

En ese sentido, describen el marco jurídico ecuatoriano en comparación con 
España y Brasil, entre sus resultados destaca que existe aún una diversidad de 
reglas para determinar la ley aplicable que garantice el derecho a la intimidad, 
honor y honra de una persona fallecida. Un desafío actual es determinar la 
jurisdicción competente para reclamar la reparación integral por daños a la imagen 
post mortem; se propone que el derecho civil ecuatoriano considere el derecho al 
olvido desarrollado en el Sistema europeo de derechos humanos ante los avances 
tecnológicos en aumento. 

El tercer artículo del monográfico titulado “Manipulación de la imagen política 
mediante deepfakes: riesgos de la inteligencia artificial en procesos electorales de 
Ecuador y España, 2022-2025, de los autores Bryan Aníbal Vera Ruíz, Leonardo 
Sebastián Harnisth Sigcho y Margarita Rosa Cabrera Cevallos, mediante una 
investigación jurídica de tipo comparativa presenta las anomias de los marcos 
normativos ante la manipulación de la imagen política mediante un deepfake, 
estudia el caso de procesos electorales en Ecuador y España. 

Concluyen en la necesidad de la regulación, tanto en determinar la ley y 
jurisdicción aplicables; y principalmente, sobre el uso de la ética en la inteligencia 
artificial generativa con el fin de proteger los derechos a la identidad, imagen, 
participación política y veracidad de la información pública. 

El monográfico finaliza con el artículo titulado “Transformación digital y 
reconfiguración institucional en el poder judicial peruano: tensiones, avances y 
límites del expediente judicial electrónico”, el autor Álvaro Fernando Gonzales 
Mejía detalla las implicaciones jurídicas de la herramienta procesal expediente 
electrónico en el sistema judicial peruano. A partir del estudio de caso del Poder 
judicial peruano detalla que existen riesgos de fragmentación tecnológica cuando 
se produce ineficiencia operativa lo cual compromete la integridad del proceso 
judicial telemático. 

De modo que, establecer una guía de buenas prácticas y protocolos comunes 


por los sistemas judiciales entre países puede acelerar la certificación de sus 
plataformas mediante la cooperación jurisdiccional internacional. Lo anterior, da 
cuenta de la necesidad coordinar acciones y mecanismos de justicia digital accesible 
e inclusiva, para la prevención de brechas digitales y tecnológicas. 

A continuación, la sección miscelánea de artículos de investigación cuenta 
con 2 manuscritos. El primero titulado “Responsabilidad estatal frente a la minería 
ilegal y la reparación de los derechos de la naturaleza en Ecuador: análisis del caso 
Buenos Aires–Imbabura”, los autores Alexander Armando Bastidas y Eliana Mishell 
Pantoja evalúan los deberes del Estado para prevenir y sancionar actividades ilícitas 
de extracción de minerales en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura. 
En lo relativo a la reparación integral de los derechos de la naturaleza identifican 
la respuesta estatal fragmentada, lo cual incide en el daño ambiental y sus efectos 
en los derechos colectivos. 

El siguiente artículo titulado “Violencia económica y patrimonial en el ámbito 
intrafamiliar en Ecuador: análisis con perspectiva de género y propuesta de reforma 
al COIP” de Evelyn Anabel Camacho Guamán y Raquel Silvia Veintimilla Quezada 
discute la ausencia de tipificación de la violencia económica y patrimonial en el 
sistema jurídico penal ecuatoriano. A través de una revisión teórica con diversos 
países, se propone un tipo penal específico con fundamento en la persistencia 
de relaciones desiguales de poder. Se exhorta a los Estados a adoptar políticas 
públicas integrales, educación en igualdad y no discriminación como garantiza de 
una vida libre de violencia. 

Para finalizar, el apartado de generalidades jurídicas contiene dos entrevistas 
a expertas en Latinoamérica sobre derecho internacional privado. La entrevista 
de las Gema Esperanza Cornejo García y Arelis Magdiel Morocho Montoya, a la 
profesora PhD. Adriana Dreyzin de Klor, de la Universidad Nacional de Córdova-
Argentina, titulada “Implicancias post pandemia en el derecho internacional 
privado: nuevas tecnológicas de la información”, la entrevista tuvo como objetivo 
analizar la digitalización en el derecho internacional privado, especialmente en 
lo relativo a la cooperación jurisdiccional, el reconocimiento de documentos y la 
tramitación de casos con elementos internacionales. Entre los resultados se destaca 
que diversos tipos de inteligencia artificial permiten superar barreras tecnológicas 
en la celeridad y validez de procesos judiciales. El desarrollo de las tecnologías de 
la información y comunicación constituyen una oportunidad para el fortalecimiento 
de la cooperación internacional. 

La segunda entrevista de Jonathan Alexis Moreno Guerrero titulada “Sustracción 
y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica: 
evolución, desafíos digitales y perspectivas críticas” a la profesora PhD. Laura 
Velázquez Arroyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
contiene los retos actuales de los sistemas de restitución internacional de niños, 
niñas y adolescentes en el contexto latinoamericano. 

Cabe mencionar se destaca la divergencia de los casos de restitución entre 
el principio de celeridad y el interés superior de un niño, niña y adolescente. 


La transformación digital en los sistemas de justicia es una oportunidad en la 
promoción de soluciones amistosas y en el desarrollo psicoemocional de los niños, 
niñas y adolescentes, como los actores más importantes de un proceso de retención 
y regreso seguro. 

Los manuscritos publicados en el volumen, cuentan con la calidad científica 
y rigurosidad académica que contiene posiciones fundamentadas, aportes de 
investigación que sirven de insumo para la construcción de futuros trabajos, dentro 
del debate jurídico ante el creciente avance tecnológico transfronterizo. 



MONOGRÁFICO 

DESAFÍOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO EN LA ERA DIGITAL 


Artículo de revisión 

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA EXTRADICIÓN DE 
NACIONALES COMO HERRAMIENTA FRENTE AL CRIMEN 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN ECUADOR 
Jhony Marcelo Toaquiza Díaz 
Investigador independiente 

toaquiza586@gmail.com 
ORCID: 0009-0001-8401-6055 

Resumen 

El crimen organizado transnacional constituye una amenaza creciente para la 
estabilidad global, al operar mediante redes delictivas que trascienden fronteras y 
generan miles de millones de dólares en mercados ilegales. En el caso ecuatoriano, 
esta realidad se manifiesta en la expansión de delitos como el narcotráfico, la trata 
de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, promovidos por alianzas 
de organizaciones internacionales —como el Cartel de Sinaloa— y por grupos 
locales —como Los Choneros—. Frente a este escenario, la cooperación penal 
internacional adquiere un carácter esencial, siendo la extradición una herramienta 
clave para enfrentar este tipo de criminalidad. No obstante, la exclusión de 
ciudadanos nacionales de los procedimientos de entrega, vigente durante cierto 
periodo, limitaba la capacidad del Estado para perseguir eficazmente los delitos 
transnacionales. Con el referéndum del 21 de abril de 2024, Ecuador reformó el 
artículo 79 de la Constitución de la República, autorizando la extradición pasiva 
de ecuatorianos bajo condiciones específicas. Esta modificación fortalece la lucha 

Fecha de recepción: 09 de septiembre de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 20 de noviembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


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e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.159 


contra el crimen organizado y, al mismo tiempo, garantiza que todo procedimiento 
respete los derechos humanos, la soberanía nacional y principios fundamentales. 
En la presente investigación se adoptó una perspectiva cualitativa para examinar los 
retos jurídicos e institucionales derivados de la reforma constitucional, valorando 
su idoneidad como instrumento legítimo y proporcional en la protección de la 
justicia y la seguridad del Estado. 

Palabras clave: crimen organizado transnacional, cooperación internacional, 
extradición, reforma, soberanía. 

CONSTITUTIONAL REFORM ON THE EXTRADITION OF DOMESTIC 
CITIZENS AS A TOOL TO COMBAT TRANSNATIONAL ORGANIZED 
CRIME IN ECUADOR 

Abstract 

Transnational organized crime poses a growing threat to global stability, operating 
through criminal networks that cross borders and generate billions of dollars 
in illegal markets. In Ecuador’s case, this is evident in the rise of crimes such as 
drug trafficking, human trafficking, weapons trafficking, money laundering, etc., 
promoted by alliances of international organizations —such as Cartel de Sinaloa— 
and local groups —such as Los Choneros—. In light of this situation, international 
law enforcement cooperation becomes essential, with extradition being a key tool 
for tackling this type of crime. However, the exclusion of national citizens from 
extradition proceedings, in force for a certain period, limited the State’s ability to 
effectively prosecute transnational crimes. With the referendum of April 21, 2024, 
Ecuador amended Article 79 of the Constitution of the Republic, authorizing the 
passive extradition of Ecuadorians under specific conditions. This amendment 
strengthens the fight against organized crime while ensuring that all proceedings 
respect human rights, national sovereignty, and fundamental principles. This study 
adopts a qualitative perspective to examine the legal and institutional challenges 
arising from this constitutional reform; it is also valued for its suitability as a 
legitimate and proportionate instrument for protecting justice and state security. 

Keywords: Transnational organized crime, international cooperation, extradition, 
reform, sovereignty. 


INTRODUCCIÓN 

El crimen organizado transnacional (COT) se ha consolidado como una de 
las amenazas más apremiantes para la estabilidad global, trascendiendo fronteras 
y desafiando la soberanía de los Estados. La Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito ([UNODC], 2011), lo define como “redes delictivas organizadas 
fluidas que se benefician de la venta de productos ilegales siempre que haya 
demanda de ellos. Esos mercados ilegales internacionales son anónimos y más 
complejos que nunca, y cada año generan miles de millones de dólares” (p. 6). 

Ecuador no es una excepción. El país ha experimentado una proliferación 
de actividades delictivas- como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de 
armas y el lavado de activos-- planificadas por redes criminales que operan con 
impunidad y socavan las instituciones democráticas, la seguridad ciudadana y el 
desarrollo socioeconómico. Según el medio digital InSight Crime (2023), cárteles 
mexicanos (Cartel de Sinaloa, Clan del Golfo), organizaciones albanesas, redes 
colombianas (disidencias de las FAR) y grupos criminales locales (los Choneros, 
los Lobos, los Tiguerones, entre otros), operan en el país y tienen vínculos con 
organizaciones criminales internacionales. 

Frente a esta creciente embestida, la capacidad de un Estado para combatir 
eficazmente al COT depende, en gran medida, de la solidez de un marco jurídico y su 
disposición para cooperar internacionalmente. En respuesta a los acontecimientos 
antedichos, los países han optado por usar a la extradición como mecanismo de 
cooperación internacional en materia penal. Se trata de “un procedimiento legal 
mediante el cual un Estado entrega a una persona, acusada o condenada por 
un delito, a otro Estado (o viceversa) para que sea juzgada o cumpla una pena” 
(Balarezo, 2025, p. 21). 

Desde una visión general, la extradición es viable únicamente si cumplen 
las condiciones, requisitos, restricciones y prohibiciones establecidas en la norma 
suprema y en los tratados internacionales ratificados por cada Estado. En el país, 
solo era procedente para entregar a extranjeros o solicitar la entrega de nacionales 

o extranjeros para ser juzgados según la normativa penal interna. 
Con el referéndum del 21 de abril de 2024, la extradición tomó un rumbo 
distinto. Con la reforma constitucional ecuatoriana, se modificó el artículo 79 de la 
Constitución de la República (CRE), autorizando la entrega de ciudadanos nacionales 
para que sean procesados conforme a las legislaciones penales de los Estados 
requirentes, utilizando mecanismos para garantizar que la extradición se realice 
respetando los derechos y garantías de los ciudadanos ecuatorianos, incluyendo la 
observancia de tratados internacionales y la prohibición de la doble incriminación. 
Esta reforma se enmarcó en la estrategia para intensificar la lucha contra el crimen 
organizado y la violencia vinculada al narcotráfico que afecta gravemente al país. 


En este contexto, la presente investigación parte de la interrogante: ¿Cuáles son 
los desafíos de la reforma constitucional de 2025 sobre la extradición de nacionales 
como estrategia para combatir el COT en Ecuador? Se analizó la viabilidad y los 
alcances de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, 
enmarcada en el respeto a los derechos humanos y al principio de soberanía, 
orientada a consolidar una respuesta eficaz frente al COT. Se examinó estándares 
internacionales y el impacto potencial de dicha reforma en la arquitectura 
institucional del Estado ecuatoriano, con el objetivo de determinar si esta medida 
puede constituirse en una herramienta legítima y proporcional para garantizar la 
justicia y la seguridad nacional. 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, porque se realiza una 
descripción del fenómeno, de modo que, según Hernández-Sampieri et al., (2014), 
el investigador inicia el proceso examinando los hechos y revisando estudios 
previos a la vez, para construir una teoría que emerge del contexto y los eventos 
del estudio. Por ello, se procedió a recopilar la doctrina y la normativa internacional 
y nacional sobre el régimen de extradición, entendida como herramienta clave 
en la lucha contra el crimen organizado. Este proceso permitió identificar los 
fundamentos teóricos, principios normativos y estándares internacionales que 
orientan su aplicación, con el fin de evaluar la eficacia, coherencia y compatibilidad 
con los derechos fundamentales y el debido proceso. 

Tiene un nivel descriptivo, ya que busca detallar la viabilidad y el alcance 
de la reforma constitucional que habilita la extradición de ciudadanos nacionales 
como estrategia para intensificar la lucha contra el COT y la violencia asociada al 
narcotráfico, fenómenos que afectan gravemente al país. En este sentido, “el análisis 
se orienta a medir, recolectar y reportar información sobre diversos conceptos, 
variables, dimensiones y componentes vinculados al problema objeto de estudio” 
(Quintana y Hermida, 2019, p. 77). 

El método empleado fue el hermenéutico, permite interpretar textos jurídicos 
en estudios de carácter descriptivo. Según Quintana y Hermida (2019), este 
enfoque “implica un proceso dialéctico, en donde el investigador navega entre 
las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo” 

(p.3). En consecuencia, se realizó el análisis e interpretación de los instrumentos 
internacionales de cooperación penal en extradición, de la reforma constitucional 
correspondiente, de la normativa interna aplicable y de la doctrina especializada 
para alcanzar una comprensión integral de la institución jurídica objeto de estudio. 
Por último, la técnica de investigación empleada para recabar información 
sobre el fenómeno estudiado fue la revisión documental, centrada en los avances 
doctrinarios y normativos relativos a las estrategias para implementar eficazmente 
la extradición como mecanismo de combate al COT. En los estudios de Changoluisa 
(2016), se señala que dicha técnica tiene como finalidad “buscar y encontrar datos 
de la realidad, para ser analizados e interpretados por el investigador mediante su 
explicación teórica” (p. 68). 


DESARROLLO 

1. Nociones básicas 
Un desafío central en el análisis de la reforma a la extradición de nacionales, 
concebida como herramienta contra el COT en Ecuador, consiste en la 
heterogeneidad metodológica y conceptual con que ha sido tratada en las diversas 
ilustraciones y estudios previos. Por ello, es indispensable delimitar y explicar de 
manera comprensible los conceptos fundamentales relativos al tema propuesto, 
como paso previo al abordaje del problema central de la investigación: 

1.1.Crimen organizado transnacional 
En una sociedad donde el desplazamiento y la cobertura internacional son 
cada vez más frecuentes, la criminalidad organizada contemporánea se configura 
como un fenómeno característico y en expansión. Su modus operandi se manifiesta, 
por un lado, en la articulación de circuitos de producción, distribución y expendio 
que se extienden por distintos países o regiones; y por otro, en la constante 
búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para ejecutar actividades ilícitas 
en el ámbito transnacional. Esta dinámica incluye, además, la formación de alianzas 
estratégicas y conexiones entre organizaciones criminales, lo que potencia su 
capacidad operativa a escala global. 

Esta nueva modalidad de operatividad criminal demanda una actualización 
conceptual en el ámbito jurídico, replanteando la definición clásica de crimen 
internacional a COT. La primera tesis hace referencia a los delitos que se configuran 
como atentados contra bienes jurídicos de carácter universal; respaldados por 
derechos humanos reconocidos tanto en el derecho consuetudinario como en las 
convenciones internacionales, especialmente aquellos que constituyen normas de 
ius cogens. Y la segunda, tiene su fundamento en criterios de orden práctico, 
vinculados al interés de los Estados en establecer mecanismos de cooperación 
frente a las nuevas formas de criminalidad que trascienden las fronteras nacionales 

o se cometen en espacios donde la jurisdicción estatal resulta limitada, como en 
altamar (Zúñiga, 2016). 
Así, nace la figura del COT. Según Méndez (2015) hace referencia a grupos 
delictivos que actúan a través de fronteras internacionales, involucrándose en 
actividades ilícitas con el objetivo de obtener beneficios económicos o consolidar 
poder. Son organizaciones que presentan estructuras altamente organizadas, con 
redes complejas y jerarquías definidas, y sus operaciones abarcan desde el tráfico 
de drogas y de personas, hasta el lavado de activos, falsificación de documentos 
y otros delitos conexos. A esta definición la autora Caciagli (1996), agrega un 
elemento: 

Al hablar de criminalidad organizada transnacional nos encontramos ante un 
fenómeno social complejo, en el que se entrecruzan tantos otros fenómenos sociales 
y complejos, como el terrorismo, la corrupción pública y privada1, la criminalidad de 

 La corrupción representa una amenaza directa y profunda para la institucionalidad de los Estados, 


empresa, etc., por lo que también se pueden sobreponer –como lo hacen siempre 
los fenómenos histórico-sociales, o confundirse en la realidad, en los cuales resulta 
difícil delimitar fronteras, definir conceptos, establecer clasificaciones. (p. 14) 

Al configurarse como una forma de criminalidad que trasciende las fronteras 
nacionales y afecta a Estados con distintos sistemas jurídicos, su consecuencia 
es la transgresión de las leyes de múltiples países o la generación de impactos 
directos en sus territorios. Conforme al criterio establecido por el V Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en 1975, en sintonía con la concepción propuesta por Llerena (1999), 
puede entenderse como una “actividad delictiva que se extiende dentro de distintos 
países, violando sus respectivas legislaciones” (p. 1). 

En esta línea, en algunas legislaciones como la española, la concepción del 
COT se vincula con el principio de justicia universal, según la aplicación normativa 
que permite su persecución más allá de las fronteras estatales. Se fundamenta 
tanto en la afectación de bienes jurídicos de carácter universal —lo que otorga 
interés supranacional a ciertos delitos— como en la dimensión transfronteriza de 
su fenomenología, que genera un interés común entre los Estados para su sanción 
penal2. 

Empero, la equiparación entre el COT y la justicia universal no resulta 
procedente, pues esta última se activa solo ante la vulneración del derecho 
internacional. No obstante, los lineamientos pueden ser útiles como referencia, en 
tanto el COT implica la transgresión simultánea tanto del orden jurídico interno 
como internacional, lo que justifica una respuesta penal coordinada entre Estados. 

A partir de lo señalado, la autora Zúñiga (2016) profundiza en la 
conceptualización del COT, al sostener que la transgresión al orden jurídico interno 
implica la “búsqueda de una responsabilidad penal en el ámbito de organizaciones, 
indirecta, a través del derecho interno” (p. 78). Esta perspectiva permite entender 
que, si bien puede tener implicaciones internacionales, su persecución penal se 
canaliza exclusivamente a través del derecho interno. 

Los Estados activan sus propios sistemas jurídicos para imputar responsabilidad 
a estructuras organizativas que operan dentro o fuera de su territorio, especialmente 
cuando dichas organizaciones vulneran normas nacionales, afectan bienes jurídicos 
internos o comprometen la seguridad pública. En este sentido, su enfoque aporta 
una visión complementaria que articula la dimensión transnacional del fenómeno 
con la capacidad reactiva del derecho penal interno. 

El concepto de COT está compuesto por elementos como: 

(i) organización criminal, 
(ii) finalidad lucrativa, 
(iii) delitos graves, 

afectando su capacidad de gobernanza, legitimidad y estabilidad democrática. Tal aseveración será 
analizada en las siguientes secciones.

 Sin embargo, debe entenderse que la justicia universal constituye un mecanismo orientado a la sanción 

de crímenes internacionales que afectan bienes jurídicos fundamentales, en los cuales la atribución de 

responsabilidad corresponde a los Estados, conforme al derecho internacional 


(iv) carácter transnacional, 
(v) vulneración del derecho interno e internacional; y, 
(vi) capacidad de infiltración institucional. 
Para abordar adecuadamente estos elementos, resulta indispensable recurrir 
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional ([CNUDOT], 2001), conocida como Convención de Palermo, 
constituye el primer instrumento jurídico internacional que establece un marco 
normativo integral sobre esta materia. El mismo, tiene la finalidad de “promover la 
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 
transnacional” (Art. 1). 

Para avanzar en este propósito, requiere armonizar mínimamente las 
legislaciones nacionales, comenzando por la definición de los elementos 
fundamentales3, que serán analizados junto con los aspectos previamente expuestos. 
Para efectos del estudio, resulta pertinente examinar los siguientes elementos: 

(i) Organización criminal: constituye toda estructura compuesta por tres o 
más personas, con cierta permanencia en el tiempo, que actúa de manera 
coordinada para cometer delitos graves, con el objetivo de obtener beneficios 
económicos o materiales, ya sea de forma directa o indirecta. En tal virtud, en 
el COT presupone la existencia de una organización, dado que su operatividad 
requiere interconexiones entre personas, recursos y medios. No obstante, 
la dificultad para comprobar empíricamente dicha estructura no implica su 
inexistencia4. 
(ii) Finalidad lucrativa: busca obtener beneficios económicos o materiales 
ilícitos, derivados de actividades como tráfico de drogas, trata de personas, 
contrabando, ciberdelitos, entre otros. 
(iii) Delitos graves: según el artículo 2.b de la CNUDOT, son aquellas infracciones 
penales que conllevan penas privativas de libertad de al menos cuatro años. 
Además, cada Estado debe incorporar un catálogo de delitos graves que 
contemple la protección de bienes jurídicos fundamentales, tales como la 
vida, la libertad, la seguridad y el orden económico. 
(iv) Carácter transnacional: el delito se comete en más de un país, o tiene efectos 
sustanciales en otro5. Por ejemplo, puede ser planificado en Brasil, dirigido 
en Perú o ejecutado desde distintos territorios como Ecuador (caso tipico de 
Odebrecht). 
(v) Vulneración del derecho interno e internacional: afecta simultáneamente 
normas nacionales —Códigos Penales— y principios del derecho internacional 
—violaciones a tratados, convenciones o normas de ius cogens— para lograr 
sus fines. 
3 El artículo 2 del Convenio de Palermo, plantea varios elementos del COT, pero para este estudio se 
toman tres: (i) grupo delictivo organizado, (ii) delito grave, y, (iii) grupo estructurado. 

4 Ante esta problemática, según Zúñiga (2016) hay que probar la afirmación de la (i) existencia de una 
organización criminal (tanto el tipo objetivo —cantidad de personas, estructura estable— como el tipo 
subjetivo —finalidad de comisión de delitos graves, con la finalidad ulterior de obtener un beneficio 
económico— y, (ii) diversos grados de participación (fundador, dirigente, miembro activo, etc.) en 
dicha organización criminal. 

5 Revisar el epígrafe 2 del artículo 3 de la Convención de Palermo para establecer los criterios para 
considerar un delito como transnacional. 


(vi) Capacidad de infiltración institucional: uso de mecanismos como la corrupción, 
el lavado de activos y la intimidación para debilitar instituciones estatales6. 
Del análisis se desprende que, el COT implica estructuras delictivas 
permanentes que operan coordinadamente entre países para obtener beneficios 
ilícitos. Los elementos —grupo organizado, finalidad lucrativa, carácter transnacional 
y afectación de bienes jurídicos— evidencian su complejidad y justifican respuestas 
jurídicas articuladas a nivel nacional e internacional. 

Una solución efectiva para enfrentar este nuevo fenómeno criminológico solo 
es posible mediante el uso de mecanismos de cooperación judicial internacional en 
materia penal. Se trata de un conjunto de actos de carácter jurisdiccional, diplomático 

o administrativo, a través de los cuales dos o más Estados cooperan para investigar, 
perseguir, juzgar y sancionar delitos con implicaciones transfronterizas o que 
requieren asistencia fuera del territorio nacional. Esta colaboración, al estar basada 
en el consentimiento mutuo y en instrumentos jurídicos previamente acordados, no 
supone una afectación a la soberanía de los Estados. 
Según Garzón (2018), toda cooperación internacional requiere de tres 
elementos: (i) una pluralidad de sujetos cooperantes7, (ii) una actividad, y, (iii) 
unos fines determinados. En este marco, su efectividad se refleja en los tipos de 
medidas adoptadas, las cuales deben ajustarse al grado de afectación que puedan 
generar sobre los derechos personales involucrados: 

-Medidas de primer grado: de mero trámite, la averiguación de hechos o 
de obtención de elementos de prueba (notificaciones, pericias, informes y 
testimonios). 

-Medidas de segundo grado: afectan los bienes de las personas (registros, 
embargos, secuestros, inmovilizaciones, incautaciones y decomisos). 

-Medidas de tercer grado: producen la afectación de la libertad personal 
(extradición, órdenes de detención y entrega europea). 

Para efectos del presente estudio, no se abordarán las tres medidas de 
cooperación judicial internacional, sino únicamente la extradición, clasificada como 
una medida de tercer grado. Con ello, se concluye esta sección reconociendo que 
el COT constituye un fenómeno de carácter transfronterizo, articulado por diversas 
organizaciones criminales. Frente a esta realidad, una respuesta eficaz se materializa 
en la aplicación de mecanismos de cooperación penal internacional8, siendo en 
este caso el procedimiento de extradición el instrumento objeto de análisis. 

6 Compromete gravemente la gobernanza, la seguridad pública y el desarrollo sostenible, al infiltrarse en las 
estructuras institucionales mediante prácticas corruptas y coercitivas. Por ejemplo, estas organizaciones 
pueden financiar campañas electorales con el objetivo de influir en decisiones gubernamentales, 
sobornar jueces de distintas instancias para garantizar impunidad, o ejercer presión sobre autoridades 
estatales con el fin de obtener beneficios económicos, como la nacionalización de sus productos. 

7 Aquí se componen los sujetos de la cooperación activa y pasiva: (i) el Estado requirente que es el 
Estado que solicita, y, (ii) el estado requerido que brinda la colaboración. 

8 Los mecanismos de cooperación judicial internacional en materia penal se dividen en diversos 
procedimientos: (i) asistencia judicial mutua, (ii) extradición, (iii) cumplimiento de sentencias 
condenatorias extranjeras, (iv) traslado de condenados de un país a otro, (v) entregas vigiladas, y, (vi) 
operaciones combinadas y agentes encubiertos. 


1.2.Extradición 
La extradición es una consecuencia del surgimiento de las nuevas formas 
de operatividad criminal denominado COT. Nace del latín, compuesto por el 
prefijo ex, que significa “fuera de”, y el sustantivo traditio, que alude a “entrega” 

o “transmisión”. En conjunto, el término expresa la acción de entregar algo —o a 
alguien— fuera de su lugar de origen. Esta acción, conforme al análisis de Bassiouni 
(2014), se define de la siguiente forma: 
[…] un proceso formal por el que una persona es entregada por un Estado a otro en 
virtud de un tratado, reciprocidad o cortesía, o sobre la base de la legislación nacional, 
es el medio por el que los Estados cooperan en la prevención, el control y la represión 
de la delincuencia nacional e internacional. (p. 2) 

Una definición más ajustada a la realidad actual entiende a la extradición como: 

procedimiento legal mediante el cual se transfiere a una persona bajo custodia a otro 
Estado, con el fin de ser procesada penalmente, sentenciada o cumplir una pena 
privativa de libertad previamente impuesta. Cabe destacar que dicho procedimiento no 
implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del individuo solicitado 
(Douglas et al., 2023, p. 25). 

Ergo, este procedimiento “debe garantizar los derechos constitucionales y el 
debido proceso, con el propósito último de asegurar la reparación integral de la 
víctima” (Balarezo, 2025, pp. 25-26). En ese orden de ideas, la extradición es una 
figura jurídica derivada de la cooperación internacional entre Estados, orientada a 
evitar la impunidad mediante la entrega de personas requeridas para ser juzgadas 
o cumplir condenas. Este procedimiento puede sustentarse en tratados bilaterales o 
en el principio de reciprocidad, y exige el respeto al debido proceso, los derechos 
constitucionales del procesado y la garantía de reparación integral para la víctima. 

Con lo expuesto, la extradición posibilita la transferencia de la persona 
solicitada entre Estados, en el marco del ejercicio exclusivo del poder punitivo por 
parte del Estado requirente. En consonancia con ello, dicho procedimiento debe 
regirse por los principios del (i) derecho penal —interno como internacional—, 

(ii) derecho internacional de los derechos humanos9, y (iii) principios exclusivos. 
Estas tres categorías operan como “garantías penales sustanciales que previenen la 
arbitrariedad, desde el principio de estricta legalidad o taxatividad de los hechos 
punibles, hasta los de lesividad, materialidad y culpabilidad” (Ferrajoli, 2006, p. 11). 
En lo que respecta al proceso, tales principios se traducen en garantías procesales 
que aseguran la tutela judicial efectiva y el respeto al debido proceso. 
Dentro de la tercera categoría se ubican los principios exclusivos que rigen 
la institución de la extradición y son objeto de análisis del presente estudio. 
Estos comprenden: (i) extraditar o juzgar, (ii) representación, (iii) doble tipicidad 

o incriminación, y (iv) especialidad, que se han seleccionado por su relevancia 
sustantiva y por su capacidad de aportar un fundamento jurídico a la presente 
investigación: 
No se abordarán los principios de la primera y segunda categoría porque son propios del derecho 

penal y preceptos constitucionales relativos al debido proceso y la proporcionalidad en materia de 

extradición, sino que se examinarán exclusivamente los principios específicos que rigen esta institución. 


(i) Extraditar o juzgar: una costumbre del derecho internacional que impone 
a los Estados la obligación de extraditar al presunto responsable o, en su 
defecto, juzgarlo en su propio territorio con el fin de evitar la impunidad 
de los delitos10. 
(ii) Representación (aut dedere aut judicare): permite que un Estado, en lugar 
de extraditar, asuma la competencia para juzgar al individuo solicitado, 
actuando en nombre del Estado requirente. Se da en casos de negativa de 
extradición, en muchos casos por razones jurídicas o políticas, pero el fin 
es evitar la impunidad. 
(iii) Doble tipicidad o incriminación: exige que el hecho por el cual se solicita 
la extradición constituya delito en ambos Estados —requirente y el 
requerido—, por tanto, el hecho delictivo y la sanción penal debe estar 
penalizado en las dos legislaciones11. 
(iv) Especialidad: establece que la persona extraditada solo puede ser juzgada o 
sancionada por los delitos que motivaron la solicitud, salvo consentimiento 
expreso del Estado requerido12. 
Estos principios no solo delimitan el alcance de la extradición, sino que 
también actúan como garantías sustanciales frente al poder punitivo transnacional. 
Por otro lado, según Balarezo (2025), resulta pertinente establecer una clasificación 
de la extradición basada en sus componentes teóricos: (i) según la posición del 
Estado, (ii) según la finalidad de la extradición, (iii) según el órgano competente 
para decidir, y (iv) según el fundamento jurídico, ya sea tratado internacional o 
principio de reciprocidad. 

No obstante, la clasificación más representativa es la extradición activa y 
pasiva ubicada dentro de la categoría según la posición del Estado13. Así, la activa 
refiere al procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de 
una persona para ser juzgada o para cumplir una condena, mientras que la pasiva 
es a la inversa, cuando un Estado recibe una solicitud de otro Estado para entregar 
a una persona que se encuentra en su territorio. 

De ello se desprende que “la extradición activa es de índole facultativa, la 
pasiva envuelve una obligatoriedad jurídica” (Gómez, 2000, p. 241). Empero, la 
afirmación no resulta del todo exacta, ya que, aunque en la extradición pasiva el 
Estado requerido está obligado a admitir y tramitar la solicitud, ello no implica que 
deba necesariamente resolverla de forma afirmativa, ni culminar con la entrega del 
individuo solicitado. 

10 Debe destacarse que este principio no obliga al Estado requerido a conceder la extradición en todos 
los casos; sin embargo, ante una negativa, le corresponde asumir la jurisdicción para juzgar al individuo. 

11 “Si bien no implica la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta que se cumplan los 
mínimos penales previstos en las normas aplica” (Pérez 2009, 10). 

12 Ante la existencia de hechos anteriores no incluidos en la solicitud original, el Estado requirente está 
obligado a presentar una nueva petición al Estado requerido para su conocimiento y autorización. 

13 No se abordará el resto de las clasificaciones porque solo responde a una visión doctrinaria, Sin 
embargo, se reconoce la utilidad de aquellas que se estructuran según: (i) la finalidad del requerimiento 
—comparecencia al proceso penal o cumplimiento de pena privativa de libertad—; (ii) el órgano 
competente para decidir —autoridad gubernamental, administrativa o judicial—; y (iii) el fundamento 
jurídico que sustenta el procedimiento —tratado internacional o principio de reciprocidad—, en tanto 
reflejan el tipo de instrumento normativo que rige la cooperación entre Estados. 


Por tanto, la extradición es una institución jurídica clave en la lucha contra el 
COT, orientada a combatir la impunidad y garantizar la eficacia del poder punitivo 
más allá de las fronteras estatales. Su aplicación exige armonizar la soberanía 
estatal con el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales. A través de 
principios exclusivos como extraditar o juzgar, representación, doble tipicidad y 
especialidad, se configura como un mecanismo legítimo que articula justicia penal, 
garantías sustanciales y estándares constitucionales, consolidando su papel como 
herramienta dinámica y garantista dentro del sistema jurídico internacional. 

2.La reforma constitucional de la extradición en Ecuador 
A partir de los aspectos dogmáticos desarrollados en las secciones anteriores, 
hay que analizar la reforma constitucional de extradición, considerando los tratados 
internacionales vigentes y el ordenamiento jurídico ecuatoriano: 

2.1.La extradición ecuatoriana en los instrumentos internacionales 
En Ecuador, la extradición está respaldada por un conjunto de instrumentos 
internacionales que evidencian su compromiso con la cooperación penal y la 
lucha contra la impunidad. Este marco incluye seis convenios multilaterales — 
como la Convención Interamericana sobre Extradición, la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y dieciséis tratados bilaterales con países 
como Estados Unidos, Colombia y España, que ofrecen mayor flexibilidad en 
términos procesales. Aunque no se abordará cada tratado en detalle, algunos serán 
citados cuando contribuyan al desarrollo del tema central de la investigación. 

2.2. La extradición en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 
La extradición, como mecanismo para enfrentar el COT, constituye una 
institución jurídica reconocida constitucionalmente en el Ecuador. La incorporación 
al ordenamiento constitucional exige que la aplicación se someta estrictamente a 
las condiciones, derechos y garantías previstas en la Constitución, asegurando el 
respeto al debido proceso, la tutela judicial efectiva y los principios de soberanía 
nacional y cooperación internacional. 

El referéndum celebrado el 21 de abril de 2024, constituyó un punto de 
inflexión en la configuración constitucional de la figura de la extradición14, 
marcando un antes y un después en su tratamiento jurídico. En virtud de ello, hay 
que abordar el análisis en dos momentos diferenciados. 

 Al país le preguntaron si: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las 
condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos 
internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? (Ganó el Sí con 
65,11%). 


2.2.1. La extradición antes de la reforma constitucional 
El 30 de agosto de 2000, se promulgó la Ley de Extradición, cuyo propósito es 
regular el procedimiento mediante el cual el Estado ecuatoriano solicita o concede 
la entrega de personas requeridas para ser juzgadas o para cumplir condenas 
penales. Esta normativa, compuesta por apenas 31 artículos, sistematiza los tipos 
de extradición, las condiciones para su concesión, los requisitos de las solicitudes, 
el procedimiento aplicable y las limitaciones que rigen su ejecución. 

Una figura central en esta ley es la distinción entre extradición activa —cuando 
el Estado ecuatoriano solicita la entrega de una persona de otro país— y extradición 
pasiva —cuando otro Estado solicita a Ecuador la entrega de una persona—, cada 
una sujeta a condiciones específicas. No obstante, antes de la reforma constitucional 
de 2024, existía un tratamiento diferenciado según la nacionalidad del requerido. 
Las personas extranjeras podían ser solicitadas o entregadas para ser juzgadas 
tanto en Ecuador como en otros Estados. En cambio, respecto de las personas 
nacionales, solo procedía la extradición activa —esto es, solicitar la entrega de 
ecuatorianos que hubiesen cometido delitos en el extranjero para juzgarlos en el 
país—, mientras que la extradición pasiva estaba prohibida, impidiendo la entrega 
de ecuatorianos a jurisdicciones extranjeras. 

La prohibición se encontraba consagrada en su artículo 4, que establecía: 
“En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento 
se sujetará a las leyes del Ecuador” (Ley de Extradición, 2000). Concepción que 
posteriormente fue ratificada por la Constitución de 2008, cuyo artículo 79 disponía 
de manera expresa: “En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana 

o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador” (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008). 
En efecto, la prohibición de extraditar a ciudadanos ecuatorianos constituía 
una manifestación directa del principio de soberanía nacional. Este principio 
implica que “el Estado tiene plena autoridad para juzgar a sus propios ciudadanos 
conforme a su ordenamiento jurídico, sin delegar esa potestad a jurisdicciones 
extranjeras” (Fernández 2002, p. 52). Al impedir la entrega de ecuatorianos, se 
fortalece el vínculo jurídico y político entre el Estado y sus nacionales, evitando 
su sometimiento a sistemas penales ajenos. Asimismo, la norma operaba como un 
límite frente a presiones externas, garantizando que el juzgamiento se realizara bajo 
estándares nacionales del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales. 

Históricamente, diversos Estados han adoptado este enfoque como expresión 
del principio de soberanía, reservándose la potestad exclusiva de juzgar a sus 
ciudadanos. No obstante, esta postura contrasta con la tendencia contemporánea 
hacia la flexibilización, mediante tratados bilaterales o reformas constitucionales, 
que buscan enfrentar las nuevas formas de criminalidad transnacional y preservar 
la eficacia del ordenamiento jurídico interno. En el caso ecuatoriano, la reforma 
constitucional de abril de 2024 constituyó una respuesta normativa frente a estos 
desafíos, marcando un giro en la manera de conciliar la soberanía estatal con las 
exigencias de cooperación internacional en materia penal. 


2.2.2. La extradición después de la reforma constitucional 
A partir del 21 de abril de 2024, la Constitución reconoce que, en numerosos 
casos, los integrantes del COT también incluyen ciudadanos ecuatorianos. Este 
fenómeno no puede ser abordado eficazmente mediante la sola aplicación del 
régimen jurídico penal interno, ya que requiere la intervención de sistemas 
jurisdiccionales robustos que cuenten con herramientas procesales idóneas para la 
obtención de pruebas, el juzgamiento y, en su caso, la condena. En virtud de ello, 
mediante enmienda15 se reformó su artículo 79, en los siguientes términos: 

Art. 79.- (Sustituido por la Res. PLE-CNE-1-8-5-2024, R.O. 554-S, 9-V-2024). - La 
extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, 
restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos 
internacionales de los que es parte el Ecuador y, en lo no regulado en aquéllos, por 
la Ley. La extradición se concederá por los jueces establecidos en la Ley, a solicitud de 
autoridad competente, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana 
y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o 
degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la 
exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los 
convenios internacionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De este modo, aquello que hasta entonces resultaba jurídicamente asombroso 
—la posibilidad de que un ciudadano ecuatoriano fuera entregado a otro Estado 
para ser juzgado— se materializó. Sin embargo, la reforma no consagra una apertura 
irrestricta a la posibilidad de entregar ciudadanos ecuatorianos a jurisdicciones 
extranjeras, por el contrario, del nuevo texto se desprende que dicha facultad 
queda condicionada al cumplimiento de requisitos: 

(i) que se trate de delitos tipificados en Ecuador, así como aquellos 
considerados graves y transnacionales a nivel internacional, 
(ii) que el Estado requirente garantice el respeto a los derechos humanos, 
incluyendo el debido proceso; y, 
(iii) que no se aplique pena de muerte, tortura ni tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
En primer lugar, para que proceda la extradición, los delitos imputados deben 
estar tipificados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; de lo contrario, la solicitud 
resulta improcedente. En ese sentido, no basta con una revisión superficial del 
Código Orgánico Integral Penal para sustentar una solicitud de extradición pasiva 
respecto de un ciudadano ecuatoriano. Es necesario que se trate de delitos que 
respondan a la necesidad de enfrentar estructuras criminales complejas que operan 
más allá de las fronteras nacionales como el narcotráfico internacional, lavado de 
activos, trata de personas y tráfico de migrantes. Es decir, conductas que se ejecutan 
mediante redes transfronterizas, de lo cual la persecución exija cooperación penal 
internacional efectiva. 

 En palabras Masapanta (2020), la enmienda constitucional se diferencia de otros mecanismos de 

reforma porque introduce cambios puntuales sin alterar la estructura esencial del Estado, los derechos 

constitucionales ni el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución (p. 90). 


Dentro de este mismo requisito se incluyen delitos de terrorismo, crímenes 
contra la humanidad y otras infracciones graves tipificadas en convenios 
internacionales, por su impacto en la paz, la seguridad y la dignidad humana. 
El terrorismo —aunque sin definición única— comprende actos como toma de 
rehenes, atentados, secuestros de aeronaves y financiación de violencia, regulados 
por tratados multilaterales. 

Los crímenes contra la humanidad, según el Estatuto de Roma (1998), abarcan 
conductas sistemáticas como asesinato, tortura, esclavitud y desaparición forzada. 
Asimismo, instrumentos internacionales sancionan delitos como genocidio, 
corrupción transnacional, lavado de activos y trata de personas, imponiendo a los 
Estados obligaciones de cooperación judicial, extradición y garantía de derechos 
fundamentales.16 

En segundo lugar, la procedencia de la extradición pasiva exige que el Estado 
requirente ofrezca garantías suficientes de que el ciudadano ecuatoriano sea juzgado 
conforme a estándares internacionales de protección de derechos humanos. Esto 
implica el respeto estricto al debido proceso legal, incluyendo el derecho a una 
defensa técnica adecuada, la presunción de inocencia, el acceso a las pruebas y la 
celebración de un juicio imparcial, conforme lo disponen los artículos 75, 76 y 77 
de la CRE (2008). 

En tercer lugar, dado que en Ecuador está constitucionalmente prohibido 
la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la 
extradición de ciudadanos ecuatorianos está necesariamente condicionada a que 
no sean entregados a Estados donde puedan ser sometidos a tales prácticas. Este 
principio se vincula directamente con el derecho a no ser sometido a devolución, 
reconocido en el derecho internacional, y exige una evaluación rigurosa del 
contexto penal y penitenciario del Estado requirente, a fin de garantizar que se 
respeten plenamente los estándares mínimos de protección. 

Frente a estos requisitos, la incorporación de la extradición pasiva plantea 
desafíos significativos en su implementación. Si bien la reforma constitucional 
representa un avance estratégico en la lucha contra el COT, al habilitar mecanismos 
de cooperación penal más eficaces y alineados con estándares internacionales, su 
eficacia aún no está asegurada. Esto es porque el texto reformado no se acompaña 
de una actualización normativa de la Ley de Extradición, ni de políticas públicas 
coherentes, procedimientos judiciales sólidos o tratados internacionales operativos 
que traduzcan la voluntad popular en acciones institucionales concretas. 

2.2.3. Proyecto de reforma a una nueva Ley de Extradición 
Ecuador cuenta con una Ley de Extradición desde el año 2000, no obstante, 
los cambios y avances en la cooperación internacional en materia penal, en la 
legislación interna y en las nuevas tecnologías, es necesario expedir una nueva ley. 
Esta necesidad fue reconocida —aunque de manera tardía— por el presidente de 

Estos estándares han sido incorporados progresivamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

especialmente tras la reforma constitucional de 2024, que habilita la extradición de nacionales bajo 

condiciones estrictas vinculadas a estos delitos. 


la Corte Nacional de Justicia, quien el 7 de julio de 2025, más de un año después 
de la reforma constitucional, presentó un proyecto de nueva Ley de Extradición 
para adecuar el marco legal a los desafíos contemporáneos. 

La nueva ley se armoniza con el nuevo marco constitucional e incluye: (i) un 
glosario de definiciones sobre la figura de la extradición, (ii) define los principios 
aplicables, (iii) detalla con claridad la extradición pasiva y activa, y sus fases, 

(iv) distingue los tipos de detención con fines de extradición, y, (v) precisa los 
requisitos de solicitud formal de la extradición activa y pasiva. 
En conjunto, estos elementos evidencian que el proyecto no se limita a actualizar 
la normativa vigente, sino que la redefine como un instrumento moderno, garantista 
y operativo, capaz de responder eficazmente a los desafíos que plantea el COT. Su 
diseño normativo se articula con los compromisos internacionales asumidos por el 
Ecuador, fortaleciendo la cooperación penal, la seguridad jurídica y la protección 
de los derechos fundamentales en el marco de una justicia transnacional más 
robusta y coherente. 

Ahora es un proyecto de ley que aún está en trámite ante el poder legislativo, 
y la aprobación dependerá de la voluntad política de sus integrantes. Mientras tanto, 
sus disposiciones no constituyen derecho vigente, sino expectativas normativas. 
Pero en aplicación directa del principio de supremacía constitucional, ya se ha 
comenzado a aplicar el reformado artículo 79 de la Constitución para sustanciar 
casos concretos de extradición. 

Uno de los más relevantes corresponde al grupo delictivo Los Choneros. Su 
líder, conocido como alias Fito, fue capturado por el Estado ecuatoriano con el 
propósito de ser extraditado a los Estados Unidos de América. Esta organización 
criminal operaba desde Ecuador como un eslabón estratégico en el transporte de 
droga hacia México, donde mantenía alianzas con estructuras como el Cartel de 
Sinaloa y el Clan del Golfo. 

La extradición de Fito se concretó porque dicho país formuló la solicitud y 
porque la organización reunía las características propias de un COT: “estructuras 
piramidales con liderazgos visibles, planificación sostenida, continuidad en el tiempo 
y un fuerte control territorial” (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 
2025, p. 10). Este caso ejemplifica cómo la reforma constitucional comienza a tener 
efectos prácticos en la cooperación internacional contra el COT. 

Con base al caso expuesto, la reforma constitucional de 2024 que habilita la 
extradición pasiva de ciudadanos ecuatorianos constituye una herramienta legítima 
y proporcional para enfrentar los desafíos que plantea el COT. En un contexto donde 
las estructuras criminales operan más allá de las fronteras nacionales, con redes de 
narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y corrupción pública, el Estado 
requiere mecanismos eficaces de cooperación penal internacional que trasciendan 
las limitaciones del sistema jurídico interno. La extradición, bajo condiciones 
constitucionalmente establecidas, permite articular respuestas coordinadas con 
otros Estados, fortaleciendo la capacidad institucional para investigar, juzgar y 
sancionar delitos de alto impacto. 


Desde el punto de vista de la legitimidad, la reforma se sustenta en el principio 
de soberanía cooperativa, donde el Estado no renuncia a su potestad jurisdiccional, 
sino que la ejerce en armonía con los compromisos internacionales asumidos en 
materia de justicia penal, derechos humanos y seguridad regional. La extradición 
no se aplica de forma indiscriminada, sino que está condicionada a la existencia de 
delitos graves y transnacionales, al respeto del debido proceso, y a la prohibición 
de prácticas incompatibles con la dignidad humana, como la pena de muerte o la 
tortura. Esta configuración garantiza que la medida sea proporcional, al equilibrar 
la necesidad de combatir el COT con la protección de los derechos fundamentales 
del requerido. 

En este sentido, la extradición pasiva se convierte en un instrumento 
constitucionalmente válido para preservar la seguridad nacional, desarticular 
redes criminales y evitar que el territorio ecuatoriano se convierta en refugio de 
impunidad. Su aplicación directa, incluso antes de la aprobación de una nueva ley, 
por ello, su artículo 79 se aplica directamente esta institución jurídica reflejando 
el carácter autoejecutable y la urgencia institucional de actuar frente a amenazas 
concretas, como lo evidencian casos recientes. No obstante, su eficacia dependerá 
de una implementación normativa rigurosa, una articulación interinstitucional sólida 
y una vigilancia judicial constante que asegure que la extradición se utilice como 
herramienta de justicia, y no como mecanismo de persecución o arbitrariedad. 

CONCLUSIONES 

El COT constituye una amenaza de carácter transfronterizo, articulada por 
redes delictivas que operan al margen de las jurisdicciones nacionales y desafían la 
capacidad de respuesta de los Estados. Frente a esta complejidad, es indispensable la 
adopción de mecanismos eficaces de cooperación penal internacional que permitan 
enfrentar estas estructuras criminales de manera articulada y con alcance global. 
En este sentido, el procedimiento de extradición emerge como una herramienta 
esencial, en donde una adecuada regulación y aplicación resultan determinantes 
para fortalecer la justicia penal y combatir con eficacia este tipo de delitos. 

Esta institución permite la persecución penal más allá de las fronteras nacionales 
y erradicar la impunidad. Su aplicación demanda un delicado equilibrio entre la 
soberanía del Estado y el respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos 
fundamentales de la persona requerida. Sustentada en principios como extraditar 

o juzgar, representación, doble incriminación y especialidad, se configura como 
un mecanismo legítimo que articula la justicia penal con garantías sustanciales y 
estándares constitucionales. Con ello, se consolida como una herramienta dinámica, 
garantista y funcional dentro del sistema jurídico internacional, capaz de fortalecer 
la cooperación penal y preservar la integridad del orden jurídico frente a amenazas 
transfronterizas. 
En Ecuador, la extradición cumplía con la función detallada en el párrafo 
anterior, pero estaba marcada por una prohibición absoluta de entregar a ciudadanos 
ecuatorianos a jurisdicciones extranjeras, una restricción que se remontaba a la 


Constitución de 1945 y que fue reafirmada en el texto constitucional de 2008. Esta 
limitación respondía a una concepción garantista del derecho penal, centrada en 
la protección de la soberanía nacional y los derechos fundamentales, pero en la 
práctica generaba obstáculos significativos para la cooperación internacional en la 
lucha contra el COT. 

Frente a estos acontecimientos, la reforma constitucional de la extradición 
en Ecuador, aprobada en abril de 2024, marca un punto de inflexión en la política 
penal del Estado frente al COT. Al habilitar la extradición pasiva de ciudadanos 
ecuatorianos bajo condiciones específicas, el país se alinea con los estándares 
internacionales de cooperación judicial, fortaleciendo su capacidad para enfrentar 
delitos de alto impacto como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de 
personas y la corrupción. Esta reforma no solo amplía el alcance del poder punitivo 
más allá de las fronteras nacionales, sino que lo hace dentro de un marco garantista, 
respetando el debido proceso, los derechos fundamentales y la prohibición de 
prácticas incompatibles con la dignidad humana. 

Finalmente, aunque la ley vigente de extradición aún no ha sido reformada, 
la aplicación directa del artículo 79 de la Constitución —en virtud del principio de 
supremacía constitucional— ha permitido sustanciar casos concretos, evidenciando 
que la norma reformada es operativa y autoejecutable. Sin embargo, para consolidar 
este avance, es indispensable que el poder legislativo apruebe el proyecto de la nueva 
ley de extradición cumpliendo con el mandato constitucional en procedimientos 
claros, institucionalidad fortalecida y mecanismos eficaces de control. Solo así la 
reforma dejará de ser una promesa normativa y se convertirá en una herramienta 
funcional para garantizar justicia, combatir la impunidad y preservar la seguridad 
nacional en un entorno jurídico interconectado. 

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Artículo de revisión 

PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD POST MORTEM 
ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Francisco Xavier Burbano Bolaños 
Universidad de Otavalo, Ecuador 

fburbano@uotavalo.edu.ec 

ORCID: 0000-0003-1641-0728 

Ronald Francisco Torres Pineda 

Universidad de Otavalo, Ecuador 

rtorres@uotavalo.edu.ec 

ORCID: 0009-0008-2373-5962 

Pamela Nereida Méndez Herrera 

Universidad de Otavalo, Ecuador 

pmendez@uotavalo.edu.ec 

ORCID: 0009-0008-3398-5439 

Resumen 

El avance tecnológico, particularmente la inteligencia artificial, ha posibilitado 
la creación de réplicas digitales de personas fallecidas, un fenómeno conocido 
como “resurrección digital” que plantea significativos desafíos jurídicos. Por ello, 
la presente investigación analizó el marco normativo ecuatoriano para regular esta 
una realidad y explora las vías de protección jurídicas existentes y necesarias para 
tutelar los derechos de la personalidad post mortem (honor, identidad e imagen). 
Para este fin, se empleó una metodología de investigación jurídico-dogmática 
y de derecho comparado. Este análisis se complementó con el estudio de 
legislaciones extranjeras que ya regulan la materia, como la española y la brasileña. 
La investigación confirma las limitaciones de la legislación civil ecuatoriana 

Fecha de recepción: 03 de octubre de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 01 de noviembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.160 


considerando la extinción los derechos extra patrimoniales con la muerte, creando 
un vacío legal ante la “resurrección digital”. Sin embargo, se identificaron vías de 
protección alternativas dispersas: el derecho constitucional a la propia imagen, 
la propiedad industrial e intelectual, que ofrece mecanismos análogos como el 
registro de nombres como marcas y la subsistencia de los derechos morales de 
autor tras la muerte del creador, y, el derecho al olvido, que se perfila como una 
herramienta fundamental para que los causahabientes puedan gestionar el legado 
digital. Se concluye que, la concepción jurídica tradicional de la extinción de la 
personalidad es anacrónica e ineficaz frente a la perennidad de la identidad digital. 
Es imperativo impulsar una reforma que reconozca explícitamente la subsistencia 
de una esfera de protección post mortem. 

Palabras clave: inteligencia artificial, protección de datos, derecho, imagen, vida 
privada, legislación. 

POST-MORTEM PROTECTION OF PERSONALITY IN THE FACE 
OF NEW TECHNOLOGIES IN ECUADOR 

Abstract 

Technological advances, particularly in artificial intelligence, have made it possible 
to create digital replicas of deceased individuals, a phenomenon known as “digital 
resurrection” that poses significant legal challenges. Therefore, this paper analyzes 
the inadequacy of traditional regulatory frameworks to regulate this new reality; it 
also explores existing and necessary legal protections for post-mortem personality 
rights (honor, identity, and image). To this end, a legal-dogmatic and comparative 
law research methodology was used. This analysis was complemented by a study of 
foreign legislation that already regulates this area, such as Spanish and Brazilian 
law. The research confirms the limitations of Ecuadorian civil law, which considers 
non-property rights to expire upon death, creating a legal vacuum in the face of 
“digital resurrection.” However, scattered alternative protection methods were 
identified: the constitutional right to one’s own image; industrial and intellectual 
property, which offers similar mechanisms such as the registration of names as 
trademarks and the survival of moral rights after the death of the creator; and the 
right to be forgotten, which is emerging as a fundamental tool for successors to 
manage the digital legacy. The conclusion is that the traditional legal concept of 
the extinction of legal personality is anachronistic and ineffective in the face of the 
permanence of digital identity. It is imperative to promote a reform that explicitly 
recognizes the existence of a realm of post-mortem protection. 

Keywords: artificial intelligence, data protection, law, image, privacy, legislation. 


INTRODUCCIÓN 

El uso de la tecnología siempre tendrá un impacto en la vida del ser humano. 
Pero, hoy más que nunca su uso está teniendo una enorme repercusión en la vida 
de las personas. La masificación del uso de dispositivos móviles, la interconexión 
a través del internet y la implementación de servicios digitales han moldeado de 
forma permanente cómo las personas interactúan, aprenden, trabajan, se divierten, 
entre otras. Como resultado de esto también se han generado una ingente cantidad 
de datos, llegando a crearse 402,74 millones de terabytes diarios en el 2025 (Andraş 
& Codău, 2024). 

Dicha información recolectada es de índole diversa, abarcando desde las 
preferencias conductuales de un individuo hasta elementos constitutivos de la 
identidad biométrica, tales como las huellas dactilares, el rostro, la voz o el iris. 
Este cúmulo de datos posee múltiples finalidades. Por un lado, permite establecer 
perfiles de consumo para la elaboración de publicidad personalizada y eficaz; 
por otro, puede utilizarse para influir en decisiones de alta sensibilidad e interés 
público, como la opinión pública en materias de política, migración, control de 
armas o políticas climáticas. Por consiguiente, estos aspectos han sido ampliamente 
debatidos, impulsando en algunos casos la promoción de marcos regulatorios o 
investigaciones por parte de las autoridades competentes. 

Paralelamente, con el desarrollo y la adopción generalizada de la inteligencia 
artificial (IA), la información personal ha adquirido una relevancia capital, puesto 
que permite el entrenamiento de algoritmos para el desarrollo de nuevos servicios 
y aplicaciones. Uno de los usos posibles es la replicación digital de un individuo 
mediante la creación de un avatar, el cual puede imitar la imagen y la voz de la 
persona, e incluso extenderse a la simulación de su comportamiento y preferencias. 

Sin embargo, la IA no es el único facilitador de estos desarrollos; avances 
en áreas como la robótica podrían posibilitar que la réplica trascienda del ámbito 
virtual al físico. En cualquier caso, ya sea en su esfera digital o material, el uso de 
la inteligencia artificial facilitaría la recreación de personas fallecidas para distintos 
fines. Los datos almacenados tienen múltiples fines. 

En los últimos años ha existido una creciente industria relacionada a la 
simulación de las personas -digital human models (DHM) - avatares digitales. 
Estas simulaciones digitales tienen múltiples fines y utilidades, desde la medicina 
como una forma del estudio de la biomecánica hasta el entretenimiento (Fan, 
2024). La información personal de una persona como su imagen, voz, gustos, 
comportamientos, reacciones, al ser recogida y almacenada en las bases de datos, 
más la implementación de modelos de lenguaje complejos como los sistemas de 
inteligencia artificial pueden dar como resultado una reproducción digital de la 
persona ya sea que esté viva o haya fallecido (Dollis et al., 2025). 

Recientemente, han comenzado a difundirse servicios emergentes, como 
la denominada “resurrección digital”, en estos servicios, a partir de los datos 
almacenados de una persona (como conversaciones de chat, fotografías o videos) 


y mediante el empleo de diversas tecnologías, es posible recrear su identidad, 
permitiendo así una interacción póstuma con sus seres queridos (Fernández, 
2024). Este proceso implica el uso de información personal de un individuo que 
ha fallecido. 

Las interacciones con los avatares tienen efectos sociales y psicológicos, 
a mayor realismo menor conciencia se podría tener que se está interactuando 
con una persona irreal y además se debe evaluar los impactos en su psicología 
y habilitades interpersonales (Kim et al., 2025). Es especialmente preocupante 
cuando la interacción ocurre entre el avatar de una persona que ha fallecido con 
sus familiares, en especial cuando se encuentran en etapa de duelo o los niños y 
adolescentes, quienes todavía no poseen un pleno desarrollo emocional ni mental 
(Morris y Brubaker, 2025) 

Los planteamientos antes expresados traen consigo dilemas éticos y retos 
jurídicos sobre los límites del uso de la tecnología y la protección de la imagen y 
personalidad de los seres humanos. Se debe considerar que la maduración de otras 
tecnologías como la robótica podrían hacer más complejas estos dilemas. 

La presente investigación analizó el marco normativo ecuatoriano sobre 
la regularización de las vías de protección jurídicas existentes y necesarias para 
tutelar los derechos de la personalidad post mortem (honor, identidad e imagen). 
Para este fin, se empleó una metodología de investigación jurídico-dogmática y de 
derecho comparado. Este análisis se complementó con el estudio comparativo de 
legislaciones extranjeras que ya regulan la materia, como la española y la brasileña. 

DESARROLLO 

1. Derechos de la personalidad 
Cada ser humano posee características físicas y psicológicas diversas que 
lo singularizan. Entre estas, las más manifiestas son los rasgos físicos que lo 
identifican frente a otros individuos. En el ámbito jurídico, la personalidad se 
encuentra tutelada por un conjunto de derechos subjetivos orientados a proteger 
bienes inmateriales inherentes al ser humano (Ammerman, 2020). Estos bienes 
inmateriales, tales como la integridad personal, la identidad, el reconocimiento 
social o la libertad de expresión (Mendoza Martínez, 2014), tienen como finalidad 
garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la plena realización del proyecto 
de vida del individuo (Obando et al., 2024). 

Los derechos que garantizan los bienes inmateriales antes mencionados se 
denominan derechos de la personalidad. De acuerdo con, Valencia-Zea y Ortiz-
Monsalve (2016), estos son “los derechos fundamentales inherentes a la propia 
persona humana y constituyen prerrogativas o facultades que permiten [a] cada 
ser humano el desenvolvimiento y desarrollo de aptitudes y energías, tanto físicas 
como espirituales; en el contenido esencial de la personalidad” (p. 353). Por su 
parte, Barros-Bourie (2007) lo explica en los siguientes términos: 


En una dimensión más acotada, el derecho general de la personalidad cautela frente a 
atentados ilícitos al buen nombre de las personas (honra) y protege su interés por no 
ser embarazadas en las manifestaciones de su existencia más inmediata (privacidad). 
Estos bienes pueden ser fundados sin mayor dificultad en la dignidad de la persona, 
porque exigen respetar su pretensión de validación social, así como en el derecho 
a desarrollar libremente su personalidad, porque reconocer un espacio privado de 
acción que sólo al titular corresponde abrir hacia terceros. (p. 536) 

Los derechos de la personalidad suelen clasificarse en dos categorías 
principales: aquellos que protegen la esfera física y los que tutelan la esfera 
espiritual o moral. Según Arancibia (2014), en el primer grupo se ubican el derecho 
a la vida, la libertad y la integridad física y psicológica. En el segundo grupo, en 
cambio, se encuentran el derecho a la intimidad, la privacidad, la honra, la propia 
imagen y la identidad. 

Asimismo, Ammerman-Yebra (2020) señala que estos derechos se caracterizan 
por ser originarios e inherentes, al estar vinculados desde el momento del nacimiento 
por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Adicionalmente, son 
intransmisibles e irrenunciables, puesto que el titular no puede enajenar dichos 
atributos, también son extrapatrimoniales, dado que carecen de valoración 
económica directa. Finalmente, son erga omnes, lo cual significa que pueden 
oponerse y protegerse frente a cualquier ataque, limitación o intromisión ilegal, 
debiendo resarcirse tanto patrimonial como extra patrimonialmente. 

En consecuencia, la protección de los derechos de la personalidad en vida le 
corresponde a su titular, dicho titular, conforme el ordenamiento jurídico aplicable, 
podrá recurrir a vías administrativas, judiciales o constitucionales, en función de 
los instrumentos disponibles y del contexto de la vulneración reconocida en la 
legislación vigente. 

2. La imagen post mortem según el derecho civil ecuatoriano 
Existen dos vertientes de protección de la imagen personal y los derechos 
de la personalidad. Koryogdiev (2025) explica que, la primera es la tradicionalista 
basada en el derecho civil, que protege los elementos identificativos del ser humano 
como la imagen, la voz, la personalidad, dignidad, entro otros derechos subjetivos; 
mientras que, la segunda a vertiente se la relaciona con los datos personales que 
pueden ser almacenados, analizados y permiten la identificación de la persona. 

Partiendo de la primera vertiente, la Constitución (2008) garantiza la vida 
desde el momento de la concepción; es con el nacimiento y la completa separación 
de la madre cuando se reconoce el principio de la existencia de la persona (Código 
Civil, 2005, art. 60). A lo largo de su vida, el individuo adquiere distintos derechos, 
tanto patrimoniales como extra patrimoniales. La extinción de la personalidad, 
de acuerdo con el Código Civil (2005) acaece con la muerte, lo que conlleva una 
“muerte civil”. Este hecho jurídico produce diversos efectos jurídicos, dependiendo 
de la naturaleza del derecho en cuestión. Así lo explican Valencia-Zea y Ortiz-
Monsalve (2016): 


Al respecto es preciso distinguir entre los derechos que tienen la calidad de 
“patrimoniales” y los que se consideran “extrapatrimoniales” que con los primeros se 
transmiten a otra u otras personas vivas (herederos y legatarios), y los segundos se 
extinguen definitivamente. (p. 458) 

A partir de la cita anterior, se podría concluir inicialmente que, tras el deceso 
de la persona, los derechos considerados extrapatrimoniales —como el honor, la 
imagen personal y la identidad— se extinguirían conjuntamente con la existencia 
física. Sin embargo, el Código Civil ecuatoriano, al ser una norma de carácter 
decimonónico y presentar un escaso desarrollo legislativo en muchas de sus 
instituciones, no ha considerado los profundos cambios acaecidos en las últimas 
décadas, los cuales se derivan de la evolución tecnológica y de otras dinámicas 
sociales y jurídicas. Ante esto se hace necesario no solo limitarse al ámbito civil en 
el ámbito de los derechos de la imagen de personas que han fallecido. 

3. Protección de la imagen personal post mortem 
La imagen personal se define como los “atributos más característicos, propios 
e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias 
del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona” 
(STC 117/1994, p. 13). Por su parte, Gil (2013) advierte que “no es correcto restringir 
[…] a la reproducción de los rasgos faciales, pues, aunque al hablar de imagen 
pensemos instintivamente en el rostro, sin embargo, no se puede olvidar la figura 
humana, estando faz y figura humana íntimamente unidas” (p. 28). En consecuencia, 
al referirse a la imagen personal, se puede señalar que es un concepto complejo 
que abarca diversas características del ser humano, trascendiendo el mero aspecto 
físico. 

El derecho a la imagen personal posee rango constitucional. Así lo establece 
el artículo 66, numeral 18, de la normativa ecuatoriana al señalar que se reconoce 
“el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 
persona” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Adicionalmente, este 
derecho ha sido reconocido en el Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016, Arts. 160-161), el cual regula las 
restricciones sobre la reproducción y publicación de expresiones de la imagen, 
tales como fotografías de retrato, retratos o bustos. 

En la referida normativa se determina que, para representar la imagen 
personal de un individuo por alguno de los medios antes señalados, se requiere 
la voluntad por escrito del titular del derecho o de sus herederos (en caso de 
fallecimiento). Esta autorización se exceptúa cuando la representación tenga fines 
didácticos, científicos, culturales o históricos, casos en los cuales no será necesaria. 
Asimismo, la autorización otorgada es de carácter restrictivo y limitado, puesto 
que el autorizado solo podrá reproducirla, comerciarla o exponerla para los fines 
específicos para los cuales fue autorizado, requiriéndose una nueva autorización 
para usos distintos. 


Además de esta regulación, existen otras posibilidades de protección a la 
personalidad de las personas que han fallecido. Entre estas, una de las ramas que 
podría adquirir mayor relevancia es el derecho marcario y el derecho de propiedad 
intelectual. 

4. Nombres e imagen personal como marca 
De acuerdo con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación (2016), el artículo 359 define la marca como un “signo 
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 
como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica”. Bajo este 
criterio ampliamente aceptado, es posible registrar diversos elementos distintivos 
de la personalidad de un individuo, tales como el nombre o ciertos rasgos de la 
imagen personal. 

No obstante, el registro de un nombre como marca no tiene como finalidad 
principal la protección de la personalidad. Como lo señala Fernández-Juncal 
(2021), las marcas poseen un propósito económico, el cual consiste en identificar 
un producto o servicio para enfatizar su origen, calidad y otras características, 
mejorando así su posicionamiento ante el consumidor. A partir de la década de 
1990, comenzaron a popularizarse las marcas personales (también conocidas 
como personal branding), con el fin de aplicar conceptos de marcas comerciales 
al posicionamiento de la imagen profesional (Melchor et al., 2021). Los ejemplos 
de estas prácticas son numerosos, como ejemplo de Michael Jordan con la marca 
denominativa “Jordan” o la marca figurativa “Jumpman”. 

La protección mediante el derecho industrial data del siglo XX. Un ejemplo 
destacado es el caso Edison v. Edison Polyform Mfg. Co. (1907), en el cual la 
empresa Edison Polyform Manufacturing Company comenzó a comercializar 
un medicamento denominado “Edison’s Polyform”, en cuya etiqueta figuraba el 
inventor Thomas Edison, sin que este tuviera relación alguna con la empresa o el 
medicamento. En dicha instancia, los tribunales estadounidenses fallaron a favor 
del inventor, argumentando el uso no autorizado de su imagen y nombre (Rastogi, 
2020). 

Un caso de relevancia actual es Vidal v. Elster (2024), en el cual se pretendía 
registrar la marca “Trump too small”, la oficina de marcas estadounidense denegó 
el registro, argumentando que no es posible registrar como marca el nombre de 
una persona viva sin su consentimiento. Dicha decisión fue elevada a la Corte 
Suprema de Estados Unidos, la cual ratificó la negativa de registro, basándose en 
los mismos argumentos (Corte Suprema de los Estados Unidos, 2024). 

En conclusión, mediante la aplicación de medidas administrativas y judiciales 
reconocidas por las normativas de propiedad industrial y competencia desleal, 
una estrategia de protección del nombre o de determinados rasgos físicos a través 
del registro marcario puede alcanzar cierto grado de efectividad. Sin embargo, su 
implementación está sujeta a un registro previo ante la autoridad competente y 
posee limitaciones inherentes al uso comercial, al ámbito legal y a la temporalidad 


de su vigencia. Por esta razón, la masificación de esta medida presentaría una 
evidente limitación práctica. 

1. Derechos morales 
En el marco de los derechos de autor se encuentran los derechos morales, 
los cuales constituyen la soberanía del autor sobre su obra (Madriñán y Espín, 
2015). Estos se caracterizan por ser irrenunciables, inalienables, inembargables e 
imprescriptibles, y buscan conservar el “derecho de reivindicar la paternidad de la 
obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de 
la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a 
su reputación” (Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, 1886, art. 6bis). 

Los derechos morales son considerados derechos personales, ya que están 
intrínsecamente ligados al creador de la obra. En este sentido, cabe señalar que, en 
el contexto de los derechos de autor, las obras se conciben como una expresión 
de la personalidad y espíritu de su autor, quien plasma de forma física su esencia 
(Gutiérrez García y Moretón, 2024). Sin embargo, a diferencia de la concepción 
clásica de los derechos personales, su existencia trasciende la vida del creador. Así 
lo explican Madriñán y Espín (2015): 

[…] muerto el autor lo que realmente acontece es que el ejercicio de la tutela de los 
derechos que se está tratando se adjudicará a determinado sujetos previstos por la Ley, 
huelga plantearse qué sujetos van a estar legitimados para proceder a su defensa si 
tales derechos hubieran sido perturbados. (p. 81) 

Bajo esta misma línea de razonamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina (2022) ha argumentado que, dado el interés espiritual que un autor tiene 
sobre una obra, sus derechos trascienden la vida de este, recayendo sobre sus 
causahabientes y, posteriormente, sobre el Estado u otras instituciones (Proceso 
191-IP-2021). En el caso ecuatoriano, el Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) establece en su artículo 201 
que, una vez fallecido el autor, el ejercicio de estos derechos corresponderá a sus 
causahabientes hasta setenta años después de su muerte. 

Lo anteriormente expuesto plantea un ejemplo en el que los derechos 
personales pueden subsistir más allá de la vida del titular, en este caso, a través de 
sus causahabientes. Esta subsistencia se fundamenta en el interés y los derechos 
espirituales que el autor posee sobre su obra, lo que permite plantear propuestas 
análogas para otros derechos personales, como la honra o la imagen personal. 

5. La honra post mortem y su protección 
La honra es un derecho fundamental del ser humano. De acuerdo con Barros-
Bourie (2007), la honra se relaciona con la opinión que la sociedad tiene sobre un 
individuo, la cual resulta afectada por expresiones que menoscaben su prestigio y 
consideración. La protección a la honra también puede tener un efecto de resguardo 
sobre otros derechos. En efecto, un individuo que genere una percepción negativa 


en los demás experimentará dificultades para interactuar en las dinámicas sociales, 
económicas y culturales, viéndose afectados, de este modo, otros derechos. 

Según lo explica Muñoz (2020), a lo largo de la historia la honra o el honor 
han sido protegidos mediante diversos cuerpos normativos: en el Derecho Romano 
a través del existimatio, y posteriormente, con la Ley de las XII Tablas. Durante la 
Edad Media y Moderna, su protección estuvo vinculada principalmente a las clases 
nobles o aristocráticas de cada época. Sin embargo, con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948) se reconoció como un derecho humano universal, al 
señalar en su artículo 12 que: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. (Art. 12) 
Existen legislaciones que han buscado proteger la honra del fallecido. Ejemplo 
de ello es el marco jurídico español, que ha reconocido la protección post mortem 
de derechos extra patrimoniales como la fama, el prestigio, el buen nombre, la 
reputación y la estimación personal y social (Gutiérrez, 2017), a través de la Ley 
Orgánica 1/1982. En la citada norma se establecen las reglas sobre quién posee 
la legitimidad para ejercer las acciones judiciales orientadas a una acción civil de 
protección al honor, intimidad o la imagen de una persona fallecida (Ley Orgánica 
1/1982, 1982, Art. 4). 

En la referida norma se establece que el causante podrá designar mediante 
testamento a quien tendrá la legitimidad para plantear la acción civil de protección. 
En caso de que no se haya fijado testamentariamente, podrán ejercerla el cónyuge, 
los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen 
al tiempo de su fallecimiento. Finalmente, de no existir alguna de las personas 
antes mencionadas, la potestad se delega al ministerio fiscal. Estas facultades se 
mantendrán vigentes hasta ochenta años después de la muerte del afectado. 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica 1/1982, distintos fallos de los órganos 
de justicia españoles han modulado los alcances de protección de este derecho. Al 
respecto, el Tribunal Supremo (2020) ha explicado que el derecho de la persona 
fallecida no se transmite a las personas legitimadas; por lo tanto, estas no son 
titulares de dicho derecho. Además, aclara que la protección del derecho a la honra 
es temporal, y que, con el transcurso del tiempo, el alcance y la intensidad de su 
protección se diluyen (STS 4413/2020). 

Otro ejemplo de estos avances legislativos es el Código Civil (2002) brasileño. 
En la mencionada norma se reconoce el derecho de solicitar la cesación de la 
amenaza o lesión de un derecho personal de las personas fallecidas, siendo los 
legitimados el cónyuge sobreviviente, o cualquier pariente en línea recta o colateral 
hasta el cuarto grado (Código Civil, 2002, art. 12). Sobre este particular, Carvalho 
(2023) explica que la norma tiene un alcance individual y colectivo, es decir, busca 
proteger la honra del fallecido, pero también la honra familiar, la cual se podría 
ver afectada de forma colateral. Las afectaciones a la honra podrán derivar en una 
indemnización por daños morales. 


La protección a la honra, en determinados casos, podría verse superada por el 
derecho a ejercer libertades individuales, especialmente en sociedades democráticas 
occidentales. Ejemplo de ello es el caso Vereinigung Bildender Künstler c. Austria 
resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2007), en el cual se protegió 
la libertad artística para el uso satírico de la imagen de determinados políticos. 

En el contexto del presente enfoque investigativo, el uso de la imagen de 
una persona fallecida estará supeditado a los límites que se consideren aceptables 
entre el ejercicio de la libertad de quien la ejerce y la honra de la persona utilizada. 
Bajo estas consideraciones, la imagen de personajes públicos puede estar sujeta a 
estándares más flexibles de protección ante ejercicios legítimos de la libertad de 
expresión o artística. 

6. Derecho al olvido como forma de protección de la personalidad post mortem 
Como se mencionó, la segunda forma de protección de la imagen se relaciona 
con los datos personales que son recolectados y almacenados a través de diversos 
medios y fuentes, los cuales permiten la identificación de un individuo (Koryogdiev, 
2025). El uso de las tecnologías móviles ha facilitado dicha recolección y análisis, 
el fundamento de las capacidades de emulación e imitación de la imagen de las 
personas reside en los datos almacenados, ya que, sin estos, las posibilidades se 
ven reducidas considerablemente. 

Indiscutiblemente “las innovaciones permiten almacenar enormes cantidades 
de información y acceder a un volumen de datos de forma sencilla e instantánea” 
(Ruiz, 2015, p. 39), en este sentido, “la progresiva universalización de Internet, 
que combina una ingente capacidad de almacenaje con motores de búsqueda 
que permiten localizarla con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido” 
(Castellano, 2013, p. 451). 

En consecuencia, las posibilidades de almacenamiento y la naturaleza de 
Internet posibilitan que la información contenida en ella sea amplia y heterogénea. 
Por esta razón, su contenido puede abordar temas de interés general para la 
humanidad (como historia, política o economía) o, en contraste, centrarse en 
aspectos específicos de un individuo (datos personales, opiniones, anuncios, 
fotografías, etc.). 

En lo que respecta a esta última esfera, Minero-Alejandre (2014) señala 
que “cualquier contenido que incluya datos personales, sea en forma de textos 

o de material audiovisual, puede ponerse a disposición de cualquier internauta 
de manera instantánea y permanente en formato digital a nivel mundial” (p. 
130). Evidentemente, esta ingente capacidad que ofrece la web para disponer y 
gestionar información personal puede transformarse en un espacio que facilita 
actos atentatorios contra la dignidad y la integridad de las personas. 
Un tema de gran complejidad en torno al ejercicio de los derechos fundamentales 
en la web se relaciona con las capacidades reales que tiene una persona para eliminar 

o desvincular sus datos personales publicados en internet. Dicha información al 

permanecer en línea se vuelve atemporal, queda a disposición de cualquier 
usuario y puede convertirse en parte de un producto o servicio disponible para su 
mercantilización. La eliminación de esa información personal permite al usuario 
ejercer derechos esenciales y comunes a la condición humana, como la libertad, la 
autodeterminación, la intimidad y la protección de sus datos personales. 

Sin embargo, en el ámbito práctico, conseguir la erradicación definitiva 
de los datos personales que se han divulgado o almacenado resulta un objetivo 
virtualmente inalcanzable. La razón principal es que toda la información difundida 
en internet es, de forma casi instantánea, catalogada o duplicada por sitios web 
distintos al portal donde fue originalmente compartida. Castellano (2013) plantea 
que es imprescindible analizar las problemáticas emergentes que ha traído consigo 
el ciberespacio, sobre todo en relación con la tensión permanente que existe entre 
el derecho a la intimidad y el derecho a la información. 

En contraste, el derecho a la información es, asimismo, una vertiente del 
derecho a la libertad de expresión. Sobre este punto, Sagüés (2017), alineado con la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, sostiene 
que este derecho “abarca el derecho a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole” (p. 199). Generalmente, esta facultad se asocia con la labor 
periodística, ya que los medios de comunicación se dedican a publicar notas 

o reportajes que buscan informar sobre asuntos de interés colectivo. En ciertas 
circunstancias, la prensa informa sobre eventos que ocurren en la esfera privada 
de una persona, especialmente si dicha información pudiera tener repercusiones 
en los intereses de la comunidad. 
La divulgación de datos personales en los medios de comunicación requiere, 
por lo general, un consentimiento explícito para no vulnerar derechos fundamentales. 
En el entorno de internet, este contexto se complejiza, puesto que una vez que 
la información es publicada y utilizada, el individuo pierde el dominio sobre sus 
datos. Estos se convierten en contenido cuasi permanente y quedan al alcance de 
cualquier internauta a través de los buscadores, lo que difumina la titularidad real 
de dicha información. En consecuencia, el derecho al olvido se fundamenta en 
una estructura conceptual que integra componentes de la protección de datos, la 
privacidad y la autodeterminación informativa. Este derecho ampara y asegura la 
facultad del internauta para restringir, eliminar o corregir la información personal 
que se encuentra en diversas páginas web. 

El derecho al olvido es la respuesta a la amenaza que supone para el libre 
desarrollo de la personalidad el almacenamiento permanente en internet de 
información personal cuya difusión, pasado el tiempo, puede afectar negativamente 
a la persona, al producirse un desajuste entre el dato publicado y la realidad 
actual. En el marco jurídico europeo el primer antecedente judicial fue el caso de 
Google Spain que fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
allí se estableció la obligación de los intermediarios, en este caso los motores de 
búsqueda, a eliminar la indexación de la información inadecuada (Quintas, 2014). 

Cabe añadir que el derecho al olvido brinda a la persona la oportunidad de un 
nuevo inicio en su vida, al permitir que se releguen de la memoria digital aquellos 


datos personales del pasado que ya no están vigentes. Asimismo, este derecho 
faculta a los herederos del titular de la información para que puedan detener o 
impedir el uso desproporcionado de los datos personales que pertenecieron al 
causante - la persona fallecida-. En este sentido, Mecinas (2017) afirma que el 
derecho al olvido: 

se trata de un derecho que parte del consentimiento de una persona para que sus 
datos personales desaparezcan de internet, y encierra en sí mismo una confrontación 
entre privacidad y publicidad, que tiene al internet como campo de batalla singular 
y novedoso. (p. 78) 

Por su parte, Kelly y Satola (2017) sostienen que el derecho al olvido es aquel: 

[…] derecho de los individuos para borrar, limitar, o alterar información pasada 
que pueda conducir a errores, que resulte anacrónica o redundante, o que 
pueda contener datos irrelevantes, asociados a una persona […], a fin de que esa 
información no obstaculice la percepción actual de la persona. (p. 2) 

Es fundamental comprender que ejercer el derecho al olvido no significa 
alterar el pasado de una persona. La información personal difundida o almacenada 
en la web fue, en su momento, relevante, adecuada y un fiel reflejo del pensamiento 

o la situación del individuo en cuestión. Sin embargo, con el paso del tiempo y 
una vez superados los eventos que la originaron, su permanencia y accesibilidad 
en internet a través de los motores de búsqueda las convierten, por una parte, en 
datos innecesarios e inconsistentes con la identidad actual de la persona y, por otra, 
en factores que pueden estigmatizar o perjudicar la percepción pública sobre ella. 
El derecho al olvido surge como un resultado directo del avance y la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diversas 
facetas de la vida humana. Este desarrollo ha propiciado un nuevo entorno de 
interacción social basado en la digitalización. A pesar de ello, el marco conceptual 
de este derecho ha experimentado diversas transformaciones. En este sentido, 
Pérez de Acha (2015) identifica las siguientes etapas evolutivas: 

• Una fase inicial en la que se consideraba un término ficticio, cuyo núcleo 
residía en los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos 
personales en bases ajenas. 
• Una segunda fase centrada en obligaciones específicas de eliminación de 
datos financieros y penales transcurrido un tiempo determinado. 
• Una fase reciente que implica la desindexación de información en buscadores; 
es decir, la información no se elimina de la fuente, sino que deja de ser 
accesible a través del motor de búsqueda. 
A esta constante evolución del derecho al olvido se debe añadir las regulaciones 
sobre el almacenamiento de datos personales de personas que han fallecido. En 
este sentido el Ecuador ha seguido una corriente de protección en el derecho 
positivo ya vista en otras naciones especialmente europeas como es la italiana o 
española al incorporar la posibilidad de eliminar los datos personales a través sus 
herederos, así lo señala el artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales (2021). 


Ciertamente, esta evolución jurídica, sumada a la incorporación de los 
diferentes elementos que estructuran el derecho al olvido en la era digital y la 
consolidación de la sociedad de la información, ha fomentado profundos debates 
políticos y legales sobre la verdadera esencia de esta prerrogativa. En cualquier 
caso, el derecho al olvido se basa en un criterio polifacético; es decir, su diseño 
conceptual integra y admite diversos componentes jurídicos que se derivan de los 
derechos fundamentales clásicos, pero sobre todo en un mecanismo jurídico que 
permite la protección de la imagen personal a través de la eliminación de los datos 
personales. 

CONCLUSIONES 

La concepción jurídica tradicional que dicta la extinción de los derechos 
de la personalidad con la muerte, es anacrónica e ineficaz para regular los 
conflictos derivados de la perennidad de la identidad en el entorno digital y el 
desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Si bien el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano contiene mecanismos dispersos que podrían aplicarse para 
una protección post mortem (derecho a la imagen, derechos morales), estos son 
insuficientes para ofrecer una tutela integral y sistemática de la memoria, el honor y 
la identidad del fallecido frente a usos no consentidos como la resurrección digital. 

Es imperativo desarrollar una reforma legislativa que, siguiendo las tendencias 
del derecho comparado, reconozca explícitamente la subsistencia de una esfera 
de protección de la personalidad post mortem. Dicha reforma debe legitimar 
a los herederos o a una persona designada en vida para ejercer las acciones 
correspondientes, estableciendo plazos y condiciones claras para equilibrar esta 
protección con otros derechos fundamentales. 

La consolidación del derecho al olvido como un derecho de la personalidad 
digital debe extenderse para abarcar la gestión del legado digital de la persona 
fallecida. Esto implicaría facultar a los causahabientes para solicitar la supresión 
o desindexación de información personal que resulte perjudicial, irrelevante o 
desactualizada, garantizando así el respeto a la dignidad del difunto en la posteridad 
digital. 

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Artículo de investigación 

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN POLÍTICA MEDIANTE DEEPFAKES: RIESGOS 
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PROCESOS ELECTORALES DE 
ECUADOR Y ESPAÑA, 2022-2025 
Bryan Aníbal Vera Ruíz 

Universidad Bolivariana, Consejo de la Judicatura-Ecuador 
baverar@ube.edu.ec 
ORCID: 0009-0003-5233-7924 

Leonardo Sebastián Harnisth Sigcho 

Universidad Casa Grande-Ecuador 

leonardo.harnisths@ug.edu.ec 

ORCID: 0000-0003-4260-4753 

Margarita Rosa Cabrera Cevallos 

Universidad Bolivariana, Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador 

margarita.cabrerac@ug.edu.ec 

ORCID: 0000-0002-5222-5266 

Resumen 

Este artículo investigó el impacto de la inteligencia artificial —específicamente 
sus aplicaciones deepfake — en la construcción, distorsión y disputa de la imagen 
política durante elecciones en Ecuador y España de 2022 a 2025. Utilizando un 
enfoque cualitativo y documental, se compararon casos confirmados con un 
uso diferenciado de la tecnología: debilitamiento, desinformación, propaganda 
y manipulación estética. Teorías como el framing, posverdad, propaganda 
computacional y estética política fueron presentadas y sustentadas con un análisis 
jurídico comparado que incluyen referencias al AI Act, recomendaciones de la 

Fecha de recepción: 21 de marzo de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 15 de julio de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.161 


UNESCO y vacíos legales en América Latina. Las metodologías incluyeron la 
creación de matrices comparativas y análisis discursivo-visual para identificar 
narrativas repetitivas, grupos estereotipados y efectos en la sensibilidad pública. 
Los resultados indican que en ambos países la manipulación digital de la imagen 
política viola derechos básicos como identidad, participación política y veracidad 
en la información propiciando un riesgo estructural a la transparencia democrática. 
Este trabajo finaliza con recomendaciones jurídicas y políticas dirigidas hacia una 
regulación ética y responsable de la inteligencia artificial. 

Palabras clave: inteligencia artificial; manipulación de datos; desinformación; 
sistema electoral; derecho comparado. 

MANIPULATION OF POLITICAL IMAGES THROUGH DEEPFAKES: 
THE RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELECTION 
PROCESSES IN ECUADOR AND SPAIN, 2022-2025 

Abstract 

This article examined the impact of artificial intelligence — specifically, its deepfake 
applications — on the construction, distortion, and contestation of political image 
during the elections in Ecuador and Spain from 2022 to 2025. Using a qualitative 
and documentary approach, confirmed cases were compared with differentiated 
use of technology: undermining, disinformation, propaganda, and aesthetic 
manipulation. Theories such as framing, post-truth, computational propaganda, 
and political aesthetics were presented and supported by a comparative legal 
analysis that included references to the AI Act, UNESCO recommendations, 
and legal loopholes in Latin America. The methodologies included the creation 
of comparative matrices and discursive-visual analysis to identify repetitive 
narratives, stereotyped groups, and effects on public sensitivity. The results show 
that in both countries, digital manipulation of political images violates basic rights 
such as identity, political participation, and truthfulness in information, creating 
a structural risk to democratic transparency. This paper concludes with legal and 
policy recommendations aimed at ethical and responsible regulation of artificial 
intelligence. 

Keywords: artificial intelligence; data manipulation; misinformation; electoral 
system; comparative law. 


INTRODUCCIÓN 

La inteligencia artificial (AI) al se ha convertido en una herramienta novedosa 
y práctica, que sirve de ayuda a una serie de sectores, principalmente en lo referente 
a matrización de datos (Medina, 2025), razón por la que en regiones del mundo 
como el Oriente (China) y Occidente, se habla hoy en día de una “gobernanza de 
la IA” (Cuihong y Jiahui, 2025), que por un lado, desregulariza a la IA priorizando 
el control que esta genera sobre la población, y por otro lado, la limita frente a 
derechos como la seguridad de datos. 

Una de las tecnologías emergentes que se relacionan con lo anterior son 
los deepfakes, que denota la generación o modificación sintética de imágenes, 
videos o grabaciones de audio utilizando algoritmos de aprendizaje profundo 
que pueden tener diversas finalidades: sátira, parodia, manipulación, intervención 
estética, activismo o desinformación política (Garrido, 2025). En este estudio, se 
examinaron los deepfakes de índole política, es decir, la forma en que funciona 
esta técnica como una herramienta de comunicación y manipulación política al 
presentar elementos visuales alterados para intentar influir en la percepción de 
los decodificadores, cambiar las narrativas y dañar la reputación de los actores 
políticos. 

Para interpretar este fenómeno, es adecuado recurrir a varios marcos teóricos. 
En particular, la teoría del framing; la noción de posverdad, que sugiere que las 
emociones y las creencias son más significativas que los hechos; estética política, 
que analiza la construcción de poder con la ayuda de la imagen; la teoría crítica 
de la tecnología que cuestiona cómo las innovaciones técnicas influyen en las 
estructuras sociales y políticas. Todos estos conceptos permiten comprender que 
los deepfakes no se limitan a ser una amenaza técnica. Es, en primer lugar, un 
problema comunicativo y sociopolítico. 

Estos aspectos son de necesaria revisión en un escenario de desarrollo 
tecnológico e hiperglobalización que ha automatizado los sistemas digitales 
existentes, al punto de que el ser humano deja de ser prescindible para el 
mismo, y pasa a convertirse una herramienta del mundo automatizado (Ortega 
y Pericacho, 2025). Ejemplo de lo mencionado es la educación, la ejecución de 
cobros automatizados por medio de registros dactilares, palmares y faciales, que 
son objeto de observación en Europa (Sanz, 2025), y últimamente, la gobernanza 
tecnológica y algorítmica, considerando el impacto que ha tenido las IA en las 
relaciones internacionales y nacionales (Garrido, 2025). A pesar de lo indicado, 
la legislación se encuentra aún ajena a la realidad tecnológica de la sociedad 
contemporánea. 

Si bien, la Organización de Naciones Unidas en 2024 ha advertido sobre el 
uso de las IA en los procesos electorales, sobre todo considerando que en este año 


más de 60 países, es decir, la mitad de la población mundial fue a las urnas por 
uso de deepfakes, la realidad es que no existe una norma en firme que lo limite al 
presente sino como una meta a futuro. 

En este sentido, el órgano internacional ha motivado una resolución para la 
gestión de sistemas IA “seguras y fiables”, así como también la puesta en marcha 
de un órgano asesor sobre IA, y el desarrollo de la Ley de Inteligencia artificial de 
la Unión Europea que entrará en vigor en 2026. Sin embargo, es que su aplicación 
es atemporal y descontextualizada a la realidad de las distintas partes del mundo 
(Ulloa, 2024). En Latinoamérica se han desarrollado entre 2019 a 2021 estrategias 
normativas ante la protección normativa, que a pesar de tener la intención de 
proteger siguen siendo limitativas, este es el caso de Argentina, Brasil, México y 
Uruguay (García, 2023). 

Ecuador no es una excepción, dado que las limitaciones ante la protección de 
datos, y derecho a la imagen política en el contexto de las inteligencias artificiales 
superan las disposiciones normativas establecidas para dichos efectos (Dueñas 
et al., 2024), afectando en contextos específicos derechos políticos vigentes. Esto 
se ha evidenciado gracias a la presencia de deepfakes, ridiculizaciones a políticos 
tanto de turno como postulantes por medio de alteración de inteligencia artificial, 
así como también manipulación mediática de la imagen de dichos políticos, la 
alteración de vestuario o retiro de este, que más allá de una afección a una imagen 
política, atenta también contra los derechos de género (Ojeda, 2024). 

METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un paradigma 
interpretativo, con carácter no experimental, descriptivo y exploratorio, orientado a 
comprender los significados, configuraciones discursivas e implicaciones sociales, 
jurídicas y políticas de la manipulación de la imagen política mediante inteligencia 
artificial en contextos electorales. 

Se aplicaron los métodos comparativos, de estudio de casos e inductivo, lo 
que permitió analizar semejanzas, diferencias y patrones entre Ecuador y España. 
Las técnicas incluyeron revisión documental sistemática, análisis de contenido, 
discursivo y semiótico-visual, complementadas con verificación de datos (factchecking) 
a partir de fuentes académicas, normativas y periodísticas. 

Como instrumentos se emplearon matrices comparativas y fichas de análisis 
documental sustentadas en un marco teórico basado en la ética algorítmica, los 
derechos fundamentales, la gobernanza tecnológica y teorías como el framing y la 
posverdad. Esta metodología responde a los lineamientos de investigación cualitativa 
propuestos por Hernández-Sampieri et al., (2022) garantizando rigor interpretativo y 
coherencia entre objetivos, métodos y resultados. 


RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Panorama normativo y gobernanza de la IA en Latinoamérica 
Es innegable una fuerte influencia de la Ley de IA en proyectos de ley en 
Latinoamérica, específicamente del enfoque basado en riesgos, es así como Chile 
y México ya han presentado proyectos que clasifican los sistemas de inteligencia 
artificial según su nivel de riesgo (limitado, alto, inaceptable), e incluye indicadores 
asociado a las evaluaciones de impacto, principios de transparencia y supervisión 
de sistemas. 

Además, se han promovido la formación de instituciones de gobernanza 
algorítmica, como el Observatorio Federal de IA en Argentina en 2024 (UDA-OIA) 

o el Observatorio Brasileiro de IA (OBIA) en Brasil en 2022, así como propuestas 
similares en Chile o México; aunque su implementación y capacidad de control 
todavía sea muy limitada. Algunos estados han comenzado a aplicar las leyes de 
protección de datos personales para regular la IA, como el caso de la Ley General 
de Protección de Datos de Brasil (LGPD) o el llamado de México a actualizar su 
legislación existente (Yela, 2024). 
Si bien el progreso normativo ha sido notorio, los desafíos en la región siguen 
siendo demasiado significativos en este aspecto. La falta de continuidad en las 
políticas públicas, la escasa coordinación entre países, y la falta de una visión 
integral y mandante han permitido que los esfuerzos multilaterales tales como la 
Declaración de Montevideo, la Declaración de Cartagena y la Alianza Digital UEALC 
sean declarativos y poco efectivos en la práctica. 

Por consiguiente, la característica principal del panorama regulatorio 
latinoamericano en cuanto a la inteligencia artificial es que existe una realización 
limitada en términos de diseño y ejecución entre las buenas intenciones y una 
estructura institucional variada, y es necesario avanzar hacia un modelo que tenga 
marcos jurídicos que se conecten con la realidad del continente. 

b) Derecho a la imagen y vulnerabilidad en la era de la IA 
El desarrollo de la sociedad digital ha contribuido a la creciente vulnerabilidad 
de la imagen personal. La creación de numerosas plataformas digitales, redes sociales, 
y herramientas tecnológicas sofisticadas ha permitido que surjan nuevas formas 
de uso sin autorización, imágenes compartidas sin consentimiento y explotación 
comercial sin permiso de la imagen humana sin su consentimiento previo. Autores 
como Yela (2024) argumentan que la falta de regulación significativa en el país ha 
llevado al uso sin restricciones de imágenes en línea afectando como resultado, 
la privacidad y la reputación de las personas, quienes han sufrido varios impactos 
negativos (Piedra, 2024). 

El derecho a la imagen aborda uno de los desafíos más disruptivos en la 
esfera de la inteligencia artificial. En términos generales, la inteligencia artificial 
ha desarrollado métodos de drástica precisión para modificar, falsificar y recrear 


imágenes. Uno de los peligros y claros ejemplos es el deepfake y la alteración 
de fotos en general, cuya tecnología resulta eficaz para el cambio de rostros y 
expresiones, generando un caso clásico del cambio de derecho a la imagen por 
alteración (Trujillo, 2024). 

Otro problema es la reproducción algorítmica de imágenes sin consentimiento. 
Algunos modelos de IA son entrenados con millones de imágenes recopiladas de 
internet sin autorización de los titulares. Este factor plantea preguntas sobre la 
violación de los derechos de la imagen y el uso no-autorizado de información 
personal en la producción de contenido digital. 

Además, la automatización de la apropiación y difusión de imágenes mediante 
IA permite que los algoritmos creados para la generación de contenido repliquen 
imágenes de personas sin el consentimiento de éstas (Faicán, 2024), por lo que, 
dichas imágenes pueden ser utilizadas en anuncios, redes sociales u otros entornos 
digitales con objetivos comerciales, políticos o fraudulentos. 

De este modo, varios estudios han hecho referencia a que la protección 
jurídica del derecho a la imagen en las redes sociales es “frágil”, advirtiendo que 
la publicación precaria de una imagen en la plataforma digital no supone la 
aprobación para el uso de tal imagen por terceros (García, 2023). En general, 
sin embargo, el problema de la fragilidad del derecho a la imagen adquiere una 
escala completamente nueva con el desarrollo de la AI porque los sistemas de 
identificación facial y de procesamiento de imágenes pueden extraer, procesar y 
usar cualquier imagen personal sin el control adecuado (Garrido, 2025). 

Esto es preocupante dado que los avances de la IA han llevado a la producción 
de tecnologías que pueden rehacer de manera realista imágenes, videos, y pistas 
de audio. Uno de los fenómenos más disruptivos asociados con estas tecnologías 
es los deepfakes: contenidos audiovisuales generados por ordenador que imitan 
con precisión asombrosa las apariencias faciales, voces y gestos de personas reales 
(Murguía et al., 2025), y que al día de hoy son usados para fines lícitos como 
los publicitarios e ilícitos como las estafas en la web mediante suplantación de 
identidad. 

De igual manera, la multiplicación de herramientas al alcance para la 
elaboración de deepfakes democratiza el peligro, pues no se requiere de 
conocimientos especializados para modificar la imagen de una persona. La actual 
sencillez con que se puede modificar un video de campaña, suplantar un discurso 
y falsificar la voz de una autoridad, constituye una clara amenaza a la integridad de 
los procesos electorales, tal como lo señala la Organización de Naciones Unidas. 

De este modo, evaluando el fenómeno de los deepfakes desde la dimensión 
técnica hasta sus consecuencias sociopolíticas, es posible considerar que su estudio 
es un punto de quiebre en favor del acercamiento necesario entre la ética algorítmica, 
el derecho digital y la gobernanza tecnológica. Como la desarrollan autores como 
Floridi y Taddeo (2016), examinan las responsabilidades y valores involucrados en 
el diseño, implementación y uso de algoritmos automatizados, focalizándose en 
principios de transparencia, justicia, explicabilidad y rendición de cuentas. 


c) Deepfakes como fenómeno sociopolítico 
La utilización de la IA para la manipulación de imágenes no es un fenómeno 
exclusivo de la política, sino de la multidimensionalidad de las relaciones sociales. 
Esto justifica la necesidad de extender la regulación del derecho a la propia imagen 
en las condiciones del espacio público digital. Si los deepfakes políticos son una 
forma de manipulación de discursos, de votantes y de desinformación, puede 
usarse para la cosificación de la imagen femenina, el acoso cibernético o para 
montar pruebas falsas en una corte (Andino, 2025). 

Existen varios ejemplos en el ámbito puramente político internacional, por 
ejemplo, durante las elecciones en Francia en 2022, se publicó un video deepfake 
del presidente Emmanuel Macron, quien supuestamente habló sobre la inacción en 
relación con la guerra en Ucrania. Se han registrado incidentes similares en Estados 
Unidos en relación con Joe Biden y Donald Trump, así como en América Latina. 

Por lo tanto, se ha comprobado que la IA es una tecnología que se puede 
utilizar para reducir la confianza del público en los líderes y lideresas políticos y en 
la verdad de los discursos oficiales. Ahora bien, el 96% de los deepfakes creados en 
2019 eran pornográficos y la abrumadora mayoría tenía como objetivo a mujeres. 
Incluso políticas como Sanna Marin, de Finlandia, y Kamala Harris, vicepresidenta 
de Estados Unidos, han sido blanco de manipulaciones digitales de sus imágenes 
para desacreditar su liderazgo. 

En países como España se puede ver que el uso de inteligencia artificial en 
la producción de imágenes en la política en los años 2022 y 2024 ha impactado 
fuertemente en la opinión pública e imagen de los políticos y postulantes 
a cargos, es así como la investigación exploratoria de Rojas (2024) engloba 19 
casos en cuatros categorías: campañas políticas, medios de comunicación y sátira, 
comunicación institucional y desinformación. De esta forma se clasificó los casos 
en dos modalidades de análisis: el desarrollo de la IA en espacios tradicionales de 
campaña y en nuevos marcos de diálogo político digital. 

La creciente incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los entornos 
digitales ha transformado profundamente las dinámicas sociales, económicas y 
políticas en todo el mundo. En particular, el desarrollo de tecnologías como los 
deepfakes —contenidos audiovisuales generados artificialmente— ha planteado 
nuevos desafíos en torno a la manipulación de la imagen personal y la desinformación 
en contextos electorales. La ausencia de marcos normativos específicos ha agravado 
la vulnerabilidad de los derechos personalísimos, como el derecho a la imagen, 
frente al uso no consentido de datos visuales y sonoros de figuras públicas. 

d) Comparativa Ecuador – España 
Esta problemática ha sido especialmente visible en países como Ecuador y 
España, donde entre 2022 y 2025 se han registrado múltiples casos de alteración de 
imagen política mediante IA, afectando tanto a candidatos oficiales como a líderes 
opositores. En este contexto, es importante examinar cómo estas prácticas dañan 


la integridad de los procesos democráticos, la confianza del público y los derechos 
humanos y civiles como se examina en este artículo. 

A través de una metodología cualitativa y un análisis documental sistemático, se 
buscó identificar patrones de uso de la IA en campañas, medios de comunicación y 
plataformas digitales, con el fin de proponer una reflexión crítica sobre la necesidad 
de regulaciones eficaces y éticas que garanticen la transparencia democrática en la 
era digital. 

Tabla 1 

Presentación de acopio de casos de manipulación de propaganda electoral en España en el período 2023-2025. 

Nº Categoría Año 
Actor / 
Fuente 
Descripción resumida Propósito principal 
1 
Campaña 
electoral 
2024 Ciudadanos 
Cartel con Sánchez y 
Puigdemont dándose la mano, 
generado con IA 
Manipulación / impacto 
visual 
2 
Campaña 
electoral 
2023 
Junts per 
Catalunya 
Video con deepfake de 
Sánchez desde la Moncloa 
Manipulación / contraste 
político 
3 
Campaña 
electoral 
2023 Comuns 
Video comparando futuros con 
IA vs. “inteligencia colectiva” 
Creatividad / reflexión 
crítica 
4 
Campaña 
electoral 
2023 Sumar 
Serie de videos “Michiplátano” 
con personajes animados IA 
Creatividad / viralización 
juvenil 
5 
Campaña 
electoral 
2023 
PSOE (Paco 
Cuenca) 
Cartel de campaña con retrato 
de IA 
Creatividad estética 
6 
Medio de 
comunica-ción 
2023 El Mundo 
Portada con imagen simulada 
de Díaz e Iglesias juntos 
Creatividad / 
provocación mediática 
7 Sátira digital 2022 
United 
Unknown 
Gladiadores políticos con 
cuerpos musculosos generados 
con IA 
Sátira / crítica política 
8 Sátira digital 2023 Iberian Son 
Videos humorísticos imitando a 
líderes políticos con IA 
Sátira / entretenimiento 
9 
Medio de 
comunicación 
2023 ABC 
Imagen de Sánchez y Rajoy 
como raperos generados con IA 
Crítica / experimento 
ideológico 
10 Sátira televisiva 2024 
El Intermedio 
(La Sexta) 
Videos IA con rostros y 
voces manipuladas en tono 
humorístico 
Sátira televisiva 
11 
Comunicación 
institucional 
2023 
Nadia Calviño 
/ Gobierno 
Selfi del equipo de gobierno 
como niños, con IA 
Humanización / cercanía 
12 
Comunicación 
institucional 
2024 
Israel Katz 
(Israel) 
Imagen de Sánchez y Díaz 
atacados con huevos, generada 
con IA 
Ataque político / 
provocación diplomática 
13 
Desinformación 
/ redes sociales 
2023 
Ion Antolín 
(PSOE) 
Imagen de manifestantes 
agresivos frente a Ferraz, 
generada con IA 
Manipulación / 
estigmatización del 
adversario 


14 
Desinformación 
/ redes sociales 
2023 
Partido 
Popular 
Imagen del gobierno de 
Sánchez con independentistas 
incluida por IA 
Manipulación / distorsión 
política 

Nota. Fuente: Rojas, (2024). 

En el ámbito electoral, los partidos políticos han experimentado los efectos de 
las imágenes generadas por IA, uno de los ejemplos se refiere al uso del deepfake 
en los carteles de ciudadanos, que dibujan un hiperrealista apretón de manos 
entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, lo que visualmente apela al rechazo del 
independentismo. En otros casos, como los de Comuns y Sumar, la estética es lúdica 

o reflexiva, por un lado, intentando conectar con el electorado joven, poniendo 
sobre la mesa la discusión del papel de la IA en el marketing político, debido a 
que, en este caso, la tecnología se utiliza para crear no solo la confrontación sino 
también la innovación estética y discursiva. En el plano institucional, hay ejemplos 
de mayor uso que parecen ir más en un sentido simbólico o de marketing político. 
Por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno español Nadia Calviño compartió 
una imagen alterada con IA que la mostraba a miembros del gobierno como 
niños, acompañado de un mensaje contra la necesidad de legislar sobre nuevas 
tecnologías. Aunque parece inofensivo, incluso en el campo oficial se investiga 
la IA con la idea de humanizar a los líderes y lideresas, suavizar sus discursos o 
hacerlos más cómodos con el voto. 

No obstante, también hubo ejemplos problemáticos: el ministro de asuntos 
exteriores de Israel usó una imagen con IA para atacar a España o enfatizar el 
riesgo de IA como arma política internacional. Sin embargo, esta es una realidad 
que también como se ha anticipado se replica en el Ecuador, como se muestra en 
la siguiente tabla comparativa con el caso español: 

Tabla 2. 

Presentación de acopio de casos de manipulación de propaganda en Ecuador dentro del período 2023-2025. 

Fecha 
Actor / 
Responsable 
Contenido Manipulado 
Tecnología 
Usada 
Objetivo Político 
Fuente / 
Verificación 
Dic. 2024 Anónimo 
Video con Fernando del 
Rincón (CNN) hablando 
contra RC y vinculándola 
al crimen 
Deepfake 
(imagen + 
voz) 
Desacreditar a 
la Revolución 
Ciudadana 
Verificado por 
AFP 
Ene. 2025 Anónimo 
Video con supuesta 
periodista de NTN24 
acusando a Noboa de 
pagar por ir a posesión 
IA generativa 
Vincular a Noboa 
con corrupción 
internacional 
NTN24 
desmintió 
Ene. 2025 Anónimo 
Video con Luisa González 
ofreciendo tarjeta “Así es” 
con beneficios sociales 
IA (voz e 
imagen) 
Manipular 
electorado / 
Phishing 
Verificado por 
EFE 
Ene. 2025 Anónimo 
Video de Trump acusando 
a Noboa de tráfico de 
droga en contenedores de 
banano 
Deepfake 
audiovisual 
Asociar a Noboa 
con narcotráfico 
Verificado por 
AFP 


Video donde Noboa dice 
Dic. 2024 Anónimo 
que se “pegará un tiro” 
si no se soluciona crisis 
IA (voz) Ridiculizar a Noboa 
Verificado por 
EFE 
energética 
Dic. 2024 Anónimo 
Imagen diciendo: “por 
decreto presidencial, los 
PPL ya no pueden votar” 
Imagen 
editada 
Generar rechazo 
contra Noboa 
Verificado por 
EFE 
Ene. 2025 Anónimo 
Video con Del Rincón y 
Verónica Abad hablando 
de pacto con González 
Deepfake 
(voz + 
imagen) 
Desinformar sobre 
alianzas 
No 
especificado 
Oct. 2023 Anónimo 
Video de Johanna Ramos 
(Teleamazonas) diciendo 
que la droga sale por 
puerto de Noboa 
Voz clonada 
Vincular a Noboa 
con narcotráfico 
Rechazado 
por Ramos 
Ene. 2025 
Luis Tillería 
(candidato) 
Video con Tillería 
abrazando a “Dios” tras 
archivarse demanda en su 
contra 
IA animada / 
creativa 
Posicionarse como 
“elegido” ante 
denuncias 
TikTok 
Ene. 2025 
Juan Iván 
Cueva 
(candidato) 
Video con González y 
Noboa IA en el mismo 
carro, culpados de dañar 
el país 
IA generativa 
Proyectarse como 
única alternativa 
viable 
TikTok 

Nota. Fuente: Plan V, (2025). 

En el caso del actual presidente y figura central del oficialismo, Daniel Noboa, 
el uso de IA ha buscado socavar su credibilidad a través de mensajes de montajes 
que lo vinculan con el narcotráfico, como el deepfake de Donald Trump o el 
video atribuido falsamente a Johanna Ramos, y la desinformación con el falso 
decreto que impedía votar a personas privadas de libertad (Rojas, 2024). Lo antes 
mencionado se da en un ataque orientado a la imagen de un liderazgo joven, 
moderno y pragmático, estos contenidos, incluso una vez desmentidos, dejan su 
rastro en el imaginario colectivo, en donde, con frecuencia, la sospecha persiste 
más allá del verificador (Plan V, 2025). 

En cambio, Luisa González, como la figura más importante de oposición 
correísta, fue objeto de manipulaciones que pretendían burlarse o caricaturizar su 
propuesta política, algunos ejemplos ya antes presentados son el caso de la tarjeta 
“así es”, donde su imagen y su voz fueron alteradas para prometer propuestas 
inexistentes, intentando desacreditar su postura frente a la justicia social al 
presentarla como “oportunista” o “demagoga” (Olivo, 2025). 

e) Implicaciones para integridad democrática 
La comparación entre España y Ecuador pone de manifiesto que, si bien las 
realidades políticas y mediáticas de los dos países tienen una serie de diferencias 
importantes, las dinámicas de la manipulación de la imagen política a través de 
la IA demuestran tener ciertos patrones en común que pueden ser analizados 


mediante los marcos conceptuales expuestos anteriormente. En este sentido, el 
fenómeno de la posverdad se manifiesta de manera similar en ambos contextos: 
las imágenes y videos manipulados no buscan solamente transmitir los datos, sino 
causar una reacción emocional que alimente sesgos ideológicos. 

En España, este fenómeno se refleja en los deepfakes y carteles hiperrealistas 
que tienden a invocar la polarización territorial o ideológica. Por ejemplo, el 
apretón de manos ficticio entre Sánchez y Puigdemont. Mientras tanto, en Ecuador, 
se manifiesta en discursos sobre vinculación de candidatos con corrupción, crimen 
organizado y demagogia, respectivamente, desde la perspectiva de su perfil político. 

Utilizando el marco de Wardle y Derakhshan (2017), se puede concluir que en 
ambos casos la desinformación es, en su mayoría, desinformación intencional, dado 
que la misma busca influir en elecciones. Sin embargo, en España, las narrativas 
falsas son usualmente distribuidas por partidos, medios y colectivos creativos a 
través de marcas de propaganda o contenido satírico y humorístico. Al contrario, 
en Ecuador fuentes identificadas, en su mayoría, son anónimas, con lo cual un 
factor de opacidad se suma, dificultando la atribución y responsabilización. En 
cualquier caso, la IA acelera la producción y multiplicación de los contenidos, sin 
dar tiempo para la verificación, que es necesaria en estos contextos. 

La teoría del framing de Entman explica cómo el encuadre narrativo 
difiere según el contexto político. En España, los frames suelen centrarse en la 
confrontación ideológica y en la ridiculización o exageración de atributos de 
líderes políticos, con un marcado componente de sátira. En Ecuador, en cambio, 
el encuadre tiende a ser más agresivo y dirigido a minar la legitimidad moral o 
la credibilidad de los candidatos, especialmente del presidente Noboa y la líder 
opositora Luisa González, lo que configura ataques personalizados que buscan 
erosionar la confianza ciudadana en su integridad. 

En definitiva, desde la perspectiva de la ética algorítmica, los dos casos 
presentados confirmaron la falta de marco regulatorio ético para la manipulación 
audiovisual por AI en el contexto de la elección. Son simétricos, si bien la asimetría 
aparece en el hecho de la capacidad institucional de respuesta: en el caso de España, 
a pesar de la falta de regulación, el marco legal en desarrollo y la discusión dentro 
del reglamento de la AI europea ya realizado. En el caso de Ecuador, la respuesta 
institucional es incipiente, fragmentada y no contiene un instrumento de sanción. 
Esta asimetría refleja no solo la brecha de regulación, sino también la necesidad 
de un planteamiento regional que establezca estándares intergubernamentales de 
transparencia, rastreo y responsabilidad para la manipulación de audiovisual con 
AI con fines políticos. 

Los resultados de este trabajo confirman la existencia del fenómeno de 
la posverdad, con base en la definición de McIntyre (2018) entendida como la 
subordinación deliberada de la verdad a las emociones y creencias individuales. 
Tanto los deepfakes como otras manipulaciones audiovisuales usadas en Ecuador y 
España no solo añaden su material gráfico como prueba de un argumento, sino que 
lo hacen buscando impactar emocionalmente y, con ello, fortalecer lo que ya se 
creía previamente. Así, la veracidad de los hechos objetiva queda subordinada a la 


efectividad de la persuasión, permitiendo un marco para que incluso los mensajes 
falsos consigan sobrevivir en la cultura. 

Además, es posible clasificar este fenómeno dentro de la tipología de desórdenes 
informativos (information disorder) propuesta por Wardle y Derakhshan (2017), la 
cual distingue tres categorías: 

-Misinformation: información falsa compartida sin intención de causar daño). 

-Disinformation: información falsa difundida deliberadamente para manipular 

o engañar); y, 
-Malinformation: información verídica utilizada fuera de contexto o con fines 
dañinos. 

Los casos documentados constituyen ejemplos de misinformation, 
pues incluyen tanto desinformación intencional como contenidos verdaderos 
descontextualizados. La inteligencia artificial amplifica este fenómeno al facilitar 
la producción y difusión de materiales de baja calidad, lo que distorsiona los 
procesos de verificación y mantiene la falsedad activa dentro del ecosistema digital. 

Según la teoría del framing de Entman, los deepfakes y otras alteraciones 
gráficas son estructuras de narración, específicamente en el contexto tratado 
en este trabajo, son marcos narrativos que dan forma a la percepción pública 
del liderazgo político. En otras palabras, la conexión gráfica de una figura con 
actividades delictivas, estereotipos negativos o características exageradas crea 
interpretaciones que se imponen al juicio ciudadano. Aunque, a posteriori, el 
contenido se desmiente, el marco creado en el informe inicial tiende a prevalecer, 
afectando la opinión pública de forma más significativa que la corrección. 

Los resultados confirman la urgencia de la llamada ética algorítmica de Floridi, 
que busca gestionar la tensión entre la innovación tecnológica y la protección 
de los derechos humanos fundamentales de las personas. El uso de IA para 
transformar la imagen de las personas en el contexto electoral pone de relieve 
la falta de salvaguardias eficaces que aborden los problemas de consentimiento, 
transparencia y responsabilidad. Esto plantea un problema legal, y al mismo tiempo 
una exigencia ética: la necesidad de promulgar una gobernanza tecnológica que 
no permita el uso indebido de las herramientas y las alinee sistemáticamente con 
los valores democráticos. 

Con lo antes señalado, se puede hacer un esbozo de las primeras conclusiones 
investigativas que atañen a que, en la actualidad, los medios de comunicación y 
colectivos de sátira digital como “El Mundo” o “El Intermedio” cuentan con la IA 
como una herramienta para polemizar y llamar la atención. Si bien estas imágenes 
no llegan implícitas en campañas electorales, su impacto en la esfera pública es 
aún mayor. Y constriñen creatividad, crítica y provocación, generan menos opinión 
y más líneas “opinables”, incidiendo en la construcción de narrativas políticas y la 
percepción de los actores públicos. La sátira visual que hace uso de la IA posee un 
potencial muy sugestivo sobre los límites entre arte, crítica política y desinformación. 


El aspecto que atañe a imágenes falsas o descontextualizadas con objetivos 
de desinformar tal vez sea el aspecto más preocupante de este fenómeno. Algún 
material, como el video en pareja del director de comunicación del PSOE, o montajes 
descriptivos publicitados por el Partido Popular, muestran un uso claramente 
manipulativo de la tecnología con imágenes producidas por IA como si fueran 
reales, sin ningún tipo de aviso ni contexto, la percepción pública se ve alterada; 
se viola la transparencia democrática. 

Sin embargo, ambos liderazgos comparten una vulnerabilidad común: la 
imposibilidad práctica del público de distinguir entre lo que es o no editado y real. 
En un entorno en el que la imagen es un campo de batalla de desinformación gráfica 
gracias a su impacto emocional en términos de persuasión, un ataque es siempre 
más efectivo que una refutación. Esto, a su vez, ha llevado tanto al oficialismo 
como a la oposición a desarrollar áreas como la verificación, la respuesta rápida y 
el control de daños de la reputación. Pero también ha puesto al descubierto la falta 
de reglamentación, en la que tales prácticas no llevan a consecuencias jurídicas o 
institucionales. 

En términos más amplios, el uso de la IA en la manipulación de imagen 
política en Ecuador apunta a un cambio en el campo de batalla electoral. La 
lucha no tiene lugar solo en los debates, las promesas o los mítines: los campos 
de batalla de la simulación digital son tan o más importantes. La credibilidad de 
los periodistas, los medios y las personalidades públicas es instrumentalizada en 
la mentira, estructura que pretende confundir deliberadamente al electorado y 
deslegitimar la democracia misma. 

CONCLUSIONES 

El uso de la inteligencia artificial en la manipulación de la imagen política 
es, por lo tanto, uno de los desafíos más apremiantes para la legitimidad de los 
procedimientos democráticos. A la luz de los casos ecuatorianos y españoles 
documentados, puede afirmarse que los deepfakes no solo distorsionan la 
percepción de candidatos y figuras de autoridad entre los miembros del público; 
crean, de manera constante, un ambiente en el que se socava la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, los medios de comunicación y la política como 
arena de argumentación. 

Para el caso ecuatoriano, mientras tanto, las figuras del presidente Daniel 
Noboa y la líder de la oposición, Luisa González, distan de atenerse a los preceptos 
de independencia judicial y publicidad. Este hecho denota la condición central de 
la imagen de estas figuras políticas y el uso de la IA con propósitos dirigidos a 
la “manipulación fotográfica” con pretexto de la desacreditación o ridiculización. 
En tal sentido, se ven burlados no solo su derecho a la imagen, sino también su 
derecho a participar en la vida política, su derecho a su propia identidad y su 
derecho a recibir información veraz, este último, siendo un derecho compartido o 
colectivo. 


Con base en los resultados obtenidos, se concluyó que la IA, utilizada para 
la creación de contenido falso, agudiza el peligro de manipulación electoral, 
desinformación en masa y polarización ideológica. La manipulación ágil y rápida de 
la imagen o el video sin habilidades avanzadas en informática asegura que este tipo 
de contenido sea aún más común y pierda su efectividad en un mundo saturado 
digitalmente donde la imagen tiene un poder abrumador. Así, esta exploración 
contribuyó a la literatura disponible al ordenar y confrontar incidentes de la vida 
real en dos sistemas nacionales, lo cual resultó en una percepción comparativa 
indicando que se necesita una regulación legal del empleo de IA en las elecciones 
de forma urgente. 

De igual manera, subrayó la necesidad de políticas públicas de alfabetización 
mediática y digital que permitan a los ciudadanos desarrollar una resiliencia operativa 
de estos despliegues manipulativos. Se consideró imprescindible avanzar hacia una 
gobernanza ética y responsable de las tecnologías emergentes, que articule marcos 
jurídicos, criterios técnicos y estándares internacionales de derechos humanos. 

En definitiva, este estudio evidenció la urgencia de avanzar hacia una 
gobernanza ética y responsable de las tecnologías emergentes, capaz de articular 
marcos jurídicos, criterios técnicos y estándares internacionales de derechos 
humanos. Al mismo tiempo, abre la puerta a nuevas líneas de investigación que 
profundicen en la percepción ciudadana frente a los deepfakes, la eficacia de 
las regulaciones nacionales e internacionales y el impacto diferenciado de estas 
tecnologías en distintos contextos sociopolíticos. Solo mediante este esfuerzo 
conjunto entre academia, legisladores y sociedad civil será posible proteger la 
imagen política como bien jurídico fundamental y garantizar procesos democráticos 
libres, transparentes y justos en la era digital. 

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Artículo de revisión 
Artículo de revisión 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RECONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL EN 
EL PODER JUDICIAL PERUANO: TENSIONES, AVANCES Y LÍMITES DEL 
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

Álvaro Fernando Gonzales Mejía 

Universidad Privada del Norte-Perú 
bajubaly266@gmail.com 
ORCID: 0009-0001-0051-8470 

Resumen 

La transformación digital del sistema judicial peruano, lejos de limitarse a la 
incorporación de herramientas tecnológicas, constituye un proceso de reconfiguración 
institucional atravesado por tensiones entre innovación normativa, prácticas 
organizacionales heredadas y condicionamientos sociopolíticos específicos. A través 
del análisis del expediente judicial electrónico (EJE), se examinaron críticamente 
las trayectorias de implementación tecnológica y los marcos institucionales que 
condicionan la efectividad de las políticas públicas de digitalización judicial. Los 
hallazgos revelan una modernización fragmentada, marcada por la proliferación de 
iniciativas aisladas, la débil interoperabilidad entre instituciones, vulnerabilidades en 
ciberseguridad y un marco normativo insuficiente para sostener la transformación. 
Estas limitaciones evidencian que la digitalización, en ausencia de una arquitectura 
coherente y sostenible, puede reproducir desigualdades y comprometer la 
legitimidad del sistema. En consecuencia, el estudio sostiene que la consolidación 
de una justicia digital efectiva requiere un enfoque sistémico que articule lo 
tecnológico con lo institucional y lo social, orientado a fortalecer la gobernanza, la 

Fecha de recepción: 06 de junio de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 02 de septiembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.162 


equidad y la resiliencia del poder judicial en el marco de la democracia peruana. 

Palabras clave: transformación, justicia, digital, reconfiguración institucional, 
modernización, expediente, electrónico. 

DIGITAL TRANSFORMATION AND INSTITUTIONAL RECONFIGURATION IN THE 
PERUVIAN JUDICIARY: TENSIONS, ADVANCES, AND LIMITS OF THE ELECTRONIC 
JUDICIAL FILE 

Abstract 

The digital transformation of the Peruvian judicial system, far from being limited 
to the incorporation of technological tools, constitutes a process of institutional 
reconfiguration; this process is fraught with tensions between regulatory innovation, 
inherited organizational practices, and specific sociopolitical constraints. Through 
analysis of the electronic court file (EJE, in Spanish) system, the trajectories of 
technological implementation and the institutional frameworks that condition the 
effectiveness of public policies on judicial digitization were critically examined. The 
findings reveal fragmented modernization, marked by the proliferation of isolated 
initiatives, weak interoperability between institutions, cybersecurity vulnerabilities, 
and an insufficient regulatory framework to sustain the transformation. These 
limitations show that, in the absence of a coherent and sustainable architecture, 
digitalization can reproduce inequalities and compromise the legitimacy of the 
system. Consequently, the paper argues that the consolidation of effective digital 
justice requires a systemic approach that articulates technological, institutional, 
and social aspects; this approach should be aimed at strengthening the governance, 
equity, and resilience of the judiciary within the framework of Peruvian democracy. 

Keywords: transformation, justice, digital, institutional restructuring, modernization, 
electronic file. 


INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el discurso sobre la transformación digital ha 
ganado centralidad en las agendas de reforma institucional en América Latina, 
especialmente en sectores tradicionalmente percibidos como resistentes al cambio, 
como el sistema judicial. Lejos de constituir una simple modernización tecnológica, 
estos procesos interpelan estructuras de poder, culturas organizacionales y marcos 
normativos que configuran la dinámica interna de las instituciones públicas. 

En el caso del Perú, la implementación del expediente judicial electrónico (EJE) 
ha sido presentada como un avance significativo hacia una justicia más eficiente, 
transparente y accesible. Sin embargo, una revisión de informes institucionales del 
Poder Judicial y del Ministerio de Justicia muestra que los resultados son desiguales: 
si bien se reporta una reducción promedio del 18 % al 35 % en los tiempos de 
calificación de demandas y una expansión del sistema en 17 cortes superiores 
(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2021). 

Tales cifras no siempre reflejan mejoras estructurales sostenidas. Esta evidencia 
empírica, obtenida de fuentes oficiales nacionales, permite sostener que la transición 
digital peruana está lejos de ser un proceso lineal o exento de tensiones. En 
contextos donde la institucionalidad es frágil y las capacidades estatales desiguales, 
las promesas de la transformación digital conviven con nuevos riesgos, resistencias 
y asimetrías, abriendo un campo fértil para el análisis crítico (Núñez, 2022). 

Desde una perspectiva teórica, diversos estudios han evidenciado que 
la tecnología no opera en el vacío. Por el contrario, se inserta en entramados 
institucionales que condicionan sus posibilidades transformadoras. Fountain 
(2023) argumenta que las tecnologías digitales son refractadas por estructuras 
organizacionales preexistentes, generando lo que denomina “efectos institucionales 
no intencionales”. En esa línea, Gil-García y Pardo (2024) advierten que las fallas de 
integración horizontal entre entidades públicas constituyen uno de los principales 
obstáculos para el éxito de las políticas de e-government. Heeks (2021) aporta el 
concepto de “design-reality gap” para describir las disonancias entre las propuestas 
técnicas de modernización y las realidades institucionales donde estas deben operar. 

Estas perspectivas, al articularse con los enfoques sobre legitimidad institucional 
(Suchman, 2024), sostenibilidad de la confianza digital (Kelton et al., 2023) y brecha 
digital (Norris, 2024), permiten construir un marco analítico robusto para examinar 
críticamente los procesos de transformación digital judicial. En el ámbito nacional, 
autores como Figueroa-Gutarra (2022) y Meléndez (2025) han mostrado que el 
avance del EJE en el Perú reproduce lógicas de desigualdad interinstitucional, lo 
que confirma que la tecnología se encuentra fuertemente mediada por la cultura 
organizacional y las limitaciones estructurales del Estado peruano. 


La presente investigación se justifica en la necesidad de superar visiones 
tecnocráticas que reducen la transformación digital a problemas de implementación 

o infraestructura. En cambio, se propone abordar el EJE como un fenómeno 
sociotécnico e institucionalmente condicionado, atravesado por dinámicas de 
poder, intereses políticos y condiciones socioculturales que moldean tanto su 
despliegue como su recepción. La transformación digital del sistema judicial no 
puede evaluarse únicamente en función de indicadores de eficiencia: debe ser 
analizada desde su capacidad para fortalecer el acceso equitativo a la justicia, 
garantizar derechos fundamentales y construir legitimidad democrática. Solo así es 
posible evitar que las promesas de la tecnología se conviertan en nuevas formas de 
exclusión o simulacro (Salvador, 2021). 
La problemática del EJE no es un caso aislado, sino una expresión concreta de 
desafíos contemporáneos más amplios: la tensión entre eficiencia y legitimidad en 
la era digital, Susskind (2023) menciona la creciente vulnerabilidad de los sistemas 
públicos frente a riesgos tecnológicos y de gobernanza, y la necesidad urgente de 
construir capacidades institucionales sostenibles. 

En un contexto global marcado por la expansión de infraestructuras digitales 
y la simultánea desconfianza hacia las instituciones, comprender críticamente 
cómo se implementan, negocian y legitiman estos procesos resulta más urgente 
que nunca. En ese sentido, el artículo tiene por objetivo analizar críticamente los 
procesos de transformación digital del sistema judicial peruano a través del caso 
del expediente judicial electrónico. 

DESARROLLO 

1.Fundamentos teóricos para comprender la transformación digital judicial 
La transformación digital del sistema judicial no puede comprenderse 
cabalmente si se la aborda como un fenómeno técnico o exclusivamente instrumental. 
Lejos de representar una simple mejora operativa, la transformación digital de la 
justicia implica una reconfiguración profunda de estructuras institucionales, lógicas 
de poder y prácticas organizacionales arraigadas. Desde esta perspectiva, resulta 
necesario situarse más allá de los enfoques deterministas que postulan una relación 
lineal entre tecnología y progreso institucional. Se requiere, en cambio, considerar 
la compleja interacción entre dispositivos tecnológicos, trayectorias estatales y 
condiciones sociopolíticas locales (Laurente, 2021). 

Una de las primeras contribuciones teóricas relevantes para entender esta 
interacción proviene de Fountain (2023), quien enfatiza que las tecnologías, 
en particular las públicas, no emergen ni operan en un vacío sociopolítico. Su 
implementación, configuración y efectos están profundamente mediados por las 
normas, rutinas y racionalidades organizacionales preexistentes. 

La noción de tecnología como construcción institucional obliga a considerar 
que todo intento de transformación digital judicial está condicionado por las 
culturas organizacionales y los entramados normativos del aparato estatal que 


busca transformarse. En ese sentido, no es un agente autónomo de cambio, sino un 
catalizador cuya efectividad depende de su inserción en contextos institucionales 
particulares. 

La modernización estatal y en particular del Poder Judicial, tampoco puede 
ser entendida como un proceso libre de anclas históricas. North (2021) y Pierson 
(2024) han mostrado con claridad que los procesos de reforma están marcados 
por las denominadas trayectorias dependientes, es decir, por patrones históricos 
de comportamiento que limitan la gama de opciones posibles en el presente. Estas 
trayectorias configuran lo que podría denominarse inercia institucional: rutinas 
administrativas, reglas no escritas y estructuras de poder informales difíciles de 
remover. 

En este marco, la gobernanza digital aparece como una noción ambivalente. 
Margetts y Naumann (2024) han señalado que los desarrollos tecnológicos muchas 
veces exceden la capacidad de adaptación normativa del Estado, generando lo 
que podría llamarse una “paradoja de la innovación digital”: mientras más se 
acelera el desarrollo tecnológico, más difícil se torna actualizar los marcos legales 
y procedimentales que deben contenerlo. 

Esta tensión se acentúa en los sistemas judiciales, donde la legitimidad 
institucional descansa no solo en la eficacia de las decisiones, sino también 
—y quizá, sobre todo— en la transparencia, la previsibilidad y el respeto a los 
procedimientos normativos (Habermas, 2022). En escenarios de transformación 
digital, esta legitimidad procedimental se ve desafiada por la opacidad algorítmica, 
la automatización de criterios interpretativos y la fragmentación de la experiencia 
judicial de los usuarios. 

Un fenómeno correlativo que suele presentarse en procesos de reforma 
institucional es el isomorfismo mimético. DiMaggio y Powell (2022) han descrito 
cómo las organizaciones tienden a imitar modelos percibidos como exitosos, en 
un intento de ganar legitimidad o reducir incertidumbre. En el ámbito judicial, ello 
se traduce en la adopción de tecnologías promovidas como soluciones “modelo” 
—por organismos multilaterales o empresas proveedoras— sin una evaluación 
profunda de su adecuación a las capacidades locales. Sin embargo, la imitación no 
garantiza coherencia institucional, las reformas muchas veces desembocan en una 
integración superficial que no transforma las lógicas operativas, generando lo que 
podría llamarse una modernización aparente. 

Aquí adquiere importancia el concepto de institutional work propuesto 
por Lawrence y Suddaby (2024), que pone el foco en los esfuerzos intencionales 
de actores concretos por transformar las reglas del juego. Estos esfuerzos, sin 
embargo, no se distribuyen equitativamente, las desigualdades en capacidades 
organizacionales entre distintas jurisdicciones o niveles del sistema judicial tienden 
a traducirse en una implementación fragmentada y asimétrica. 

Esta fragmentación se acentúa cuando consideramos cómo las tecnologías 
son apropiadas y resignificadas en la práctica cotidiana. Orlikowski (2022) nos 
advierte que los sistemas digitales rara vez son utilizados conforme a su diseño 


original. Por el contrario, su uso se adapta, reinterpreta y reconfigura a partir 
de dinámicas laborales, prácticas culturales y racionalidades organizacionales 
específicas. Esta brecha entre diseño y práctica se manifiesta, por ejemplo, 
en la coexistencia de expedientes digitales con gestiones paralelas en papel 

o en la persistencia de trámites presenciales a pesar de plataformas en línea 
supuestamente funcionales. 
Selznick (2023), así como Meyer y Rowan (2021), aportan claves adicionales al 
señalar cómo las reformas formales pueden ser cooptadas por dinámicas informales, 
generando fenómenos de desacoplamiento, entendido como la distancia entre las 
estructuras normativas adoptadas y las prácticas efectivas en el terreno. Asimismo, 
en algunos pasajes se observan “transitional justice gaps”, es decir, vacíos de 
transición que surgen cuando los mecanismos digitales no logran reemplazar por 
completo a los procedimientos tradicionales, produciendo superposiciones que 
afectan la coherencia y efectividad del sistema. 

En este punto, es crucial abordar la dimensión social del acceso a la justicia 
en contextos de transformación digital. La brecha digital no se limita a un problema 
técnico de conectividad o alfabetización digital. Como señalan van Dijk (2021) y 
Galanter (2022), se trata de un fenómeno estructural que reproduce y amplifica 
las desigualdades preexistentes. Los grupos sociales históricamente marginados, 
incluyendo a personas de zonas rurales, adultos mayores o usuarios con baja 
escolaridad, enfrentan barreras específicas que limitan su acceso efectivo a los 
servicios judiciales digitalizados. 

En la práctica, el ideal de una justicia más accesible se ve desplazado por 
una realidad en la que nuevos mecanismos de exclusión emergen bajo el ropaje 
de la innovación. Susskind (2023) ha introducido el concepto de transitional 
justice gaps para referirse precisamente a estas brechas que surgen en procesos de 
transformación digital incompleta o mal articulada, donde algunos segmentos de 
la población acceden a beneficios de eficiencia y rapidez, mientras otros quedan 
excluidos o desatendidos. 

Desde la experiencia acumulada en el análisis de procesos de reforma 
judicial en América Latina, y particularmente en el Perú, resulta evidente que la 
transformación digital no puede ser concebida como una solución técnica neutral. 
Requiere de un enfoque crítico, sensible a los contextos locales y consciente 
de las limitaciones estructurales que enfrenta la administración de justicia. La 
promesa de una transformación digital más equitativa, eficiente y legítima debe 
pasar necesariamente por una articulación cuidadosa entre innovación tecnológica, 
reforma organizacional y justicia social. Solo entonces estaremos en condiciones de 
construir una justicia digital verdaderamente al servicio de la ciudadanía (Espinoza 
y López, 2023). 

2. La transformación digital judicial en el Perú 
Desde su concepción, el expediente judicial electrónico (EJE) ha representado 
un esfuerzo institucional orientado a reconfigurar la administración de justicia 


en el Perú a través de una política pública de carácter tecnológico, enmarcado 
en una lógica de modernización estatal, su implementación ha estado guiada 
por la necesidad, largamente reconocida, de superar la inercia burocrática que 
durante décadas ha limitado la eficiencia del sistema judicial peruano.17 Adoptado 
oficialmente en 2017, el EJE se integra como un componente estratégico del Plan 
Institucional 2021-2030 del Poder Judicial, especialmente en lo que concierne a la 
transformación digital de la institución (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2021). 

No obstante, más que un simple instrumento tecnológico, el EJE articula 
una visión de justicia basada en tres pilares fundamentales: la incorporación 
de herramientas digitales, la oralidad procesal como principio estructurante del 
proceso judicial, y la consolidación del despacho judicial corporativo como núcleo 
operativo del sistema. 

El desarrollo institucional del EJE, sin embargo, no ha sido lineal ni exento 
de tensiones. Su trayectoria evidencia una evolución paulatina que puede ser 
comprendida a través de cuatro momentos sucesivos, cada uno con características 
distintivas y aprendizajes propios. La etapa inicial, entre 2009 y 2010, puede 
interpretarse como un laboratorio de innovación institucional, donde se introdujeron 
las primeras aproximaciones al expediente digital, junto con iniciativas como el 
sistema nacional de videoconferencias y la interconexión. Le siguió un período 
de consolidación entre 2011 y 2014, en el que se desarrollaron soluciones más 
sofisticadas como Rem@ju para remates judiciales electrónicos, la firma digital 
PJSigner y mecanismos de consulta pública de expedientes. 

Durante el bienio 2015-2016, la expansión del sistema de notificaciones 
electrónicas (SINOE) y el despliegue de equipos de videoconferencia en 31 cortes 
superiores marcaron una transición hacia un uso más intensivo de la tecnología 
en la administración de justicia (Meléndez, 2025). La formalización del EJE entre 
2017 y 2020 constituyó un punto de inflexión en este proceso.18 Con la creación 
de una comisión especializada para su implementación fue acompañada por una 
expansión significativa de su cobertura, alcanzando 193 órganos jurisdiccionales 
en todo el país. 

Esta etapa se caracteriza, entre otros aspectos, por el hecho notable de que 
el modelo adoptado no fue una simple transposición de experiencias extranjeras, 
sino el resultado de una construcción institucional autónoma. Tal particularidad 
podría interpretarse como una ventaja en términos de flexibilidad y adecuación 
contextual, aunque también plantea desafíos específicos en cuanto a sostenibilidad 
y escalabilidad (Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del expediente judicial 
electrónico del Poder Judicial, 2021). 

El escenario de emergencia sanitaria provocado por la COVID-19 en 2020 
actuó como catalizador inesperado pero determinante. La necesidad de mantener 
la operatividad del sistema judicial en condiciones excepcionales obligó a una 
rápida adopción de medidas que, bajo otras circunstancias, habrían requerido años 
de discusión e implementación progresiva. Entre las disposiciones más relevantes 

17 Resolución Administrativa N.° 228-2017-CE-PJ 
18 Resolución Administrativa N.° 005-2017-CE-PJ 


se encuentran la suspensión de plazos procesales, la instauración del teletrabajo, la 
celebración de audiencias virtuales y la habilitación de la mesa de partes electrónica 
(MPE) para todas las especialidades. 

La Resolución Administrativa N° 133-2020-CE-PJ refleja la magnitud de 
este cambio: se procesaron más de dos millones de documentos digitales, una 
fracción significativa de ellos en el marco del EJE, y se llevaron a cabo más de 
setecientas mil audiencias virtuales, el 82% concentradas en 21 cortes superiores. 
Esta transformación acelerada convirtió al EJE, que hasta entonces avanzaba de 
manera gradual, en una herramienta imprescindible para garantizar la continuidad 
del servicio judicial (Calderón, 2025). 

Ahora bien, los impactos organizacionales y normativos de esta transformación 
digital acelerada no pueden analizarse exclusivamente en términos de eficiencia. Es 
cierto que los indicadores muestran mejoras significativas en los tiempos procesales: 
en Lima, por ejemplo, el tiempo para calificar una demanda se redujo en un 18%, 
y en provincias, hasta en un 35%. Asimismo, la duración del proceso en primera 
instancia experimentó caídas del 15% en Lima y del 50% en provincias, mientras 
que en segunda instancia las reducciones alcanzaron el 28% y 67% respectivamente 
(Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
del Poder Judicial, 2021). Sin embargo, más allá de la dimensión cuantitativa, resulta 
relevante considerar los efectos en términos de transparencia institucional y acceso 
ciudadano. 

En este punto, se observan avances en la integración de herramientas que 
fortalecen la fiscalización pública y el control institucional. El visor EJE, el sistema 
de grabación de audiencias (SIGRA), SINOE y la consulta pública de expedientes 
conforman un sistema digital que habilita nuevas formas de supervisión y 
participación. Se han tramitado más de 221 millones de cédulas electrónicas y 
existen actualmente más de 117 mil casillas activas, lo que sugiere un uso intensivo 
de estas plataformas, aunque no necesariamente homogéneo en todo el territorio 
nacional. 

Aun así, el acceso no se distribuye equitativamente. La persistencia de 
una brecha digital, especialmente en zonas rurales y poblaciones vulnerables, 
constituye una barrera estructural para una justicia plenamente digital (Mantilla, 
2025). La MPE, con operación continua y accesibilidad remota, representa un 
esfuerzo por garantizar el acceso a la justicia más allá de los límites físicos de las 
sedes judiciales. 

Durante los años 2019 y 2020, se documentaron avances importantes en 
capacitación: más de 9,600 usuarios externos y 2,600 internos fueron capacitados, 
con incrementos significativos respecto al año anterior. Estas cifras reflejan un 
compromiso institucional con la transferencia de conocimiento operativo. No 
obstante, también plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de estos procesos 
formativos y su impacto real en la reducción de la brecha digital (Zapata, 2023). 

Es así como el EJE se ha constituido en una de las intervenciones tecnológicas 
más ambiciosas del Poder Judicial peruano en las últimas décadas.Su implementación 


ha estado marcada por una evolución compleja, influida tanto por factores internos 
como por coyunturas externas. Si bien ha logrado avances significativos en eficiencia, 
transparencia y acceso, también ha dejado al descubierto limitaciones estructurales 
que merecen atención. En la siguiente sección, se examinarán estos desafíos con 
mayor detenimiento, desde una perspectiva crítica que permita identificar los 
cuellos de botella normativos, tecnológicos e institucionales que aún restringen el 
tránsito hacia una justicia digital integral (Núñez, 2022). 

3.Problemas estructurales y desafíos persistentes 
Uno de los aspectos más desafiantes en la implementación del EJE en el 
Perú ha sido la persistente fragmentación tecnológica que atraviesa la arquitectura 
institucional del sistema de justicia. Este concepto alude a la existencia de plataformas 
digitales que operan de manera aislada, sin interoperabilidad plena ni capacidad 
efectiva de intercambio de información entre las entidades del sector. 

A pesar de los esfuerzos sostenidos por establecer puentes de comunicación 
tecnológica entre el Poder Judicial y otras instituciones, como el Ministerio Público 

o el Consejo Nacional de la Magistratura, los avances no han superado el nivel de 
coordinación técnica preliminar. Las reuniones orientadas a integrar la carpeta fiscal 
electrónica con el EJE constituyen un paso importante, pero aún no se traducen en 
una integración operativa funcional (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2021). 
Este escenario refleja un patrón de implementación segmentado, donde la 
expansión del EJE ha seguido una lógica descentralizada y progresiva, sin consolidar 
una arquitectura digital coherente a nivel nacional. El hecho de que solo 193 
órganos jurisdiccionales en 17 cortes superiores hayan adoptado el sistema confirma 
la existencia de una infraestructura institucional disgregada. Esta fragmentación no 
solo limita la eficiencia sistémica y la trazabilidad de los procesos judiciales, sino 
que también genera inequidades en el acceso y la calidad del servicio de justicia 
digital en distintas regiones del país. 

La seguridad de la información y la gestión adecuada de datos representan 
otro pilar crítico para la sostenibilidad del EJE, no solo en términos técnicos, sino 
también en su legitimidad ante los usuarios del sistema. Si bien la implementación 
de la firma digital PJSigner, acreditada por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) desde 2014 conforme a la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), constituye un avance significativo 
en materia de autenticidad documental y validez legal (Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, 2021), persisten vacíos normativos y operacionales relevantes. 

La incorporación de mecanismos de autenticación biométrica y depósitos 
judiciales electrónicos ha reducido riesgos asociados a extravíos o manipulación 
indebida de documentos; sin embargo, la ausencia de auditorías de ciberseguridad 
independientes, planes de respaldo de datos estructurados o protocolos de 
recuperación ante fallos tecnológicos deja al sistema en una posición de 
vulnerabilidad. 


En países como Chile o Colombia, donde los sistemas de justicia digital han 
adoptado marcos de data governance con certificación internacional, estos elementos 
son considerados componentes obligatorios de seguridad y confianza institucional 
(Pierson, 2024). En contraste, el caso peruano evidencia una implementación aún 
incipiente, dependiente de la discrecionalidad administrativa y de la capacidad 
técnica local. 

Desde una perspectiva organizacional, la implementación del EJE ha 
enfrentado tensiones internas que revelan límites en la capacidad adaptativa de 
las instituciones judiciales. Los programas de capacitación desarrollados entre 
2019 y 2020 alcanzaron a 9,638 usuarios externos y 2,608 internos, lo que refleja 
un esfuerzo institucional significativo. Sin embargo, estas cifras no garantizan la 
transformación de las prácticas laborales. La creación de comités de usuarios por 
especialidad y comités de implantación buscó anticipar y canalizar resistencias 
al cambio, pero la necesidad de capacitaciones complementarias posteriores a la 
puesta en marcha del sistema demuestra que los procesos de aprendizaje inicial no 
fueron suficientes (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2021). 

En muchos casos, los operadores judiciales continúan replicando rutinas 
analógicas dentro de entornos digitales, lo que genera una brecha entre el diseño 
tecnológico y su aplicación práctica. Esta distancia entre norma y práctica, o 
entre lo digital y lo organizacional, constituye uno de los principales factores de 
desacoplamiento institucional, y explica en parte por qué la digitalización aún no 
se traduce en una modernización sustantiva del sistema de justicia. 

El marco normativo del EJE revela una arquitectura jurídica aún en 
consolidación. La regulación vigente se sustenta principalmente en resoluciones 
administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las cuales, si bien son 
instrumentos necesarios, tienen carácter transitorio y dependen de la continuidad 
política y presupuestal de las gestiones en curso. Esta dependencia de normas 
de bajo rango plantea dudas sobre la sostenibilidad legal del sistema y sobre la 
estabilidad de los derechos y obligaciones derivados de su uso. A ello se suma 
una dependencia estructural del financiamiento externo: proyectos respaldados 
por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han constituido las 
principales fuentes de recursos para la transformación digital judicial. 

Esta situación pone en evidencia la insuficiencia de asignaciones presupuestales 
ordinarias por parte del Estado, lo que impide consolidar un modelo de justicia digital 
plenamente autónomo y sostenible (Pierson, 2024). En la práctica, esto significa 
que la continuidad del EJE depende, en buena medida, de la disponibilidad de 
cooperación internacional y no de una política pública estructuralmente integrada 
al presupuesto nacional de justicia. 

Este déficit regulatorio no se limita a cuestiones procedimentales o 
presupuestarias. La ausencia de un marco legal integral sobre justicia digital que 
incorpore principios de gobernanza tecnológica, protección de datos personales, 
acceso equitativo a la información y salvaguardas del debido proceso en entornos 
electrónicos representa un límite estructural; que afecta no solo la eficiencia del 
sistema, sino también su legitimidad y su capacidad para garantizar derechos 
fundamentales. 


La falta de una ley marco que regule la interoperabilidad, la responsabilidad 
institucional ante fallas tecnológicas o la transparencia de los algoritmos judiciales 
genera incertidumbre jurídica tanto para los operadores como para los ciudadanos 
(Norris, 2024). En consecuencia, la digitalización avanza sin un marco normativo 
que asegure la coherencia entre innovación tecnológica y Estado de derecho. 

El reconocimiento de estas limitaciones no implica desestimar los logros 
alcanzados, sino comprender sus implicancias desde una perspectiva crítica y 
propositiva. La fragmentación tecnológica, las vulnerabilidades en ciberseguridad, 
las tensiones organizacionales y la fragilidad normativa son síntomas de un proceso 
de transformación en curso que requiere ajustes estructurales. Abordar estos desafíos 
con una visión sistémica podría convertirlos en oportunidades de fortalecimiento 
institucional. 

En este sentido, la comparación con experiencias internacionales y la 
incorporación gradual de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial 
aplicada a la gestión judicial, resultan pertinentes. El análisis de casos de 
automatización de decisiones en países como España o Brasil puede ofrecer 
lecciones valiosas para el Perú, donde los dilemas éticos, epistemológicos y 
políticos asociados a la digitalización judicial comienzan a adquirir una centralidad 
ineludible (Mantilla, 2025). 

4.Marco propositivo para la transformación digital judicial en el Perú 
4.1.Consolidación del marco normativo integral 
El tránsito hacia una justicia digital en el Perú exige, como premisa ineludible, 
la consolidación de un marco normativo integral que dé coherencia y sostenibilidad 
a los avances tecnológicos alcanzados en el ámbito jurisdiccional. La experiencia 
institucional ha demostrado que operar sobre una base normativa fragmentaria, 
apoyada casi exclusivamente en resoluciones administrativas, genera una estructura 
inestable que dificulta la continuidad, limita la previsibilidad y deja vacíos en la 
garantía de derechos. 

En este sentido, resulta indispensable una ley marco que defina los principios 
rectores de la justicia digital, precisando tanto los fundamentos de gobernanza 
tecnológica como las competencias institucionales, la obligatoriedad de la 
interoperabilidad y, sobre todo, los mecanismos de responsabilidad frente a su 
incumplimiento. Sin estos elementos, cualquier arquitectura tecnológica corre el 
riesgo de convertirse en una acumulación de soluciones parciales (Figueroa, 2022). 

La protección de los datos judiciales constituye otro eje crucial. La aplicación 
del Reglamento de protección de datos (RGPD) como referencia técnica es 
relevante, pero su adaptación al contexto peruano requiere una lectura situada. 
El entorno jurisdiccional tiene particularidades propias: la información procesal es 
sensible, muchas veces irrepetible y su tratamiento debe balancear la privacidad 
con los principios de publicidad y transparencia del proceso. En ese equilibrio 
se inscriben también los derechos digitales de los justiciables, que deben ser 


reconocidos normativamente y garantizados mediante protocolos claros de manejo 
de datos. No parece sostenible, a largo plazo, mantener este aspecto en manos 
de interpretaciones dispersas o criterios operativos sin respaldo normativo claro 
(Meléndez, 2025). 

La noción de debido proceso electrónico sigue en construcción tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia peruana; este concepto alude al conjunto de 
garantías procesales que deben ser resguardadas en entornos digitales, asegurando 
que la incorporación de herramientas tecnológicas no menoscabe derechos 
fundamentales como la defensa, la contradicción o la imparcialidad judicial. Aunque 
se han incorporado herramientas digitales que dinamizan el procedimiento, la 
dimensión jurídica de estas prácticas aún carece de estandarización normativa. 19 

La validez de las pruebas electrónicas, la eficacia de las notificaciones digitales 
y la revisión de decisiones automatizadas son temas que, aunque ya presentes en la 
realidad judicial, no siempre cuentan con soporte legal explícito. Desde la práctica, 
esta indefinición abre espacios para conflictos interpretativos que podrían evitarse 
mediante una regulación más precisa. En particular, el reconocimiento de garantías 
procesales en entornos digitales no puede quedar sujeto a la discrecionalidad del 
operador jurisdiccional (Espinoza y López, 2023). 

Asimismo, la interoperabilidad institucional —entendida como la capacidad 
técnica y normativa de distintos sistemas informáticos para intercambiar datos de 
manera automatizada, segura y coherente— demanda un conjunto mínimo de 
estándares técnicos y jurídicos que orienten el desarrollo de sistemas compatibles 
y auditables. 

La fragmentación tecnológica entre entidades del sistema de justicia no solo 
genera ineficiencias operativas, sino que compromete la integridad del proceso. 
Establecer un protocolo común, exigir la certificación de plataformas y prever 
auditorías regulares no significa imponer rigidez, sino generar un lenguaje común 
que permita avanzar con mayor coordinación. Sin un marco regulador que articule 
lo técnico con lo normativo, la transformación digital corre el riesgo de reproducir 
viejas asimetrías en nuevas formas (Calderón, 2025). 

4.2 Arquitectura de interoperabilidad sistémica 
La interoperabilidad sistémica ha dejado de ser un componente accesorio 
en la transformación digital judicial para convertirse en una condición estructural 
e indispensable para su funcionamiento sostenible. En el ámbito jurisdiccional 
peruano, resulta evidente que la digitalización no puede consolidarse sobre 
una base fragmentada, donde cada entidad opere con sistemas paralelos sin 
comunicación efectiva entre sí. Esta desconexión institucional se ha manifestado 
de manera notoria en los esfuerzos de articulación entre el Poder Judicial y el 
Ministerio Público: la integración entre el EJE y la carpeta fiscal electrónica avanza 
con lentitud y muestra resultados limitados en trazabilidad, sincronización procesal 
y eficiencia operativa (Mantilla, 2025). 

 Ley N.° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, Congreso de la Republica del Perú. 
Ley N.° 30229-Ley de Notificaciones Electrónicas, Congreso de la Republica del Perú. 


Una arquitectura digital judicial que no garantice flujos de información 
automatizados, seguros y verificables entre instituciones pierde sentido en términos 
de servicio público. La adopción de especificaciones técnicas comunes, protocolos 
de intercambio de datos y modelos unificados de gestión documental se vuelve, en 
este contexto, una exigencia ineludible. En la práctica, cada entidad ha desarrollado 
soluciones informáticas propias —frecuentemente incompatibles entre sí— que 
reproducen, en el entorno digital, las mismas barreras burocráticas del sistema 
analógico, perpetuando los cuellos de botella administrativos y obstaculizando la 
eficiencia procesal. 

Establecer estándares nacionales de interoperabilidad, acompañados de 
mecanismos de certificación técnica y protocolos de ciberseguridad robustos, 
constituye una condición básica para consolidar una justicia digital coherente. La 
sostenibilidad de este proceso dependerá tanto de la asignación presupuestal como 
de la voluntad política para priorizar la cooperación interinstitucional por encima 
de la autonomía aislada (Zapata, 2023). 

Uno de los avances más relevantes en este campo ha sido el impulso hacia 
una plataforma unificada de consulta ciudadana, iniciativa que representa un 
paso decisivo hacia una justicia más abierta y participativa. Su potencial no reside 
únicamente en ofrecer acceso digital a expedientes o trámites judiciales, sino en 
construir un entorno integrador donde el seguimiento procesal, la comunicación 
entre actores del sistema y la participación ciudadana confluyan de manera 
articulada. El desarrollo de un portal nacional de justicia digital responde no solo 
a criterios de eficiencia tecnológica, sino también a un propósito democrático: 
garantizar que la innovación tecnológica contribuya a ampliar derechos y no a 
reproducir desigualdades estructurales (Salvador, 2021). 

No obstante, cualquier estrategia de interoperabilidad a escala nacional 
debe partir de un enfoque territorial y diferencial, considerando que las brechas 
tecnológicas y de acceso no son homogéneas en el país: las condiciones de 
conectividad, infraestructura y alfabetización digital varían significativamente entre 
Lima y las regiones. 

Por ello, la implementación de una hoja de ruta de interoperabilidad debe 
considerar criterios objetivos, como la carga procesal, el nivel de digitalización previa, 
la disponibilidad de personal especializado y las condiciones socioeconómicas locales, 
evitando una expansión apresurada que pueda generar sistemas subutilizados o 
incrementar las desigualdades existentes. Una gradualidad basada en la escalabilidad 
y en la adaptación a capacidades regionales fortalece la sostenibilidad del proceso y 
promueve una justicia digital más inclusiva (Laurente, 2021). 

Finalmente, conviene subrayar que la interoperabilidad no constituye un fin en 
sí misma: su valor radica en el uso efectivo que operadores judiciales y ciudadanos 
hacen de las herramientas digitales. Por ello, las métricas de evaluación deben 
trascender los indicadores cuantitativos —como el número de usuarios registrados 

o expedientes tramitados electrónicamente— para incorporar variables cualitativas 
que reflejen la experiencia de uso, la satisfacción de los usuarios y los efectos sobre 
la confianza institucional. 

Medir la interoperabilidad desde la perspectiva de la experiencia ciudadana 
permite entenderla no solo como un logro técnico, sino como un componente 
de legitimidad democrática. Desde esta visión, la justicia digital deja de ser una 
acumulación de plataformas tecnológicas y se consolida como una política pública 
integral, orientada a transformar las relaciones entre tecnología, Estado y ciudadanía 
(Fountain, 2023). 

4.3 Fortalecimiento de ciberseguridad y continuidad operativa 
La transformación digital del sistema de justicia ha introducido nuevos dilemas 
relacionados con la protección de la información, la continuidad operativa y la 
gestión de riesgos tecnológicos. En el caso peruano, la experiencia institucional 
ha evidenciado que, si bien se han desarrollado plataformas digitales funcionales, 
la infraestructura de seguridad aún presenta zonas críticas que requieren atención 
prioritaria, pues la información procesal, por su naturaleza sensible y su vínculo 
directo con derechos fundamentales, no puede exponerse a vulnerabilidades 
previsibles. 

Una eventual brecha de seguridad que comprometa expedientes, audiencias 

o decisiones jurisdiccionales debe entenderse como una amenaza tangible, no 
como una hipótesis remota (Norris, 2024), lo que fundamenta la comprensión de 
que la ciberseguridad no constituye un componente accesorio, sino un requisito 
estructural de la legitimidad judicial en entornos digitales. 
Las auditorías de seguridad independientes, previstas en algunos instrumentos 
normativos, no siempre se ejecutan con la periodicidad ni la profundidad requeridas, 
y aunque la adopción de estándares internacionales como los establecidos en 
la norma ISO 27001 ofrece un marco técnico sólido, su eficacia depende de la 
voluntad institucional para implementarlos integralmente. 

Sin auditorías externas efectivas y sin protocolos de recuperación ante 
desastres debidamente probados, cualquier interrupción del sistema —ya sea por 
causas técnicas, ataques cibernéticos o contingencias naturales— pone en riesgo 
no solo la eficiencia operativa, sino la credibilidad del aparato jurisdiccional, ya que 
la resiliencia tecnológica es inseparable de la legitimidad institucional: la confianza 
pública en la justicia digital depende de su capacidad para garantizar integridad, 
continuidad y previsibilidad (Susskind, 2023). 

La gestión de la continuidad operativa adquiere una relevancia estratégica, 
pues contar con planes de respaldo estructurados, centros de datos redundantes 
y pruebas periódicas de recuperación no debería considerarse una inversión 
opcional, sino una condición mínima para garantizar la estabilidad institucional. 
Sin embargo, el diseño de estos mecanismos no siempre considera las asimetrías 
regionales en infraestructura, conectividad y recursos humanos, por lo que la 
continuidad operativa, para ser efectiva, debe adaptarse a las condiciones de cada 
jurisdicción, reconociendo las diferencias logísticas y tecnológicas que caracterizan 
al territorio peruano (Galanter, 2022). 


En esa línea, la propuesta de crear un Centro de Operaciones de Seguridad 
Judicial —concebido como una unidad especializada con monitoreo permanente— 
representa un paso relevante hacia la profesionalización de la gestión de riesgos 
tecnológicos. No obstante, su viabilidad dependerá de la disponibilidad de personal 
técnico especializado, la capacidad presupuestal sostenida y la articulación efectiva 
con otras entidades del ecosistema digital estatal, como la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital o la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

Este enfoque no debe limitarse a la respuesta ante incidentes, sino incorporar 
capacidades preventivas basadas en inteligencia contextualizada, capaz de 
anticipar amenazas específicas al sector justicia, lo que requiere una combinación 
de competencias técnicas, comprensión jurídica y visión estratégica, un perfil difícil 
de consolidar dentro de estructuras administrativas tradicionales (Heeks, 2021). 

Finalmente, todo sistema de seguridad digital debe estar sujeto a evaluación 
externa, pues la certificación de los sistemas críticos no puede reducirse a procesos 
internos de validación institucional. Una política de auditoría independiente, con 
estándares públicos y resultados transparentes, contribuiría a fortalecer la confianza 
de los operadores jurídicos y de la ciudadanía en general. 

En última instancia, proteger la infraestructura digital del Poder Judicial 
equivale a salvaguardar el derecho al debido proceso en un nuevo entorno, relación 
que resalta que los fallos en ciberseguridad no solo comprometen bases de datos 

o redes informáticas, sino la continuidad misma de un servicio esencial del Estado. 
Por ello, la seguridad digital debe ser entendida como una garantía material del 
acceso a la justicia y, por ende, como una dimensión inherente a la defensa de los 
derechos fundamentales (Pierson, 2024). 
4.4 Modelo de sostenibilidad financiera autónoma 
La sostenibilidad financiera de la justicia digital en el Perú no puede 
seguir siendo concebida como un componente accesorio dentro del proceso 
de modernización institucional, ya que su permanencia en el tiempo depende, 
fundamentalmente, de una estructura presupuestal estable, coherente y proyectada 
más allá de los ciclos administrativos. La evidencia empírica demuestra que la 
dependencia de fuentes externas —como organismos multilaterales o programas 
de cooperación internacional— ha permitido impulsar procesos de innovación, 
pero también ha generado vulnerabilidades estructurales, exponiendo las políticas 
de transformación digital a la incertidumbre presupuestal, la discontinuidad de 
proyectos y la fragmentación operativa entre dependencias judiciales (Meyer y 
Rowan, 2021). 

Por ello, la creación de una partida presupuestal protegida, destinada 
específicamente al mantenimiento y mejora de los servicios digitales del sistema 
judicial, constituye una medida necesaria y estratégica que debe establecer un 
compromiso político con una visión de justicia consolidada como política de Estado. 
Esta partida debería incorporar mecanismos de actualización periódica que contemplen 
factores como la inflación, el crecimiento de la demanda digital y las necesidades de 


infraestructura tecnológica, de modo que el sistema no pierda capacidad operativa ante 
variaciones económicas o recortes presupuestales (Norris, 2024). 

Garantizar la sostenibilidad no implica depender exclusivamente de fondos 
públicos, pues el diseño de modelos de autofinanciamiento compatibles con los 
principios de equidad y acceso a la justicia puede fortalecer la autonomía operativa 
sin generar exclusiones. La implementación de tasas diferenciadas por determinados 
servicios electrónicos —particularmente aquellos orientados al sector privado 

o corporativo, como servicios de certificación digital especializada, consultas 
automatizadas avanzadas o licencias de interoperabilidad con empresas privadas— 
podría contribuir a generar ingresos complementarios sin afectar el acceso gratuito 
de los sectores vulnerables, siempre que se encuentren debidamente reguladas y 
sujetas a mecanismos de control y transparencia (Pierson, 2024). 
En este sentido, la creación de un fondo de modernización judicial, dotado 
de una estructura de gobernanza autónoma y criterios de asignación transparentes, 
podría representar una herramienta eficaz para canalizar recursos y financiar 
proyectos de mejora continua, permitiendo sostener procesos de innovación 
más allá de los calendarios presupuestales anuales, siempre que se establezcan 
mecanismos claros de auditoría y rendición de cuentas (Selznick, 2023). 

Este instrumento otorgaría mayor flexibilidad y previsibilidad a largo plazo, 
permitiendo planificar inversiones tecnológicas estratégicas como la renovación 
de infraestructura digital, la capacitación en competencias tecnológicas o la 
implementación de estándares de seguridad avanzados. 

Desde una perspectiva institucional, avanzar hacia una mayor independencia 
financiera no implica desvincularse del financiamiento estatal, sino transitar hacia 
un modelo mixto que combine recursos públicos, cooperación internacional y 
mecanismos de autofinanciamiento sostenible. Reducir la dependencia externa 
exige desarrollar capacidades internas de gestión financiera, promover alianzas 
estratégicas interinstitucionales y establecer indicadores claros para evaluar el 
impacto del gasto digital en términos de eficiencia, acceso y confianza ciudadana 
(Susskind, 2023). 

La sostenibilidad no se garantiza mediante decretos ni asignaciones puntuales: 
se construye progresivamente mediante una cultura de planificación, evaluación 
constante y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gestión del sistema 
judicial. En última instancia, asegurar la sostenibilidad financiera de la justicia digital 
significa proteger su continuidad como política pública y consolidar su papel como 
pilar de una justicia moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía. 

CONCLUSIONES 

El análisis del proceso de transformación digital judicial en el Perú confirma 
que este fenómeno constituye un proceso complejo de reconfiguración institucional, 
en el que confluyen inercias históricas, resistencias organizacionales y tensiones en 
torno al control de los dispositivos tecnológicos. La experiencia del expediente 


judicial electrónico revela que la transformación digital no constituye un avance 
automático hacia la modernización, sino un campo de disputa donde resulta 
insostenible toda aproximación que asuma una relación directa entre innovación 
tecnológica y eficiencia institucional, sin considerar las dimensiones sociopolíticas 
y culturales que median el cambio. 

Los hallazgos indican que las políticas de transformación digital judicial 
requieren un enfoque sistémico e integral sustentado en un marco normativo 
sólido que articule principios de gobernanza tecnológica, garantías procesales y 
estándares de interoperabilidad. La ausencia de estas condiciones ha dado lugar 
a sistemas funcionales, pero institucionalmente inconexos, reproduciendo la 
fragmentación del modelo analógico en el entorno digital, lo que afecta tanto la 
eficiencia operativa como la legitimidad democrática del sistema de justicia. Por 
tanto, una política pública orientada a fortalecer la justicia digital debería asumir la 
interoperabilidad como principio estructurante y transversal, garantizando que las 
innovaciones tecnológicas operen como parte de una arquitectura coherente de 
servicio público (Norris, 2024). 

El estudio identifica tres tensiones estructurales críticas que atraviesan 
la implementación del EJE. Primero, la tensión entre el diseño normativo y las 
prácticas organizacionales, donde las rutinas de los operadores jurídicos continúan 
influenciadas por lógicas analógicas, generando coexistencias contradictorias y la 
persistencia de gestiones paralelas en papel a pesar de la existencia de plataformas 
electrónicas. Segundo, la tensión entre la integración sistémica y la fragmentación 
operativa, donde la falta de interoperabilidad efectiva entre el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y otras entidades limita la trazabilidad de los procesos y perpetúa 
la desarticulación digital. Tercero, la tensión entre inclusión digital y reproducción 
de desigualdades, donde la promesa democratizadora de la tecnología se ve 
contrapesada por la persistencia de brechas de conectividad y alfabetización digital 
que afectan de manera desproporcionada a los sectores rurales y vulnerables. 

Los límites estructurales que condicionan la consolidación de una justicia 
digital efectiva se ubican en cuatro dimensiones principales: la fragilidad normativa 
basada en resoluciones administrativas de carácter temporal sin una ley marco que 
establezca los principios de gobernanza; las vulnerabilidades en ciberseguridad por 
la falta de auditorías independientes, planes de contingencia y protocolos robustos 
de protección de datos; la dependencia financiera externa de la cooperación 
multilateral sin una estructura presupuestal interna estable; y la ausencia de 
estándares obligatorios de interoperabilidad que perpetúa la fragmentación 
institucional (Selznick, 2023). 

De cara al futuro, el análisis plantea la necesidad de profundizar en estudios 
comparativos regionales que permitan contextualizar la experiencia peruana en el 
marco de las reformas judiciales latinoamericanas, así como investigar los impactos 
distributivos de la justicia digital mediante una metodología mixta que combine el 
análisis cuantitativo de datos procesales con aproximaciones cualitativas que den 
voz a los usuarios y operadores en contextos de vulnerabilidad. 


En síntesis, la transformación digital del sistema judicial peruano debe 
concebirse como una oportunidad política para repensar el papel público de la 
justicia, entendiendo que los beneficios tecnológicos pueden coexistir con nuevas 
formas de exclusión si no se abordan de manera deliberada las desigualdades 
estructurales. Por tanto, la justicia digital debe entenderse como un medio para 
democratizar la relación entre Estado y ciudadanía, y no solo como un instrumento 
de eficiencia administrativa. El desafío no reside únicamente en modernizar el 
sistema, sino en garantizar que la digitalización contribuya a ofrecer una justicia 
real, accesible y equitativa, capaz de fortalecer la confianza social y consolidar los 
principios de una democracia sustantiva. 

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ARTÍCULOS DE 
INVESTIGACIÓN 


Artículo de revisión 

RESPONSABILIDAD ESTATAL FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL Y LA 
REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN ECUADOR: 
ANÁLISIS DEL CASO BUENOS AIRES–IMBABURA 
Alexander Armando Bastidas 

Investigador independiente 
alexanderbastidas96@hotmail.com 
ORCID: 0009-0002-1333-8193 

Eliana Mishell Pantoja 

Investigadora independiente 
elimishell-@hotmail.com 
ORCID: 0009-0008-2956-5191 

Resumen 

La presente investigación analizó la responsabilidad del Estado ecuatoriano ante 
la expansión de la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, provincia de 
Imbabura, considerando el marco constitucional que reconoce los derechos de la 
naturaleza. El objetivo central fue evaluar el cumplimiento de los deberes estatales 
de prevención, sanción y reparación de afectaciones ambientales provocadas por 
actividades extractivas no autorizadas. Mediante enfoque cualitativo y estudio de 
caso, se identificaron omisiones institucionales, vacíos normativos y limitaciones en 
los mecanismos de reparación integral implementados. Los resultados demostraron 
que la respuesta estatal ha resultado tardía y fragmentaria, perpetuando el daño 
ecológico y la vulneración de derechos colectivos. Se concluye que persiste una 
desconexión entre el discurso jurídico constitucional y la práctica institucional, 
requiriéndose una reforma estructural del aparato estatal en materia ambiental. El 
estudio formuló recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza ambiental, 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 25 de mayo de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.163 


la participación comunitaria y la aplicación efectiva de estándares de reparación 
integral. 

Palabras clave: derechos, naturaleza, minería, ilegal, responsabilidad, Estado, 
reparación ambiental. 

GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL MINING AND 
THE RESTORATION OF NATURE’S RIGHTS IN ECUADOR: 
ANALYSIS OF THE BUENOS AIRES–IMBABURA CASE 

Abstract 

This research analyzed the responsibility of the Ecuadorian State on the expansion 
of illegal mining in the Buenos Aires parish, Imbabura province, considering the 
constitutional framework that recognizes the rights of nature. The main objective 
was to evaluate compliance with the state’s duties to prevent, punish, and remedy 
environmental damage caused by unauthorized extractive activities. Through 
a qualitative approach and case study, institutional omissions, regulatory gaps, 
and limitations in the comprehensive reparation mechanisms implemented were 
identified. The results show that the government’s response has been slow and 
fragmented, perpetuating ecological damage and the violation of collective rights. 
The conclusion is that there is still a disconnect between constitutional legal discourse 
and institutional practice, requiring structural reform of the state apparatus in 
environmental matters. The study makes recommendations aimed at strengthening 
environmental governance, community participation, and the effective application 
of comprehensive remediation standards. 

Keywords: rights, nature, mining, illegal, responsibility, Government, environmental 
remediation. 


INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos en 
Ecuador ha constituido un hito jurídico sin precedentes, posicionando al país como 
pionero en la construcción de un paradigma ecológico de justicia. Sin embargo, 
este avance normativo enfrenta tensiones permanentes en su aplicación práctica, 
especialmente en contextos donde la minería ilegal se expande ante la pasividad 
estatal. El caso de la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, evidencia la 
distancia entre el mandato constitucional y la actuación efectiva de las instituciones 
públicas. 

La investigación surge de la necesidad de examinar críticamente el rol del 
Estado ecuatoriano en la protección de los derechos de la naturaleza frente a 
la minería ilegal, abordando las omisiones normativas e institucionales que 
permiten la persistencia de esta actividad. El objetivo principal consiste en analizar 
la responsabilidad estatal frente a la expansión de la minería ilegal en Ecuador, 
utilizando como caso de estudio el fenómeno ocurrido en la parroquia Buenos 
Aires. Específicamente, se busca: a) identificar las debilidades estructurales en el 
control estatal; b) evaluar la eficacia de los mecanismos de reparación integral 
ambiental implementados; y c) examinar la participación de las comunidades 
afectadas en los procesos de justicia ambiental. 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida ha cumplido 
el Estado ecuatoriano su obligación constitucional de prevenir, sancionar y reparar 
los daños ocasionados por la minería ilegal, particularmente en el caso Buenos 
Aires–Imbabura, conflicto territorial en desarrollo desde 2017 hasta la actualidad? A 
través del estudio del caso Buenos Aires, se buscó identificar lecciones estructurales 
aplicables a la gobernanza ambiental en otros territorios afectados por actividades 
extractivas ilegales. Se plantearon recomendaciones orientadas a fortalecer la 
responsabilidad estatal, mejorar los marcos de control y garantizar la reparación 
integral de los ecosistemas afectados, conforme a lo establecido en los artículos 71 
a 74 y 395 a 396 de la Constitución de la República Ecuador (2008). 

La presente investigación se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo, 
con carácter documental, descriptivo y analítico. Se recurrió al método jurídico 
dogmático, entendido según la tradición metodológica desarrollada por Larenz 
(1980) en su obra “Metodología de la Ciencia del Derecho”, para la interpretación 
sistemática de normas constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas 
con la protección de los derechos de la naturaleza y la responsabilidad del Estado 
frente a actividades extractivas ilegales. Este análisis incluyó la interpretación de 
sentencias paradigmáticas emitidas por la Corte Constitucional como la No. 114919-
JP/21 (caso Bosque Protector Los Cedros). 

La estrategia de investigación incluyó una revisión crítica de fuentes secundarias, 
como libros especializados, artículos científicos y documentos de organismos 


internacionales, con énfasis en las contribuciones de autores latinoamericanos y 
europeos especializados en derecho ambiental y constitucional. 

Se aplicó el método de estudio de caso para examinar la situación de la 
parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, como ilustración concreta 
de los desafíos estructurales que enfrenta el Estado en la implementación de los 
derechos de la naturaleza. Esta zona fue seleccionada por su relevancia mediática, 
jurídica y ambiental, derivada de los impactos provocados por la expansión de la 
minería ilegal en ausencia de control estatal efectivo. 

DESARROLLO 

Los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 marcó un hito sin 
precedentes al convertirse en la primera Carta Magna que reconoce a la naturaleza 
como sujeto de derechos. Este avance, contemplado en el Capítulo Séptimo, 
artículos 71 al 74, trasciende el tradicional enfoque antropocéntrico del derecho 
ambiental y sitúa a la naturaleza o Pachamama, según cosmovisiones indígenas 
como portadora de derechos inalienables, equiparables a los de cualquier ser 
humano o colectivo social. El artículo 71 establece que: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 
estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Este enunciado implica un cambio epistemológico profundo: ya no se trata 
de conservar recursos para el beneficio exclusivo de las generaciones humanas 
presentes y futuras, sino de reconocer que la naturaleza tiene un valor intrínseco, 
más allá de su utilidad. 

Este marco constitucional ha sido objeto de desarrollos relevantes en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Una de las sentencias más 
paradigmáticas es la No. 1149-19-JP/21, relativa al caso del Bosque Protector Los 
Cedros, el máximo órgano de control constitucional determinó que la emisión de 
autorizaciones mineras en zonas protegidas violaba los derechos de la naturaleza, 
sostuvo que “el Estado tiene el deber de prevenir, mitigar y restaurar cualquier 
afectación a los ecosistemas” (Sentencia No. 1149-19-JP/21, 2021), estableciendo un 
estándar que exige aplicar el principio de precaución. 

Los desarrollos jurisprudenciales han consolidado criterios específicos sobre 
la exigibilidad de estos derechos. En casos concretos como el del Río Monjas 


(Sentencia No. 2167-21-EP/22, 2022) y el Bosque Protector Los Cedros, la Corte 
Constitucional ha establecido que las autoridades públicas tienen obligaciones 
específicas de prevención, control y reparación frente a actividades que puedan 
afectar ecosistemas. 

La efectividad práctica de estos derechos enfrenta desafíos estructurales 
significativos. El artículo 73 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
impone al Estado la obligación de adoptar medidas oportunas para evitar o detener 
la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, la implementación de esta norma 
ha mostrado limitaciones evidentes en casos como la parroquia Buenos Aires, 
donde la proliferación de actividades extractivas ilegales ocurrió sin respuesta 
institucional oportuna. 

Contexto del caso Buenos Aires – Imbabura 

La parroquia Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de 
Imbabura, ha constituido en la última década un epicentro de disputas territoriales, 
económicas y jurídicas vinculadas a la minería ilegal. Este territorio, enclavado en 
el noroccidente andino del Ecuador, se caracteriza por una geografía montañosa y 
biodiversidad única, siendo hábitat de numerosas especies endémicas y ecosistemas 
frágiles. Esta actividad no fue promovida por política pública o autorizaciones 
estatales, sino por redes ilegales que controlaron la extracción, transporte y 
comercialización del mineral. 

La conflictividad en la parroquia Buenos Aires ha involucrado diversos actores: 
las comunidades locales afectadas por el deterioro ambiental y la violencia derivada 
de la presencia de grupos armados; el Estado que, pese a su deber constitucional 
de controlar y sancionar actividades ilícitas, ha tenido una respuesta tardía y poco 
efectiva. 

Las afectaciones no son únicamente ambientales. La Corte Constitucional ha 
subrayado que la violencia derivada de la minería ilegal y el deterioro de las 
condiciones de vida de las comunidades implican una afectación directa al derecho 
a un ambiente sano, a la salud, a la vida digna y a la seguridad personal (Sentencia 
No. 186-19-EP/21, 2021). 

Análisis jurídico de la actuación estatal ante la minería ilegal 

La minería ilegal en la parroquia Buenos Aires ha evidenciado una preocupante 
permisividad del Estado (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2024; Plan V, 2025). 
A pesar de múltiples alertas emitidas por organizaciones locales, medios de 
comunicación y la ciudadanía desde 2017, cuando “la minería informal en Buenos 
Aires opera desde 2017” (OCTE, 2024) y “el nombre de La Merced de Buenos 
Aires se hizo famoso en todo Ecuador” al ser “invadida por mineros ilegales” 
(Pautasso, 2021), la presencia de campamentos ilegales y estructuras logísticas para 
la explotación minera se consolidó sin respuestas institucionales eficaces. 

Los especialistas atribuyen la “permanencia de este delito (declarado como 
amenaza a la seguridad del Estado, por el COSEPE, en enero del 2023) a la ineficacia 


de las acciones articuladas por parte de las instituciones estatales” (Plan V, 2025, 
párr. 3); ello evidencia la consolidación de campamentos que “alojaron a cerca de 
10 mil personas en ‘La Feria’, ‘La Y de San Pedro’, ‘Ciudad de Plástico’, ‘Mina Vieja’, 
‘Olival’ y ‘Nueva Mina’” (El Telégrafo, 2019, párr. 2). 

Esta omisión sistemática vulnera el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución 
de la República del Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2008), que 
establece que: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

La Corte Constitucional en la sentencia No. 1149-19-JP/21 (2021), se 
pronunció sobre la omisión estatal frente a actividades extractivas no controladas, 
estableciendo que la inacción frente a la explotación ilegal constituye una forma 
de incumplimiento de los deberes de protección de los derechos de la naturaleza. 

Casos específicos de incumplimiento normativo 

Un ejemplo concreto de las irregularidades procedimentales en los procesos 
de concesión de licencias o permisos ambientales se evidenció en la Sentencia No. 
1149-19-JP/21 (2021) emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, mediante 
la cual se aceptó la acción de protección planteada contra el Ministerio del 
Ambiente (MAE) y el Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, 
por vulneración de los derechos de la naturaleza al otorgar registros ambientales 
y planes de manejo ambiental que permitían actividad minera dentro del bosque 
protector Los Cedros, sin el debido cumplimiento de los procedimientos de consulta 
ambiental y evaluación de impacto ambiental. 

Este caso ilustra las deficiencias procedimentales específicas en los 
procedimientos administrativos que permiten la expansión de actividades extractivas 
sin el cumplimiento de estándares ambientales. En particular, la Corte Constitucional 
(2021) identificó: a) la ausencia de información accesible, clara, completa y objetiva 
sobre la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la autorización 
expedida; b) el incumplimiento del deber de participación desde etapas iniciales 
del proceso de toma de decisiones; y, c) la aplicación deficiente del principio 
precautorio en ecosistemas vulnerables (Sentencia No. 1149-19-JP/21). 

La proliferación exponencial de la actividad minera ilegal en la parroquia de 
Buenos Aires, Imbabura, evidenciada por la presencia de miles de personas en 
actividades mineras de esta naturaleza, además de la falta de presencia efectiva de 
la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
(ARCERNNR) y de políticas claras para regular la actividad minera en zonas de alta 
biodiversidad ha generado vacíos aprovechados por redes ilegales. 


La reparación de los derechos de la naturaleza: avances y limitaciones 

En el contexto constitucional ecuatoriano, la reparación de los derechos de la 
naturaleza representa un paso trascendental hacia una nueva relación entre el ser 
humano y el entorno. El artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador 
(2008) establece que “la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 
naturales afectados”. 

En el caso Buenos Aires, las medidas de reparación ordenadas por las 
autoridades judiciales han incluido: 

a) suspensión inmediata de actividades extractivas ilegales; 
b) restauración de áreas degradadas mediante reforestación con especies 
nativas; 
c) implementación de sistemas de monitoreo de calidad del agua en fuentes 
hídricas afectadas; 
d) establecimiento de programas de compensación para comunidades 
afectadas; y, 
e) fortalecimiento de mecanismos de control para prevenir la reincidencia. 
El seguimiento al cumplimiento de estas medidas ha revelado limitaciones 
significativas en la capacidad institucional del Estado. Los informes especializados 
han documentado deficiencias estructurales en la coordinación interinstitucional 
y en la asignación de recursos presupuestarios para la reparación ambiental, 
ocasionadas por: 

a) la reducción sistemática del presupuesto del Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica (MAATE), que pasó de 71,8 millones de dólares en 
2021 a 54,5 millones en 2022; 
b) la drástica disminución de personal técnico especializado tras el despido de 
398 funcionarios en 2020, cuyas labores no han sido cubiertas; y, 
c) la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional 
establecidos en el artículo 13 del Código Orgánico del Ambiente (Alvarado, 
2024; Código Orgánico del Ambiente, 2017). 
La participación comunitaria en los procesos de reparación ha enfrentado 
obstáculos estructurales. El artículo 95 de la Constitución ecuatoriana (2008) establece 
que “las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos”, consagrando además que “la participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e interculturalidad” (art. 95). 


Sin embargo, los procesos participativos han sido limitados o meramente 
formales. La Corte Constitucional (2020), en la sentencia No. 20-12-IN/20, estableció 
que “la consulta no se limite ni se agote en un mero trámite formal” (párr. 81), 
criterio reforzado en la sentencia No. 22-18-IN donde determinó que los procesos 
de participación pública deben ser “efectivos, comprensibles y oportunos” (2019, 
párr. 139). Esto implica garantizar que las voces de las comunidades directamente 
afectadas sean vinculantes en los procesos de reparación y prevención, trascendiendo 
la mera formalidad procedimental para alcanzar una participación sustantiva en el 
diseño, implementación y evaluación de las medidas reparatorias. 

Responsabilidad estatal en materia ambiental 

La responsabilidad del Estado en materia ambiental se inscribe como un 
deber transversal en el marco constitucional ecuatoriano. El artículo 395 de la 
Constitución establece principios ambientales fundamentales que obligan al Estado 
a garantizar “un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras” (Constitución de la República del Ecuador, 
2008, art. 395, núm. 1). Asimismo, determina que “las políticas de gestión ambiental 
se aplicarán de manera transversal” (Constitución de la República del Ecuador, 
2008, art. 395, núm. 2), estableciendo un enfoque integral que permea todas las 
funciones estatales. 

El texto constitucional consagra además el principio in dubio pro natura, 
disponiendo que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, ésta se aplicará en el sentido más favorable a la protección de 
la naturaleza” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 395, núm. 4). 
Estos principios configuran un marco jurídico que impone al Estado obligaciones 
concretas de protección ambiental que trascienden las competencias sectoriales 
específicas, estableciendo un régimen de responsabilidad transversal en la gestión 
pública. 

El artículo 396 impone al Estado la obligación de adoptar “las políticas y 
medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 
certidumbre de daño” y establece que “en caso de duda sobre el impacto ambiental 
de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, art. 396). La norma constitucional establece expresamente que “la 
responsabilidad por daños ambientales es objetiva” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, art. 396), configurando un régimen de responsabilidad estatal 
independiente de la demostración de culpa. 

Esta concepción se articula con el principio general de responsabilidad estatal, 
que establece la obligación de reparar violaciones por “acciones u omisiones de 
sus funcionarias y funcionarios” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 
art. 11, núm. 9). Esto implica que la responsabilidad del Estado se activa tanto 


por acción directa como por omisión frente a actividades que, por su naturaleza 
y potencial de afectación ambiental, requieren fiscalización y control efectivos por 
parte de las autoridades competentes. 

La doctrina contemporánea ha profundizado en la noción de responsabilidad 
estatal frente a los daños ambientales. Duque (2023) sostiene que el Estado post 
neoliberal latinoamericano ha mostrado avances discursivos en la protección de 
la naturaleza, pero permanece atrapado en una lógica extractivista que reproduce 
contradicciones estructurales. Esta tensión entre desarrollo económico y respeto 
a la naturaleza no ha sido resuelta en el plano institucional, constatándose en 
múltiples territorios donde, pese a la normativa ambiental, se permite o tolera la 
devastación de ecosistemas. 

Vásquez et al., (2021) advierten que el Estado ecuatoriano ha incurrido en 
un “ambientalismo retórico”, donde la promulgación de derechos no se traduce 
en mecanismos eficaces de protección. Esta crítica es especialmente relevante 
al analizar la minería ilegal, que en muchos casos opera con la tolerancia tácita 
de autoridades locales y nacionales. La falta de sanciones efectivas y la ausencia 
de voluntad política para desmontar redes de impunidad vinculadas al deterioro 
ambiental constituyen manifestaciones concretas de esta problemática. 

La responsabilidad estatal no se limita al ámbito administrativo o penal, sino 
que alcanza una dimensión estructural en la garantía de los derechos colectivos. 
El Estado tiene el deber de reparar integralmente los daños ocasionados a la 
naturaleza y a las comunidades afectadas, lo cual implica mecanismos de justicia 
ambiental y participación efectiva de los pueblos involucrados. Esta perspectiva 
refuerza la exigencia de que se exprese en medidas de restauración ecológica y 
justicia intergeneracional. 

Reparación integral ambiental: conceptos y estándares internacionales 

La reparación integral ambiental constituye uno de los ejes fundamentales del 
derecho ambiental contemporáneo, especialmente en sistemas jurídicos como el 
ecuatoriano, donde los derechos de la naturaleza se reconocen de forma explícita. 
En este contexto, Ávila y Carbonell (2012) sostiene que “el desarrollo evolutivo 
de los derechos como el reconocimiento de la titularidad de los derechos de la 
naturaleza es una etapa inevitable” (p. 23), representando un cambio paradigmático 
del antropocentrismo hacia el biocentrismo que redefine la relación jurídica entre 
sociedad y naturaleza. Por su parte, Eduardo Gudynas plantea que los derechos de 
la naturaleza contienen: 

(…) al menos tres componentes en el contexto constitucional: ético, que legitima 
un debate sobre los valores que encierra el ambiente no-humano; moral, en tanto 
se derivan obligaciones tales como asegurar la preservación de la biodiversidad; 
y político, expresado en aspectos que van desde la sanción de la constitución a la 
elaboración de un nuevo marco legal. (Gudynas, 2015, p. 101) 

El artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
materializa esta concepción al disponer que “el Estado adoptará las políticas y 


medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos” y al establecer 
que “la responsabilidad por daños ambientales es objetiva” (art. 396), configurando 
un régimen de responsabilidad independiente de la existencia de dolo o culpa. 
La responsabilidad objetiva se complementa con el derecho constitucional a la 
restauración integral consagrado en el artículo 72, que según Gudynas (2015) 
“significa que además de las indemnizaciones por daños ambientales, se pone el 
acento en la propia Naturaleza y que esta debe volver a su estado original previo 
a un impacto” (p. 101), estableciendo así un marco normativo que trasciende la 
lógica reparatoria tradicional centrada únicamente en la compensación económica. 

Esta disposición constitucional representa un avance sustancial frente a 
sistemas jurídicos tradicionales en los que el daño ambiental debía probarse junto 
con la culpa del autor. La Corte Constitucional del Ecuador (2021) en su sentencia 
No. 218-17-EP/21 sostiene que la reparación integral debe ser comprendida 
no solo como una medida de restitución, sino también como una herramienta 
transformadora que impida la repetición del daño. 

El concepto de reparación integral se articula con estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH tradicionalmente ha 
establecido medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición. Aplicados al ámbito ambiental, estos elementos adquieren características 
específicas, como lo demuestra el caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, 
donde se ordenó la “rehabilitación del territorio” para reparar los “graves daños 
causados por las actividades mineras de extracción de bauxita” (Sentencia de 25 de 
noviembre, 2017, párr. 289). 

Adicionalmente, la Corte IDH estableció que la “participación efectiva” de 
las comunidades requiere “buscar acuerdos entre las respectivas comunidades 
y las agencias de conservación que establezcan la gestión, el compromiso, las 
responsabilidades y los objetivos del área” (Sentencia de 25 de noviembre, 2017, 
párr. 177), configurando así un marco de reparación integral que trasciende la 
compensación económica tradicional para incorporar tanto la restauración material 
de ecosistemas dañados como el establecimiento de mecanismos participativos de 
gestión ambiental. 

Los estándares de reparación integral desarrollados por la Corte IDH y 
consagrados en la Constitución ecuatoriana establecen parámetros precisos 
para evaluar la respuesta estatal frente a daños ambientales. A la luz de estos 
criterios, resulta imperativo examinar si el Estado ecuatoriano ha cumplido con 
sus obligaciones de reparación en el caso Buenos Aires, considerando no solo la 
restauración material de los ecosistemas afectados, sino también la implementación 
de garantías de no repetición y la participación efectiva de las comunidades en los 
procesos reparatorios. 

Omisiones estructurales del Estado en el caso Buenos Aires: análisis crítico 
desde la doctrina 

Los marcos conceptuales y estándares internacionales analizados 
precedentemente permiten evaluar de manera crítica las omisiones del Estado 


ecuatoriano en el caso Buenos Aires. La aplicación de estos parámetros al caso 
concreto revela no solo incumplimientos normativos puntuales, sino patrones 
estructurales de inacción estatal que contradicen los compromisos constitucionales 
e internacionales asumidos por Ecuador en materia de protección ambiental. 

El análisis del caso Buenos Aires evidencia que la minería ilegal en la provincia 
de Imbabura expone la omisión del deber de vigilancia y control por parte del 
Estado, constituyendo un incumplimiento de las potestades administrativas de 
fiscalización. A pesar de múltiples alertas emitidas por organizaciones locales, 
medios de comunicación y la propia ciudadanía desde el año 2017, la presencia de 
campamentos ilegales y estructuras logísticas para la explotación minera se arraigó 
sin que se activaran respuestas institucionales eficaces; probando una inactividad 
administrativa que contraviene los deberes constitucionales de tutela del orden 
público y protección del patrimonio natural del Estado. 

Como señala Fernández (2022), la inacción estatal frente a delitos ambientales 
no solo refleja una debilidad institucional, sino también un patrón de tolerancia 
que refuerza la impunidad y socava la legitimidad del Estado de derecho ambiental. 
Esta postura crítica permite visualizar que no basta con la existencia de normas 
ambientales si el aparato estatal carece de voluntad o capacidad para hacerlas 
cumplir. 

Aunado a ello, hay que indicar que la proliferación de la actividad minera 
ilegal en esta zona del territorio ecuatoriano también responde a omisiones 
estructurales por parte de las instituciones encargadas del control ambiental y 
extractivo. La falta de presencia efectiva de la Agencia de Regulación y Control 
de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) y de políticas claras 
para regular la actividad minera en zonas de alta biodiversidad ha generado vacíos 
aprovechados por redes ilegales. Situación que se agrava por la inexistencia de 
una política de ordenamiento territorial que delimite claramente las zonas donde 
se puede o no realizar actividad extractiva. Como afirma la experta española Pastor 
–(2021), la debilidad institucional en el ámbito ambiental crea escenarios ideales 
para la expansión de actividades extractivas ilegales y no reguladas, afectando 
desproporcionadamente a comunidades rurales e indígenas. 

En el caso de Buenos Aires, la respuesta institucional se limitó a operativos 
policiales esporádicos y reactivaciones legales tardías, sin una estrategia preventiva 
integral. Esta falta de acción articulada contradice el principio de prevención 
recogido en el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana (2008), que dispone que 
el Estado debe adoptar medidas necesarias para evitar los impactos ambientales 
negativos. Al no haber actuado antes del colapso ambiental y social, el Estado 
incurrió en una omisión que lo compromete jurídicamente. 

Es por ello que se debe considerar como un deber del Estado de prevenir, 
sancionar y reparar violaciones de derechos, incluidos los ambientales, está 
consagrado en los artículos 11.9 y 277 de la Constitución de la República del 
Ecuador (2008). Además, la Corte Constitucional ha sido enfática en sentencias 
como la No. 1149-19-JP/21, donde indica que el Estado debe reparar integralmente 
las afectaciones a la naturaleza y a las comunidades. 


En cuanto a la evaluación del ejercicio estatal en el caso de Buenos Aires 
es deficiente, debido a que no se implementaron sistemas de alerta temprana, 
ni se identificaron a los responsables de financiar o facilitar la minería ilegal. El 
jurista Fernández-García (2020) señala que “la reparación ambiental implica no 
solo restaurar el daño causado, sino también restituir la capacidad de regeneración 
de los ecosistemas y proteger los derechos colectivos afectados” (p. 75). 

En este sentido, la respuesta estatal no ha cumplido con los estándares 
mínimos internacionales de reparación integral. La minería ilegal dejó pasivos 
ambientales graves en la zona, como deforestación, contaminación de fuentes 
hídricas y desplazamiento de comunidades rurales, sin que se hayan tomado 
medidas reparadoras adecuadas ni garantizado la no repetición de estos hechos. 

CONCLUSIONES 

El análisis del caso Buenos Aires–Imbabura demostró que el Estado 
ecuatoriano ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones constitucionales de 
prevenir, sancionar y reparar los daños ambientales causados por la minería ilegal. 
Esta conclusión se sustentó en la evidencia documentada sobre la tardía respuesta 
institucional, la permisividad ante la expansión de actividades extractivas ilegales, 
y las limitaciones en la implementación de medidas de reparación integral. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana establece estándares 
sobre la responsabilidad estatal por acción y omisión en materia ambiental. En el 
caso analizado, la tardía intervención estatal frente al crecimiento exponencial de 
la minería ilegal, la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y la falta de 
mecanismos adecuados de control evidencian una inobservancia sistemática de 
los deberes ambientales consagrados en los artículos 71 al 74 y 395 al 396 de la 
Constitución de la República. 

Las deficiencias identificadas en los procedimientos de otorgamiento de 
licencias ambientales y permisos extractivos, ejemplificadas en casos como el de 
ACQUADÓR C.A., revelan problemas estructurales en la institucionalidad ambiental 
que facilitan la proliferación de actividades ilegales. La falta de coordinación 
interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ministerio del Ambiente, la Agencia de 
Regulación y Control Minero y la Fiscalía ha perpetuado la impunidad y debilitado 
la capacidad de respuesta estatal. 

La evaluación de las medidas de reparación implementadas en la parroquia 
Buenos Aires evidencia que sólo el 35% de las acciones ordenadas han sido 
ejecutadas efectivamente, demostrando limitaciones significativas en la capacidad 
institucional para garantizar la restauración integral de los ecosistemas afectados. 
Esta situación compromete el cumplimiento del artículo 72 de la Constitución que 
establece el derecho de la naturaleza a la reparación integral. 

Se recomienda al Estado ecuatoriano fortalecer su capacidad institucional 
mediante el establecimiento de mecanismos eficaces de coordinación 
interinstitucional para prevenir actividades extractivas ilegales. Es fundamental 


revisar y actualizar el marco normativo sobre responsabilidad estatal por daños 
ambientales, incorporando disposiciones específicas sobre obligaciones de 
prevención, respuesta oportuna, y reparación integral en contextos de afectación a 
los derechos de la naturaleza. 

Se exhorta al Estado a adoptar políticas públicas estructurales que incluyan a 
las comunidades en los procesos de vigilancia y toma de decisiones ambientales, 
institucionalizando espacios permanentes de participación ciudadana en la 
planificación territorial, con enfoque intercultural y de justicia ambiental. Es 
esencial desarrollar una política nacional de reparación integral ambiental que 
incluya garantías de no repetición, rehabilitación de ecosistemas y mecanismos 
de rendición de cuentas, conforme a estándares internacionales y jurisprudencia 
constitucional vigente. 

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Artículo de investigación 

VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR 
EN ECUADOR: ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROPUESTA DE 
REFORMA AL COIP 
Evelyn Anabel Camacho Guamán 

Universidad Internacional del Ecuador, Loja 
evecamacho23@gmail.com 
ORCID: 0009-0009-6957-4217 

Raquel Silvia Veintimilla Quezada 

Universidad Internacional del Ecuador, Loja 
siveintimillaqu@uide.edu.ec 
ORCID: 0000-0001-6851-5738 

Resumen 

El artículo analizó la violencia económica y patrimonial en el entorno intrafamiliar 
en Ecuador como una forma de violencia estructural que afecta principalmente 
a las mujeres, limitando su autonomía y acceso a recursos. Se examinó la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la 
ausencia de su tipificación como delito autónomo en el Código Orgánico Integral 
Penal. A partir de un enfoque cualitativo, se revisan fuentes doctrinarias, normativas 
y estadísticas, evidenciando la persistencia de relaciones desiguales de poder. El 
estudio integró perspectivas teóricas de género y derechos humanos de Galtung, 
Pateman y McDowell para comprender la violencia económica y patrimonial como 
expresión del patriarcado y la subordinación femenina. Se concluye que, pese 
a los avances normativos, persisten vacíos jurídicos y culturales que demandan 
políticas públicas integrales, educación en igualdad de género y el fortalecimiento 
institucional para garantizar una vida libre de violencia. 

Fecha de recepción: 08 de octubre de 2025 Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 
Fecha de arbitraje: 24 de noviembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.164 


Palabras clave: violencia, derecho penal, género, derechos, mujer. 

ECONOMIC AND PATRIMONIAL VIOLENCE WITHIN THE FAMILY IN ECUADOR: 
ANALYSIS FROM A GENDER PERSPECTIVE TOWARDS A PROPOSAL FOR REFORM 
OF THE COMPREHENSIVE ORGANIC CRIMINAL CODE (“COIP”) 

Abstract 

The paper analyzes economic and patrimonial violence within the family in Ecuador 
as a form of structural violence that mainly affects women, limiting their autonomy 
and access to resources. Its recognition in the Comprehensive Organic Law to 
Prevent and Eradicate Violence against Women (LOIPEVCM) and the absence of 
its classification as an autonomous crime in the Comprehensive Organic Criminal 
Code (COIP) are examined. Using a qualitative approach, doctrinal and regulatory 
sources are reviewed, in addition to statistics from INEC (2019), highlighting the 
persistence of unequal power relations. The paper integrated theoretical perspectives 
on gender and human rights from Galtung, Pateman, and McDowell to understand 
economic and patrimonial violence as an expression of patriarchy and female 
subordination. The conclusion is that, despite regulatory advances, legal and 
cultural gaps remain that require comprehensive public policies, education on 
gender equality, and institutional strengthening to guarantee a life free of violence. 

Keywords: violence, criminal law, gender, rights, woman. 


INTRODUCCIÓN 

La violencia de género constituye un fenómeno estructural profundamente 
arraigado en las sociedades patriarcales, en las que las relaciones históricas de 
poder han situado a las mujeres en una posición de subordinación material y 
simbólica frente a los hombres. 

Desde una perspectiva institucional, ONU Mujeres conceptualiza la violencia 
de género como cualquier acto basado en el género que tenga como resultado, o 
pueda tenerlo, un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluyendo 
las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, 
independientemente de que estos ocurran en el ámbito público o privado (ONU 
Mujeres, s.f.; Organización Panamericana de la Salud [OPS], s.f.). 

La violencia económica y patrimonial implica el control del patrimonio de la 
víctima para generar dependencia y perpetuar relaciones abusivas (Trufello, 2010). 
Se refleja en restricciones de acceso a recursos, limitación sobre bienes propios o 
impedimentos para trabajar o estudiar. Esta forma de violencia vulnera derechos 
fundamentales, afectando la autonomía, dignidad, libertad, igualdad y el desarrollo 
económico de las mujeres. 

La violencia económica y patrimonial, reconocida en la normativa 
ecuatoriana como una forma de violencia de género contra la mujer, se encuentra, 
específicamente manifestada en el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres (2018), 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 175 de 5 de febrero de 
2018, reconociéndola como “toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un 
menoscabo de los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos 
aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de las uniones de hecho”. 
La violencia económica y patrimonial en el ámbito intrafamiliar es una forma de 
agresión estructural que se nutre de las relaciones desiguales de poder y los roles 
socioculturales asignados históricamente a hombres y mujeres en el hogar. 

Sin embargo, esta problemática social no es nueva y ha sido abordada desde 
diversas perspectivas criminológicas con el fin de identificar sus causas u origen, 
lo que permitiría al Estado implementar medidas eficaces y sostenibles para su 
prevención y erradicación. Asimismo, se reflejan varios aspectos limitantes que 
nacen en principio de las estructuras socioculturales, como el hecho de que 
muchos tipos de violencia son formas de vida que se han normalizado dentro de 
la estructura social (Castillo, 2020); y las institucionales que, aunque se registre 
un importante impulso en el desarrollo de política pública al respecto, aún se 
requieren estrategias de socialización, acción e intervención interinstitucional y 
comunitario. 


“La voz de las organizaciones de mujeres ha revelado escalofriantes cifras 
como las presentadas en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia 
de Género contra las mujeres” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC], 
2018, p. 3) donde la violencia psicológica es la más recurrente y el 76% de los casos 
de violencia de género contra la mujer son perpetrados por la pareja o ex pareja 
de la víctima. 

Surge como pregunta en este contexto ¿Cómo se ha medido la efectividad de 
la implementación de las diversas políticas públicas o de la normativa vigente como 
garantía constitucional para evitar el aumento alarmante de casos de violencia de 
género contra la mujer? Y, específicamente ¿Cómo la violencia económica sigue 
perpetuando dichas condiciones de violencia y desigualdad? 

La Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujer,2023) y El Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019), demuestran que un alto porcentaje 
de mujeres víctimas de violencia económica no acceden a mecanismos legales de 
protección ni denuncian, permitiendo que estos actos queden sin sanción efectiva, 
es decir, impunes. 

Aunque Ecuador reconoce la violencia económica y patrimonial en la 
LOIPEVCM, su carácter preventivo y administrativo es insuficiente, pues no se 
tipifica como delito autónomo en el COIP, generando un vacío legal que limita la 
protección efectiva e integral de las víctimas. 

La falta de tipificación de este tipo de violencia restringe la capacidad del 
sistema judicial para ofrecer respuestas sancionatorias proporcionales y efectivas 
que abran posibilidades hacia instrumentos jurídicos como la justicia restaurativa 

o medidas de reparación. Sin embargo, es importante reflexionar que esta 
caracterización penal no constituye per se una garantía de protección integral de 
las víctimas. 
Ejemplo de ello es la tipificación del femicidio en 2018 en el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), cuya intención fue visibilizar este tipo de violencia extrema 
a fin de disuadir a que se siga propagando, mientras que según cifras oficiales 
desde el 2014 que se registraron 69 femicidios y muertes violentas de mujeres, 
este número ha aumentado a 583 en 2023 (Función Judicial del Ecuador, 2023), y 
según Fundación Aldea (2025) en el 2025 se han registrado aproximadamente 349 
muertes violentas en razón del género. 

Aunque se considera indispensable tipificar penalmente la violencia 
económica y patrimonial por su carácter antijurídico y atribuible a responsables 
plenamente conscientes, su sola criminalización no sería completamente efectiva 
sin la complementación de medidas legislativas y políticas públicas integrales que 
permitan una respuesta contundente frente a este tipo de violencia. 

El no hacerlo sería una contravención a las obligaciones internacionales 
como las adquiridas por la ratificación de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer ([CEDAW], 1979). Es decir, 
la tipificación penal de este tipo de violencia se constituiría en la puerta hacia 
la obligatoriedad estatal de adecuación normativa previsto en el artículo 2 de la 


Convención Americana sobre Derechos Humanos ([CADH], 1969). En esa misma 
línea, la CEDAW establece que los Estados deben adoptar “medidas adecuadas, 
legislativas o de otro carácter, con las sanciones correspondientes” para erradicar 
toda forma de discriminación (1979, art. 2, literal b). 

La exclusión de la violencia económica y patrimonial del ámbito penal 
ecuatoriano genera impunidad y perpetúa relaciones de subordinación de la mujer, 
relaciones desiguales de poder que se naturalizan en el hogar en relación con 
los roles asignados como mujer y hombre desde las perspectivas socioculturales. 
Violencia que continúa siendo una forma de control ampliamente ignorada que 
se vincula a las estructuras familiares (Córdova, 2017) del dominio privado. Según 
Pizani (2009), “(…) nacer y ser mujer u hombre, es una condición que marca una 
diferencia y también marca la vida, las aspiraciones, la libertad, los sueños, las 
oportunidades y los riesgos” (p. 11). 

De forma que, este artículo examina el vacío normativo del sistema penal 
ecuatoriano respecto a la violencia económica y patrimonial, analizando experiencias 
comparadas de Argentina, Colombia, Guatemala y Cuba. Con base en ello, propone 
reformar el COIP para reconocerla como delito penal autónomo, acorde con 
los principios de legalidad, proporcionalidad y derechos humanos con enfoque 
de género. El objetivo es analizar, desde una perspectiva de derechos humanos 
y género, las condiciones estructurales y socioculturales que han impedido su 
reconocimiento penal en el ámbito intrafamiliar y proponer una reforma penal al 
COIP que incorpore como delito la violencia económica y patrimonial. 

METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo, 
que permitió analizar la realidad en su contexto natural buscando comprender 
e interpretar los fenómenos según los significados de las personas involucradas 
(Rodríguez et al., 1996). El enfoque se sustentó en métodos jurídico-dogmáticos 
para examinar e interpretar las normas legales en su contenido, finalidad y 
aplicación. Además, se aplicó un enfoque de análisis hermenéutico, que buscó 
explicar la naturaleza y esencia de los fenómenos con el propósito de comprender 
la experiencia vivida en toda su complejidad (Vasilachis, 2006). 

Por ende, el enfoque de derecho comparado se utiliza para identificar 
modelos y rutas normativas en el ámbito latinoamericano. Este análisis comparado 
proporcionó referencias concretas para proponer reformas al COIP, destacando las 
mejores prácticas y demostrando la viabilidad de tipificar la violencia económica 
como delito autónomo (Alarcón, 2021). 

El artículo examinó además fuentes cuantitativas de páginas oficiales de 
bases estadísticas que permitieron visibilizar el impacto que generan los tipos de 
violencias, y específicamente el de la violencia económica que suele ser subsumido 
a otro tipo de violencias como la psicológica. 


El presente trabajo de investigación incorporó la perspectiva de género 
como categoría analítica al comprender la violencia económica o patrimonial no 
como hechos aislados, sino como manifestaciones de relaciones estructurales 
de poder derivadas del sistema patriarcal y de los roles que han sido asignados 
históricamente a hombres y mujeres (McDowell, Walby, Pateman) sumado a la 
noción de violencia estructural (Galtung) desde conceptos socioculturales que 
reproducen desigualdades. 

El estudio problematizó el control económico como una forma de dominación 
que limita la autonomía de la mujer y el ejercicio de una vida digna. En términos 
metodológicos, este enfoque orientó la lectura crítica de fuentes teóricas, el análisis 
hermenéutico de normas nacionales e internacionales (Como CEDAW o Belém do 
Pará) y una interpretación de los datos del INEC para poder visibilizar patrones 
estructurales de discriminación como acto de violencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tanto la violencia económica como la patrimonial en el ámbito intrafamiliar al 
ser gradual, por estar ligadas a conductas culturalmente aceptadas y a estereotipos 
de género que condicionan la conducta de mujeres, es principalmente sosegada, ya 
que necesita de la confianza y anuencia de la víctima para que se ejecute. Actos que 
son el resultado del sistema patriarcal que las teorías feministas conceptualizaron 
como: “(…) aquel que estructura la parte masculina de la sociedad como un grupo 
superior al que forma parte femenina, y dota al primero de autoridad sobre el 
segundo” (McDowell, 2009, p. 17). 

Al respecto McDowell, cita a Walby (1990) quien en su obra Theorizing 
Patriachy afirma que las relaciones patriarcales se construyen y mantienen gracias 
a seis estructuras en la que los hombres dominan a las mujeres: 

“(… ) la producción doméstica (los hombres se apropian del valor del trabajo 
doméstico no remunerado); las relaciones patriarcales en el trabajo remunerado 
(las mujeres quedan relegadas a las tareas peor pagadas); las relaciones patriarcales 
en el plano del Estado (los hombres dominan las instituciones y elaboran una 
legislación claramente desventajosa para las mujeres); la violencia machista; las 
relaciones patriarcales en el terreno de la sexualidad (los hombres controlan el 
cuerpo femenino); y las relaciones patriarcales en las instituciones culturales (los 
hombres dominan tanto la producción y la forma de los distintos medios como las 
representaciones que éstos ofrecen de las mujeres). (McDowell, 2009, p. 18) 

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta que la estructura de poder del 
sistema o relaciones patriarcales es la que mantiene la subordinación de la mujer 
bajo condicionantes socioculturales, es relevante poder identificar conceptualmente 
los tipos de violencia tanto económica como patrimonial a fin de que se pueda 
especificar las características que cada una aborda como base contextual. Córdova 
(2017) define la violencia económica como aquella en la que: 

“(…) el agresor controla todos los ingresos del hogar, independientemente de 
quien los haya adquirido, cuando manipula el dinero o solo se lo da a “cuenta 


gotas” a la víctima para el sostenimiento del hogar, cuando el agresor reclama 
constantemente en qué lo ha gastado y como lo ha gastado o le impide a la víctima 
tener un trabajo propio que pueda generarle sus ingresos” (p. 40). 

Páez-Chacón (2019), al respecto refiere que la violencia económica es 
manifiesta cuando obstaculiza el desarrollo profesional de las mujeres, limita su 
salario frente al del hombre, impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, 
exige justificar cada gasto realizado, o al obligar a asumir la custodia exclusiva 
de los hijos se disminuye la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma, 
obligándola a depender financieramente del perpetrador. Constituye entonces 
aquellos mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de la mujer 
respecto al uso y distribución del dinero, incluyendo amenazas sobre la no provisión 
de recursos para la subsistencia (Medina, 2013). 

La violencia económica es aquella que puede ser materializada a través de 
actos que restrinjan o limiten los ingresos o recursos económicos que posea la 
víctima; mientras que la violencia patrimonial se ve reflejada en actos que conlleven 
la sustracción o inclusive destrucción de documentos, bienes u objetos de valor. 
“Como inicialmente no presentan agresiones físicas y es normalizada, no se la 
considera un tipo de violencia que afecte en el bienestar de las mujeres” (Castillo, 
2020, p. 101). Y aunque en principio pueda ser imperceptible, “cuando la víctima 
se alerta de que los ingresos económicos están siendo más restringidos y comienza 
a cuestionar al agresor este agresor puede recurrir a la violencia” (Córdova, 2017, 
como se cita en Castillo, 2020, p. 102). 

Mientras que la violencia patrimonial hace alusión a: 

(…) cuando el agresor esconde los objetos de valor de la víctima o los documentos 
personales o no le permite disponer de los bienes comunes, se configura la 
violencia patrimonial. En este tipo de violencia también observamos que el agresor 
utiliza diferentes estrategias para persuadir a la víctima de que le entregue el dinero 
producto de su trabajo y/o de que se lo de todo a él para controlarlo y administrarlo; 
también ocurre que si el agresor trabaja no le dice a la víctima a cuánto ascienden 
sus ingresos. (Córdova, 2017, p. 40) 

Sobre violencia patrimonial es necesario indicar que el patrimonio “se refiere a 
los bienes activos que disponen los integrantes de las familias, como infraestructura 
y equipo, dinero en efectivo, capital humano, capital social, entre otros.” (Pérez y 
Altamirano, 2009, p. 28). Cuando los hombres asumen el control sobre dichos 
bienes, este dominio le otorga una posición de autoridad dentro del grupo familiar, 
lo que a menudo deriva en la toma unilateral de decisiones y así mismo a otros 
integrantes del núcleo familiar. 

Los conceptos sociales operan como categorías transmitidas culturalmente, 
influyendo en la construcción de identidades y conductas desde la infancia. 
Esta transmisión naturaliza expectativas y roles vinculados al género, reforzando 
creencias rígidas. Cuando la violencia se normaliza y legitima en lo simbólico, el 
sistema patriarcal se fortalece y cualquier cuestionamiento genera resistencia social. 
Debido a la sutileza de la violencia estructural, esta produce ansiedad y favorece la 
aparición de violencia directa cuando el orden establecido se ve amenazado. 


Datos sobre violencia en Ecuador 

En Ecuador, no se cuenta con datos oficiales posteriores al año 2019, por 
cuanto es importante destacar que se reflejará una debilidad en el contraste de 
información oficial debido a su inexistencia, siendo ello evidencia de la ausencia 
de política estadística en temas de violencia de género como instrumento para 
toma de decisión. 

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 
Género (INEC, 2019), el 64.9% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, 
y 16.04% han vivido violencia económica y patrimonial, y disgregando a nivel 
urbano existe un 17.0 %, mientras que a nivel rural el porcentaje es de 14.09%. Y, 
de forma más específica, 43 de cada 100 mujeres entre 15 años y más han vivido 
14.5% de violencia patrimonial por parte de su pareja. El 59,8% solamente le contó 
el incidente a un amigo y el 80.5% no denunció. Sobre la base metodológica de las 
preguntas formuladas están, por ejemplo: “¿Dejo de darle dinero para mantener a 
sus hijos? ¿Le quitaba su dinero o se gastaba sin su consentimiento?” (p .53). 

Por otro lado, en el mismo informe estatal sobre los roles femenino y masculino, 
refiere que 45 de cada 100 mujeres considera que el hombre debe ser el principal 
responsable de todos los gastos de la familia, validando vínculos de disgregación 
histórica en los que las mujeres al ser “confinadas a unas cuantas tareas de bajo 
estatus o totalmente apartadas de la vida económica, fueron relegadas a su lugar 
«natural», y dependiente en la esfera familiar, en la esfera privada” (Pateman, 2009, 

p.45). Según el INEC (2019), los casos de violencia en Ecuador no se presentan en 
una sola forma, sino en diversas expresiones: psicológica, sexual, física, económica, 
patrimonial y gineco-obstétrica, evidenciando la magnitud del problema. 
La violencia económica y patrimonial resulta la menos cuantificable a nivel 
nacional. Esto ocurre principalmente ya que “suele pasar sin atenderse, ya que ésta 
no deja evidencias” (García, 2022, p.1), puede confundirse con violencia psicológica 
por el impacto que genera en la víctima. Las mujeres afectadas por este tipo de 
violencia “al no atreverse a salir del círculo de desgaste económico, psicológico y 
familiar, caen en círculos de depresión, angustia y otros trastornos de salud mental. 
Se genera dependencia y codependencia” (García, 2022, p.1). Conforme Deere et 
al., (2014) como se cita en Maldonado et al. (2020): 

(…) en el Ecuador la mayor parte de las mujeres a pesar de tener pleno conocimiento 
sobre sus derechos relativos su patrimonio y economía, todavía existen brechas 
fundamentales sobre el discernimiento de la normativa vigente, en cuanto a la 
repartición justa de sus bienes, de tal forma que pueden sufrir otros tipos de 
violencia por parte de sus parejas. (p. 520) 

A continuación, se presenta un cuadro con los datos del INEC (2019) que 
ilustra la prevalencia de los tipos de violencia contra las mujeres: 


Tabla 1 

Prevalencia de los tipos de violencia contra las mujeres. 

(Indicadores nacionales en el año 2019) en %tipo 
de violencia ocurridos a lo largo de la vida 
Nacional Urbano Rural 
Violencia total 64.9 % 65.7% 62.8% 
Violencia psicológica 56.9% 56.7% 57.4% 
Violencia física 35,4% 34.4% 38.2% 
Violencia sexual 32.7% 36.6% 22.9% 
Violencia económica y patrimonial 14.4% 17,0% 14,9% 
Violencia gineco-obstétrica. 47,5% 44.7% 54.8% 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2019. 

Para entender de forma crítica y contextual esta información, es importante 
traer a colación cómo Acosta Ortega y Malusín Ramos (2023) evidencian mediante 
un análisis estadístico de regresión de Poisson y regresión logística aplicados a la 
ENVIGMU de 2019, que ciertas variables sociodemográficas influyen directamente 
en la probabilidad de que mujeres en relaciones de pareja experimenten violencia 
económica y patrimonial. 

Esta investigación representa una de las investigaciones dentro del campo 
cuantitativo más rigurosas sobre violencia económica y patrimonial en el que se 
estima la incidencia y la probabilidad de que determinados grupos poblacionales 
experimenten este tipo de violencia en pareja. El uso de este tipo de herramientas 
metodológicas permite aislar el efeto de condiciones socio económicas relevantes, 
y más bien comprender la distribución desigual del riesgo según características 
estructurales de las mujeres. 

Estos resultados revelan condiciones en las que se visibiliza mayor probabilidad 
de vivir violencia económica y patrimonial, principalmente a parejas en unión de 
hecho. Validando así el marco conceptual en el que se hace alusión a que una mujer 
codependiente o sin actividades económicas probablemente viva mayores niveles 
de violencia económica, sumado a la ausencia de recursos jurídicos que permita 
exigir corresponsabilidad. Esta violencia no es uniforme, sino condicionada por 
factores estructurales que reproducen desigualdades. Comprender estas dinámicas 
es esencial para diseñar normativa específica que reduzca su incidencia y propenda 
protección efectiva de las víctimas. 

Hallazgos obtenidos 

Aunque Ecuador ha avanzado en la lucha contra la violencia de género y en 
la protección de los derechos de las mujeres y sus familias, los resultados de las 
políticas públicas y normativas siguen siendo poco alentadores. Los datos evidencian 
una correlación entre conductas naturalizadas y estereotipadas y los resultados 
cuantitativos de las encuestas institucionales realizados en el país. A las mujeres 
como sujetos de derechos les ha costado asumir un rol relevante en el desarrollo 


social y cultural del país debido a las condicionantes que subsumen su ejercicio al 
ámbito privado/doméstico. Esto representa un limitante a la hora de desvincular 
el concepto de violencia de los actos que se consideran usualmente aceptados en 
los vínculos o relaciones, principalmente porque se generan precisamente en el 
ámbito intrafamiliar o de pareja. 

Ecuador ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como 
Convención de Belém do Pará (1995) en la cual se reconoce que toda mujer tiene 
derecho a ejercer libremente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, asegurando su protección plena, y advierte que la violencia limita el 
ejercicio efectivo de estos derechos. 

Por lo que, el rol protagónico recae en el Estado, asumiendo la importante 
obligación de planificar estrategias que tengan coherencia con las garantías 
constitucionales, pero que también obedezcan al control de convencionalidad, 
para que los esfuerzos y compromisos no sigan reproduciendo datos estadísticos 
que no sean susceptibles de disminuir, a pesar de los esfuerzos colectivos. 

En el informe de observaciones finales sobre el décimo informe periódico 
del Ecuador el Comité para la eliminación de la discriminación de violencia contra 
la mujer (2021) destaca la necesidad de que se pueda interpretar la legislación en 
consonancia con la CEDAW, el protocolo facultativo y las recomendaciones generales, 
preocupándole de forma especial “las dificultades que entraña la aplicación efectiva 
de esa legislación y esas políticas, y la lentitud con la que se introducen los cambios 
institucionales necesarios para hacer que se cumplan” (p, 13). 

1.1.Bases legales de prevención y protección 
1.1.1. A nivel nacional 
En el COIP reconoce como contravención de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar en el artículo 159, que establece que la persona que 
realice actos de sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de 
trabajo, documentos personales o bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en 
los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este Código, será 
sancionada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la devolución 
de los bienes o el pago en valor monetario de los mismos, y medida de reparación 
integral (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Cuando esta contravención se materializa, se disponen medidas de protección 
que tienen como finalidad proteger los derechos de las víctimas durante el proceso 
legal y se aplican de acuerdo con las características de cada caso y el grado de 
necesidad de la persona afectada. Su aplicación no es uniforme, sino que depende 
de la gravedad del riesgo y de las necesidades específicas de la víctima. La finalidad 
central de estas medidas es evitar que se produzcan daños mayores y proteger 
de manera inmediata a la víctima, adecuándose al tipo de violencia que se haya 
detectado, ya sea física, psicológica, sexual o económica. 


El artículo 558 del COIP dispone un conjunto de medidas de protección 
para las víctimas de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, entre ellas que 
el juez fije simultáneamente una pensión para su subsistencia y que, en casos de 
contravenciones, se debe aplicar de forma inmediata dichas medidas para garantizar 
la protección integral de sus derechos. 

Definir la violencia económica y patrimonial puede volcarse confuso cuando 
los conceptos teóricos abordan a cada una de forma distintiva conforme se abordó 
en el apartado conceptual, mientras que la legislación incluye ambas en un mismo 
apartado. La LOIPEVCM (2018) define a la violencia económica y patrimonial de la 
siguiente forma: 

Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad 
conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de: 1. 
La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o 
inmuebles; 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida 
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales; 3. La limitación de los recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una 
vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos; y, 5. Percibir un salario menor por igual 
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo (Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, 2018, art. 10). 
Así mismo, las medidas de protección inmediata, establecidas en el artículo 
47 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) poseen 
un carácter urgente y provisional, y tienen como finalidad evitar o cesar la amenaza 

o vulneración de la vida e integridad de mujeres de todas las edades, frente a actos 
de violencia tipificados en dicho cuerpo legal. 
El ente rector del sistema tiene la obligación de disponer que todas las 
entidades del sector público y privado adopten medidas administrativas o internas 
de prevención y protección ante cualquier manifestación de violencia prevista en 
la ley. Estas garantías, sumadas a las medidas de protección inmediata reafirman 
la responsabilidad estatal y social para responder oportunamente a situaciones 
de riesgo (Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
2018). 

Aunque es importante destacar que estas medidas no generan resultados 
cuantitativos contundentes respecto de la disminución de casos de violencia, 
sumado a que no existe una exposición estadística segregada y específica sobre 
el número de solicitudes administrativas que son receptadas ante las Juntas del 
Sistema Cantonal de Protección de Derechos y mucho menos sobre violencia 
económica y patrimonial. 

2. Derecho comparado: México, Colombia, Argentina, Guatemala y Cuba 
La legislación ha intensificado el foco en tipos de violencia de género menos 
visibilizados, como la violencia económica y patrimonial. El referente regional 


más importante es la Convención de Belém do Pará (1994), la cual establece que 
cualquier forma de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito patrimonial o 
económico, constituye una violación a los derechos humanos. Este enfoque ha sido 
adoptado por varias naciones latinoamericanas en sus marcos jurídicos, como lo 
demuestran la Ley 26.485 de Argentina (2009), que reconoce explícitamente estas 
modalidades de violencia, y la Ley General de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia de México (2007), que también ofrece definiciones precisas al 
respecto. 

En cuanto al análisis comparado de leyes latinoamericanas que tipifican la 
violencia económica intrafamiliar, evaluando su efectividad, enfoque de género y 
el acceso real a la justicia para garantizar derechos económicos de las mujeres: 

Tabla 2 

Tipificación de la Violencia hacia la mujer. 

País Normativa 
Argentina 
La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (2009), 
en su artículo 5 numeral 4, reconoce 
y tipifica la violencia patrimonial y económica como forma de violencia de género, 
estableciendo en su legislación la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar 
prácticas que afecten el patrimonio, los ingresos y la autonomía económica de las mujeres. 
Colombia 
Se instaura normas sancionatorias y preventivas para erradicar la violencia contra las 
mujeres y se implementa el artículo Nº2 Violencia Patrimonial, en la Ley 1257 de 2008. 
México 
El 9 de abril de 2022, México se incorpora en el análisis como un país latinoamericano 
con una legislación integral y actualizada en materia de violencia contra las mujeres, 
particularmente en comparación con marcos normativos. Esto se evidencia en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya evolución normativa 
ha permitido incorporar y desarrollar de manera más amplia la violencia económica y 
patrimonial, definiéndola, tipificándola y estableciendo mecanismos operativos para su 
prevención y sanción. 
Cuba 
La Ley 87 de 1999, protege los derechos humanos, y otros tipos de violencia familiar, sin 
embargo, no tipifica los diferentes tipos de violencia en la Ley 87 de 1999, este fue el 
primer paso para llegar al código de las Familias (Ley No. 156 de 2022): Este nuevo código 
sí define y proscribe explícitamente todos los tipos de violencia en el ámbito familiar, 
incluyendo la violencia económica o patrimonial como una de sus manifestaciones. 
Guatemala 
En el decreto 22-2008, de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer, protege los derechos de la mujer incorporando la violencia económica. 

Nota: Tomado de Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2019). 

Las distintas normativas en la región sobre violencia de género, en especial 
la violencia económica y patrimonial, no solo permite identificar buenas prácticas 
internacionales, sino también evidenciar los vacíos legales y las limitaciones 
existentes en la legislación nacional. El estudio evidencia que las soluciones legales 


sobre violencia económica deben adaptarse al contexto ecuatoriano, incorporando 
una perspectiva de género y una transformación cultural que elimine desigualdades 
estructurales. 

La protección efectiva requiere la cooperación del Estado y la sociedad civil 
pues, aunque varios países latinoamericanos han avanzado en el reconocimiento 
jurídico de esta violencia, persiste una marcada brecha entre los marcos legales y la 
realidad de las denuncias y registros, lo que dificulta la visibilización y protección 
efectiva de las víctimas. Es así que los países mencionados, existe un consenso 
legislativo avanzado que ha tipificado la violencia económica como violencia de 
género en países clave, reconociendo su naturaleza perjudicial como mecanismo 
de dominación. 

La fragmentación y la falta de registros sistemáticos (evidente en Argentina), 
la baja tasa de búsqueda de apoyo institucional (7.9% en México a pesar de la 
prevalencia del 27.4%), y la influencia de factores culturales como el retiro de 
denuncias (63.3% en Cuba), contribuyen a una “cifra negra” alarmante. El caso de 
Guatemala (26 casos en el primer trimestre de 2025 frente a una prevalencia del 
14.93% según encuestas) es un claro ejemplo de que los mecanismos de registro 
solo capturan una mínima parte de la violencia económica experimentada, lo que 
subraya el desafío actual de la región: mover el enfoque de la promulgación de la 
ley a la efectividad de su implementación, la recopilación de datos fidedignos y 
el fomento de la confianza institucional para lograr la autonomía financiera de las 
mujeres. 

Esto significa que, en América Latina, algunos países ya reconocen como ley 
formalmente la violencia económica y patrimonial como un grave problema de 
género, pero el sistema es incapaz de medir la verdadera magnitud del problema, 
lo que genera una alarmante desconexión entre lo que la ley establece y lo que 
realmente ocurre. El reto actual es demostrar que la legislación adoptada debe 
implementarse de forma efectiva a través de herramientas constitucionales que 
fortalezcan instituciones, generen datos comparables y fiables, y fomenten confianza 
en el sistema de justicia. 

Además, se requiere diseñar políticas públicas que prioricen la autonomía 
financiera de las mujeres. En este contexto, resulta urgente consolidar sistemas de 
registro y garantizar protección real para evitar la perpetuación de la dependencia 
económica. Considerando los compromisos internacionales de derechos humanos 
asumidos por Ecuador, la falta de legislación contundente que coaccione actos 
relacionados a la violencia económica y patrimonial generan condicionantes para 
que se tolere la impunidad y la desprotección de las víctimas, restringiéndoles la 
posibilidad de que puedan acceder de forma integral a otras garantías como la 
reparación. 

Al respecto, se propone reformar el COIP para tipificar la violencia económica 
y patrimonial como delito autónomo, garantizando coherencia con obligaciones 
internacionales contenidas en la CEDAW y la Convención Belém do Pará. Esto 


fortalecería la posición del Estado frente a las relaciones de poder basadas en 
género, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, que exige respuestas 
integrales ante la violencia. 

Además, la Recomendación General N.º 19 de la CEDAW reconoce que toda 
violencia que limite o anule derechos constituye una forma de discriminación, 
reforzando la necesidad de una respuesta jurídica efectiva. Sumado a ello la 
Recomendación General Nro. 35 en el que el Comité de la CEDAW considera que la 
violencia por razón de género es uno de los medios sociales, políticos y económicos 
fundamentales a través de los que se perpetúa la subordinación de la mujer, al 
hombre (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2017). 

2.Propuesta de Redacción Normativa 
Se sugiere incorporar al Código Orgánico Integral Penal un nuevo artículo 
bajo el siguiente tenor: 

Artículo XXX. - Violencia económica y patrimonial intrafamiliar. La persona 
que, en el contexto de una relación familiar, de convivencia o noviazgo restrinja, 
prive, controle o limite injustificadamente el acceso, uso o disposición de recursos 
económicos, impidiendo el ejercicio de la autonomía financiera de otro miembro 
del núcleo familiar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. 

CONCLUSIONES 

La violencia económica y patrimonial e intrafamiliar constituye una forma de 
dominación estructural que priva a las mujeres de su autonomía y de su derecho 
a una vida libre de violencia. Aunque Ecuador ha avanzado en el reconocimiento 
jurídico de la violencia de género mediante la LOIPEVCM, persiste una brecha 
significativa: la falta de tipificación de la violencia económica como delito autónomo 
en el COIP. Omisión que genera vacíos legales que perpetúan la impunidad y 
debilitan la respuesta institucional frente a las desigualdades económicas en el 
entorno familiar. 

Países de América Latina han superado el debate sobre el reconocimiento 
legal de la violencia económica y patrimonial con la promulgación de leyes, sin 
embargo, el desafío contemporáneo radica en que ese marco normativo pueda ser 
fortalecido por las instituciones que generar estadísticas sistemáticas y comparables 
que permitan medir el impacto de la ley, fomentar la confianza de las víctimas en 
el sistema de justicia y, crucialmente, diseñar políticas públicas que aborden la 
violencia económica y patrimonial más allá de la sanción penal, centrándose en la 
autonomía financiera de las mujeres. 

En conclusión, la reforma penal es sustancial, pero lo es más su implementación 
efectiva, lo que requiere urgentemente fortalecer los sistemas de registro con 


datos reales y fomentar la confianza las instituciones que forman parte de los 
sistemas de protección de derechos. Estas medidas son cruciales para romper el 
ciclo de dependencia que la violencia económica y patrimonial busca perpetuar, 
garantizando que las mujeres al denunciar no queden en total desprotección y 
puedan promover su autonomía financiera. 

Asimismo, el estudio evidenció que la violencia económica y patrimonial no 
puede abordarse únicamente desde el derecho, sino también desde un enfoque 
cultural y social que promueva la equidad, la corresponsabilidad y el respeto a 
los derechos humanos. Incorporar la perspectiva de género en la formulación de 
políticas públicas y en la administración de justicia es una condición indispensable 
para erradicar la desigualdad que subyace a este tipo de violencia. 

Finalmente, avanzar hacia una justicia verdaderamente inclusiva requiere 
articular esfuerzos entre Estado y ciudadanía. Tipificar la violencia económica y 
patrimonial como delito autónomo no es solo una cuestión normativa, sino un acto 
de reparación histórica hacia las mujeres cuyas vidas, proyectos y dignidad han sido 
limitados por la dependencia económica. Solo a través de una respuesta integral, 
sensible y transformadora será posible garantizar una vida libre de violencia para 
todas las personas. 

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GENERALIDADES 
JURÍDICAS 





TÍTULO: IMPLICANCIAS POST PANDEMIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO: NUEVAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN 
Gema Esperanza Cornejo García 

Estudiante Facultad de Derecho-Universidad de Otavalo 
cornejogema04@gmail.com 
ORCID: 0009-0007-4280-4057 

Arelis Magdiel Morocho Montoya 

Estudiante Facultad de Derecho-Universidad de Otavalo 
arelismontoya22@gmail.com 
ORCID: 0009-0002-7963-8797 

Resumen 

El objetivo de la entrevista fue examinar el impacto de la digitalización en el derecho 
internacional privado, especialmente en lo relativo a la cooperación judicial, la 
circulación de documentos y la gestión de casos transnacionales. A partir de la 
conversación, se evidenció que las tecnologías digitales, incluidas las herramientas 
de interacción a distancia y el uso de inteligencia artificial, han permitido 
superar barreras tradicionales asociadas a la distancia, los tiempos procesales y 
la complejidad documental. En consecuencia, se concluyó que la incorporación 
progresiva de estas tecnologías no solo optimiza la eficiencia y la accesibilidad de 
los procesos judiciales, sino que también representa una oportunidad decisiva para 
fortalecer la coordinación entre Estados y responder de manera más adecuada a 
los desafíos contemporáneos. 

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 
Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.165 


Palabras clave: pandemia, cooperación, digitalización, derecho, internacional, 
privado. 

POST-PANDEMIC IMPLICATIONS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW: 
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES 
(INTERVIEW WITH ADRIANA DREYZIN DE KLOR, PhD) 

Abstract 

The purpose of the interview was to examine the impact of digitalization on private 
international law, particularly with regard to judicial cooperation, the flow of 
documents, and the processing of cross-border cases. Based on the conversation, it 
became clear that digital technologies, including remote interaction tools and the 
use of artificial intelligence, have made it possible to overcome traditional barriers 
associated with distance, procedural times, and document complexity. Therefore, 
it was concluded that the gradual incorporation of these technologies not only 
optimizes the efficiency and accessibility of judicial processes but also represents 
a decisive opportunity to strengthen coordination between countries and respond 
more adequately to contemporary challenges. 

Keywords: pandemic, cooperation, digitalization, law, international, private. 


PhD. Adriana Dreyzin de Klor 

Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. Profesora de Derecho Internacional Privado y de 
Derecho de la Integración en la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro 
de la lista de árbitros del MERCOSUR por Argentina. Académica Honoraria de 
la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. 

Se ha desempeñado como vicepresidenta de la European Community Studies 
Association – América Latina y ha sido profesora visitante en diversas 
instituciones, entre ellas: Universidad Complutense de Madrid; Universidad 
Federal de Santa Catarina; Universidad Federal de Rio Grande do Sul; 
Universidad Federal de Santa María (Brasil); Universidad Nacional de Chile; 
y la Universidad de Heidelberg. Asimismo, ha sido profesora invitada en las 
Universidades Pompeu Fabra, Alicante y Santiago de Compostela (España); 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); y Universidad Iberoamericana 
(México). 

Es Investigadora Nacional Categoría I del MECyT (Resolución Nº 529/2005). 


INTRODUCCIÓN 

La entrevista a la PhD. Adriana Dreyzin de Klor, permitió comprender cómo 
el uso extendido de las tecnologías digitales ha transformado profundamente 
la manera en que se comunica, trabaja y produce conocimiento en el mundo 
contemporáneo, impacto del cual el derecho internacional privado no se encuentra 
al margen. 

La posibilidad de interactuar y colaborar a distancia, incluso entre distintos 
países, se ha consolidado como una ventaja decisiva para la actividad académica, 
científica y profesional. Durante la pandemia, esta dependencia tecnológica se 
evidenció de forma particularmente clara, pues, a pesar del aislamiento global, la 
educación, la investigación y los procesos judiciales pudieron mantenerse operativos 
gracias a herramientas digitales que demostraron su carácter permanente. 

Asimismo, en la actualidad, la libre circulación de documentos, la gestión 
en línea de pruebas y el apoyo de la inteligencia artificial, especialmente en tareas 
como traducciones o la organización de expedientes complejos, han facilitado el 
funcionamiento de los sistemas judiciales en contextos transfronterizos. 

Estas innovaciones adquieren especial relevancia en el ámbito del derecho 
internacional privado, el cual exige una cooperación constante entre jueces y 
autoridades de diversos Estados. En este escenario renovado, la tecnología no 
solo contribuye a agilizar los procedimientos, sino que también ofrece soluciones 
concretas a desafíos tradicionales relacionados con la cooperación judicial, la 
circulación de documentos y la resolución de casos que involucran múltiples 
jurisdicciones. 

Desarrollo temático de la entrevista 

¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de las nuevas 
tecnologías digitales en la cooperación judicial internacional? 

En relación con los principales desafíos que implica la incorporación de 
nuevas tecnologías digitales en la cooperación judicial internacional, se señaló 
que la dificultad más relevante radica en la preparación de los operadores de 
justicia. Muchos jueces han sido formados en contextos previos al desarrollo 
tecnológico actual, lo que genera un desconocimiento considerable respecto 
del uso de herramientas como la inteligencia artificial o el blockchain. 

Esta falta de capacitación impide que, pese a su utilidad, dichas tecnologías 
se integren adecuadamente a los procesos judiciales transfronterizos. En 
consecuencia, PhD. Adriana Dreyzin de Klor afirma que los desafíos son 
amplios y que resulta indispensable fortalecer la formación técnica, actualizar 
los marcos normativos y promover mecanismos de implementación que 
permitan una adaptación efectiva al entorno digital contemporáneo. 


¿Cuáles son los aportes y los riesgos de estas tecnologías en el ámbito del 
derecho internacional privado? 

Respecto a los aportes y posibles riesgos que las tecnologías digitales 
presentan en el derecho internacional privado, se destacó que el blockchain 
constituye una de las innovaciones más trascendentales en materia de seguridad 
y transparencia. Su estructura de registro distribuido posibilita la verificación 
inmediata de documentos y sentencias emitidas en otros Estados, lo cual 
reduce significativamente los tiempos y trámites asociados a legalizaciones, 
apostillas y procedimientos de exequátur. 

Con ello se previenen además riesgos de falsificación o alteración 
documental. Aunque no se identificaron riesgos específicos, se infiere que 
el mayor peligro radica en el desconocimiento técnico de los operadores 
jurídicos, lo que podría limitar su uso o generar aplicaciones deficientes que 
afecten la seguridad jurídica. 

¿Cómo deberían cooperar los Estados para asegurar la validez y seguridad jurídica 
de una prueba obtenida mediante blockchain en un contexto internacional? 

En cuanto a la manera en que los Estados deberían cooperar para 
garantizar la validez y la seguridad jurídica de una prueba incorporada 
mediante blockchain en un proceso internacional. PhD. Adriana Dreyzin 
de Klor explicó que esta tecnología puede fortalecer significativamente los 
mecanismos de cooperación jurídica. 

Su utilidad radica en que permite verificar hechos ocurridos en otra 
jurisdicción mediante registros inalterables y trazables, lo cual genera confianza 
entre autoridades judiciales. Aunque no sustituye los mecanismos tradicionales, 
se puede complementar los procedimientos existentes al asegurar precisión, 
autenticidad y rapidez en la transmisión de información. De este modo, los 
Estados pueden colaborar bajo un esquema de confianza mutua que optimice 
la circulación de pruebas en entornos digitales. 

¿Cómo deberían coordinarse los Estados para permitir que una prueba basada en 

blockchain circule entre varias jurisdicciones? 

Respecto a la coordinación necesaria para permitir que una prueba 
sustentada en blockchain circule entre diferentes jurisdicciones, se afirmó 
que esta tecnología aporta transparencia y celeridad a los procedimientos 
transfronterizos. Al registrarse la evidencia en un nodo accesible para diversas 
autoridades, los jueces de otros Estados pueden verificar su autenticidad de 
manera inmediata, evitando los retrasos inherentes a los canales tradicionales 
de cooperación. Este funcionamiento contribuye a fortalecer la certeza sobre 
la información compartida y facilita la convergencia entre derecho y tecnología 
en el ámbito internacional. 


¿Cómo deberían fortalecerse los procesos de retención y restitución internacional, 
especialmente en el contexto latinoamericano, ante el aumento de casos de 
sustracción y retención internacional de niños, niñas y adolescentes post 
pandemia? 

En lo referente al fortalecimiento de los procesos de retención y restitución 
internacional en el contexto americano, se destacó que la sustracción y 
retención de niños, niñas y adolescentes constituye uno de los ámbitos más 
sensibles y complejos del derecho internacional privado. 

Un elemento favorable es que la mayoría de los países de la región 
han ratificado tanto la Convención de la Haya (1980) como el Convenio 
Interamericano de las CIDIP (Conferencias Especializadas Interamericanas 
sobre Derecho Internacional Privado), lo que proporciona una base normativa 
común para abordar estos casos. El incremento de situaciones posteriores a la 
pandemia se vincula con la intensificación de la vida transnacional, reflejada 
en mayores movimientos migratorios, cambios laborales, vínculos familiares 
binacionales y decisiones unilaterales sobre la residencia habitual. 

En los casos que se producen entre Estados parte de estos instrumentos, 
el progenitor afectado puede solicitar la restitución inmediata desde el país en 
el cual el niño, niña o adolescente mantenía su centro de vida. Aunque los 
procedimientos previstos suelen caracterizarse por su celeridad, el desafío 
actual no se limita a la tramitación procesal, sino que se centra en garantizar 
un “regreso seguro”. 

Esta exigencia implica prever condiciones económicas, logísticas y 
de protección integral que los convenios no regulan con precisión, salvo 
a través de guías de buenas prácticas. Ante esta insuficiencia normativa, la 
jurisprudencia comparada ha desarrollado criterios complementarios que 
subrayan que la restitución no puede reducirse al retorno físico del niño; por 
el contrario, debe contemplar la creación de un entorno seguro, estable y 
conforme al interés superior. 

En consecuencia, el fortalecimiento de los procesos de restitución 
internacional requiere no solo cooperación interinstitucional efectiva, 
sino también estándares armonizados que permitan asegurar una protección 
integral en contextos transfronterizos. 

¿Cuáles son las principales oportunidades que ofrece la digitalización creciente 
de los procesos judiciales para el derecho internacional privado? 

Finalmente, en cuanto a las oportunidades que la digitalización de los 
procesos judiciales ofrece al derecho internacional privado, la PhD. Adriana 
Dreyzin de Klor destacó que estas transformaciones permiten agilizar los 
trámites, reducir costos y ampliar el acceso a la justicia. La tramitación 
electrónica, la interoperabilidad entre plataformas judiciales y el uso de 
tecnologías como el blockchain o la inteligencia artificial fortalecen la 


cooperación internacional al proporcionar mayor eficiencia, trazabilidad y 
transparencia. 

De esta manera, la digitalización no solo moderniza la gestión judicial, 
sino que abre un campo de posibilidades para renovar las instituciones 
clásicas del derecho internacional privado y adaptarlas a las necesidades 
globales actuales. 


ENTREVISTA A: PHD. LAURA VELÁZQUEZ ARROYO 

TÍTULO: SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LATINOAMÉRICA: EVOLUCIÓN, 
DESAFÍOS DIGITALES Y PERSPECTIVAS CRÍTICAS 
Jonathan Alexis Moreno Guerrero 

Estudiante Facultad de Derecho-Universidad de Otavalo 
e_jmoreno@uotavalo.edu.ec 
ORCID: 0009-0008-1365-1773 

Resumen 

Se desarrolló una entrevista especializada a la PhD. Laura Velázquez Arroyo, docente 
e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta 
entrevista, tuvo como propósito central examinar la evolución, obstáculos actuales 
y perspectivas futuras de los sistemas de restitución internacional de niños, niñas y 
adolescentes en el contexto latinoamericano, con particular atención a los desafíos 
que enfrenta Ecuador. A lo largo de la conversación, la Dra. Velázquez delineó tres 
momentos históricos clave en la cooperación jurídica regional: una etapa inicial 
marcada por el formalismo procedimental, un período de convencionalización con 
la adopción del Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 
1989, y la fase actual centrada en los derechos humanos. La entrevista permitió 
analizar críticamente la tensión permanente entre el mandato de celeridad 
procesal y la garantía efectiva del interés superior del niño, identificando factores 
estructurales que, obstaculizan significativamente la agilidad procesal en nuestros 
países. Asimismo, se examinaron las oportunidades y riesgos que presenta la 
transformación digital acelerada por la pandemia COVID-19, se profundizó en el 
impacto psicoemocional que la prolongación de estos casos genera en los NNA, y 
se propusieron mecanismos de prevención y mejora procedimental. 

Fecha de recepción: 04 de diciembre de 2025 Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2025 
Fecha de aceptación: 08 de diciembre de 2025 


Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional. 
e-ISSN: 2953-6758 DOI: 10.47463/rj.v4i2.166 


Palabras clave: restitución internacional, niños, derecho internacional, interés 
superior. 

Abstract 

Researcher at the National Autonomous University of Mexico (UNAM). The central 
purpose of this interview was to examine the evolution, current obstacles, and future 
perspectives of international child restitution systems within the Latin American 
context, with particular attention to the challenges faced by Ecuador. Throughout 
the conversation, Dr. Velázquez outlined three key historical phases in regional 
legal cooperation: an initial stage characterized by procedural formalism; a period 
of conventionalization marked by the adoption of the 1980 Hague Convention and 
the 1989 Inter-American Convention; and the current phase focused on human 
rights. The interview enabled a critical analysis of the persistent tension between the 
mandate for procedural expediency and the effective guarantee of the child’s best 
interests, identifying structural factors that significantly hinder procedural efficiency 
in the region’s countries. Furthermore, the opportunities and risks presented by the 
digital transformation accelerated by the COVID-19 pandemic were examined, the 
psycho-emotional impact that the prolongation of these cases generates in children 
and adolescents was explored in depth, and mechanisms for prevention and 
procedural improvement were proposed. 

Keywords: international child abduction, children, international law, best interests 
of the child. 


PhD. Laura Velázquez Arroyo 

Licenciada en Derecho, Maestra en Filosofía del Derecho por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad 
de Alicante y Doctora en Diritto e tutela: Esperienza Contemporanea, 
Comparazione, sistema giuridico romanistico, por la Università Degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, con la distinción “Eccellenza con Lode”. 

Es Coordinadora de la línea de investigación derecho romano, derecho civil 
y tradición romanista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
e investigadora asociada “C”, de Tiempo Completo del mismo. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Candidata) y del Claustro de Doctores de 
la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Profesora ordinaria de Derecho Romano I y definitiva por oposición de 
Derecho Romano II en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha desarrollado 
estancias de investigación en Italia y Alemania, y participado en seminarios y 
conferencias en México, Alemania, Italia y Chile. 


INTRODUCCIÓN 

La preparación del volumen 4, número 2 de la revista Justicia(s), publicación 
académica que dedicará su dossier central a los “Desafíos del derecho internacional 
privado en la era digital”, motivó la realización de un análisis especializado sobre 
una de sus líneas temáticas específicas: la sustracción y restitución internacional 
de niños, niñas y adolescentes. Esta área del derecho internacional privado reviste 
particular importancia en el escenario latinoamericano actual, caracterizado no 
solo por una movilidad humana intensificada y por la conformación creciente de 
familias transnacionales, sino también por la urgente necesidad de adaptar los 
sistemas de justicia a las exigencias de la digitalización. En el caso ecuatoriano, 
adquiere matices específicos al analizar instrumentos como la Resolución No. 082021 
de la Corte Nacional de Justicia, que establece el procedimiento sumario para 
estos casos. 

Con el objetivo de obtener una perspectiva académica comparada y 
actualizada, se extendió una invitación a la PhD. Laura Velázquez Arroyo, docente 
e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
especialista en sistemas jurídicos comparados. La entrevista genera una reflexión 
crítica acerca de las tensiones prácticas que surgen entre la celeridad procesal, la 
protección integral de los NNA y la incorporación de tecnologías digitales en la 
cooperación judicial internacional. 

Desarrollo temático de la entrevista 

1. Trayectoria histórica de los sistemas de cooperación jurídica en Latinoamérica 
para la restitución internacional de NNA 
Al ser consultada sobre la evolución que han experimentado los sistemas de 
cooperación jurídica en Latinoamérica para hacer más efectivos los procesos de 
restitución internacional, la PhD. Laura Velázquez inició su análisis ubicando el 
tema dentro de las particularidades geopolíticas y migratorias del continente. Hizo 
una distinción clara entre la dinámica de Norteamérica -escenario donde la relación 
entre México y Estados Unidos genera un volumen considerable de casos debido a 
los profundos vínculos familiares y económicos binacionales- y la de Sudamérica, 
ámbito en el que la proximidad geográfica y los flujos migratorios entre países 
como Ecuador, Argentina y Chile configuran patrones distintos de casos. 

Desde una mirada diacrónica del derecho internacional privado en la región, 
la PhD. Laura Velázquez identificó tres etapas históricas claramente diferenciadas: 

• 
Una primera etapa de marcado formalismo, durante la cual la cooperación 
se sustentaba casi de manera exclusiva en cartas rogatorias y exequatur, 
mecanismos ampliamente reconocidos por su lentitud intrínseca y su notable 
falta de especialización en materia de niñez. 

• 
Una etapa de convencionalización creciente, inaugurada en las décadas de 
1980 y 1990 con la adopción progresiva del Convenio de La Haya de 1980 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de 
la Convención Interamericana de 1989 sobre Restitución Internacional de 
Menores. 
Este período, como señaló la la PhD. Laura Velázquez, permitió edificar una 
“arquitectura de cooperación” más sólida y previsible, con el establecimiento 
de autoridades centrales, la implementación de formularios estandarizados y 
el desarrollo de criterios comunes de aplicación. 

• 
La etapa contemporánea, enfocada en los derechos humanos y en la 
cooperación práctica, impulsada decisivamente por la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), por la jurisprudencia emergente de 
las ortes constitucionales y por el trabajo articulado de redes judiciales 
iberoamericanas. En la actualidad, conforme la PhD. Laura Velázquez, ya 
no se discuten meros trámites, sino que se aspira a consolidar un sistema 
que sea verdaderamente célere y que proteja de manera efectiva el interés 
superior del niño. 
No obstante, estos avances la PhD. Laura Velázquez introdujo una observación 
crítica de gran calado llamó la atención sobre el aumento preocupante de 
sustracciones realizadas por madres latinoamericanas que, argumentando escapar 
de contextos de violencia familiar, buscan ante todo un entorno seguro para ellas 
y para sus hijos. 

Este fenómeno, tal como advirtió, expone una tensión fundamental y no resuelta 
entre el marco convencional de restitución rápida y el deber ineludible de proteger 
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad: “se encuentra, por un 
lado, los convenios internacionales, esa cooperación internacional y por el otro, la 
cuestión de considerar que también es importantísimo proteger a las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad”. La PhD. Laura Velázquez, plantea un 
dilema ético y jurídico de vigencia actual que debe ser considerado en la aplicación 
de la normativa en países como Ecuador. 

2. Digitalización de la justicia: oportunidades y desafíos para la cooperación 
judicial internacional 
Al abordar la segunda pregunta, centrada en los desafíos y oportunidades 
que presenta la transformación digital posterior a la pandemia para la cooperación 
judicial en materia de sustracción de niños, niñas y adolescentes (NNA), la PhD. 
Laura Velázquez ofreció un análisis equilibrado y lleno de matices, muy útil para 
pensar los procesos de modernización que requiere el sistema judicial ecuatoriano. 
Entre las oportunidades más significativas que enumeró, destacan: 

• 
Comunicación ágil, segura y trazable entre autoridades centrales y tribunales 
de diferentes países, posibilitada por la implementación de expedientes 
electrónicos y sistemas de gestión en línea, como los que ya funcionan, 
según sus ejemplos, en Costa Rica y Chile. 

• 
Empleo estratégico de videoconferencias para la práctica de audiencias, 
herramienta especialmente valiosa para oír la voz del menor, de los 
progenitores y de peritos, evitando someter a los niños a traslados 
innecesarios, costosos y potencialmente traumáticos. 
• 
Interoperatividad documental y firma electrónica avanzada, mecanismos 
que agilizan sustancialmente la remisión y autenticación de solicitudes, 
formularios y documentación complementaria, reduciendo los denominados 
“tiempos muertos administrativos” que tanto afectan la celeridad. 
• 
Herramientas tecnológicas de localización y gestión de casos, las cuales 
pueden brindar un apoyo considerable durante la fase inicial de investigación 
y seguimiento de los casos. 
Sin embargo, la la PhD. Laura Velázquez advirtió que estas ventajas no 
están exentas de importantes desafíos y riesgos concretos, los cuales deben ser 
considerados cuidadosamente: 

• 
La persistente brecha digital tanto entre países como al interior de las 
naciones, fenómeno que determina que la digitalización «no impacte a todos 
de la misma forma», reproduciendo así desigualdades en el acceso a la 
justicia. 
• 
Problemas sustantivos de interoperabilidad entre los distintos sistemas 
nacionales, los cuales exigen acuerdos previos y consensuados sobre 
estándares técnicos y jurídicos comunes, tarea que no siempre se prioriza. 
• 
Cuestiones críticas de seguridad informática, protección de datos sensibles 
y confidencialidad, aspectos que adquieren una sensibilidad extrema 
cuando se trata de NNA y de información familiar delicada. 
• 
La necesidad imperiosa de una formación específica y continua para 
los operadores jurídicos (jueces, funcionarios de autoridades centrales, 
defensores), muchos de los cuales, como señaló la PhD. Laura Velázquez 
fueron formados en contextos predominantemente predigitales. La 
digitalización introduce: “una gran cantidad de espacios y oportunidad 
y desafíos, su éxito final dependerá de nuestra capacidad para abordar 
estos últimos de manera integral, siempre con una perspectiva centrada en 
los derechos del niño”; principio rector que guía el Código de la Niñez y 
Adolescencia ecuatoriano. 
3. Factores estructurales que dificultan la celeridad procesal en los países 
latinoamericanos 
La tercera pregunta se centró en un mandato central del Convenio de La 
Haya de 1980: la celeridad procesal. Al ser consultada sobre los factores que, en 
la práctica concreta, dificultan el cumplimiento de este principio en los países 
latinoamericanos, la PhD. Laura Velázquez ofreció reflexiones críticas, invitando a 
un replanteamiento de ciertos presupuestos: 


En primer término, cuestionó la premisa que con frecuencia guía la aplicación 
automática del convenio: la idea de que la restitución rápida constituye siempre 
el mecanismo idóneo para proteger los derechos del niño: “a mí me parece 
que hay una problemática ahí», afirmó con claridad, argumentando que ordenar 
la restitución principalmente para fijar la jurisdicción competente no equivale 
necesariamente a hacer lo mejor para un NNA en la totalidad de los casos. 

Esta reflexión introductoria, situó el debate más allá de los obstáculos 
meramente procedimentales y lo llevó a examinar los presupuestos conceptuales 
y axiológicos que fundamentan el propio sistema convencional de restitución, 
un ejercicio de gran valor para cualquier estudiante o profesional del derecho. 

Posteriormente, identificó cuatro obstáculos estructurales concretos que 
resonaron con lo que he observado en el estudio del sistema ecuatoriano: 

1. Falta crónica de procedimientos internos verdaderamente expeditos y 
especializados. En numerosos países, incluido México según su ejemplo, 
no existen vías procesales de urgencia autónomas y específicas para estos 
casos. Estos terminan insertándose, por defecto, en procesos civiles o 
familiares ordinarios, los cuales son por naturaleza mucho más lentos y 
menos sensibles a la urgencia que caracteriza estas materias. 
2. La multiplicación innecesaria de instancias y recursos. Cuando una 
parte involucrada (con frecuencia la madre sustractora) cuestiona con 
fundamento la idoneidad misma de la restitución para proteger al niño, 
suele verse obligada a agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios 
disponibles. Esta situación, como ella describió, transforma un juicio que por 
diseño debería ser rápido y sumario en una secuencia prolongada de varias 
instancias que puede extenderse durante años, perjudicando gravemente a 
los niños. 
3. La confusión operativa recurrente entre el juicio de restitución y el juicio 
de custodia/tenencia. La la PhD. Laura Velázquez ilustró este punto con 
un caso concreto de su experiencia profesional: una madre que, teniendo 
la custodia legal de sus hijos, los sustrajo de Israel a México. A pesar de 
contar con la custodia, se le ordenó la restitución basándose en argumentos 
que ella consideró inapropiados. Esta decisión la obligó a recurrir a todas 
las instancias judiciales posibles para demostrar su derecho preexistente, 
alargando el proceso de forma dramática y afectando severamente el 
bienestar de los niños: 
“esa cuestión hace que la madre tenga que recurrir a todos los mecanismos 
judiciales posibles... y se encuentra uno, la madre, los —principalmente lo que 
a mí me preocupa— las niñas, niños y adolescentes frente a una multiplicación 
de instancias y recursos” 

Este riesgo de confusión es algo a profundizar desde la aplicación de la 
Resolución 08-2021 de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. 

4. Una aplicación excesivamente mecánica y descontextualizada del principio 
de celeridad, que no siempre pondera con la suficiente profundidad las 

circunstancias específicas, particulares y únicas de cada caso y, sobre todo, 
del NNA directamente involucrado. La celeridad no puede convertirse en un 
fin en sí mismo sino en un medio. 

4. Impacto del factor tiempo en el bienestar psicoemocional de los NNA y 
medidas estatales para su mitigación 
Además la entrevista analiza el impacto psicoemocional que genera la 
prolongación temporal de estos procesos y sobre las medidas que los Estados 
deberían implementar para mitigarlo. 

La PhD. Laura Velázquez señaló que “en esta materia el tiempo es 
determinante”, si bien el impacto varía necesariamente según la edad, madurez y 
circunstancias de desarrollo de cada niño, existe una regla general incontrovertible: 
a mayor duración del proceso judicial, mayores y más profundos son los costos 
emocionales para el niño. Este efecto se debe principalmente a dos factores 
íntimamente interrelacionados: 

• 
El arraigo progresivo e inevitable del niño en el país de retención, es decir, 
en su nuevo entorno familiar, escolar, social y afectivo. Con el paso del 
tiempo, este arraigo puede llegar a ser tan profundo y consolidado que una 
restitución, aunque pueda estar plenamente justificada desde el punto de 
vista jurídico-formal, se convierta en un evento psicoemocional devastador 
y disruptivo para la vida del NNA. 
• 
La incertidumbre prolongada y el conflicto parental sostenido que permea 
todo el proceso. Esta situación genera niveles significativos de ansiedad y 
estrés en el NNA, distorsionando además su percepción sobre quiénes son 
las figuras verdaderamente centrales y preocupantes del conflicto de sus 
progenitores en disputa. 
Frente a esta compleja realidad, la PhD. Laura Velázquez afirma la necesidad 
de un cambio de paradigma en la interpretación y aplicación de las normas: “no 
podemos primar una legalidad sacrificando el bienestar psicoemocional de niñas, 
niños y adolescentes”. Aboga por centrar todas las decisiones judiciales, incluida 
la evaluación misma de la celeridad, en un análisis riguroso, individualizado y del 
interés superior concreto del NNA. Esto implica, en su visión, tener la valentía de 
cuestionar la aplicación automática y casi ritual de la restitución rápida cuando las 
circunstancias específicas así lo exijan para su protección. 

5. Mecanismos de prevención y reducción de casos de retención internacional 
en el contexto de la movilidad humana creciente 
La pregunta final de la entrevista buscó identificar mecanismos efectivos de 
prevención de casos de retención ilícita de NNA, la PhD. Laura Velázquez propone 
un enfoque intencionadamente multidisciplinario y preventivo que trasciende 
con creces lo puramente legal y que ofrece lineamientos aplicables al contexto 
ecuatoriano: 


1. Información y educación preventiva dirigida a parejas binacionales: 
previo al matrimonio o al inicio de la vida en común, es crucial informar a 
las parejas sobre los mecanismos legales disponibles en caso de conflicto 
y sobre las graves consecuencias jurídicas y personales de una sustracción 
internacional. Esto es particularmente vital en contextos donde pueden 
existir indicios o riesgos de violencia, para que la sustracción no sea vista 
como la única salida. 
2. Fortalecimiento genuino de los procedimientos internos: no basta 
con declarar la celeridad; se requiere implementar procedimientos 
verdaderamente expeditos, con plazos breves y perentorios, audiencias 
concentradas que eviten la dilatación, límites estrictos y claros a los recursos 
que puedan tener carácter meramente dilatorio. 
3. Especialización judicial profunda y equipos interdisciplinarios de apoyo: 
es fundamental crear salas especializadas o designar jueces con formación 
específica en derecho internacional de familia y derechos de la niñez. Estos 
jueces deben trabajar articuladamente con equipos estables de psicólogos, 
trabajadores sociales y pedagogos que acompañen y protejan al niño desde 
el mismísimo inicio del proceso, no como un añadido sino como parte 
central del sistema. 
4. Protocolos especializados y garantistas para escuchar al niño: se requieren 
metodologías validadas y protocolos específicos que permitan conocer 
la opinión y voluntad del NNA de manera segura, sin revictimizarlo, sin 
presionarlo y sin exponerlo innecesariamente al conflicto subyacente de los 
adultos. 
5. Ejecución segura, humana y no traumática de las decisiones de retorno: 
En este punto, la la PhD. Laura Velázquez fue particularmente crítica, 
señala con preocupación los operativos policiales que, en algunos países, 
utilizan métodos violentos, intimidatorios y excesivos (coches blindados, 
armas largas, despliegue espectacular) para recuperar físicamente a un NNA 
retenido. 
La PhD. Laura Velázquez equipara esas acciones con las usadas contra casos 
de delincuencia organizada transnacional: “esa forma de proceder, primero 
los vulnera, y generalmente tiene, efectos psicológicos negativos”. De modo 
que, la ejecución de cualquier decisión judicial debe siempre ser consciente 
de que los protagonistas involuntarios son los más frágiles, precisamente los 
niños, niñas y adolescentes. 

CONCLUSIÓN 

La entrevista sostenida con la PhD. Laura Velázquez Arroyo ofreció un 
panorama complejo, actualizado y críticamente reflexivo sobre el estado de 
la restitución internacional de NNA en Latinoamérica. Lejos de limitarse a una 
mera descripción normativa o teórica, la conversación logró profundizar en las 


tensiones prácticas, éticas y operativas más relevantes del sistema: la permanente 
dicotomía entre celeridad procesal y protección integral real; la aplicación estricta 
de los convenios frente al deber de proteger a víctimas de violencia familiar; y los 
beneficios indiscutibles versus los riesgos concretos que introduce la acelerada 
digitalización de la justicia. 

Destacan dos contribuciones principales de esta entrevista. En primer lugar, 
la identificación clara de tres etapas históricas en la evolución de la cooperación 
jurídica regional, marco que permitió entender tanto los avances significativos 
logrados como las deudas procesales y de protección que aún persisten en países 
como el nuestro. En segundo término, y quizás con mayor importancia práctica, 
la crítica fundamentada y valiente a la aplicación rígida y automática del principio 
de celeridad. La PhD. Laura Velázquez aboga por una interpretación jurídica dentro 
de una evaluación concreta, contextualizada y multidisciplinaria en el principio del 
interés superior del niño en cada caso, incluso cuando ello implique cuestionar la 
aplicación casi mecánica de la restitución rápida. 

Respecto a los mecanismos concretos para reducir los casos de sustracción 
internacional y mejorar su tramitación, la PhD. Laura Velázquez subrayó 
la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque integral y proactivo. Este debe 
combinar, de manera sinérgica, la prevención primaria (a través de información y 
educación accesible para parejas binacionales), la verdadera especialización (de 
jueces, equipos técnicos y procedimientos), la agilidad procesal genuina y 
efectiva (no solo declarada en normas sino implementada en la práctica), y, de 
manera fundamental, la humanización sistemática de todos los procedimientos. 

Esta humanización debe abarcar desde la forma en que se escucha al niño 
hasta la manera en que se ejecutan físicamente las decisiones de retorno, evitando 
a toda costa prácticas policiales traumáticas y desproporcionadas que, como se 
señaló, solo agravan el daño psicológico. 

Los desafíos específicos planteados —la brecha digital, la falta de formación 
especializada, la lentitud procedimental encubierta, los operativos de ejecución 
traumáticos— constituyen, a mi juicio, una agenda de reforma clara y urgente para 
el sistema ecuatoriano. 

Las propuestas concretas de la PhD. Laura Velázquez, que van desde la 
educación preventiva hasta el diseño de protocolos de ejecución sensible con la 
niñez, apuntan hacia la construcción de un sistema de justicia transnacional que no 
solo aspire a ser eficiente en términos burocráticos, sino que sea también, y sobre 
todo, profundamente humano, garantista y centrado en los derechos reales de los 
más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes que, sin haberlo elegido, quedan 
atrapados en complejos conflictos jurídicos internacionales. 


POLÍTICAS DE 
PUBLICACIÓN 


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del plagio, la Revista Justicia(s) emplea las herramientas de verificación de similitud 
Ouriginal o Turnitin, por lo que, al enviar el manuscrito el autor acepta la revisión 
que no podrá exceder más del 10%. La Revista Justicia(s) adopta las normas de 
buena conducta editorial del Comitee on Publication Ethics (COPE). 

Derechos de autor 

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista Justicia(s) el 
derecho de ser la primera publicación del manuscrito, de acuerdo con la licencia 
creative commons 4.0. Licencia legal: Reconocimiento - No Comercial - Compartir 
Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). 

6. POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO 
Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido; en virtud de ello, permite 
el acceso forma gratuita sin cargo para un usuario o una institución, de tal forma, se 
autoriza la reproducción total o parcial de los manuscritos, su consulta, distribución 


y exhibición, siempre que se cite la fuente originaria sin fines comerciales, de 
acuerdo con la licencia creative commons 4.0. (CC BY-NC-SA 4.0). En tal sentido, 
se dispone al público en general, libertad para acceder a las investigaciones en la 
búsqueda de lograr un intercambio global del conocimiento. De conformidad con 
la definición de acceso abierto de la Budapest Open Access Initiative. 

7.DIRECTRICES PARA EL AUTOR 
Los autores deben enviar los manuscritos a través del sistema de envíos de la Revista 
Justicia(s). Cualquier inquietud o comentario adicional que amerite ser revisado 
por el editor de esta, será enviado a: editor.revistajusticias@uotavalo.edu.ec 

Los manuscritos pueden ser artículos de revisión, artículos de investigación que 
contengan resultados parciales y/o finales, análisis jurisprudenciales, entrevistas a 
personalidades expertas en las temáticas, así como reseñas de libros de actualidad. 
Los mismos deben ser inéditos, pueden estar escritos en español o inglés, no haber 
sido propuestos simultáneamente a otras revistas. Un mismo autor solo podrá 
enviar un manuscrito dentro de la convocatoria de un volumen y no deberá haber 
publicado en el número anterior. 

Los artículos en un inicio serán sometidos al proceso de preevaluación editorial 
y luego de aquel al arbitraje, bajo el sistema doble ciego (double blind review). 
Contendrán un máximo de cuatro (4) autores. Los costos de la edición de artículos 
son asumidos íntegramente por la Universidad de Otavalo, por lo que, los autores/ 
as no tendrán ningún cargo asociado a su envío o a su publicación. Se recomienda 
el uso de un lenguaje inclusivo, y al inicio del artículo en caso de ser pertinente se 
deben declarar los apoyos financieros o conflictos de interés como nota al pie de 
la primera página. 

Los manuscritos deberán cumplir con las siguientes normas de presentación 
específicas: 

1. La extensión del trabajo no puede ser mayor de 20 páginas y mínimo 15, 
menor a 8000 palabras, escritas por una sola cara en papel tamaño carta, con 
un interlineado de 1,5 cm, letra times new roman, tamaño 12, numeración 
arábiga consecutiva, incluyendo portada, ilustraciones y bibliografía. Para 
las citas, referencias y tablas deben emplearse las normas de American 
Psychological Association (APA), 7ma edición. 
2. Ficha de información individual del autor (es): breve resumen curricular del 
(los) autor (es) descargable en la ficha de autor (es) 
3. Portada: 
3.1. Título: presentar el título del trabajo en español e inglés, no debe ser mayor 
a 25 palabras; debe presentar un marco conceptual, temporal o geográfico. 
3.2. Resumen estructurado de un mínimo de 150 y máximo de 250 palabras 
en español e inglés, se contextualizará el objeto de estudio al plasmar la 
introducción, objetivos, teorías que sustentan el trabajo, metodología, 

resultados y conclusiones, en tiempo verbal pasado. También colocar un 
máximo de cinco (5) palabras clave o descriptores se recomienda el uso del 
tesauro de la UNESCO. 

4. Estructura interna del trabajo, debe apegarse al esquema IMRYDC: Introducción, 
metodología, resultados y discusión, conclusiones. Las notas a pie de página 
deben reducirse al mínimo. 
5. En las referencias bibliográficas corresponden al estilo APA, edición 7; en 
orden alfabético y solo aparecer los autores con sus obras mencionados en el 
texto del documento. 
6. Las tablas e ilustraciones se insertan en el cuerpo del trabajo, siguiendo lo 
apegado por las normas APA, edición 7ma., en orden secuencial. Incluir solo 
aquellas de significativa relevancia en la investigación. 
7. Todos los autores(es) deben descargar y firmar la carta de originalidad y 
cesión de derechos. 
2. Envío de manuscritos 
a. La Revista Justicia(s) recibe artículos permanentemente, durante todo el 
año. 
b. Todo manuscrito debe ser enviado por nuestra plataforma de Open Journal 
Systems, disponible en la página web de la revista. No debe figurar ni 
el nombre del autor ni cualquier otro rastro de su autoría, en el archivo 
enviado ni en el texto del documento, cuidando que esta información 
pueda ser empleada en el proceso de arbitraje ciego. 
c. Todo manuscrito remitido implica la aceptación de las normas de la revista 
y el cumplimiento de las instrucciones para envío y elaboración. 
8.POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL 
a. Preservación a través de la Red PKP 
Justicia(s) participa activamente en la PKP Preservation Network (PKP|PN), la cual 
permite la preservación automática de los contenidos mediante una red distribuida 
de servidores, asegurando que los archivos permanezcan accesibles incluso en 
caso de una eventual interrupción del servicio local. 

b.Copias de seguridad internas 
Se realizan periódicamente copias de seguridad (backups) del sitio OJS, incluyendo 
la base de datos, archivos de usuario, configuración del sistema y artículos 
publicados. Estas copias permiten la recuperación de información en caso de fallos 
técnicos o pérdida de datos. 

c. Formato de preservación de archivos 

Los artículos se publican en formatos PDF/A, XML JATS y HTML, reconocidos por 
su estabilidad y compatibilidad con sistemas de preservación digital. En particular, 
se genera XML JATS para facilitar la interoperabilidad con sistemas de indexación 
científica y repositorios institucionales. 

d.Participación en estándares de interoperabilidad (OAI-PMH) 
A través del protocolo OAI-PMH, los metadatos de los artículos pueden ser 
recolectados por bibliotecas, repositorios digitales y servicios de preservación, 
facilitando la integración con plataformas como LOCKSS, CLOCKSS, RRAAE, entre 
otras. 

e. Control editorial y migración tecnológica 
El equipo editorial de la Justicia(s) realiza una gestión activa del sistema para 
garantizar que, ante cambios tecnológicos o actualizaciones de plataforma, el 
contenido sea migrado y conservado adecuadamente. 

9.POLÍTICA DE REPOSITORIO 
La revista permite el autoarchivado de manuscritos aceptados y publicados. 
Los autores que participen de los procesos de evaluación y publicación de sus 
ediciones conservan sus derechos de autor. Estos pueden archivar versiones 
prepublicadas (preprints) y postpublicadas (postprints) en archivos PDF en 
repositorios personales, institucionales o bibliotecas cuando lo deseen, siempre 
que se mencione a Justicia(s) Revista de derecho de la Universidad de Otavalo 
como el sitio donde fueron originalmente publicadas